Indígenas de la Amazonia piden al Gobierno que les cumpla una promesa hecha en 2022
Desde que se creó la Constitución de 1991, los pueblos indígenas del Amazonas, Vaupés y Guainía han sumado esfuerzos para que sus territorios sean entidades territoriales, una figura similar a los municipios. El gobierno de Gustavo Petro les prometió la formación de siete, pero el proceso no avanza como ellos esperaban.
María Paula Lizarazo
Desde antes de que se votaran las elecciones presidenciales de 2022, consejos indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía se reunieron para hacerle un llamado al que sería el próximo gobierno: que formalizaran las entidades territoriales de más de 30 pueblos indígenas, tal como lo ordena la Constitución de 1991 y el Decreto 632 de 2018. Les solicitaban a los candidatos que incluyeran su petición en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Quienes elaboraron el PND escucharon sus peticiones. En el documento se estableció que para finales de 2024 deberían quedar formalizadas al menos siete entidades territoriales indígenas (ETI) de las 15 que habían iniciado ese proceso años atrás y cuyos consejos indígenas ya están registrados ante el Ministerio del Interior.
Sin embargo, las comunidades hoy ven con preocupación esa promesa, pues apenas cuatro consejos han avanzado más en la segunda fase (de tres) del proceso, de 12 que se encuentran en esta. “Hasta el momento no ha podido concretarse, y es la deuda que tiene este país con esos territorios y con nuestra Constitución”, dice Doris Ochoa, directora ejecutiva de la ONG Gaia Amazonas.
En palabras simples, estas son zonas que han sido definidas como áreas no municipalizadas. Allí, la formación de entidades territoriales les permitiría más facultades a los gobiernos indígenas de las que ya tienen.
Para Antonio Matapí, autoridad indígena del Territorio Mirití Paraná (Amazonas), la figura de entidades territoriales “es una herramienta para posicionar nuestro pensamiento ante el Gobierno Nacional y la vía de hacer uso de nuestra autonomía”.
No van a ser municipios ni departamentos, “pero tienen de semejante que son autoridades y entidades públicas. Donde radica la mayor virtud del proceso es que van a poder ejercer el gobierno en sus territorios en coordinación con otras autoridades públicas”, explica Ochoa. “Las entidades territoriales permitirían no solo que las autoridades indígenas ejerzan como gobierno, sino también aportaría a la pervivencia de sus culturas y mayores garantías para la conservación de sus territorios”.
Para Ochoa, es clave diferenciar estos procesos de los municipios, que, de acuerdo con la investigadora, ha sido una de las amenazas a la formación de las entidades. “Debido a otros intereses por fuera del mundo indígena, y de las autoridades indígenas, se quiere impulsar la conformación de municipios en el Amazonas. Uno de los llamados que han hecho estos territorios indígenas, y los acuerdos que han establecido con el Gobierno Nacional, es que se abstenga de crear municipios hasta que se precise el ordenamiento territorial a partir de la formalización de las entidades”.
Un proceso que todavía no ve la luz
Luego de que se emitiera el Decreto-ley 632 de 2018, que establece los mecanismos y procedimientos para formalizar las entidades territoriales indígenas de esos tres departamentos, las comunidades cumplieron con la primera parte del proceso, que fue el registro de 15 consejos indígenas ante el Ministerio del Interior, logro que se obtuvo después de interponer 10 tutelas.
La segunda parte consiste en que los consejos indígenas registrados conversen con diferentes entidades del Gobierno Nacional sobre el territorio y la población que incluiría la entidad, así como su plan administrativo, basado en sus sistemas de conocimiento. Entre las entidades que forman parte de esta fase están la Agencia Nacional de Tierras, la Dirección de Asuntos Indígenas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el DANE.
Por último, la fase que restaría es la formación de las entidades territoriales, desde el Ministerio del Interior, con la descentralización de los ingresos y gastos públicos.
“Nosotros milenariamente hemos venido manejando el territorio y manteniendo su integridad de acuerdo con nuestra ley de origen. Hablamos de una política biocultural, en la que todo lo que existe en el territorio tiene vida para nosotros, por lo que lo pensamos como un sistema”, añade Antonio Matapí.
Las autoridades indígenas que se encuentran más avanzadas en la segunda fase son los consejos del Territorio Mirití-Paraná, Bajo Río Caquetá, Yaigojé-Apaporis y Pani. Según el Ministerio del Interior, estos cuatro consejos actualmente están en visitas con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la delimitación territorial.
Para Juan Carlos Preciado, asesor de Gaia Amazonas y quien ha acompañado a las comunidades en el proceso, el hecho de que apenas cuatro consejos se encuentren en ese diálogo de la segunda fase se debe a que el “Estado y la forma de responder del gobierno colombiano no se ha adecuado. Hay falta de articulación de las entidades”. También asegura que en la fase de registrar los consejos indígenas hubo demoras injustificadas en los trámites.
Al trasladar las inquietudes de las comunidades al Mininterior, esta cartera señala que es un procedimiento que toma tiempo, pues no es la única entidad que “debe surtir la debida diligencia en el cumplimiento del Decreto 632, sino que también es un esfuerzo interinstitucional, en el que actualmente estamos trabajando para que sea resuelto de la forma más diligente y ágil posible”. También menciona que se dispuso un equipo interdisciplinar, “quienes han asistido de manera permanente y coordinada en atención a todas las necesidades emergentes que se presentan en el camino de implementación”.
Otra barrera, para Preciado, es el presupuesto que se le ha otorgado al proceso, especialmente a los encuentros que requiere la segunda fase. Según el Mininterior, para 2023 se concertó con las comunidades que se destinaran más de $300 millones, que tenían como principal inversión el fortalecimiento de los gobiernos indígenas. Para 2024, indica esa cartera, se dispusieron $500 millones para el mismo fin.
Indígenas, claves para la biodiverisidad
La Cumbre de Diversidad Biológica, realizada en 2022 en Canadá (COP15), cerró con un Marco Mundial que para buena parte de la comunidad científica fue clave. Incluyó medidas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza con 23 metas por cumplir para 2030, incluida la protección del 30 % del planeta y el 30 % de los ecosistemas degradados, además de que creó un Fondo Mundial para cumplir con ese Marco.
El documento reconoce el papel de los pueblos indígenas para la protección de la biodiversidad. Diferentes organizaciones, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, han establecido que más del 80 % de la superficie de los territorios indígenas está cubierta por bosques, de los que el 45 % son bosques intactos.
En Colombia, datos del Ideam muestran que los territorios indígenas en proceso de formalizarse como entidades territoriales son el 24 % de la Amazonia colombiana y mantienen el 95,2 % de sus bosques en pie.
“Es una realidad que esos territorios son los mejores conservados de la Amazonia porque los indígenas están ejerciendo allí desde sus sistemas de conocimiento y están actuando, como lo dice la Constitución, en representación del Estado. Pero como eso no se ha formalizado, les implica una cantidad de restricciones”, dice Preciado.
Ochoa insiste, por su parte, en que con la formación de las entidades territoriales Colombia estaría garantizando la pervivencia de la diversidad biológica y cultural. “A través de sus sistemas de conocimiento y gobierno, que milenariamente han demostrado ser la clave del éxito, los pueblos indígenas le están ofreciendo al mundo una posibilidad de garantizar la sostenibilidad de la vida y no solo la de ellos”.
Por otro lado, un estudio del Instituto de Recursos Mundiales habla de que el reconocimiento formal de los territorios indígenas es una inversión de alto beneficio y bajo costo: reconocer estos territorios puede costar entre 5 y 40 veces menos que la emisión de CO2, evitada a través de las capturas de carbono de la Amazonia.
Para la investigadora, otro motivo por el que sería clave que se formalizaran estas entidades, además del compromiso de Colombia con el Marco Mundial de Montreal, es que el país es sede de la próxima cumbre de biodiversidad, que se llevará a cabo en Cali.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Desde antes de que se votaran las elecciones presidenciales de 2022, consejos indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía se reunieron para hacerle un llamado al que sería el próximo gobierno: que formalizaran las entidades territoriales de más de 30 pueblos indígenas, tal como lo ordena la Constitución de 1991 y el Decreto 632 de 2018. Les solicitaban a los candidatos que incluyeran su petición en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Quienes elaboraron el PND escucharon sus peticiones. En el documento se estableció que para finales de 2024 deberían quedar formalizadas al menos siete entidades territoriales indígenas (ETI) de las 15 que habían iniciado ese proceso años atrás y cuyos consejos indígenas ya están registrados ante el Ministerio del Interior.
Sin embargo, las comunidades hoy ven con preocupación esa promesa, pues apenas cuatro consejos han avanzado más en la segunda fase (de tres) del proceso, de 12 que se encuentran en esta. “Hasta el momento no ha podido concretarse, y es la deuda que tiene este país con esos territorios y con nuestra Constitución”, dice Doris Ochoa, directora ejecutiva de la ONG Gaia Amazonas.
En palabras simples, estas son zonas que han sido definidas como áreas no municipalizadas. Allí, la formación de entidades territoriales les permitiría más facultades a los gobiernos indígenas de las que ya tienen.
Para Antonio Matapí, autoridad indígena del Territorio Mirití Paraná (Amazonas), la figura de entidades territoriales “es una herramienta para posicionar nuestro pensamiento ante el Gobierno Nacional y la vía de hacer uso de nuestra autonomía”.
No van a ser municipios ni departamentos, “pero tienen de semejante que son autoridades y entidades públicas. Donde radica la mayor virtud del proceso es que van a poder ejercer el gobierno en sus territorios en coordinación con otras autoridades públicas”, explica Ochoa. “Las entidades territoriales permitirían no solo que las autoridades indígenas ejerzan como gobierno, sino también aportaría a la pervivencia de sus culturas y mayores garantías para la conservación de sus territorios”.
Para Ochoa, es clave diferenciar estos procesos de los municipios, que, de acuerdo con la investigadora, ha sido una de las amenazas a la formación de las entidades. “Debido a otros intereses por fuera del mundo indígena, y de las autoridades indígenas, se quiere impulsar la conformación de municipios en el Amazonas. Uno de los llamados que han hecho estos territorios indígenas, y los acuerdos que han establecido con el Gobierno Nacional, es que se abstenga de crear municipios hasta que se precise el ordenamiento territorial a partir de la formalización de las entidades”.
Un proceso que todavía no ve la luz
Luego de que se emitiera el Decreto-ley 632 de 2018, que establece los mecanismos y procedimientos para formalizar las entidades territoriales indígenas de esos tres departamentos, las comunidades cumplieron con la primera parte del proceso, que fue el registro de 15 consejos indígenas ante el Ministerio del Interior, logro que se obtuvo después de interponer 10 tutelas.
La segunda parte consiste en que los consejos indígenas registrados conversen con diferentes entidades del Gobierno Nacional sobre el territorio y la población que incluiría la entidad, así como su plan administrativo, basado en sus sistemas de conocimiento. Entre las entidades que forman parte de esta fase están la Agencia Nacional de Tierras, la Dirección de Asuntos Indígenas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el DANE.
Por último, la fase que restaría es la formación de las entidades territoriales, desde el Ministerio del Interior, con la descentralización de los ingresos y gastos públicos.
“Nosotros milenariamente hemos venido manejando el territorio y manteniendo su integridad de acuerdo con nuestra ley de origen. Hablamos de una política biocultural, en la que todo lo que existe en el territorio tiene vida para nosotros, por lo que lo pensamos como un sistema”, añade Antonio Matapí.
Las autoridades indígenas que se encuentran más avanzadas en la segunda fase son los consejos del Territorio Mirití-Paraná, Bajo Río Caquetá, Yaigojé-Apaporis y Pani. Según el Ministerio del Interior, estos cuatro consejos actualmente están en visitas con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la delimitación territorial.
Para Juan Carlos Preciado, asesor de Gaia Amazonas y quien ha acompañado a las comunidades en el proceso, el hecho de que apenas cuatro consejos se encuentren en ese diálogo de la segunda fase se debe a que el “Estado y la forma de responder del gobierno colombiano no se ha adecuado. Hay falta de articulación de las entidades”. También asegura que en la fase de registrar los consejos indígenas hubo demoras injustificadas en los trámites.
Al trasladar las inquietudes de las comunidades al Mininterior, esta cartera señala que es un procedimiento que toma tiempo, pues no es la única entidad que “debe surtir la debida diligencia en el cumplimiento del Decreto 632, sino que también es un esfuerzo interinstitucional, en el que actualmente estamos trabajando para que sea resuelto de la forma más diligente y ágil posible”. También menciona que se dispuso un equipo interdisciplinar, “quienes han asistido de manera permanente y coordinada en atención a todas las necesidades emergentes que se presentan en el camino de implementación”.
Otra barrera, para Preciado, es el presupuesto que se le ha otorgado al proceso, especialmente a los encuentros que requiere la segunda fase. Según el Mininterior, para 2023 se concertó con las comunidades que se destinaran más de $300 millones, que tenían como principal inversión el fortalecimiento de los gobiernos indígenas. Para 2024, indica esa cartera, se dispusieron $500 millones para el mismo fin.
Indígenas, claves para la biodiverisidad
La Cumbre de Diversidad Biológica, realizada en 2022 en Canadá (COP15), cerró con un Marco Mundial que para buena parte de la comunidad científica fue clave. Incluyó medidas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza con 23 metas por cumplir para 2030, incluida la protección del 30 % del planeta y el 30 % de los ecosistemas degradados, además de que creó un Fondo Mundial para cumplir con ese Marco.
El documento reconoce el papel de los pueblos indígenas para la protección de la biodiversidad. Diferentes organizaciones, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, han establecido que más del 80 % de la superficie de los territorios indígenas está cubierta por bosques, de los que el 45 % son bosques intactos.
En Colombia, datos del Ideam muestran que los territorios indígenas en proceso de formalizarse como entidades territoriales son el 24 % de la Amazonia colombiana y mantienen el 95,2 % de sus bosques en pie.
“Es una realidad que esos territorios son los mejores conservados de la Amazonia porque los indígenas están ejerciendo allí desde sus sistemas de conocimiento y están actuando, como lo dice la Constitución, en representación del Estado. Pero como eso no se ha formalizado, les implica una cantidad de restricciones”, dice Preciado.
Ochoa insiste, por su parte, en que con la formación de las entidades territoriales Colombia estaría garantizando la pervivencia de la diversidad biológica y cultural. “A través de sus sistemas de conocimiento y gobierno, que milenariamente han demostrado ser la clave del éxito, los pueblos indígenas le están ofreciendo al mundo una posibilidad de garantizar la sostenibilidad de la vida y no solo la de ellos”.
Por otro lado, un estudio del Instituto de Recursos Mundiales habla de que el reconocimiento formal de los territorios indígenas es una inversión de alto beneficio y bajo costo: reconocer estos territorios puede costar entre 5 y 40 veces menos que la emisión de CO2, evitada a través de las capturas de carbono de la Amazonia.
Para la investigadora, otro motivo por el que sería clave que se formalizaran estas entidades, además del compromiso de Colombia con el Marco Mundial de Montreal, es que el país es sede de la próxima cumbre de biodiversidad, que se llevará a cabo en Cali.
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