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Entre el Parque Nacional Natural Chiribiquete y el Parque Yaigojé Apaporis hay más de 61 mil hectáreas que son zona de amortiguación de ambas áreas protegidas y que están a muy poco de dejar de ser áreas no municipalizadas. El 30 de junio, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió un acuerdo que pasó inadvertido: con el que se constituyó el Resguardo Indígena La Victoria en ese territorio. Allí, entre los departamentos del Caquetá, Vaupés y Amazonas, habitan alrededor de 124 personas de los pueblos indígenas Kawiyarí, Barasano, Tatuyo, Taiwano/Eduria, Tuyuca, Tucano, Cubeo, Desano, Siriano, Yurutí, Carapana, Piratapuyo, Wanano y Bara.
El proceso formal para la creación del resguardo empezó el 3 de enero de 2019, cuando a la Unidad de Restitución de Tierras llegó una solicitud de medida de protección de Territorio Indígena. En palabras del gobernador de la comunidad de La Victoria -que da nombre al resguardo- Alfredo Vargas, perteneciente al pueblo carapana, detrás de este proceso hay dos temas esenciales. El primero es salvaguardar la “cultura que desde la bonanza de la coca se nos está perdiendo y preservar la selva de la deforestación”. Y el segundo, es que las más de 61 mil hectáreas del resguardo, conectan las 4 millones de hectáreas de área protegida de Chiribiquete con las más de un millón de hectáreas de Yaigojé Apaporis. (Le sugerimos: Comunidades de la Amazonia están protegiendo una especie “casi amenazada”: el jaguar)
Camilo Guio Rodríguez, director operativo de la Fundación Gaia Amazonas, explica que “el Resguardo Indígena de La Victoria, ante todo, busca garantizar el bienestar de los pueblos indígenas que habitan este territorio, además contribuye a la conservación de estos ecosistemas y, en particular, a la protección de las poblaciones de varias especies que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), se encuentran altamente amenazadas, como la nutria gigante y el armadillo trueno”. También de especies casi amenazadas como el tigre colorado o el mico uakarí y algunas vulnerables como el oso hormiguero.
Además de que colinda con dos Parques Nacionales Naturales, el Resguardo también se conecta al norte con el Gran Resguardo del Vaupés y, al sur, con con el Resguardo Indígena de Mirití.
Según cifras de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), entre 2001 y 2021, apenas el 6% de la deforestación en la Amazonia colombiana ocurrió al interior de zonas de resguardo, es decir, menos de 300 mil hectáreas. “A nivel regional, este Resguardo Indígena es muy significativo en términos de conservación integral del territorio y permite la configuración de un corredor completo de conservación desde la frontera con el Brasil hasta la zona del Área de Manejo Especial de la Macarena, la Amazonia y Los Andes”, señala Guio. (Lea también: Deforestación: este es el diagnóstico que le deja el gobierno de Duque a Petro)
A La Victoria se puede llegar por vía aérea o fluvial, por el río Apaporis, desde la cabecera municipal de Taraira (Vaupés) o desde La Pedrera (Amazonas). Son recorridos de entre 700 km y 800 km. Es decir, cuatro o cinco días en lancha. El acceso, sumado a las limitaciones de movilidad y de presupuesto que causó la pandemia, fue una de las principales complicaciones para realizar los estudios socioeconómicos necesarios para la constitución del Resguardo por parte de la ANT, para lo cual se contó con el apoyo de Gaia Amazonas y Andes Amazon Fund. Además, hasta antes de que se firmara el Acuerdo de Paz, había más problemas para entrar y salir del territorio.
Luego de la ampliación del Resguardo Apaporis, cuando se creó el Parque Yaigojé Apaporis -en 2009-, las comunidades que habitaban en lo que será La Victoria continuaron estando muy apartadas porque se encontraban en plena zona roja: por épocas, allí operaba el Frente Primero de las FARC. Incluso, actualmente, la situación sigue siendo compleja. Por un lado, en 2016, hubo denuncias de que en las cercanías al Resguardo de Apaporis estaba operando el Frente Primero de las disidencias de las Farc y, por otro lado, desde que inició la pandemia, los guardaparques de la Amazonia no han podido regresar a los Parques Nacionales Naturales por amenazas.
Para este proceso, la Unidad de Restitución de Tierras caracterizó los hechos de violencia que vivieron estas comunidades durante el conflicto armado y adelantó el trámite judicial sobre la restitución de sus derechos territoriales. Ramón Laborde, procurador judicial ambiental para los departamentos de Amazonas y Vaupés, señala que la creación del Resguardo “busca una reparación colectiva en el marco del conflicto”. Según el procurador, era necesario cubrir esa población, “marginada por mucho tiempo, pues no eran atendidos ni por Amazonas ni Vaupés”, al estar en medio de un enclave cocalero. (Lea en otras noticias de Amazonas: La crisis ambiental de los humedales de la capital del Amazonas)
Los retos del nuevo gobierno Petro
Guio agrega que si bien garantizar la propiedad de la tierra para los pueblos indígenas asegura el bienestar de estas poblaciones, también cumple con lo que Colombia ha firmado en acuerdos internacionales como el Pacto de Leticia, que, en palabras suyas, “plantea promover las iniciativas de conectividad y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en un modelo de desarrollo sostenible o diferente para la Amazonia”. Sin embargo, añade, la creación del Resguardo trae varios retos para el próximo gobierno y se suma a un logro histórico que están a punto de conseguir los consejos indígenas de Amazonas, Vaupés y Guainía: que sus territorios, incluyendo las 16,6 millones de hectáreas de áreas no municipalizadas, sean reconocidos como entidades territoriales, tal cual lo señala el decreto 632 de 2018, lo que les garantizaría la misma autoridad de un municipio.
El experto enfatiza en que el cumplimiento de este decreto es fundamental para contener el avance de actividades extractivas que se están dando sobre el río Apaporis, así como del avance de los frentes de deforestación, especialmente del Guaviare al Vaupés. “La creación de los territorios indígenas es una medida efectiva de protección de los bosques: hay 27 millones de hectáreas reconocidas como resguardos y sus coberturas boscosas están por encima del 97%”. Además, dice, no cumplir con este decreto pone en riesgo “los derechos de autodeterminación y los procesos de descentralización de los pueblos indígenas”, como ha ocurrido con algunos procesos de municipalización “en contravía de la conformación de los consejos indígenas”.
Si bien el plan de gobierno de Petro y Márquez señala que garantizarán el reconocimiento y la ampliación de los territorios indígenas, Guio advierte que uno de los retos que se avecinan en el caso de este nuevo resguardo es que debería haber una articulación de las autoridades indígenas con el ministerio de Cultur. “Este territorio y sus habitantes hacen parte de un complejo cultural que es el de los jaguares de Yuruparí que, entre otras, es reconocido como patrimonio cultural nacional, pero también de la humanidad por la Unesco”.
Los jaguares de Yuruparí transmiten una cosmovisión bajo la cual el mundo permanece en equilibrio. Se trata de una sabiduría que les fue entregada desde el origen para cuidar la vida. En ese sentido “existiría una posibilidad de ampliar el plan de salvaguarda, que es el plan de protección de este sistema de conocimiento y manejo del territorio”, puntualiza Guio. Su comentario coincide con el del gobernador carapana Vargas, pues hay una relación intrínseca entre “proteger el terreno en el que vivimos desde mucho tiempo atrás y la cultura”.
Los expertos en la región esperan que durante el nuevo gobierno se logre el cumplimiento a cabalidad del decreto 632. Según Gaia Amazonas, con su cumplimiento Colombia “podría convertirse en la primera región del mundo donde los pueblos indígenas tengan las facultades políticas y administrativas para manejar sus territorios, según sus sistemas de conocimiento, y de forma coordinada y articulada con el gobierno central”. Por ahora, el trámite de constitución del Resguardo La Victoria ya quedó consignado en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos.