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Desde hace varios meses, organizaciones como la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS, por sus siglas en inglés), y autoridades como el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero, vienen alertando por la construcción ilegal de una vía que estaría dentro del resguardo indígena Llano del Yarí - Yaguará II. (Puede leer: Ya hay más de 4.700 vías ilegales en la Amazonía. ¿Cómo las frenamos?)
La carretera, que tendría una extensión de 22,4 kilómetros, se encuentra en el resguardo indígena, a tan solo cuatro kilómetros del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, declarado hace algunos años como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Aunque todavía no se sabe con precisión si la vía ilegal ya afectó esta área protegida, hace algunas semanas el procurador delegado destacó dos aspectos preocupantes sobre esta construcción: lo primero, fue el tiempo récord en el que se construyó; lo segundo, dijo, es que la construcción avanzó sin que las autoridades se dieran cuenta, lo que pondría al descubierto preguntas sobre otras vías ilegales que estarían avanzando en la Amazonia. (Le puede interesar: Parar la explotación de petróleo en la Amazonia no es tan fácil como parece)
Ahora, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, “la inhabilitación y prohibición de ingreso y tránsito por la vía construida ilegítimamente en el resguardo indígena Llanos del Yarí -Yaguará II y dentro del área de reserva forestal de la Amazonía”.
En el comunicado, el Ministerio Público destacó que ya existe un acto administrativo, ordenado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el oriente amazónico (CDA), que ordena su inhabilitación y prohibición de ingreso. (También puede leer: Una guía para salvar la Cuenca Amazónica)
Además, “restringe las actividades de transporte público, ingreso de ganado, transporte de materiales y cualquier otra actividad que se encuentre en las restricciones impuestas por la normatividad ambiental aplicable”, señala la Procuraduría.
A mediados de agosto, la cartera ambiental le dijo a El Espectador que estaba adelantando un protocolo para el cierre y desmantelamiento de esta vía. Este incluía “una fase previa de identificación del tramo, verificación de su ilegalidad, definición de alternativas de manejo y una fase posterior de control y seguimiento a su eficacia y a la implementación de las medidas para restaurar las condiciones perdidas por efecto de la construcción y operación de la vía ilegal”.