Por primera vez, este viernes 24 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) va a hacer una audiencia pública en la que busca reunir insumos y opiniones para estudiar la relación entre emergencia climática y derechos humanos. Este evento, que algunos califican como histórico, se produce tras una solicitud que los Estados de Colombia y Chile hicieron el año pasado.
“Los derechos humanos no solo proporcionan una perspectiva necesaria para evaluar las consecuencias de la emergencia (climática), sino que también ofrecen herramientas fundamentales para buscar soluciones oportunas, justas, equitativas y sostenibles a la misma”, se lee en el documento con el que estos dos países hicieron la petición.
La Corte IDH, respondiendo a este llamado, citó a las audiencias en las que sociedad civil, gobiernos y pueblos indígenas compartirán experiencias sobre la vulneración de derechos humanos vinculada a la crisis climática. La idea es que a finales de año este tribunal emita una “opinión consultiva”, es decir, un dictamen que, aunque no tiene un carácter obligatorio para los Estados, suele ser reconocido por los países y tiene una gran influencia en las políticas públicas y en la legislación.
(Lea: El 37 % de la selva amazónica está tardando más en recuperarse de las sequías)
En otras palabras, la Corte va a evaluar el alcance de las obligaciones de los Estados para responder a la emergencia climática, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Los comentarios generales que emitirá servirán como asesoramiento sobre las acciones necesarias para aumentar la resiliencia climática de los países dentro de ese marco. Las audiencias públicas continuarán la próxima semana, del 27 al 29 de mayo, en Manaos, Brasil.
Previo a estas audiencias, el tribunal hizo un llamado para que sociedad civil, pueblos indígenas y gobiernos del continente presentaran diferentes temas y enfoques sobre emergencia climática y derechos humanos en la región. Entre los temas que tendrán un espacio se incluyen algunos de los que más discusión han generado en la región amazónica: los bonos de carbono.
En palabras de Julián Trujillo, asesor de la ONG Gaia Amazonas y profesor de derecho en la Universidad Javeriana, esta opinión consultiva es la apuesta más grande de la Corte IDH para este año, con la que busca posicionarse como líder en términos de emergencia climática en relación con derechos humanos, teniendo en cuenta, además, que la región será sede de las próximas cumbres de Biodiversidad este año (en Colombia) y Cambio climático el próximo año (en Brasil).
(Lea: Disminuyó la deforestación en la Amazonia, pero los incendios aumentaron más del 150 % )
“Las opiniones consultivas son interpretaciones sobre cómo deben cumplirse los derechos humanos. Históricamente han servido para que la Corte actualice las normas jurídicas del sistema interamericano o integre nuevas perspectivas, como la emergencia climática”, señala Trujillo, para quien es muy llamativo que no se use el término “cambio climático”, sino “emergencia”.
Viviana Krsticevic, profesora de derecho en el Washington College of Law de la American University y directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), explica que ese término de “emergencia” se utiliza, pues hace énfasis en que es una situación crítica que requiere acciones urgentes.
Para el reconocido científico brasileño Carlos Nobre, PhD en meteorología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y quien lleva décadas estudiando la Amazonia, “no hay duda de que no podemos llamar cambio climático a lo que está pasando, pues ya estamos en una emergencia climática. No se trata solo de un año cálido con El Niño como el que tuvimos en 2023, que ya se acerca a su fin”.
Nobre dice que realmente estamos frente a un tipo de emergencia, “debido también al calentamiento récord, los impactos climáticos extremos y los eventos climáticos extremos como las olas de calor. Hay otros eventos extremos como sequías severas, sequías sin precedentes en todo el mundo y también eventos de precipitaciones sin precedentes”.
(Le puede interesar: En video: así se ve desde el aire cómo avanza la deforestación en la Amazonía)
Hay varios datos que ayudan a entender un poco mejor a qué se refiere Carlos Nobre. En 2023, por ejemplo, se registraron las temperaturas más altas alcanzadas desde la era preindustrial; además, se batieron récords en las temperaturas de los océanos. En cuanto a la región amazónica, además de la sequía, en verano, hubo temperaturas superiores a las habituales en los ríos e incluso en el Río Negro, en Manaos, alcanzó el nivel más bajo en 120 años.
Otra muestra de la “emergencia” es el informe del Relator de Naciones Unidas sobre Migración, que señala que el 80% de las personas desplazadas por fenómenos relacionados con el clima son mujeres y niños.
Como explica Krsticevic, “la interpretación que dé la Corte va a tener un impacto sobre los Estados y la administración de justicia, y también le dará herramientas a los pueblos indígenas, a los defensores y defensoras de la Tierra, para responder a la emergencia climática”.
(Lea: La caza furtiva, una amenaza para las tortugas y la biodiversidad en la Amazonia)
Con lo que se exponga ante la Corte IDH, añade Krsticevic, “este tribunal de derechos humanos puede contribuir a acelerar las respuestas a la emergencia climática. En esa opinión consultiva va a tener la oportunidad de explorar no solo los impactos en derechos humanos que tiene la emergencia, sino también abordar la manera en que los instrumentos en derechos humanos pueden ayudar a brindar respuestas más justas, igualitarias y sostenibles”.
De acuerdo con Nobre, garantizar los derechos humanos implica “impedir que el mundo siga calentándose. Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan tan altas, vamos a superar los 2,5 grados Celsius en 2050. Esto es una tragedia para el planeta, para los humanos, para la biodiversidad, para todos”.
Para Nobre, hay otra especial preocupación: la Amazonia. Advierte que en esa región hay muchas ilegalidades asociadas con los derechos humanos. “Está casi completamente controlada por el crimen organizado. Casi todas las acciones que conducen a la deforestación, la degradación, el acaparamiento de tierras, la tala ilegal, la minería, el tráfico de vida silvestre, están asociadas con el crimen organizado. Necesitamos un marco legal para alentar la salvación del bosque amazónico, llegar a la deforestación cero, detener la degradación y comenzar la restauración forestal a gran escala en todo el Amazonas y otros biomas”.
Como lo ha advertido el Panel Científico por la Amazonia, este complejo sistema de bosques y ríos es clave para la estabilidad hídrica, la regulación del clima en el resto de la Tierra y un importante foco de absorción de gases de efecto invernadero. Con 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo y contiene el 40 % de los bosques que se mantienen en pie. Entre los recientes datos que preocupan a los científicos, un estudio publicado en la revista PNAS encontró que el 37 % de la vegetación de la Amazonia tiene una tendencia a tardarse más de lo habitual en recuperarse de las sequías.
Bonos de carbono, en el radar de la Corte IDH
El mercado de los bonos o créditos de carbono es una de las estrategias más populares de los últimos años para intentar conservar los bosques tropicales del mundo. En palabras simples, pretende ser una vía a través de la cual las empresas buscan compensar sus emisiones contaminantes, reconociéndole un pago a las comunidades para que protejan los bosques, capaces de capturar CO2.
(Lea: Un informe muestra cómo EE.UU. se estaría beneficiando de delitos ambientales en la Amazonia)
Sin embargo, como lo han evidenciado diversos informes -como el Diagnóstico de proyectos Redd+ en la Amazonia colombiana del Instituto Sinchi y Problemas y oportunidades de Redd+ de Gaia Amazonas, publicados el año pasado- los vacíos en la reglamentación de estos proyectos en Colombia han significado, en algunas ocasiones, conflictos y vulneración de derechos de comunidades indígenas. En el país, en 2018 el Ministerio de Ambiente adoptó una resolución que buscaba adaptar al contexto colombiano las llamadas “salvaguardas sociales y ambientales” establecidas por Naciones Unidas en 2010 para los bonos de carbono. Sin embargo, una de las principales críticas es que todavía no hay una regulación al respecto con carácter de ley y la opinión consultiva podría servir como marco para reglamentar.
Aunque la opinión consultiva de la Corte IDH no se enfoca en casos en específico, el territorio Indígena del Pirá Paraná (Vaupés), junto a Gaia Amazonas, va a presentar el caso de un proyecto Redd+ en su territorio que, de hecho, se encuentra en la Corte Constitucional. El Pirá Paraná está conformado por seis pueblos indígenas cuyo sistema de conocimiento fue declarado por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad.
En palabras de Trujillo, el caso sirve para visualizar “los retos para la protección de los derechos humanos frente a las medidas de mitigación de cambio climático”. Como lo explicamos en este artículo, el conflicto alrededor de este caso, tal como lo ilustran desde Gaia, es que la empresa involucrada firmó con un líder del territorio que no tenía ningún cargo ni representación legal asociado al proceso de formación del Consejo Indígena del territorio (ya reconocido por el Ministerio del Interior). Por su parte, la empresa Masboques explicó que no tenía conocimiento de la construcción de ese proceso.
(Lea: Una exposición de colombianos en Nueva York para reflexionar sobre la planta de coca)
Fabio Valencia, representante legal del Territorio Pirá Paraná, celebra que haya iniciativas globales ante el cambio climático y dice que “desde la afectación vamos a llevar esta experiencia y a solicitar que la reglamentación nos tenga en cuenta a nosotros”.
Según Valencia, el interés de los pueblos indígenas es exponer la necesidad de que la regulación de los bonos de carbono, así como las iniciativas climáticas, incorporen los conocimientos indígenas. “Nosotros exigimos que no solamente el gobierno regule según su pensamiento, sino que acuerde con los gobiernos indígenas para que esto sea reglamentado de acuerdo a principios y fundamentos nuestros: ese es el mensaje que llevamos a la Corte IDH”.
Por su parte, Trujillo insiste en que “hay muchos casos de litigios contra los Estados que nacen de las opiniones consultivas”, por lo que, en caso de que la Corte IDH se pronuncie frente a los bonos de carbono, si un Estado recibe una demanda por vulneración de derechos humanos relacionada con este tema, uno de los insumos del tribunal podría ser que ya se había emitido una opinión consultiva al respecto.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.