Helicópteros y la OTAN: las dudas de la estrategia para frenar la deforestación

Diez helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos han llegado a Colombia en las últimas semanas. Su propósito es conformar “la primera unidad policial para apagar incendios de la selva amazónica”. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro hace un mes cuando visitó EE. UU. para participar de la cumbre de la ONU.

Siete de esos diez helicópteros se entregaron el pasado 26 de octubre, en una ceremonia en la que Francisco Luis Palmieri, embajador de EE. UU en Colombia, señaló que “la protección ambiental y la lucha contra la crisis climática son prioridades clave para la administración del presidente Joe Biden”. Además de esta alianza con la Casa Blanca, el gobierno de Colombia reconoció también acercamientos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el mismo fin: conservar la Amazonía.

La OTAN es una alianza militar de países de Europa y Norteamérica que existe desde 1949. Según Petro, Colombia ha adelantado conversaciones con esa organización para que presten una “colaboración tecnológica” para conservar la Amazonia. Pero, ¿qué tan viable es pensar en incluir a la OTAN, una organización militar, en la estrategia de conservación de la selva amazónica? ¿Qué tan claro es el plan para usar helicópteros donados por Estados Unidos en esa tarea ecológica?

Para Sebastián Gómez, fundador del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes), “hay una intención de ligar la lucha contra las drogas con los demás problemas que tiene Colombia, en específico, con el debate en torno a la conservación de la Amazonía”. En el discurso de Petro en la ONU hace un mes, por ejemplo, el presidente asoció la guerra contra las drogas con la protección de la selva: “La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado”.

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El problema es que se trata de una asociación a la que los datos no dan total claridad. Entre 2005 y 2014, por ejemplo, en todo el auge de la erradicación forzada, apenas el 2% de la deforestación de la Amazonia se asoció con cultivos de coca. En contraste, según el inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI) del Ideam, la deforestación para conversión de los suelos a pastizales para ganadería es la mayor fuente de emisión de GEI. Estimaciones del Ministerio de Ambiente apuntan que por cada hectárea deforestada para este fin se liberan 566 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

Lo que esta relación entre la coca y la protección de la selva y la posterior decisión del gobierno de querer vincular en esa conservación a la OTAN han creado es una ambivalencia, según Gómez, en la estrategia ambiental del gobierno: “No entendemos (desde Cealdes) si el tema de cancelar la Operación Artemisa va a implicar el reemplazo por una política distinta de seguridad de la conservación o si en serio va a haber un tratamiento distinto para los conflictos ambientales”.

La Operación Artemisa fue una estrategia militar del gobierno de Iván Duque que buscaba frenar la deforestación en áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales, sin embargo, entre 2018 y 2022 el 14 % de la deforestación de la Amazonia se concentró en algunos de esos parques como Tinigua, La Macarena, Picachos, Chiribiquete, La Paya y la Reserva Nukak.

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El 5 de agosto pasado, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció su fin, señalando que este enfoque no había funcionado. “La forma como se implementó genera una resistencia social al Estado y creemos que el cambio sustancial es que el Estado debe trabajar con esas comunidades que están allí y que hoy terminan siendo la fuerza de trabajo de esa economía ilícita”, como la deforestación, explicó Muhamad.

¿Es una contradicción terminar la Operación Artemisa y meses después anunciar la llegada de helicópteros de Estados Unidos y la intención de vincular a la OTAN a la conservación de la Amazonía?

Para Jose Luis Díaz, candidato a magíster en política ambiental por la Universidad de Duke, por lo menos hay una inconsistencia: “Hay declaraciones difusas, ha hablado de más colaboración militar con Estados Unidos. La militarización ya se intentó con Artemisa, una operación altamente cuestionada, entonces no es tan difícil imaginar que es imposible controlar el Amazonas desde un enfoque de fuerza”.

Expertos como Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, también ven con duda la participación de la OTAN en la conservación de la selva. Esta colaboración, dice Madrigal, “debería estar enfocada en tener mayor precisión en las alertas tempranas de deforestación, emitir los boletines de forma ágil, oportuna y georreferenciada”.

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Pero en realidad, el gobierno no ha dado muchos detalles de esa eventual asociación y tampoco de cómo se van a usar los helicópteros. Hasta ahora, se sabe que además de las “misiones ambientales”, la “lucha contra la deforestación” y “extinción de incendios” se van a implementar para evacuaciones aeromédicas, operaciones contra la minería ilegal y protección a defensores ambientales.

El Espectador consultó a la Aviación Policial, un área de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, y explicaron que los helicópteros todavía se encuentran en periodo de mantenimiento y acondicionamiento y que el gobierno aún no les ha definido los lineamientos para usarlos con esos fines.

“Uno esperaría que al momento de cancelar una operación como Artemisa se cambie una perspectiva de tratamiento de los conflictos socioambientales y eso es lo que hasta el momento no es tan visible”, agrega Gómez. La principal pregunta, entonces, es cuál será la estrategia del gobierno para proteger la Amazonía.

El futuro de la selva

En lo que va del nuevo gobierno, el Ministerio de Ambiente ha mencionado que la deforestación se combatirá con estos componentes principales: acuerdos con comunidades en 15 núcleos de la Amazonia que podrían convertirse en núcleos de economía forestal, es decir, en zonas donde el propósito es que la economía forestal sea más atractiva que la economía ilícita; paz total para disminuir la presión que hay sobre los recursos en ciertas áreas; y control territorial, que se conseguiría con ayuda de la fuerza pública en coordinación con las instituciones civiles.

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Sobre esto último Muhamad afirmó a principios de octubre en el primer Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación que ya se definió “un trabajo coordinado hacia la prevención y la contención. Vamos a trabajar un plan institucional que aterrizaremos, con las demás entidades, en las regiones, priorizando por supuesto el arco de deforestación de la Amazonia”. Además, esta semana el gobierno anunció la creación de un fondo para conservar la Amazonia, financiado por “los impuestos de los colombianos”, con un presupuesto de partida de 600 mil millones.

Este fondo tendría como objetivo pagarles a las familias de los departamentos amazónicos entre 2 y 3 millones de pesos por “conservar la selva”. Sin embargo, aún no está claro cómo sería su implementación y en qué se diferencia esto del pago por servicios ambientales que actualmente opera Visión Amazonía, que entre 2016 y 2021 habría desembolsado más de 242 mil millones.

Hay también otras ideas. El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) de la Universidad de los Andes ha propuesto que se cree en el país una Agencia Nacional de Servicios y Oportunidades Ambientales que implemente una política nacional de negocios verdes “para dar estructura a la cadena de valor para el aprovechamiento sostenible de los bosques”.

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Muhamad dice que el objetivo que concentraría los diferentes esfuerzos en materia ambiental es que en Colombia se restaure el mismo número de hectáreas que se deforesta cada año, para que así el país se convierta en un “capturador” de CO2. “Restaurar del páramo al mar”, dijo la ministra para El Espectador. Por ahora, en el país se han restaurado 500 mil hectáreas frente a 3 millones que se han deforestado.

Gómez, por su lado, insiste en que todas estas propuestas que ayudarían al fortalecimiento de economías forestales, no despegarán sin una garantía de un mercado consolidado para el aprovechamiento de los bosques, lo que quiere decir, en palabras suyas, que hasta que no se vea el mismo “esfuerzo institucional para coordinar esas acciones que podrían mitigar el conflicto ambiental”, un esfuerzo que, a su criterio, sí se está viendo “con los anuncios de securitización de la conservación”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

Diez helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos han llegado a Colombia en las últimas semanas. Su propósito es conformar “la primera unidad policial para apagar incendios de la selva amazónica”. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro hace un mes cuando visitó EE. UU. para participar de la cumbre de la ONU.

Siete de esos diez helicópteros se entregaron el pasado 26 de octubre, en una ceremonia en la que Francisco Luis Palmieri, embajador de EE. UU en Colombia, señaló que “la protección ambiental y la lucha contra la crisis climática son prioridades clave para la administración del presidente Joe Biden”. Además de esta alianza con la Casa Blanca, el gobierno de Colombia reconoció también acercamientos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el mismo fin: conservar la Amazonía.

La OTAN es una alianza militar de países de Europa y Norteamérica que existe desde 1949. Según Petro, Colombia ha adelantado conversaciones con esa organización para que presten una “colaboración tecnológica” para conservar la Amazonia. Pero, ¿qué tan viable es pensar en incluir a la OTAN, una organización militar, en la estrategia de conservación de la selva amazónica? ¿Qué tan claro es el plan para usar helicópteros donados por Estados Unidos en esa tarea ecológica?

Para Sebastián Gómez, fundador del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes), “hay una intención de ligar la lucha contra las drogas con los demás problemas que tiene Colombia, en específico, con el debate en torno a la conservación de la Amazonía”. En el discurso de Petro en la ONU hace un mes, por ejemplo, el presidente asoció la guerra contra las drogas con la protección de la selva: “La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado”.

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El problema es que se trata de una asociación a la que los datos no dan total claridad. Entre 2005 y 2014, por ejemplo, en todo el auge de la erradicación forzada, apenas el 2% de la deforestación de la Amazonia se asoció con cultivos de coca. En contraste, según el inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI) del Ideam, la deforestación para conversión de los suelos a pastizales para ganadería es la mayor fuente de emisión de GEI. Estimaciones del Ministerio de Ambiente apuntan que por cada hectárea deforestada para este fin se liberan 566 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

Lo que esta relación entre la coca y la protección de la selva y la posterior decisión del gobierno de querer vincular en esa conservación a la OTAN han creado es una ambivalencia, según Gómez, en la estrategia ambiental del gobierno: “No entendemos (desde Cealdes) si el tema de cancelar la Operación Artemisa va a implicar el reemplazo por una política distinta de seguridad de la conservación o si en serio va a haber un tratamiento distinto para los conflictos ambientales”.

La Operación Artemisa fue una estrategia militar del gobierno de Iván Duque que buscaba frenar la deforestación en áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales, sin embargo, entre 2018 y 2022 el 14 % de la deforestación de la Amazonia se concentró en algunos de esos parques como Tinigua, La Macarena, Picachos, Chiribiquete, La Paya y la Reserva Nukak.

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El 5 de agosto pasado, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció su fin, señalando que este enfoque no había funcionado. “La forma como se implementó genera una resistencia social al Estado y creemos que el cambio sustancial es que el Estado debe trabajar con esas comunidades que están allí y que hoy terminan siendo la fuerza de trabajo de esa economía ilícita”, como la deforestación, explicó Muhamad.

¿Es una contradicción terminar la Operación Artemisa y meses después anunciar la llegada de helicópteros de Estados Unidos y la intención de vincular a la OTAN a la conservación de la Amazonía?

Para Jose Luis Díaz, candidato a magíster en política ambiental por la Universidad de Duke, por lo menos hay una inconsistencia: “Hay declaraciones difusas, ha hablado de más colaboración militar con Estados Unidos. La militarización ya se intentó con Artemisa, una operación altamente cuestionada, entonces no es tan difícil imaginar que es imposible controlar el Amazonas desde un enfoque de fuerza”.

Expertos como Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, también ven con duda la participación de la OTAN en la conservación de la selva. Esta colaboración, dice Madrigal, “debería estar enfocada en tener mayor precisión en las alertas tempranas de deforestación, emitir los boletines de forma ágil, oportuna y georreferenciada”.

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Pero en realidad, el gobierno no ha dado muchos detalles de esa eventual asociación y tampoco de cómo se van a usar los helicópteros. Hasta ahora, se sabe que además de las “misiones ambientales”, la “lucha contra la deforestación” y “extinción de incendios” se van a implementar para evacuaciones aeromédicas, operaciones contra la minería ilegal y protección a defensores ambientales.

El Espectador consultó a la Aviación Policial, un área de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, y explicaron que los helicópteros todavía se encuentran en periodo de mantenimiento y acondicionamiento y que el gobierno aún no les ha definido los lineamientos para usarlos con esos fines.

“Uno esperaría que al momento de cancelar una operación como Artemisa se cambie una perspectiva de tratamiento de los conflictos socioambientales y eso es lo que hasta el momento no es tan visible”, agrega Gómez. La principal pregunta, entonces, es cuál será la estrategia del gobierno para proteger la Amazonía.

El futuro de la selva

En lo que va del nuevo gobierno, el Ministerio de Ambiente ha mencionado que la deforestación se combatirá con estos componentes principales: acuerdos con comunidades en 15 núcleos de la Amazonia que podrían convertirse en núcleos de economía forestal, es decir, en zonas donde el propósito es que la economía forestal sea más atractiva que la economía ilícita; paz total para disminuir la presión que hay sobre los recursos en ciertas áreas; y control territorial, que se conseguiría con ayuda de la fuerza pública en coordinación con las instituciones civiles.

Puede ver: Así es cómo el cambio climático y la desigualad amenaza hoy a los niños colombianos

Sobre esto último Muhamad afirmó a principios de octubre en el primer Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación que ya se definió “un trabajo coordinado hacia la prevención y la contención. Vamos a trabajar un plan institucional que aterrizaremos, con las demás entidades, en las regiones, priorizando por supuesto el arco de deforestación de la Amazonia”. Además, esta semana el gobierno anunció la creación de un fondo para conservar la Amazonia, financiado por “los impuestos de los colombianos”, con un presupuesto de partida de 600 mil millones.

Este fondo tendría como objetivo pagarles a las familias de los departamentos amazónicos entre 2 y 3 millones de pesos por “conservar la selva”. Sin embargo, aún no está claro cómo sería su implementación y en qué se diferencia esto del pago por servicios ambientales que actualmente opera Visión Amazonía, que entre 2016 y 2021 habría desembolsado más de 242 mil millones.

Hay también otras ideas. El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) de la Universidad de los Andes ha propuesto que se cree en el país una Agencia Nacional de Servicios y Oportunidades Ambientales que implemente una política nacional de negocios verdes “para dar estructura a la cadena de valor para el aprovechamiento sostenible de los bosques”.

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Muhamad dice que el objetivo que concentraría los diferentes esfuerzos en materia ambiental es que en Colombia se restaure el mismo número de hectáreas que se deforesta cada año, para que así el país se convierta en un “capturador” de CO2. “Restaurar del páramo al mar”, dijo la ministra para El Espectador. Por ahora, en el país se han restaurado 500 mil hectáreas frente a 3 millones que se han deforestado.

Gómez, por su lado, insiste en que todas estas propuestas que ayudarían al fortalecimiento de economías forestales, no despegarán sin una garantía de un mercado consolidado para el aprovechamiento de los bosques, lo que quiere decir, en palabras suyas, que hasta que no se vea el mismo “esfuerzo institucional para coordinar esas acciones que podrían mitigar el conflicto ambiental”, un esfuerzo que, a su criterio, sí se está viendo “con los anuncios de securitización de la conservación”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.