La súplica de ayuda de indígenas desplazados en la Amazonía al presidente Duque

Lo que está sucediendo en la Amazonía colombiana es grave. Además de las alarmantes cifras de deforestación, que no han podido ser contenidas, varias comunidades indígenas están volviendo a sufrir las consecuencias del conflicto y de la ausencia estatal. Así queda en evidencia en una carta que le envió un grupo de indígenas al presidente Iván Duque suplicándole ayuda. (Lea todas las noticias de Ambiente en Colombia)

Se trata de la comunidad del Resguardo Indígena Llanos del Yarí Yaguara II, integrado por la comunidad interétnica de los pueblos Pijao, Piratapuyo y Tucano, “conocidos por ser protectores del Parque nacional Natural Serranía de Chiribiquete”. Su territorio se encuentra entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). (Lea ¿Por qué en la Amazonia pegó tan duro la pandemia?)

En la misiva que le envían al Presidente, le explican que, nuevamente, están siendo víctimas del desplazamiento forzado por parte de actores armados que operan en la región. “Hasta hoy, un mes después de decidir salvar nuestras vidas saliendo del territorio, más de 53 personas del resguardo nos encontramos hacinados en San Vicente del Caguán, Neiva y Bogotá sin obtener respuesta ni atención alguna por parte del Estado, aun habiendo denunciado nuestra vulnerabilidad ante la Personería de San Vicente del Caguán y la Defensoría del Pueblo”, apuntan.

En el documento, firmado por la Gobernadora Yerley Bocanegra Ospina, aclaran que tras la firma del Acuerdo de Paz, habían decidido volver a su territorio después de haber sufrido los embates de la guerra. “Habíamos permanecido en nuestro territorio luchando por la conservación de los bosques, de esas tierras vecinas del Parque Natural Serranía de Chiribiquete, de las que muchos se quieren apropiar”, cuentan.

Sin embargo, sus ilusiones se diluyeron con el paso del tiempo. El pasado abril, dicen, su gobernadora y demás autoridades propias recibieron amenazas directas de grupos armados.

“Estas personas les advirtieron que nadie podía oponerse a la tala y quema del bosque y a la siembra de cultivos de uso ilícito. También nos prohibieron cualquier relación o visitas de funcionarios públicos o entidades que trabajen para el Estado en el resguardo. Y nos exigieron suspender los procesos de reclamación de tierras que estamos llevando a cabo”, señalan. “Nos advirtieron que necesitaban contar con apoyo de las comunidades y no con informantes. Los tonos con los cuales se refirieron a la comunidad del resguardo fueron de amenaza, de desautorización a nuestro ejercicio de gobierno propio, de desprecio a nuestras demandas de garantía de derechos y de reclamo de acción de las instituciones del Estado colombiano”.

Más adelante son enfáticos en explicar lo que sucede: “Queda en evidencia que estamos siendo obligados a salir porque no están de acuerdo con el ejercicio de nuestros derechos, la protección del ambiente y la defensa del territorio”.

Relatan que después de haber tenido que abandonar su territorio buscaron ayuda del Estado, pero solo se encontraron con tropiezos. Ni la Alcaldía ni la Personería de San Vicente del Caguán, ni la Defensoría del Pueblo les han ayudado.

Eso sucede, dicen, a pesar de que ya en 2017 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué había cobijado su territorio con medidas cautelares en el marco de la restitución de derechos territoriales. Entonces, había ordenado “al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Corpoamazonía, CDA y Cormacarena —que son las tres autoridades ambientales regionales con jurisdicción en la zona del resguardo— y a la Fiscalía General, implementar una ‘estrategia integral e inmediata’ para que cesaran la tala indiscriminada de bosque al interior de Yaguara II y la colonización de terceros no indígenas”.

“Decidimos no quedarnos en nuestras casas esperando que nos sea arrebatada la vida por defender nuestros derechos y el territorio, pero tampoco consideramos justo callar. ¡No esta vez, no ahora!”, le escriben a Duque. “Señor Presidente, esperamos que bajo su liderazgo pueda avanzarse en el respeto de nuestros derechos territoriales y colectivos reconocidos en la Constitución y la ley; y en el cumplimiento de la orden judicial de restitución de derechos territoriales”.

*Infoamazonía es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team y El Espectador

Lo que está sucediendo en la Amazonía colombiana es grave. Además de las alarmantes cifras de deforestación, que no han podido ser contenidas, varias comunidades indígenas están volviendo a sufrir las consecuencias del conflicto y de la ausencia estatal. Así queda en evidencia en una carta que le envió un grupo de indígenas al presidente Iván Duque suplicándole ayuda. (Lea todas las noticias de Ambiente en Colombia)

Se trata de la comunidad del Resguardo Indígena Llanos del Yarí Yaguara II, integrado por la comunidad interétnica de los pueblos Pijao, Piratapuyo y Tucano, “conocidos por ser protectores del Parque nacional Natural Serranía de Chiribiquete”. Su territorio se encuentra entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). (Lea ¿Por qué en la Amazonia pegó tan duro la pandemia?)

En la misiva que le envían al Presidente, le explican que, nuevamente, están siendo víctimas del desplazamiento forzado por parte de actores armados que operan en la región. “Hasta hoy, un mes después de decidir salvar nuestras vidas saliendo del territorio, más de 53 personas del resguardo nos encontramos hacinados en San Vicente del Caguán, Neiva y Bogotá sin obtener respuesta ni atención alguna por parte del Estado, aun habiendo denunciado nuestra vulnerabilidad ante la Personería de San Vicente del Caguán y la Defensoría del Pueblo”, apuntan.

En el documento, firmado por la Gobernadora Yerley Bocanegra Ospina, aclaran que tras la firma del Acuerdo de Paz, habían decidido volver a su territorio después de haber sufrido los embates de la guerra. “Habíamos permanecido en nuestro territorio luchando por la conservación de los bosques, de esas tierras vecinas del Parque Natural Serranía de Chiribiquete, de las que muchos se quieren apropiar”, cuentan.

Sin embargo, sus ilusiones se diluyeron con el paso del tiempo. El pasado abril, dicen, su gobernadora y demás autoridades propias recibieron amenazas directas de grupos armados.

“Estas personas les advirtieron que nadie podía oponerse a la tala y quema del bosque y a la siembra de cultivos de uso ilícito. También nos prohibieron cualquier relación o visitas de funcionarios públicos o entidades que trabajen para el Estado en el resguardo. Y nos exigieron suspender los procesos de reclamación de tierras que estamos llevando a cabo”, señalan. “Nos advirtieron que necesitaban contar con apoyo de las comunidades y no con informantes. Los tonos con los cuales se refirieron a la comunidad del resguardo fueron de amenaza, de desautorización a nuestro ejercicio de gobierno propio, de desprecio a nuestras demandas de garantía de derechos y de reclamo de acción de las instituciones del Estado colombiano”.

Más adelante son enfáticos en explicar lo que sucede: “Queda en evidencia que estamos siendo obligados a salir porque no están de acuerdo con el ejercicio de nuestros derechos, la protección del ambiente y la defensa del territorio”.

Relatan que después de haber tenido que abandonar su territorio buscaron ayuda del Estado, pero solo se encontraron con tropiezos. Ni la Alcaldía ni la Personería de San Vicente del Caguán, ni la Defensoría del Pueblo les han ayudado.

Eso sucede, dicen, a pesar de que ya en 2017 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué había cobijado su territorio con medidas cautelares en el marco de la restitución de derechos territoriales. Entonces, había ordenado “al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Corpoamazonía, CDA y Cormacarena —que son las tres autoridades ambientales regionales con jurisdicción en la zona del resguardo— y a la Fiscalía General, implementar una ‘estrategia integral e inmediata’ para que cesaran la tala indiscriminada de bosque al interior de Yaguara II y la colonización de terceros no indígenas”.

“Decidimos no quedarnos en nuestras casas esperando que nos sea arrebatada la vida por defender nuestros derechos y el territorio, pero tampoco consideramos justo callar. ¡No esta vez, no ahora!”, le escriben a Duque. “Señor Presidente, esperamos que bajo su liderazgo pueda avanzarse en el respeto de nuestros derechos territoriales y colectivos reconocidos en la Constitución y la ley; y en el cumplimiento de la orden judicial de restitución de derechos territoriales”.

*Infoamazonía es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team y El Espectador