Después de la erradicación de 2007 vendieron la finca y compraron otra en la vereda La Española, también en Vista Hermosa, de 80 hectáreas, unas 30 más que las que tenían antes. Sin mucha idea de qué hacer, empezaron a dividir potreros, a sembrar pasto y arrendarlo para meter ganado. Eso les ha dado para mantenerse y garantizar el pancoger. “Como ya no hay cultivo ilícito uno se dedica a su finca”, dice Ofir. Y aunque la situación no es tan próspera como antes, ya no duerme cada noche con el miedo de que el ejército le quite a su esposo o a su hijo por los cultivos que tenían.

En el Meta operaban nueve frentes de las Farc. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, los ojos no estaban puestos sólo sobre el tema de cultivos de coca que hay en la Amazonia, había toda una expectativa sobre lo que pasaría con el control de la selva y las economías que empezarían a prevalecer.

Seis años después de la firma el panorama es complejo: desde 2017 se han perdido más de 600 mil hectáreas por cuenta de la deforestación en esta región, una media de más de 100 mil hectáreas por año, mientras que en los años anteriores a 2016 el promedio era de entre 50 mil y 70 mil hectáreas.

Aunque en La Española no se ven potreros pelados, una toma de dron muestra que en veredas como El Dorado, La Siberia y Argentina ya no hay bosque, el suelo está lleno de troncos de árboles caídos -en el mejor de los casos- y pasto quemado. Mientras que en la finca de Ofir se escuchan aves e insectos entre los árboles, en varios potreros de esas otras veredas ya no suena nada.

Según el último boletín de Parques Cómo Vamos, en parques como la Sierra de la Macarena y Tinigua (ambos ubicados en Meta) aumentó entre un 20 y un 110 % el ingreso de ganado, asociado a la deforestación, entre 2018 y 2020.

Pedro Arenas, investigador de la Organización Viso Mutop, especializada en temas de paz en Colombia, señala que “el Acuerdo de Paz contemplaba un enfoque diferencial para los ocupantes de áreas protegidas, como Parques Nacionales Naturales, zonas de reserva forestal o áreas de manejo especial”, refiriéndose a que para estas zonas se pensaban proyectos que aportarían a la economía de las familias y estarían enfocados en “la conservación y protección de los ecosistemas”, como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), entre otros.

Pero, teniendo en cuenta esos datos sobre deforestación que, según un informe de la Fundación Para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Meta está entre los departamentos en los que hay más cabezas de ganado sobre áreas de bosque deforestadas, ¿qué pasó con esa intención de fortalecer economías para la conservación?

Después del Acuerdo de Paz

Hacia 2017 Ofir asistió en las Juntas de Acción Comunal de Vista Hermosa a la presentación del programa Macarena Sostenible con más capacidad para la Paz (Mascapaz), un proyecto del Fondo Europeo para la Paz de Colombia de la Unión Europea, que ha sido ejecutado por el Instituto Sinchi, la gobernación del Meta, Cordepaz, Cormacarena y Corpoamem, entre otras entidades.

Para ese año, todavía había más de 5.500 hectáreas de cultivos de coca en el departamento y allí, en Caquetá, Guaviare y Putumayo se concentró más del50% de las 171 mil hectáreas que se deforestaron en el país. Hoy, en municipios como Vista Hermosa, no hay ningún cultivo de coca, pero Meta está entre los departamentos que más cuota de bosque pusieron de las 174 mil hectáreas perdidas en 2021.

Inicialmente, el proyecto Mascapaz ofrecía alternativas para los campesinos de Vista Hermosa, Mesetas y San Juan de Arama, bajo cuatro líneas principales: cultivos agroforestales, sistemas silvopastoriles, apicultura y piscicultura. En la primera, se entregaron plantas de cacao, chontaduro, aguacates, entre otras; en lo silvopastoril, que son sistemas que integran árboles, cobertura boscosa y pastoreo, se entregaron maderables.

Ofir se inscribió en las tres primeras. De agroforestales, le dieron 400 plantas de cacao. Con el cacao creó una huerta y agregó chontaduro y guanábanos. Después le salieron más proyectos con Cormacarena y otras entidades que le dieron alrededor de mil plantas más de cacao, plátano y cítricos, y ella compró algunos maderables como yopo, algarrobo y patevaca para dar sombra a esos cultivos y para fortalecer los potreros que arrienda. Con el tiempo, pasó de tener un potrero adecuado como sistema silvopastoril en su finca a tener ocho para meter ganado.

Pero entre todo lo que ahora tiene, hay un problema enorme. "¿Qué es lo que necesitamos como campesinos? Que nos ayuden con las vías. ¿Por dónde voy a sacar el cultivo?", dice.

A lo que Ofir se refiere es a que ha habido falta de seguimiento a todos los proyectos que han llegado a la región, promovidos por Amazonía Sostenible para la Paz, el Pnis e incluso Visión Amazonía. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), en Meta, menos del 2 % del suelo tiene vocación para la ganadería, pero se le destina más del 44 % de los suelos. La Upra también señala que un 5,3 % del suelo del departamento podría tener una “alta producción agroforestal”, sin embargo, no han registrado aún aprovechamiento al respecto porque, como advierte Mónica Amador Jiménez, PhD en Antropología e investigadora de la Universidad de Bristol, en la mayoría de los casos, el desarrollo de estos proyectos no está georreferenciado.

Arenas, de Viso Mutop, enumera una serie de falencias que después del Acuerdo de Paz no se han podido resolver en el departamento, como el acceso a la tierra, a vías, a mercados lícitos y el fortalecimiento de la economía asociativa en esos territorios. “Cuando se mira así de amplio, uno se da cuenta de que los recursos [ofrecidos por los proyectos] apenas son una partecita” del problema.

Al parecer, esto es algo que el nuevo gobierno se propone resolver. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó en entrevista con El Espectador que quieren generar en la Amazonia “una forma de economía que sea compatible con el suelo, y el suelo es de vocación forestal. Entonces, necesitamos generar una economía forestal que debe basarse en la biodiversidad”.

Pero eso es algo que ya se ha venido impulsando con estos programas. Sólo en Meta, hay más de tres mil familias que se han acogido a alguno. Entonces, ¿qué falta para que se consoliden las iniciativas?

Uriel Murcia, coordinador del programa de investigación del Instituto Sinchi y magíster en Gestión ambiental, explica que el tema del mercado en la región de la Amazonia es un cuello de botella, “sobre todo para productos novedosos. No es tan sencillo poner en el consumidor final un producto nuevo, como el arazá, el copoazú, el sacha inchi”, un problema que no tienen otros productos como el café o la misma ganadería.

La bióloga Brigitte Baptiste, doctora Honoris Causa en Gestión Ambiental de Unipaz y quien fue elegida como uno de los 25 expertos mundiales de la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas (IPBES) entre 2016 y 2019, ha insistido en varias ocasiones que es necesaria una articulación de esas iniciativas.

“Hay organizaciones que llevan muchos años trabajando en la región, pero se necesita alguien que convoque. Debería ser la institucionalidad oficial porque las ONG viven de competir entre ellas para conseguir recursos, entonces es muy difícil que una invite a las demás y las demás estén dispuestas”, explica Baptiste en entrevista con El Espectador.

Amador concuerda con Baptiste. Dice que actualmente hay un boom de diferentes cultivos, como el cacao. “Ahorita todos los campesinos en Colombia tienen cacao, pero no hay unas cadenas productivas que garanticen la sostenibilidad de esto. Como llegó el boom del cacao, llegó el boom de la miel, del chontaduro y mirándolo a escala nacional, hay un boom de pequeños proyectos sin sostenibilidad, sin cadenas productivas y sin investigación detrás”.

Murcia agrega que, a nivel de política nacional, debería haber una ruta clara para que los productos amazónicos vayan copando mercados, “primero, locales; después, regionales, y, si se puede, internacionales”.

Para Amador, el problema de fondo en todas estas fallas, es que la idea de conservación en Colombia es de una "conservación neoliberal" que tiene dos bases: la primera es que se cree que todos los modelos de conservación son replicables en todas partes, sin importar la historia local y los ecosistemas de cada región; la segunda es que este tipo de "conservación neoliberal" prioriza a los actores privados para "desarrollar iniciativas dispersas y principalmente bajo lógicas de mercado". Amador resalta la importancia de desarrollar esfuerzos complementarios entre instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para implementar modelos de desarrollo sostenible con las comunidades como, por ejemplo, la forestería comunitaria.

Por otro lado, María Soledad Hernández, PhD en Ciencias agrarias y coordinadora del programa de sostenibilidad e intervención del Instituto Sinchi, coincide en que una excesiva intervención de iniciativas, sin una política que las articule, no es sostenible. Hernández denuncia que no existe una sistematización de las cadenas emergentes, por lo cual no hay forma de rastrearlas en el mercado.

Aunque Cormacarena y la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente registraron en 2021 más de 145 emprendimientos sostenibles en el Meta, Hernández insiste en que, en lo que respecta al comercio local, no se han encontrado las rutas de comercio “porque las instituciones no han hecho el ejercicio para tener en su radar los procesos productivos y los posibles interesados o receptores de estos productos. Falta un reconocimiento de esas ofertas”.

En este sentido, por su lado, Amador es puntual en decir que en Colombia se necesita una política ambiental que integre al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ciencia y tecnología, “para que científicos interactúen con las comunidades y encuentren productos que se puedan comercializar y que tengan un mercado”. Además, insiste en la necesidad de que el nuevo gobierno asuma, con articulación de esos tres sectores, otras “tareas estructurales como el catastro multipropósito”.

La finca de Ofir

Ofir tiene dos hectáreas de cultivos. Entre una y otra planta de chontaduro hay ocho metros de distancia y en la mitad de esos ocho metros hay un guanábano. Las plantas de cacao están a tres metros entre sí. En esas mismas hectáreas también ha sembrado plátanos, aguacates, los cítricos y algunos maderables.

“Eso sirve porque si llega una plaga a atacar el cacao y encuentra aroma a naranjo, a aguacate, a chontaduro, pues no se va a amañar”, dice Ofir y al instante recuerda cuando tenía la creencia de que el suelo debía “permanecer limpio”: si tenía un cultivo de yuca no podía haber nada más. Esa idea coincidía con la noción de vocación del suelo, que, en palabras de Baptiste, era una clasificación de aprovechamiento económico, basada en distintos tipos de cultivos y su fertilidad, que se copió de Estados Unidos.

“Bajo esos principios, el suelo amazónico debería convertirse en suelo agrícola porque es un suelo plano donde hay agua, donde aparentemente se pueden meter máquinas. Es decir, la gente se equivocó al plantear que la Amazonia o los Llanos Orientales eran parecidos a las grandes planicies norteamericanas”, explica la científica. Para ella, la clave está en seguir potenciando economías de vocación territorial -como la que viene acoplando Ofir- que respetan las condiciones del suelo y el clima.

Ofir piensa que una ventaja de tener tanta variedad de cultivos es que la inestabilidad de precios no la afectaría tanto. Por poner un ejemplo -comenta- si el cacao baja, igual va a recibir ganancias de otras cosechas. Pero agrega un problema que hasta ahora no se había desenredado. Algo que al parecer ha escaseado en los proyectos que han llegado desde 2017 son los estudios de suelos en las fincas o, a grandes rasgos, asistencia técnica y científica para saber cómo potencializar su vocación.

Murcia, del Sinchi, señala que en el caso del proyecto Mascapaz, hubo asistencia en cada finca de los beneficiarios, con profesionales en diferentes disciplinas y expertos locales sobre cuál área destinar a la conservación y cuál a producción. “Siempre se prepondera el bosque en pie, o sea, no deforestar, y el aprovechamiento del bosque en pie con no maderables, apicultura, piscicultura, de manera integral y a largo plazo”. Aun así, dice, este es un tema que hay que ver “más allá de un proyecto; debe ser una política nacional para fortalecer el sector rural, que se vea esa ruta de asistencia”.

Según Baptiste, este problema se explica porque Colombia destruyó su capacidad técnica agropecuaria y forestal cuando se la entregó a los proveedores de agroquímicos que tenían prioridades de corto plazo. En la Amazonia y el Llano se cambió “la destinación de la investigación y la asistencia técnica, la agenda de investigación se convirtió en la agenda de promoción de los cultivos de ciclo corto, entonces las comunidades quedaron sin ciencia y controladas por los compradores de hoja de coca y el narcotráfico”, añade la científica.

Las mujeres campesinas y la Amazonia

“Imaginemos que vamos a servir el almuerzo ahorita, ahí, en el patio. ¿Quién se lo puede comer? Nadie”, dice Ofir, mientras alista el cerdo que quedó del desayuno para almorzar. Ya son más de las 12 y el sol la hizo regresar a ella y a su esposo de los potreros por una jarra de limonada. Tienen la idea de sembrar maderables en todos los potreros de su finca, “porque sino nos toca ir al bosque a traer un palo y estaríamos deforestando, no forestando”. Ahorita no tiene pastos arrendados, pero normalmente ingresan entre 30 y 60 cabezas de ganado.

La relación entre Ofir Cano y Arturo Barahona cambió cuando se transformó su economía. Mientras cultivaban la coca, él disponía de todo “y yo me dedicaba a la cocina y al hijo”, ahora -cuenta Ofir- “cuando sale alguna ayuda, yo soy la que va a las reuniones y en la casa hablamos sobre lo que vamos a hacer y llegamos a un acuerdo”.

Para Baptiste, una gran ventaja de pensar la Amazonia desde una perspectiva de género es que “la selva nos ayuda también a replantear profundamente nuestra discapacidad de género y abrir otros espacios y otros relacionamientos”.

Amador, quien además tiene una maestría en género, está trabajando en un artículo académico sobre el vacío que hay en Colombia de una política de conservación enfocada en los campesinos, apelando a que la conservación y la biodiversidad en la selva se han vinculado especialmente al manejo de bosque que tienen los pueblos indígenas. Además, pensando en el caso particular del Meta, en donde se da la conexión de los Andes y la Amazonia, el manejo de los suelos es diferente al resto de la selva, mayormente poblada por comunidades indígenas.

La antropóloga insiste en que se requiere un enfoque diferencial que no tenga la expectativa de que las campesinas colonas conocen el bosque “porque estamos hablando de poblaciones migrantes que están tratando de entender el ecosistema”. De modo que una política de conservación con este enfoque debería tener en cuenta que es necesaria una transmisión de conocimientos científicos sobre el manejo de los suelos y los ecosistemas para, también -dice-, dejar de asumir que los campesinos son los destructores de la selva.

“La idea de nosotros es seguir trabajando con el cacao, con las abejas, con los cerdos y convertir la finca en demostrativa y turística. Si no talamos antes, ya no lo haríamos", dice Ofir Cano.