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El 16 de marzo de 2020 restaurantes, comercios, aeropuertos y casi toda la actividad productiva no esencial se detuvo en Colombia ante la llegada de la covid-19. La mayoría de las personas se confinaron en sus hogares con la idea de prevenir el contagio y hacer tiempo para que el sistema de salud pudiera prepararse y atender la inminente emergencia sanitaria que llegaría luego de ver cómo avanzaba el virus en Asia y Europa.
Mientras los casos avanzaban (uno para el 6 de marzo y 196 quince días después), el virus SARS-CoV-2 se iba acercando al Amazonas, departamento que cuenta con solo un hospital público para cerca de 80 mil personas, de las cuales (y según el DANE), el 34,9 % se encuentra en pobreza multidimensional y el 35 % con necesidades básicas insatisfechas, (indicadores superiores al promedio nacional, 19,6 % y 34,9 %, respectivamente.
A este escenario de vulnerabilidad se le sumó que el 20 de abril, tres días después de que se registrara el primer caso de covid-19 en el departamento, renunciaron cerca de 30 médicos del hospital San Rafael de Leticia. La razón: no tenían las garantías en equipos ni infraestructura para protegerse ni atender a la población contagiada. Además, había retraso en sus pagos.
Por si fuera poco, algunos de los médicos disponibles estaban en cuarentena, entonces se abrió una convocatoria para que profesionales en medicina de otras partes de Colombia trabajaran en el Amazonas. Pero ya era 27 de abril, los casos confirmados en el departamento eran 40 y el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo en la Comisión Tercera del Senado que ningún médico había atendido la convocatoria.
A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de los galenos (Moscoso comentó en la comisión que se llegó a un acuerdo de pago y de entrega de implementos para los médicos), ya no había tiempo para prevenir lo que pasaría en las semanas siguientes, pues al 3 de junio, Amazonas registraba la tasa más alta de mortalidad por millón de habitantes con 65 fallecidos y 1.898 casos confirmados, como lo documentó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
A las renuncias y los altos índices de vulnerabilidad se le añade que el hospital contaba con 57 camas para la atención de pacientes, pero con ninguna Unidad de Cuidados Intensivos.
COVID-19 y Amazonas en el 2020
Lo anterior solo responde a la llegada del virus a este departamento y el virus, como era de esperarse, continuó expandiéndose, así que investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana orientaron el trabajo de maestría en Salud Pública de Diana Carolina Urrego Ricaurte, médica general de la Universidad Juan N. Corpas, trabajo que presentó en el XVI Congreso La Investigación, que se llevó a cabo del 14 al 17 de septiembre.
Urrego tituló su pesquisa como Aspectos demográficos, sociales y económicos potencialmente asociados a los resultados de la pandemia por el COVID-19 en Colombia, con enfoque especial en el departamento del Amazonas, para la cual utilizó un método mixto concurrente en el que combinó metodología cuantitativa y cualitativa.
Los resultados del análisis, que abarcó desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2020, arrojaron que la mortalidad en indígenas del departamento del Amazonas fue 2,6 veces más alta que en el nivel nacional; además, los casos importados (traídos del exterior), fueron 20 veces mayores que en cualquier otro lugar del país.
Este último dato, dijo Urrego, se debe a que Leticia se encuentra muy cerca de Tabatinga, una ciudad ubicada en Brasil, y que “culturalmente se comportan como un solo territorio”. En consecuencia, y debido a las tenues (y casi nulas) restricciones de Brasil para contender la pandemia “y en un contexto como el de Leticia, en un extenso territorio fronterizo poco controlado, llevó a que las personas se desplazaran en busca de trabajo, precios más económicos en el comercio y para continuar con sus actividades de esparcimiento”.
La suma de un abandono histórico
En un momento, reportó Urrego, el personal de salud no contaba con los equipos para tratar pacientes, así que tuvieron dificultades para aplicar las pruebas diagnósticas de covid-19; además, la planta de oxígeno del hospital colapsó y con ella, la capacidad de atención.
La investigadora, que además es asistente de investigación en el Instituto de Salud Pública de la PUJ, resume cada una de las situaciones presentadas en el Amazonas como resultado de una “pobre oferta de servicios de salud, pues dado que no se tenía la infraestructura, equipos ni personal médico necesario para hacer frente a la demanda y complejidad de los pacientes, debieron ser remitidos, aumentando el tiempo de recuperación. Asimismo, la demora en el procesamiento de las muestras para diagnóstico y la dificultad para la aplicación de definición de caso en la zona de frontera, posiblemente aumentó el tiempo del diagnóstico con el nivel nacional”.
“Este desabastecimiento de personal, insumos y equipos médicos, sumado a la deficiencia en la prestación de los servicios, se tradujo en muertes que, según algunos médicos entrevistados, de haber tenido elementos necesarios, pudieron haberse evitado”, añadió Urrego al presentar su investigación.
El reto es reducir brechas
La población indígena en el departamento del Amazonas es cercana al 48 % y, como lo mencionó Urrego en su presentación, se debe mejorar la relación entre la medicina occidental y la tradicional, pues debido a la falta de atención o el retraso en la misma, como resultado de todos los problemas ya descritos, muchas veces los indígenas no recibieron la atención necesaria.
“Es importante fortalecer el sistema de salud y garantizar el acceso a los territorios distantes. Se exalta la importancia de hacer presupuestos en salud flexibles que permitan hacer adecuaciones según necesidades específicas de una población. Se deben buscar mecanismos para cerrar las brechas entre medicina tradicional y occidental”, señaló la investigadora.
La situación en términos de contagio en Amazonas se ha estabilizado en los últimos meses, incluso, Julián Fernández, director de Epidemiologia y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, publicó que la última muerte asociada a la covid-19 en Leticia se registró el 9 de agosto de 2021.
Aunque aparentemente lo más grave ya haya ocurrido y recientemente no se han vuelto a tener los registros que reportó el departamento en el 2020, aún quedan deudas pendientes para garantizar un acceso de calidad a los servicios de salud en el Amazonas.
“Las comunidades vulnerables están pagando el precio más alto frente a la pandemia. Son territorios con poca presencia del Estado, comunidades con bajos ingresos económicos y altos índices de informalidad laboral”, así que la recomendación es “planear y rediseñar políticas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida y bienestar, y por ende su capacidad de respuesta y recuperación ante esta pandemia y cualquier otro posible fenómeno agresor en el futuro”, finalizó Urrego.