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En medio de la cumbre de ministros de los países amazónicos que se está llevando a cabo en Leticia, este jueves se realizó el panel Deforestación y delitos ambientales trasnacionales.
La cumbre busca consolidar las bases para llegar a un acuerdo con el fin de evitar el punto de no retorno, es decir, que los bosques tropicales de la Amazonia se conviertan en una sabana sin capacidad para regenerarse. Para esto, los países están recogiendo elementos que les permitan plantear acciones conjuntas encaminadas a “revertir el deterioro acelerado de la Amazonia y trabajar por su restauración en los próximos siete años”.
La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, afirmó que uno de los grandes retos de los ocho países es fortalecer la investigación trasnacional y armonizar la legislación para superar los vacíos que las economías ilícitas y redes criminales encuentran en las fronteras.
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Según la ministra, “no nos sirve de nada judicializar al campesino o al minero que está en el territorio siendo instrumentalizado, necesitamos entender por dónde se mueve la plata y llegar a esos eslabones de arriba de las cadenas criminales”.
Durante el panel, Muhamad presentó los avances de esta cartera al respecto. Realizaron un experimento con ayuda de inteligencia artificial, con el que descubrieron “una red de más de 200 mil eslabones, en donde veíamos cómo se mezclaban rápidamente empresas legales con ilícitas, para entender cuál funciona como eslabón y cuál es determinador”, explicó Muhamad.
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Uno de los asistentes al evento fue David Turner-Moth, director para las Américas del Fondo de Conflicto, Seguridad y Estabilización, quien señaló que “cuando hablamos de salvar la Amazonía es crucial entender que se empieza con acciones que parten de esta cumbre, en la que los países llegan a acuerdos y comparten un interés común por el bienestar de este lugar, así como el de las comunidades que aquí viven”.
Otros participantes del panel resaltaron que existe una relación entre el crimen organizado transnacional y las dificultades que trae para luchar contra otras actividades como la minería ilegal, que también implican consecuencias ambientales, sociales y económicas para las comunidades.
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Al respecto, Turner-Moth añadió que “es aquí en donde el consenso inicia, al compartir la información y las estrategias que cada uno puede ofrecer, fijar sistemas para la divulgación de información entre sí y definir las acciones puntuales que se requieren”.
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