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Durante más de una década, el departamento de Guaviare ha sido uno de los más golpeados por la pérdida de cobertura forestal en Colombia. Según datos recopilados por una investigación, publicada en la revista Regional Environmental Change en julio de este año, este departamento, junto a Caquetá y Meta, han representado alrededor del 60% de la deforestación total del país desde 2010. “La conversión de bosque a pastizales se considera el principal impulsor histórico de la deforestación en la región”, se lee en el artículo.
David Katz Asprilla es investigador doctoral en el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD, por sus siglas en francés) y su beca de tesis está financiada por el proyecto TerrAmaz, que a su vez es apoyado por la Agencia Francesa de Desarrollo. Katz Asprilla es uno de los autores de ese estudio, realizado junto a un equipo internacional e interdisciplinario de académicos.
La investigación parte de la premisa de que, aunque existen iniciativas para abordar la crisis ambiental, es clave distinguir entre la deforestación legal e ilegal. “Nosotros identificamos que en los compromisos de Colombia no se incorpora esta distinción ni en las políticas públicas, ni en las fuentes de datos oficiales. Por eso, consideramos que era importante abordarla”, expresa Katz en entrevista con este diario.
¿Por qué es tan importante esta diferenciación? Los científicos explican que, en teoría, los instrumentos de política para abordar la deforestación legal deben ser distintos de aquellos dirigidos a combatir la deforestación ilegal. Como ejemplo, señalan que el instrumento de Pago por Servicios Ambientales, en teoría, debería enfocarse en áreas donde la deforestación es legal, mientras que las políticas de comando y control se deberían orientar hacia las zonas de deforestación ilegal. En contextos complejos como el de Colombia, menciona Katz, esto es difícil de seguir. En ese caso, los incentivos financieros temporales adoptando criterios de equidad social son una vía, siempre y cuando se aclare mejor las situaciones legalidad y legalidad.
La investigación de Katz y sus colegas buscó analizar áreas de deforestación en Guaviare entre los años 2000 y 2020 y hacer tal diferenciación. Para ello, utilizaron información del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea que, con base en series satelitales Landsat de los últimos casi 40 años, ha evidenciado los cambios en la cobertura de los bosques húmedos tropicales del mundo. También tuvieron presente la regulación del país en cuánto a gestión forestal y el ordenamiento territorial de Guaviare. Así, categorizaron el área de dicho departamento en tres tipos de unidades: ambientales, no ambientales y Reserva Indígena
Las unidades ambientales prohíben la deforestación, a excepción de casos puntuales. “En el Distrito de Manejo Integrado (figura de ordenamiento territorial destinada a la conservación de áreas con alto valor ecológico y, al mismo tiempo, al desarrollo de actividades productivas sostenibles) se pueden desarrollar ciertas actividades económicas en algunas de sus zonas y, en consecuencia, existe la posibilidad de que sea legal la deforestación”, explica Katz. Estas áreas se pueden delimitar como de Producción, Uso Sostenible y Uso Intensivo e Infraestructura. En cambio, en las Reservas Indígenas, la deforestación es totalmente ilegal.
En cuanto a las unidades no ambientales, la clasificación varía según el municipio. En el caso de Guaviare, estos municipios son cuatro: Calamar, Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare. Si el Plan de Ordenamiento Territorial permite la expansión de actividades productivas en una zona específica, la deforestación en esa área se considera legal; en caso contrario, es ilegal.
Los investigadores hallaron que para 2013, la deforestación en el departamento era muy similar tanto en zonas donde puede ser legal como en zonas donde es ilegal. Sin embargo, a partir de entonces y hasta 2020, la deforestación ilegal se incrementó, mientras que la legal continúa estabilizándose. En San José del Guaviare, por ejemplo, en menos de tres años la deforestación ilegal pasó de representar 3.000 hectáreas a 12.000 hectáreas. El pico ocurrió entre 2015 y 2018.
Uno de los factores que pudo incidir en ese incremento, explica Katz, fue una zonificación del único Distrito de Manejo Integrado (DMI) de Guaviare en 2015, la cual restringió las zonas donde potencialmente se podría desarrollar legalmente la deforestación. Mediante este proceso, el gobierno estableció divisiones específicas dentro del único DMI en ese departamento. Esta zonificación clasifica el área en subzonas con distintos niveles de protección y uso permitido, lo que define en cuáles se pueden realizar actividades productivas, y en cuáles están prohibidas, con el fin de proteger el ambiente.
“Se fragmentó más el territorio y por eso también encontramos que unas áreas quedaron insertas en zonas de ilegalidad”, afirma el investigador. En otras palabras, no solo creció la deforestación ilegal, sino que también se expandieron las áreas designadas para protección, generando una superposición con zonas donde ya se estaba destruyendo la selva.
La protección de una zona puede incidir en la deforestación cuando las políticas de protección restringen el uso del territorio sin ofrecer alternativas viables para las comunidades locales o actividades económicas que ya se desarrollan allí. En el caso de Guaviare, la zonificación en 2015 fragmentó el territorio, declarando nuevas áreas de protección en regiones donde ya existía actividad productiva. Esto generó “zonas de ilegalidad”, en las cuales las actividades previamente permitidas se volvieron ilícitas, pero en lugar de cesar, continuaron de forma no regulada.
“Nuestros hallazgos indican que el aumento de la deforestación en Guaviare ocurre principalmente en zonas donde esa actividad es ilegal y que este departamento, que está cubierto en un 85% por bosques, tiene un potencial muy limitado para la deforestación legal”, señala el estudio.
Un enfoque valioso
Marie Gabrielle Piketty es investigadora y economista del CIRAD especializada en la Amazonia, dirige el proyecto TerrAmaz y es orientadora del doctorado de Katz. Según explica, actualmente existe una dificultad en cuánto a políticas públicas para hacerle frente a este fenómeno, particularmente porque hay muchas personas habitando los territorios y que se pueden ver inmersas en situaciones de deforestación ilegal. “Esa es la realidad del campo y yo pienso que de toda la Amazonia colombiana”, expresa.
A ojos de Piketty, una solución requiere no solo el compromiso de los agricultores para participar en la restauración, sino también brindarles oportunidades de reconversión productiva. Katz coincide: “Se abre una reflexión sobre cómo regularizar estas zonas, de tal forma que se puedan equilibrar los modos de vida de las personas que las habitan, a la vez que se respete la vocación social o ambiental que tienen estos territorios del país, como la Zona de Reserva Forestal, los Parques Nacionales Naturales (PNN) y las Reservas Indígenas”.
Además, los compromisos de deforestación cero requieren, según el artículo, una toma de decisiones a nivel local, “entre ellas definir el estatuto de los derechos de propiedad de facto, decidir sobre las numerosas áreas que ya han sido deforestadas, incluso de manera ilegal, y, lo más importante, alcanzar acuerdos vinculantes entre los habitantes del territorio y el Estado colombiano”.
En Brasil ya se han implementado iniciativas de este tipo, pues el Gobierno Federal ha instado a los municipios a participar, voluntariamente, de la disminución de la degradación del bosque, en vez de coaccionarlos. En Colombia, la gestión y el uso del suelo están determinados por varias instituciones del Gobierno y en distintos niveles, lo cual dificulta la distinción entre deforestación legal e ilegal. Este estudio buscó articular esas dinámicas del aprovechamiento forestal y el reconocimiento del ordenamiento territorial.
Katz, Piketty y los demás académicos del equipo realizaron un flujograma basándose en el marco regulatorio del aprovechamiento forestal y de la normatividad alrededor del ordenamiento territorial, en la perspectiva que se pueda aplicar en cualquier área de Colombia.
El investigador doctoral lo explica de esta manera: “Cada uno de los municipios de Colombia tiene un Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, cada uno es diferente y define qué zonas pueden realizar algunas actividades económicas y los usos del suelo, a excepción de las áreas de especial protección constitucional. Consecuentemente, es a esta escala municipal en la que se debe hacer esa distinción entre la legalidad y la ilegalidad de la deforestación”.
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