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Aura Luz Bastidas Samboní, del pueblo Yanacona, está a poco menos de un mes de dar a luz. Es su tercer embarazo y, tal parece, al igual que los dos primeros, lo tendrá en el Hospital José María Hernández de Mocoa. Cuando tuvo el primero, tenía la idea de que su bebé naciera en casa. Estaba acompañada por una de sus tías, que es enfermera y que, como el resto de las mujeres de su familia, heredó la práctica de la partería ancestral. Pero el día del parto, Aura no tuvo una dilatación adecuada, que es el proceso en el que se da la apertura del cuello del útero para que el feto pueda ser expulsado. (Lea Luego de 33 años se reporta en Brasil un caso de poliomielitis)
“Ella me dijo que tenía que ir al hospital porque ya era tiempo de que hubiera nacido. Y en el hospital, tal vez por los medicamentos que aceleraron la dilatación, fue un parto normal”, cuenta Aura.
Su segundo parto, desde un principio, estuvo programado para que la bebé naciera en el hospital. Fue en 2020, en plena pandemia, cuando el sistema de salud colapsaba y en Mocoa ya estaban adaptando un nuevo centro de salud para los casos de covid-19. Ese año y en 2021, solo entre el 1 y el 1,5% de embarazos en Colombia no fueron en hospital, un promedio que no cambia desde 2015 y en el que Putumayo, donde hay 15 pueblos indígenas, no tiene protagonismo: la mayoría ocurren en Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada.
En 2020, Aura hizo parte del 96 % de mujeres que parieron en algún hospital de Putumayo. Ella, junto a Diego Pinchao, su esposo, enviaron con antelación una solicitud al José María Hernández para que luego del parto les entregaran la placenta de la niña. Cuando Aura dio a luz, “salió una enfermera con una bolsa roja”, cuenta Pinchao. La enfermera caminó hacia unas canecas y botó la bolsa, entonces, la abordó y le preguntó “¿esta es la placenta de la señora?” Sí, era. Finalmente, por confusiones burocráticas, tuvieron que redactar nuevamente la solicitud para que, a eso de una o dos horas, sacaran la bolsa de la caneca y se la entregaran.
Esta historia la contó Adriana Samboní, prima de Aura, en un video documental que realizó en unos talleres de periodismo de salud del proyecto “El poder de la confianza. Contrarrestando la resistencia a las vacunas y la desinformación en Bolivia, Colombia y Perú”, financiado por la ONG Internews e implementado en conjunto con la ONG Sinergias en Vaupés y Putumayo, entre marzo y julio, en el que participaron alrededor de 20 personas de seis pueblos indígenas. El proyecto se enfocó inicialmente en el covid-19 y en las experiencias que diferentes comunidades tuvieron durante la pandemia, que hasta diciembre de 2021 fue la causa de muerte de 2.123 indígenas de Putumayo.
Según explica Juliana Jaimes, periodista de Sinergias y coordinadora del proyecto, las discusiones en torno a las experiencias en la pandemia se centraron en parte en la falta de un enfoque comunitario en las medidas de bioseguridad que implementó el gobierno y en la desinformación sobre el virus. Se preguntaron “cómo había sido el flujo de información del coronavirus en las comunidades, es decir, quién había pensado en ellos y cómo habían sobrevivido a este proceso que para todos fue difícil”, cuenta Jaimes.
Sin embargo, agrega, estas conversaciones dieron pie para que en los talleres hablaran sobre otros temas de salud como la partería, la contaminación, el conflicto armado, vinculados a cómo estos se comunican dentro de las mismas comunidades.
“La salud indígena no es la ausencia de enfermedad solamente, ni física ni mental, sino es también la estabilidad de un territorio, entonces, cuando se habla de salud indígena también se habla de estabilidad ambiental, espiritual, de gobierno propio, de los procesos comunitarios; todo eso es la salud indígena”, puntualiza Jaimes.
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Adriana Samboní se interesó en abordar la partería porque es una práctica que, incluso en una familia que tiene la tradición, como la suya, se ha ido perdiendo. Para ella, la violencia ginecobstétrica -como define lo que le pasó a su prima con la placenta- es una de esas causas. La abogada y candidata a PhD Ana María Luna, a quien Samboní consultó para su video, le explicó que esta violencia puede ser psicológica o física al momento del parto, por parte del personal de la salud. La abogada aclara que aunque las mujeres indígenas no tengan integrado este concepto, es fundamental que sepan que esta violencia ocurre y que “es una vulneración a sus derechos”.
El abuelo de Samboní fue el partero de la abuela. La generación de la madre de Samboní también fue de parteras y quedan pocas, como su tía -la madre de Aura Bastidas-, que aún preservan este saber. Pero esta no es la única preocupación de Samboní. También le afana el -en palabras suyas- “contraste tan fuerte” que enfrenta una mujer indígena que vive en zonas apartadas al llegar a un hospital a parir.
“Indagué en cuán preparado está el sistema [de salud] para atender de manera particular a las comunidades indígenas” y se encontró con los modelos de Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (sispi) que se están construyendo en Putumayo, entre los que los yanacona adelantan uno.
Sin embargo, tal como en El Espectador lo contamos hace unos meses, estos modelos apenas van en la primera fase, que consiste en las caracterizaciones sociales de la salud en las comunidades (las enfermedades, las edades poblacionales, la cantidad de parteras y curanderos, entre otros), luego vendrán los planes de acción de cada modelo y por último la concertación de dichos planes. La razón de crear estos modelos de salud es que cada pueblo indígena tiene sus propios fundamentos y prácticas médicas, así como sus nociones de salud y enfermedad, y es algo respaldado por la Constitución del 91.
Estos modelos tienen como fin integrar los saberes de la medicina ancestral con la medicina occidental. El Taita Carlos Yandun Cadena, coordinador de salud de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip), aclara que la importancia de pensar en una salud intercultural es que “la salud occidental ha salido de la propia y de la misma naturaleza”, por lo que no se anulan, sino que son un servicio, “no una competencia”.
Pero mientras se concretan estos modelos, a Samboní le preocupa que sigan pasando acontecimientos que hace mucho vienen pasando, como lo que vivieron su prima y el esposo con la placenta de su hija. “Hay un desconocimiento total de las prácticas propias”, señala Samboní, y esto, para ella, es otra colonización.
El médico Juan Pablo Jamioy, nacido en Sibundoy, Putumayo, dice que una falla que existe actualmente es que no hay un censo de profesionales indígenas de la salud que se tenga en cuenta para ir integrando la medicina ancestral en los hospitales. Para Jamioy la ley 3280 de 2018 de ruta materno-perinatal permitió consolidar la atención a las gestantes en zonas rurales y abrió el espacio para que en algunos hospitales, como el de Mocoa, se den capacitaciones entre parteras y médicos. Pero, insiste, hay muchos otros temas de atención en salud indígena que todavía “están en ceros”.
¿Cómo se daría, por ejemplo, un parto, cuando se haya consolidado un modelo de salud intercultural? Para Pablo Montoya, magíster en Salud Pública y director de Sinergias, podría darse “un escenario muy positivo o muy negativo, dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen y los lineamientos que establezcan las instituciones”.
Montoya explica que cada quien deberá tener claro qué es lo que le corresponde en medio del parto, pero si no hay un acuerdo “y hay diferencias entre el personal asistencial y la partera -o las personas del saber tradicional que estén allí-, pues se puede prestar para muchos conflictos y para incidir negativamente en la salud de las mujeres, que van a estar en medio de ese tire y afloje”.
Montoya apunta que la complejidad del asunto está en que hay una incomprensión grande, en el sistema de salud general, sobre qué es el Sispi y qué representa para los pueblos indígenas. Este, dice, se ve como un sistema de salud complementario, pero la mirada es diferente desde ambos lados, pues para los pueblos indígenas el sistema general también es un complemento, “entonces, ahí hay una lucha conceptual que se tiene que resolver y esto también está mediado por las visiones coloniales: ¿cuál es la verdadera dimensión que tiene el saber tradicional desde la perspectiva del sistema general de seguridad social?, ¿cuál es la verdadera dimensión de esto desde la academia?”. Montoya explica que la concreción de los Sispi también deberá tener en cuenta los modelos de gestión y gobernanza de los pueblos indígenas.
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Cuando le entregaron la placenta de su hija, Diego Pinchao preparó el ritual en su casa, que está a unos 20 minutos de Mocoa. La sembró en la tierra para que, en palabras suyas, la niña tenga una vida libre y sana “en todos los aspectos: físico y psicológico. Para nosotros la libertad consiste en que el individuo pueda expandirse en el conocimiento universal” y eso depende, en buena parte, de este proceso de integración con la tierra.
Y aunque hay casos como el de Aura Bastidas, que sus embarazos han estado acompañados por su madre, que es partera, y han podido sembrar las placentas, a Samboní le preocupa que la mayoría de mujeres de su comunidad llevan casi que en un 100 % el proceso de su embarazo únicamente con el hospital. Montoya agrega que en medio de estas preocupaciones por la pérdida de los conocimientos ancestrales es fundamental que entre los pueblos indígenas la gente “pueda hablar sobre lo que es importante para ellos en términos de salud y pueda comunicar internamente lo que está pasando”.
Por eso, Samboní, quiso enfocar su video en partería. “Los procesos de comunicación comunitaria son muy valiosos, utilizar la comunicación como un canal para que ellos mismos sean quienes cuenten su salud desde el territorio y para el territorio”, añade Jaimes.
En el mismo departamento se han adelantado otras estrategias para no perder los conocimientos de partería. Por ejemplo, en el Valle del Sibundoy, el colectivo ‘Mujer, arte y vida’ estrenó en 2020 una obra de teatro que rescata este oficio como una forma de re-aprenderlo entre los pueblos Inga y Camëntsá.
Por otro lado, en Chocó, también existen otros procesos propios para no perder esta práctica, como la Ruta de la Partera o la app Partera Vital, con la que las parteras pueden registrar información y hacer seguimiento a las gestantes que acompañan. Aunque podríamos mencionar aún más iniciativas, Montoya es enfático en que una de las grandes deudas que sigue teniendo el Estado es la falta de fortalecimiento de procesos de gobernanza, como la consolidación de los modelos de Sispi, algo que, 31 años después de la Constitución, “no es una realidad”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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