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La próxima semana se votará en el Senado el proyecto de Ley de Acción Climática, un documento que se podría convertir en uno de los más importantes del país para enfrentar la crisis global. Pero si es modificado en el proceso, como temen algunos ambientalistas, terminaría por aumentar la vulnerabilidad ambiental de Colombia. (Lea Zara, Nike y otras marcas que estarían contribuyendo a deforestación del Amazonas)
En palabras sencillas, el proyecto de ley busca aterrizar dos propuestas que el Gobierno ya ha presentado a través del Ministerio de Ambiente, vincularlas y blindarlas en un marco legal. La primera se trata de los compromisos climáticos del país (también conocidos como NDC), entre los que se encuentra la meta de reducir el 51 % de las emisiones de carbono a 2030 y el segundo es la estrategia para ser carbono neutro a 2050, ambos coherentes con los compromisos adquiridos en la COP26.
El proyecto fue aprobado el 1° de diciembre por la Cámara con cero votos en contra, y se le incluyeron algunas proposiciones, como la implementación de metas en educación que tengan en cuenta la participación de jóvenes en la generación de nuevas estrategias para la mitigación del cambio climático, la reducción de los plazos de metas en materia de desarrollo sostenible y la protección del 100 % de los páramos a 2025, entre otras. Sin embargo, según Nicolás Echeverry, congresista ponente, el martes se conocerá el documento final que llegará al Senado.
Desde que el documento fue radicado, en septiembre de este año, por el Ministerio de Ambiente, algunos expertos señalaron ciertas debilidades. Por ejemplo, Santiago Aldana, integrante de Pacto por el Clima, en una columna que escribió para Ambiente y sociedad, detalló dos observaciones importantes: la ausencia de un enfoque en derechos humanos en el documento y vagos mecanismos económicos que garanticen el financiamiento de la estrategia ambiental, pues no incluye el rol del sector privado en ella. Aldana resalta que, siguiendo los lineamientos de la NDC, los resultados climáticos se deben revisar no en las mediciones de carbono, sino en criterios de derechos humanos, justicia climática y biodiversidad. (Lea Hallan microplásticos en atmósfera de la Antártida)
Preocupa la Reserva Forestal
Una de las proposiciones que más alarmó al sector, aunque no se llegó a discutir porque fue retirada por el mismo Echeverry, buscaba modificar la Ley segunda de zonas de reservas forestales.
Según explica Rodrigo Botero, director general de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), bajo esta figura se encuentra el área más grande del país con restricción de uso de suelo y cobertura forestal que, precisamente, permite mitigar los efectos del cambio climático.
La Reserva Forestal de la Ley segunda de 1959 ampara más del 90 % de la Amazonia, más del 85 % de la zona del Pacífico en el país, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía de San Lucas (cordillera Central), la serranía de San Lucas (que desemboca en el río Catatumbo) y la parte sur de la cordillera Oriental.
Esta ley clasifica los territorios que cubre en zonas de tipo A, B y C, que solo pueden ser intervenidas bajo solicitudes que demuestren que no se afectan esencialmente las funciones de protección de bosques que establece la ley. En las zonas de tipo A se garantiza el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos que se necesitan para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, las zonas de tipo B están relacionadas con el manejo sostenible del recurso forestal y las zonas de tipo C, con el desarrollo de actividades productivas silvopastoriles, agroforestales y otras actividades que incorporen el componente forestal, compatibles con los objetivos de reserva forestal.
Lo que preocupaba de la proposición de Echeverry es que pone sobre la mesa la posibilidad de transformar el carácter protector de las zonas tipo A por un carácter exclusivamente productor, lo que significa la desprotección del 21 % de las reservas. Además, planteaba sustraer las zonas tipo B y C, lo que quiere decir que se permitiría cualquier actividad productiva sin considerar su corresponsabilidad con los objetivos de protección forestal y de aguas, suelos y vida silvestre, dando vía libre a una expansión de la frontera agrícola y minera y, por ende, a la deforestación.
“Los temas de ganadería y de frenar la deforestación no se tocan, nunca se quieren meter con ponerle un freno a la expansión de la frontera agrícola. Solo se hacen promesas de cambios tecnológicos, de que esta nos salvará, pero no se dice nada de cambiar estructuralmente el modus operandi del uso del suelo, de ganadería o minería”, comenta Botero.
La justificación de Echeverry para haber incluido ese tema es que “la mayoría de los cascos urbanos más pobres están en áreas de reserva, la mayoría de esas reservas tipo B y C no son bosques sino que son habitadas por campesinos que fueron invasiones, hay barrios, hay municipios, que no han podido ser legalizados y que generan conflictos por falta de títulos de tierra. Pero es un debate muy largo que se tiene que dar en el Congreso. Es muy populista salir a atacar una preposición que ni siquiera se ha discutido”, explica. Agrega que en Colombia “tenemos unas áreas afectadas por Ley Segunda desde 1959. En ese año dijeron que todo esto es área de reserva. ¿Cuánto ha crecido la población? Los municipios hacia los lados… Todo eso está sin bosque, entonces uno de los mensajes míos es que digamos la verdad, digamos que hay déficit de bosque”.
Botero también recuerda que la propuesta de flexibilizar la sustracción de reservas forestales no solo la intentaron meter en esta Ley de Acción Climática. El Ministerio de Ambiente viene trabajando en un borrador de resolución para quitarles a las mineras el requisito de solicitar sustracción de áreas de reserva forestal cuando estas están en áreas del proyecto. “Sería algo gravísimo no solo para temas de conservación de bosques, sino para poder enfrentar el cambio climático en el país”.
La conservación de estas zonas es importante no solo por la generación de bienes y servicios ambientales para un porcentaje de la población del país, sino también porque comunidades indígenas y afros habitan las reservas, de modo que el proyecto se debería pensar desde un enfoque étnico y multicultural.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.