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Ayer, la “PreCOP de la Biodiversidad”, un evento liderado por Colombia y que fue más popular por una polémica fotografía que por lo que dijeron los participantes, culminó con una declaración conjunta que busca conservar los ecosistemas y proteger a las especies. (Lea No es solo Santa Marta: estos son los municipios con alerta roja por riesgo de inundación)
En ella, quienes asistieron al encuentro pactaron una serie de puntos para lograr ese propósito. “La declaración tiene que ver con lograr un objetivo ambicioso sobre la conservación y restauración de ecosistemas y especies, incluida la curva de la pérdida de biodiversidad para 2030”, dice el Ministerio de Ambiente.
Otro de los puntos clave es la transformación a sostenibles de los actuales patrones insostenibles de consumo y producción. Uno más tiene que ver con “aumentar la inversión en la protección de la naturaleza e integrar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los procesos e instrumentos de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y sociedad, incluidos sectores clave como la alimentación, la producción, la agricultura, la pesca, la silvicultura, la acuicultura, la energía, el turismo, el transporte, la infraestructura, las industrias extractivas, el comercio y las cadenas de suministro y salud”.
En el documento también se pactó “asegurar medios de implementación efectivos y adecuados y mejorar significativamente la movilización de recursos de todas las fuentes, incluso mediante la promoción de mecanismos innovadores”.
Otro de los aspectos que acordaron los asistentes, entre los que se encontraban el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; y el presidente de la COP15 y ministro de Ecología y Medio Ambiente de China, Huang Runqiu”, fue “eliminar los incentivos dañinos mientras se crean los flujos financieros con una economía de naturaleza positiva, incorporando a las empresas y al sector privado, incluido el sector financiero”.
Finalmente, pactaron “desarrollar un sólido mecanismo de seguimiento y revisión para respaldar los compromisos, y la asociación forestal sostenible para garantizar un enfoque de toda la sociedad con la inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y las niñas, los jóvenes y las comunidades marginadas”.
Sin embargo, la gran pregunta es cuál será la ruta para cumplir a cabalidad con esos acuerdos. Por ejemplo, en la otra cara de la moneda, la Amazonía, donde estaban reunidos, es la región más deforestada de Colombia. De hecho, en 2020, como lo reveló el Gobierno hace un par de meses, la tala ilegal se disparó: mientras en 2019 se talaron 98.256 ha, el año pasado esa cifra fue de 109.302 ha.
Según dijo el presidente Duque, uno de los caminos para remediar ese problema será la llegada al Amazonas de “dos contingentes de soldados profesionales para la lucha contra deforestación, minería ilegal y narcotráfico; lanzaremos el cartel de los más buscados y un plan de recompensas para proteger nuestra biodiversidad”.