Tras la raíz de los crímenes ambientales de la Amazonia
La compleja red de actores que han impulsado delitos como la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies en la Amazonia en la última década son revelados en un nuevo informe de Insight Crime.
Infoamazonia
Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Cuenta con 60 millones de hectáreas de selva y tiene la tercera zona forestal más grande de Suramérica, después de Brasil (un país que lo supera en tamaño). También es el escenario de una amplia gama de delitos ambientales, muchos de los cuales no se denuncian. (Lea: Monitorear los árboles de la Amazonia para entender el cambio climático en Colombia)
El estudio “Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia colombiana” es parte de la serie “Mapeo de los delitos ambientales en la Cuenca Amazónica”, que busca comprender la dinámica contemporánea de los delitos ambientales en la Amazonia, haciendo un panorama de la red de actores (estatales o no) y de las razones por las cuales estos delitos se han disparado en la última década.
Insight Crime y el Instituto Igarapé fueron los encargados de entrevistar a más de 40 personas, entre junio de 2019 y junio de 202, incluyendo a integrantes de comunidades locales, expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales y miembros de organizaciones internacionales.
Deforestación
Con la desmovilización de las Farc en 2016, la deforestación alcanzó preocupantes niveles. En 2017, en Colombia se deforestó una cantidad récord de 219.973 hectáreas, un 23 % más que el año anterior. Cuatro de los departamentos más afectados por la deforestación en Colombia (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo) se encuentran en la Amazonia. Mientras que en 2018 se destruyeron 138.176 hectáreas de bosque en toda la región, al año siguiente esta cifra bajó a 98.256 hectáreas.
En 2020 esta cifra volvió a aumentar, ya que se perdieron 109.302 hectáreas. La principal causa, según el Ideam, es el acaparamiento de tierras. La apropiación de tierras consiste en la compra o arrendamiento de grandes áreas de tierra por parte de entidades, como gobiernos o corporaciones, a menudo para facilitar la producción de alimentos. Si bien en algunos casos esta actividad se vale de vacíos legales, suele ser de carácter ilegal y afecta principalmente territorios inalienables como baldíos o resguardos indígenas.
Comienza con la etapa de tala y quema, generalmente en un lugar estratégico, como la vía ilegal de 138 kilómetros que conecta los municipios de Calamar y Miraflores, en Guaviare. Luego las tierras reclamadas ilegalmente son ocupadas, o bien se establecen actividades productivas en ellas. Se levantan casas en Parques Nacionales, como el Tinigua, se comienza a criar ganado en las reservas indígenas y se cultiva palma africana en reservas forestales protegidas para demostrar que la tierra está siendo “ocupada”. También se acostumbra sembrar coca en el territorio, como ha sido el caso de la reserva indígena Nukak Makú.
Una vez se demuestra que la tierra ha sido trabajada durante cierto tiempo, se reclama la propiedad sobre la tierra. Al legalizarse un reclamo inicialmente ilícito, la tierra se vende en gran parte de los casos. (Puede leer: Incendios afectaron cerca del 85% de las especies amenazadas del Amazonas)
Por otro lado, los cultivos ilícitos en los departamentos de Vichada, Putumayo, Guaviare y Caquetá abastecen los canales internacionales de distribución de cocaína. La siembra y el procesamiento de dichos cultivos tienen un impacto ambiental perjudicial en toda la región, dado que los precursores químicos utilizados para procesar las drogas contaminan los ríos y se están despejando zonas boscosas para dar paso a las plantaciones de coca. Los disidentes de las antiguas Farc liderados por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, al parecer han estado pagando hasta cinco millones de pesos (poco más de US$1.400) por hectárea a las familias radicadas en el Parque Nacional Tinigua para que allanen terrenos para el cultivo de coca. Y luego les ordenan a los pobladores locales que siembren coca, como ha ocurrido en Tinigua.
Minería ilegal
De acuerdo con el informe, es una de las economías criminales más lucrativas en Colombia y así ha sido desde los noventa. Mientras que poco menos de 30 gramos de oro costaban más de US$2.000 en agosto de 2020, la misma cantidad de cocaína se vendía por menos de US$1.250 en Miami. Según Naciones Unidas, las operaciones de minería ilegal cubren más de 64.000 hectáreas de tierra en toda Colombia. De ellas, 37.138 hectáreas no cuentan con permisos, pero las 27.589 restantes se encuentran en territorios de comunidades indígenas, en zonas en las que se han solicitado contratos mineros o en algunas que aún están en proceso de convertirse en áreas de reserva especial para la minería.
Quien domina es el frente Amazónico de las antiguas Farc, desmovilizado oficialmente en 2016, a lo largo de los ríos Caquetá y Vaupés, en alianza con el drente 1°. En 2020 se encontraron cerca de 100 sitios de minería ilegal de oro a lo largo de los ríos Caquetá, Putumayo y Cotuhé, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
Según algunos funcionarios, las personas de la región tienen dos opciones: o ser reclutados o convertirse en mineros ilegales. El negocio, explican, se divide en tres momentos: extracción, transporte y transformación o comercialización. A diferencia de Antioquia y Chocó, la minería ilegal en la Amazonia colombiana no se hace en tierra, sino en el lecho de los ríos.
Los mineros se transportan en bases de madera flotantes y utilizan mangueras motorizadas para extraer en dragas cada día hasta 40 gramos de oro de los lechos de los ríos amazónicos que, por día, pueden acumular más de 14 kilogramos en un año, que producen entre US$150.000 y US$200.000 si se venden en el mercado local. El oro ilegal suele ser contrabandeado a través del río Caquetá hasta Tefé en Brasil, una ruta que también se utiliza para traficar marihuana y cocaína.
También, gracias a la distancia existente entre el río Caquetá y la ciudad de Leticia, junto con la ausencia de rutas terrestres, llevan a que el oro ilegal sea sacado de la región amazónica por vía aérea, lo que dificulta que los incauten. (Le puede interesar: La apuesta de campesinos de las sabanas del Yarí por conservar la Amazonia)
Este oro suele llegar a manos de las empresas exportadoras “legales”. En 2015, en “el escándalo de Goldex S. A.”, uno de los mayores exportadores de metales de Colombia fue acusado de lavar tanto oro de origen ilegal como lo que quizás eran ganancias del tráfico de drogas por valor de más de mil millones de dólares.
Tráfico de fauna silvestre
Aunque no es tan lucrativo como la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre sigue siendo un negocio multimillonario, aunque pasa de agache frente a las autoridades. “Los jueces prefieren meter a alguien en la cárcel por narcotráfico o minería ilegal que por llevar un loro en su bolso”, afirma Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, una ONG conservacionista ubicada en Colombia.
La región amazónica del país alberga una gran parte de las 50.000 especies animales presentes en Colombia. A pesar de que muchas de estas especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), esto no ha impedido que la región se convierta en un centro de captura ilícita de vida silvestre. Las especies más traficadas en Colombia son la tortuga hicotea, la tortuga morrocoy, la iguana, el periquito bronceado, la lora común, la cotorra cheja, el mono tití gris, el mico maicero y las ranas venenosas.
En primer lugar, los miembros de las comunidades locales, que conocen mejor el terreno, son contactados para cazar o capturar especies de fauna nativas de la Amazonia colombiana. “En muchos casos, esta etapa es bastante oportunista. Si un habitante de la región que se encuentra cuidando sus cultivos o caminando en los alrededores se topa con un animal que se sabe que es apetecido por los traficantes, es posible que lo capture porque sabe que podrá venderlo fácilmente más tarde”, dice el informe.
Si el animal muere en el intento de captura, es posible que sea despellejado o que se le extraigan colmillos o sus garras, como en el caso de los jaguares. Luego hay que sacarla de la región y, para eso, los animales capturados de manera ilegal son “blanqueados” o alterados -es decir, se ocultan los orígenes de los especímenes capturados ilegalmente- mediante el uso de documentación legal rellenada con datos inexactos para que puedan ser vendidos legalmente. Por ejemplo, una granja de cría legal en la Amazonia colombiana puede contar con una sede que la abastece de especímenes capturados ilegalmente.
Lo que sucede de aquí para adelante depende de si el animal está vivo o no. Algunos son vendidos en mercados de la Amazonia o llevados a Leticia para ser traficados internacionalmente para uso turístico o de experimentación en laboratorios. Las ventas por lo general son por Facebook o Whastapp. (Podría leer: Indígenas de la Amazonía avanzan en proceso de ser autónomos en su territorio)
Igualmente, emprendedores criminales conocidos como “exportadores” utilizan negocios legales en los que pueden ocultar la procedencia de los animales capturados ilegalmente. Las utilizan para traficar y vender fauna viva o productos de origen animal de manera ilegal. Un exfuncionario de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) estima que los exportadores “pueden ganar hasta US$10 millones [mediante la creación de una sola empresa comercial], sin que ninguno de los peces que envían al extranjero sea rastreado”.
Corrupción
Aunque entre crímenes hay algunas diferencias, la corrupción entre la autoridad es el común denominador. La evidencia que ha recogido la Fiscalía persiguiendo la deforestación demuestra que las Corporaciones Autónomas de la Amazonia no son ajenas a estos comportamientos.
En julio de 2018, la Fiscalía General de la Nación informó que tenía activas 256 investigaciones preliminares y 43 investigaciones disciplinarias sobre presuntas “irregularidades” cometidas por funcionarios de las CAR en todo el país. Las CAR enfrentan una amenaza constante de ser infiltradas por las élites económicas o políticas regionales, que tienen un interés particular en saquear a Colombia. Algunas fuente dijeron que había un fuerte interés en beneficiarse de delitos ambientales: “Algunas CAR están vinculadas a los invisibles”, afirma un experto en el sector forestal de Colombia, quien habló bajo condición de anonimato. “Son senadores que representan a la región en el Congreso y actúan como patrocinadores políticos que protegen los delitos ambientales”.
En tres ocasiones entre 2020 y 2021 se han intentado impulsar proyectos de ley para reformarlas, y todas las veces han sido esfuerzos en vano. Un funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el departamento de Amazonas afirma que la Dirección General de Corpoamazonia
Para el tráfico de madera, la participación es clave: un funcionario anota en el permiso un volumen de madera a transportar que es superior al autorizado. En lugar de escribir 20 metros cúbicos, escribe que se pueden transportar 200 metros cúbicos, y con esto se lava madera ilegal. (Le puede interesar: Iniciativas de conservación indígena que protegen la Amazonia)
Alejandra María Laina Agudelo, investigadora del equipo técnico sobre aplicación de la ley de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), explica que algunos funcionarios del Ministerio del Interior “no están haciendo nada para evitar que a las comunidades indígenas les quiten sus territorios” o que incluso están involucrados en el acaparamiento ilegal de tierras.
Por otro lado, funcionarios de la policía, el ejército y la marina ubicados en zonas mineras permiten el ingreso de maquinaria a sabiendas de que será utilizada para la minería ilegal. También permiten el paso de suministros como combustible o mercurio y de los propios mineros ilegales, a cambio de sobornos. “Solo aceptan billetes de 50.000 pesos (US$13) o más”, dice un funcionario.
Entre las recomendaciones del informe está priorizar las labores anticorrupción, trabajar de la mano con las comunidades locales, crear cajas de herramientas (con biometría, códigos QR y sistemas de información especializados, y construir una plataforma centralizada para cada delito ambiental que identifique a los actores involucrados en cada delito, entre otras recomendaciones.
Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team y El Espectador.
Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Cuenta con 60 millones de hectáreas de selva y tiene la tercera zona forestal más grande de Suramérica, después de Brasil (un país que lo supera en tamaño). También es el escenario de una amplia gama de delitos ambientales, muchos de los cuales no se denuncian. (Lea: Monitorear los árboles de la Amazonia para entender el cambio climático en Colombia)
El estudio “Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia colombiana” es parte de la serie “Mapeo de los delitos ambientales en la Cuenca Amazónica”, que busca comprender la dinámica contemporánea de los delitos ambientales en la Amazonia, haciendo un panorama de la red de actores (estatales o no) y de las razones por las cuales estos delitos se han disparado en la última década.
Insight Crime y el Instituto Igarapé fueron los encargados de entrevistar a más de 40 personas, entre junio de 2019 y junio de 202, incluyendo a integrantes de comunidades locales, expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales y miembros de organizaciones internacionales.
Deforestación
Con la desmovilización de las Farc en 2016, la deforestación alcanzó preocupantes niveles. En 2017, en Colombia se deforestó una cantidad récord de 219.973 hectáreas, un 23 % más que el año anterior. Cuatro de los departamentos más afectados por la deforestación en Colombia (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo) se encuentran en la Amazonia. Mientras que en 2018 se destruyeron 138.176 hectáreas de bosque en toda la región, al año siguiente esta cifra bajó a 98.256 hectáreas.
En 2020 esta cifra volvió a aumentar, ya que se perdieron 109.302 hectáreas. La principal causa, según el Ideam, es el acaparamiento de tierras. La apropiación de tierras consiste en la compra o arrendamiento de grandes áreas de tierra por parte de entidades, como gobiernos o corporaciones, a menudo para facilitar la producción de alimentos. Si bien en algunos casos esta actividad se vale de vacíos legales, suele ser de carácter ilegal y afecta principalmente territorios inalienables como baldíos o resguardos indígenas.
Comienza con la etapa de tala y quema, generalmente en un lugar estratégico, como la vía ilegal de 138 kilómetros que conecta los municipios de Calamar y Miraflores, en Guaviare. Luego las tierras reclamadas ilegalmente son ocupadas, o bien se establecen actividades productivas en ellas. Se levantan casas en Parques Nacionales, como el Tinigua, se comienza a criar ganado en las reservas indígenas y se cultiva palma africana en reservas forestales protegidas para demostrar que la tierra está siendo “ocupada”. También se acostumbra sembrar coca en el territorio, como ha sido el caso de la reserva indígena Nukak Makú.
Una vez se demuestra que la tierra ha sido trabajada durante cierto tiempo, se reclama la propiedad sobre la tierra. Al legalizarse un reclamo inicialmente ilícito, la tierra se vende en gran parte de los casos. (Puede leer: Incendios afectaron cerca del 85% de las especies amenazadas del Amazonas)
Por otro lado, los cultivos ilícitos en los departamentos de Vichada, Putumayo, Guaviare y Caquetá abastecen los canales internacionales de distribución de cocaína. La siembra y el procesamiento de dichos cultivos tienen un impacto ambiental perjudicial en toda la región, dado que los precursores químicos utilizados para procesar las drogas contaminan los ríos y se están despejando zonas boscosas para dar paso a las plantaciones de coca. Los disidentes de las antiguas Farc liderados por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, al parecer han estado pagando hasta cinco millones de pesos (poco más de US$1.400) por hectárea a las familias radicadas en el Parque Nacional Tinigua para que allanen terrenos para el cultivo de coca. Y luego les ordenan a los pobladores locales que siembren coca, como ha ocurrido en Tinigua.
Minería ilegal
De acuerdo con el informe, es una de las economías criminales más lucrativas en Colombia y así ha sido desde los noventa. Mientras que poco menos de 30 gramos de oro costaban más de US$2.000 en agosto de 2020, la misma cantidad de cocaína se vendía por menos de US$1.250 en Miami. Según Naciones Unidas, las operaciones de minería ilegal cubren más de 64.000 hectáreas de tierra en toda Colombia. De ellas, 37.138 hectáreas no cuentan con permisos, pero las 27.589 restantes se encuentran en territorios de comunidades indígenas, en zonas en las que se han solicitado contratos mineros o en algunas que aún están en proceso de convertirse en áreas de reserva especial para la minería.
Quien domina es el frente Amazónico de las antiguas Farc, desmovilizado oficialmente en 2016, a lo largo de los ríos Caquetá y Vaupés, en alianza con el drente 1°. En 2020 se encontraron cerca de 100 sitios de minería ilegal de oro a lo largo de los ríos Caquetá, Putumayo y Cotuhé, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
Según algunos funcionarios, las personas de la región tienen dos opciones: o ser reclutados o convertirse en mineros ilegales. El negocio, explican, se divide en tres momentos: extracción, transporte y transformación o comercialización. A diferencia de Antioquia y Chocó, la minería ilegal en la Amazonia colombiana no se hace en tierra, sino en el lecho de los ríos.
Los mineros se transportan en bases de madera flotantes y utilizan mangueras motorizadas para extraer en dragas cada día hasta 40 gramos de oro de los lechos de los ríos amazónicos que, por día, pueden acumular más de 14 kilogramos en un año, que producen entre US$150.000 y US$200.000 si se venden en el mercado local. El oro ilegal suele ser contrabandeado a través del río Caquetá hasta Tefé en Brasil, una ruta que también se utiliza para traficar marihuana y cocaína.
También, gracias a la distancia existente entre el río Caquetá y la ciudad de Leticia, junto con la ausencia de rutas terrestres, llevan a que el oro ilegal sea sacado de la región amazónica por vía aérea, lo que dificulta que los incauten. (Le puede interesar: La apuesta de campesinos de las sabanas del Yarí por conservar la Amazonia)
Este oro suele llegar a manos de las empresas exportadoras “legales”. En 2015, en “el escándalo de Goldex S. A.”, uno de los mayores exportadores de metales de Colombia fue acusado de lavar tanto oro de origen ilegal como lo que quizás eran ganancias del tráfico de drogas por valor de más de mil millones de dólares.
Tráfico de fauna silvestre
Aunque no es tan lucrativo como la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre sigue siendo un negocio multimillonario, aunque pasa de agache frente a las autoridades. “Los jueces prefieren meter a alguien en la cárcel por narcotráfico o minería ilegal que por llevar un loro en su bolso”, afirma Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, una ONG conservacionista ubicada en Colombia.
La región amazónica del país alberga una gran parte de las 50.000 especies animales presentes en Colombia. A pesar de que muchas de estas especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), esto no ha impedido que la región se convierta en un centro de captura ilícita de vida silvestre. Las especies más traficadas en Colombia son la tortuga hicotea, la tortuga morrocoy, la iguana, el periquito bronceado, la lora común, la cotorra cheja, el mono tití gris, el mico maicero y las ranas venenosas.
En primer lugar, los miembros de las comunidades locales, que conocen mejor el terreno, son contactados para cazar o capturar especies de fauna nativas de la Amazonia colombiana. “En muchos casos, esta etapa es bastante oportunista. Si un habitante de la región que se encuentra cuidando sus cultivos o caminando en los alrededores se topa con un animal que se sabe que es apetecido por los traficantes, es posible que lo capture porque sabe que podrá venderlo fácilmente más tarde”, dice el informe.
Si el animal muere en el intento de captura, es posible que sea despellejado o que se le extraigan colmillos o sus garras, como en el caso de los jaguares. Luego hay que sacarla de la región y, para eso, los animales capturados de manera ilegal son “blanqueados” o alterados -es decir, se ocultan los orígenes de los especímenes capturados ilegalmente- mediante el uso de documentación legal rellenada con datos inexactos para que puedan ser vendidos legalmente. Por ejemplo, una granja de cría legal en la Amazonia colombiana puede contar con una sede que la abastece de especímenes capturados ilegalmente.
Lo que sucede de aquí para adelante depende de si el animal está vivo o no. Algunos son vendidos en mercados de la Amazonia o llevados a Leticia para ser traficados internacionalmente para uso turístico o de experimentación en laboratorios. Las ventas por lo general son por Facebook o Whastapp. (Podría leer: Indígenas de la Amazonía avanzan en proceso de ser autónomos en su territorio)
Igualmente, emprendedores criminales conocidos como “exportadores” utilizan negocios legales en los que pueden ocultar la procedencia de los animales capturados ilegalmente. Las utilizan para traficar y vender fauna viva o productos de origen animal de manera ilegal. Un exfuncionario de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) estima que los exportadores “pueden ganar hasta US$10 millones [mediante la creación de una sola empresa comercial], sin que ninguno de los peces que envían al extranjero sea rastreado”.
Corrupción
Aunque entre crímenes hay algunas diferencias, la corrupción entre la autoridad es el común denominador. La evidencia que ha recogido la Fiscalía persiguiendo la deforestación demuestra que las Corporaciones Autónomas de la Amazonia no son ajenas a estos comportamientos.
En julio de 2018, la Fiscalía General de la Nación informó que tenía activas 256 investigaciones preliminares y 43 investigaciones disciplinarias sobre presuntas “irregularidades” cometidas por funcionarios de las CAR en todo el país. Las CAR enfrentan una amenaza constante de ser infiltradas por las élites económicas o políticas regionales, que tienen un interés particular en saquear a Colombia. Algunas fuente dijeron que había un fuerte interés en beneficiarse de delitos ambientales: “Algunas CAR están vinculadas a los invisibles”, afirma un experto en el sector forestal de Colombia, quien habló bajo condición de anonimato. “Son senadores que representan a la región en el Congreso y actúan como patrocinadores políticos que protegen los delitos ambientales”.
En tres ocasiones entre 2020 y 2021 se han intentado impulsar proyectos de ley para reformarlas, y todas las veces han sido esfuerzos en vano. Un funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el departamento de Amazonas afirma que la Dirección General de Corpoamazonia
Para el tráfico de madera, la participación es clave: un funcionario anota en el permiso un volumen de madera a transportar que es superior al autorizado. En lugar de escribir 20 metros cúbicos, escribe que se pueden transportar 200 metros cúbicos, y con esto se lava madera ilegal. (Le puede interesar: Iniciativas de conservación indígena que protegen la Amazonia)
Alejandra María Laina Agudelo, investigadora del equipo técnico sobre aplicación de la ley de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), explica que algunos funcionarios del Ministerio del Interior “no están haciendo nada para evitar que a las comunidades indígenas les quiten sus territorios” o que incluso están involucrados en el acaparamiento ilegal de tierras.
Por otro lado, funcionarios de la policía, el ejército y la marina ubicados en zonas mineras permiten el ingreso de maquinaria a sabiendas de que será utilizada para la minería ilegal. También permiten el paso de suministros como combustible o mercurio y de los propios mineros ilegales, a cambio de sobornos. “Solo aceptan billetes de 50.000 pesos (US$13) o más”, dice un funcionario.
Entre las recomendaciones del informe está priorizar las labores anticorrupción, trabajar de la mano con las comunidades locales, crear cajas de herramientas (con biometría, códigos QR y sistemas de información especializados, y construir una plataforma centralizada para cada delito ambiental que identifique a los actores involucrados en cada delito, entre otras recomendaciones.
Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team y El Espectador.