Un cementerio de árboles: las imágenes que deja un sobrevuelo de la Amazonia colombiana
Las cifras de deforestación que se presentan sobre la Amazonia no son suficientes para dimensionar lo que ocurre en esta selva. Al sobrevolarla, se puede observar en detalle una tragedia. El caso más inquietante es el del Parque Nacional Natural Tinigua que, poco a poco, estamos perdiendo.
Catalina Sanabria Devia
Sobrevolar tramos de la Amazonia colombiana se parece a pasar por un cementerio de árboles. A varios pies de altura se puede constatar cómo la deforestación se ha abierto paso en esta selva vital. Roberto Gómez, unos días después del vuelo, describió el panorama de manera similar: “Se alcanza a ver un cementerio de troncos”.
Gómez es director de Amazonía Mía de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que, de la mano de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), organizó la actividad. Desde hace unos años hacen estos sobrevuelos para identificar nuevas áreas de la selva donde se están abriendo vías, donde se han instaurado cultivos de uso ilícito, ganadería u otras actividades asociadas a la pérdida de cobertura vegetal.
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Un dato basta para contextualizar la situación: 44.274 hectáreas de la Amazonia colombiana se perdieron durante 2023, según las cifras presentadas por el Ministerio de Ambiente el pasado 8 de julio. Esto equivale a una extensión mayor a la de la ciudad de Medellín.
En esta ocasión, la idea era que algunas personas que nos hemos relacionado de distintas maneras con la región viéramos la magnitud de las amenazas a las que se enfrenta la Amazonia. En la aeronave viajamos siete invitados, entre ellos Mary Lucero Novoa, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura y su auxiliar Claudia Barrios, quienes apoyan, mediante proyectos de cooperación ambiental, temas como la identificación de los motores de deforestación. También participaron cuatro de los 25 jóvenes accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia 4360 de 2018, con la cual se declaró a la Amazonia como sujeto de derechos.
Partimos desde el aeropuerto Guaymaral de Bogotá y tomamos dirección al sur. Después de varios minutos, estábamos sobre Meta. El río Ariari, que nace en la Cordillera Oriental, en el Parque Nacional Natural Sumapaz, se veía fragmentado desde el aire y el bajo nivel de su caudal dejaba en evidencia la sequía.
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Sus delgados caminos de agua, que más adelante se unirían con los del río Guayabero, terminarían por formar el río Guaviare. Nosotros, sin embargo, no seguimos su curso, sino que nos dirigimos hacia la montaña del “indio acostado” (como la denominan los habitantes del municipio de Mesetas), la cual nos indicaba el inicio de la Serranía de la Macarena.
Este levantamiento geológico, que se extiende por alrededor de 130 kilómetros, es parte del Escudo Guyanés, donde se encuentran algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. En ese punto se conectan los Andes, la Orinoquía y la Amazonia, por lo que representa una gran importancia ecológica.
Allí, desde el momento en que empezamos a sobrevolar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, aparecieron las reses. Gómez explica que para llegar a apropiarse de las tierras e instaurar la ganadería, “tumban los árboles y eso implica, en estos casos, bulldozers, maquinaria mucho más grande porque se abren parches de 20 a 40 hectáreas, algo gigantesco que no hace un pequeño propietario”.
Después, dice el director de Amazonía Mía, generalmente, al llegar la temporada seca, se queman esos terrenos para acabar con la vegetación riparia, es decir, la asociada a ríos u otros cuerpos de agua dulce. “Si hay incendios forestales, es una gran señal de deforestación. No son en sí mismos una causa, sino un síntoma”, afirma Gómez.
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Los deforestadores, luego, siembran pasto para empezar a traer las vacas. Las fincas ganaderas que se forman, según Gómez, tienen una gran inversión de capital, pues cuentan con corrales y pozos.
Perdemos un Parque Nacional
Pero la ganadería extensiva no es la única causa de la pérdida del bosque. De hecho, esta suele estar relacionada con otro de los motores de la deforestación: la infraestructura de transporte no planificada. Para llegar a estos remotos lugares de la selva, se suelen abrir carreteras que pueden ser legales o ilegales, dependiendo de su ubicación y de cómo fueron construidas.
“Un patrón típico de deforestación en todo el mundo es que alrededor de esas vías, la gente empieza a construir accesos. Hay un gran eje que es la carretera principal y luego aparecen caminos que conectan con ella. Normalmente, cuando eso se ve en un mapa, parece una espina de pescado, por eso se le llama “efecto espina de pescado”, explica Gómez.
En el caso del PNN Sierra de la Macarena, cerca a estos accesos viales terrestres “se concentra una notable pérdida de bosque asociada principalmente a la presencia de cultivos de uso ilícito”, de acuerdo con la FCDS. La historia de esta área protegida, que se fundó en 1989, ha estado relacionada con procesos de colonización dirigidos en gran medida por el Estado. “Durante los años 50 y 60 se dieron diferentes momentos en los que los gobiernos promovieron la colonización del río Ariari y de la Reserva Nacional Sierra de la Macarena”, según un informe del Ministerio de Ambiente y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).
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Dichas entidades explican que, además, a la zona llegaron campesinos desplazados por la violencia, por lo que la guerrilla de las Farc también influyó en los procesos de colonización y en la manera en la que se organizó ese territorio.
Hoy, en Sierra de la Macarena “confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas”, además de ser una zona de gran conflictividad a nivel socioambiental, de acuerdo con el informe. Desde hace un par de años, a esta área protegida no pueden ingresar los guardaparques, pues las disidencias de las Farc limitaron su acceso.
Este parque, junto a los PNN Tinigua, Picachos y Sumapaz conforman el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM). Los cuatro han sido de los más afectados por el conflicto armado y la colonización y, en particular, Tinigua se ha caracterizado por tener los mayores índices de deforestación.
Luz Alejandra Gómez, coordinadora del equipo de gestión de la información de la FCDS y quien guio nuestro recorrido, resumió la tragedia que vive esta área mientras pasábamos sobre ella: “Esto es lo último que queda de Tinigua, el 30% del parque”.
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El corazón del área protegida, como lo denomina Luz Alejandra Gómez, es atravesado por una vía ilegal, paralela a un río. Por su parte, el piloto de la aeronave nos contó que cuando empezó a volar sobre esta parte de la región, hace 30 años, todo era selva cerrada, tupida. Sin embargo, desde 2018 se han deforestado más de 25.000 hectáreas del bosque de Tinigua, según información de la FCDS.
Al dejar atrás la Serranía de la Macarena y nos dirigimos hacia el departamento de Guaviare y sobrevolamos el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco).
En esta área protegida se concentró alrededor del 10% de la deforestación registrada en los PNN amazónicos entre abril de 2022 y marzo de 2023. Allí, en principio, la selva se veía un poco más conservada, pero al salir del Chiribiquete, hay una gran vía legal en la zona de reserva forestal de Ley 2ª del 59. La carretera, que conecta los municipios de Calamar y Miraflores, fue realizada sin los permisos correspondientes.
El problema de fondo es que, de acuerdo con Roberto Gómez, para esta construcción se empleó maquinaria, combustible, personal y se invirtieron recursos públicos: hoy por hoy, esta es una vía que sirve a los habitantes de la región. “Hay incluso rutas de transporte intermunicipal que pasan por ahí, que no pueden ser autorizadas por el Ministerio de Transporte porque es ilegal”, explica el director de Amazonía Mía. “Este es un gran problema porque si se destruye la carretera, se generaría un problema social gigantesco”.
Otro conflicto socio ambiental que se presenta en esta parte de la selva amazónica es el de la población indígena Nukak, la cual, según nos explicaba Luz Alejandra Gómez, se encuentra desplazada de su territorio. El Resguardo Indígena Nukak “mantiene la situación de despojo de sus comunidades indígenas por parte de terceros ocupantes que, pese a contar con medidas cautelares, siguen invadiendo y desarrollando actividades productivas al interior de este territorio”, asegura la FCDS.
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Entre abril de 2022 y marzo de 2023, más de la mitad (el 59%) de la deforestación registrada en los 55 resguardos indígenas del arco de la Amazonia, se concentró en el Resguardo Nukak. Allí también hay expansión de la ganadería, el avance de las vías y los cultivos ilícitos, justo antes de culminar la ruta.
Abordar la crisis
Aterrizamos en San José del Guaviare con un sinsabor. A Catalina Bohórquez, una de las accionantes de la tutela que derivó en la Sentencia 4360 de 2018, el panorama le generó “desconcierto y tristeza”. Para ella, estas grandes extensiones de tierra deforestada son un reflejo de la desigualdad del país.
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Por su parte, Anamaría Talero, Líder de Gobernanza Ambiental de Amazonía Mía, asegura que la implementación de la sentencia es todo un reto. Se requieren, en principio, acciones contundentes contra las estructuras criminales nacionales y transnacionales y los financiadores “que se están lucrando de la destrucción de la biodiversidad de la Amazonia y afectan gravemente a las comunidades locales”. Con ese propósito, subraya Talero, es importante fortalecer la articulación institucional para impactar a través de la aplicación de la ley.
Elena Montes, Especialista de Biodiversidad y Bosques de USAID, quien también estuvo presente en el viaje, concuerda en que la situación de la Amazonia es muy grave. Montes afirma que es preocupante la manera en que la ganadería, el acaparamiento de tierras, la coca, la palma africana y otros cultivos agrícolas y forestales están acabando con esta selva húmeda tropical.
A sus ojos, no solo termina siendo afectada la biodiversidad, sino también las comunidades indígenas que han vivido en esta región desde hace miles de años, los ciclos del agua y los demás servicios ecosistémicos que brinda la región. Una alternativa, dice la especialista, puede ser generar oportunidades económicas sostenibles a las comunidades que dependen del bosque, a través de las economías forestales.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Sobrevolar tramos de la Amazonia colombiana se parece a pasar por un cementerio de árboles. A varios pies de altura se puede constatar cómo la deforestación se ha abierto paso en esta selva vital. Roberto Gómez, unos días después del vuelo, describió el panorama de manera similar: “Se alcanza a ver un cementerio de troncos”.
Gómez es director de Amazonía Mía de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que, de la mano de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), organizó la actividad. Desde hace unos años hacen estos sobrevuelos para identificar nuevas áreas de la selva donde se están abriendo vías, donde se han instaurado cultivos de uso ilícito, ganadería u otras actividades asociadas a la pérdida de cobertura vegetal.
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Un dato basta para contextualizar la situación: 44.274 hectáreas de la Amazonia colombiana se perdieron durante 2023, según las cifras presentadas por el Ministerio de Ambiente el pasado 8 de julio. Esto equivale a una extensión mayor a la de la ciudad de Medellín.
En esta ocasión, la idea era que algunas personas que nos hemos relacionado de distintas maneras con la región viéramos la magnitud de las amenazas a las que se enfrenta la Amazonia. En la aeronave viajamos siete invitados, entre ellos Mary Lucero Novoa, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura y su auxiliar Claudia Barrios, quienes apoyan, mediante proyectos de cooperación ambiental, temas como la identificación de los motores de deforestación. También participaron cuatro de los 25 jóvenes accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia 4360 de 2018, con la cual se declaró a la Amazonia como sujeto de derechos.
Partimos desde el aeropuerto Guaymaral de Bogotá y tomamos dirección al sur. Después de varios minutos, estábamos sobre Meta. El río Ariari, que nace en la Cordillera Oriental, en el Parque Nacional Natural Sumapaz, se veía fragmentado desde el aire y el bajo nivel de su caudal dejaba en evidencia la sequía.
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Sus delgados caminos de agua, que más adelante se unirían con los del río Guayabero, terminarían por formar el río Guaviare. Nosotros, sin embargo, no seguimos su curso, sino que nos dirigimos hacia la montaña del “indio acostado” (como la denominan los habitantes del municipio de Mesetas), la cual nos indicaba el inicio de la Serranía de la Macarena.
Este levantamiento geológico, que se extiende por alrededor de 130 kilómetros, es parte del Escudo Guyanés, donde se encuentran algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. En ese punto se conectan los Andes, la Orinoquía y la Amazonia, por lo que representa una gran importancia ecológica.
Allí, desde el momento en que empezamos a sobrevolar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, aparecieron las reses. Gómez explica que para llegar a apropiarse de las tierras e instaurar la ganadería, “tumban los árboles y eso implica, en estos casos, bulldozers, maquinaria mucho más grande porque se abren parches de 20 a 40 hectáreas, algo gigantesco que no hace un pequeño propietario”.
Después, dice el director de Amazonía Mía, generalmente, al llegar la temporada seca, se queman esos terrenos para acabar con la vegetación riparia, es decir, la asociada a ríos u otros cuerpos de agua dulce. “Si hay incendios forestales, es una gran señal de deforestación. No son en sí mismos una causa, sino un síntoma”, afirma Gómez.
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Los deforestadores, luego, siembran pasto para empezar a traer las vacas. Las fincas ganaderas que se forman, según Gómez, tienen una gran inversión de capital, pues cuentan con corrales y pozos.
Perdemos un Parque Nacional
Pero la ganadería extensiva no es la única causa de la pérdida del bosque. De hecho, esta suele estar relacionada con otro de los motores de la deforestación: la infraestructura de transporte no planificada. Para llegar a estos remotos lugares de la selva, se suelen abrir carreteras que pueden ser legales o ilegales, dependiendo de su ubicación y de cómo fueron construidas.
“Un patrón típico de deforestación en todo el mundo es que alrededor de esas vías, la gente empieza a construir accesos. Hay un gran eje que es la carretera principal y luego aparecen caminos que conectan con ella. Normalmente, cuando eso se ve en un mapa, parece una espina de pescado, por eso se le llama “efecto espina de pescado”, explica Gómez.
En el caso del PNN Sierra de la Macarena, cerca a estos accesos viales terrestres “se concentra una notable pérdida de bosque asociada principalmente a la presencia de cultivos de uso ilícito”, de acuerdo con la FCDS. La historia de esta área protegida, que se fundó en 1989, ha estado relacionada con procesos de colonización dirigidos en gran medida por el Estado. “Durante los años 50 y 60 se dieron diferentes momentos en los que los gobiernos promovieron la colonización del río Ariari y de la Reserva Nacional Sierra de la Macarena”, según un informe del Ministerio de Ambiente y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).
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Dichas entidades explican que, además, a la zona llegaron campesinos desplazados por la violencia, por lo que la guerrilla de las Farc también influyó en los procesos de colonización y en la manera en la que se organizó ese territorio.
Hoy, en Sierra de la Macarena “confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas”, además de ser una zona de gran conflictividad a nivel socioambiental, de acuerdo con el informe. Desde hace un par de años, a esta área protegida no pueden ingresar los guardaparques, pues las disidencias de las Farc limitaron su acceso.
Este parque, junto a los PNN Tinigua, Picachos y Sumapaz conforman el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM). Los cuatro han sido de los más afectados por el conflicto armado y la colonización y, en particular, Tinigua se ha caracterizado por tener los mayores índices de deforestación.
Luz Alejandra Gómez, coordinadora del equipo de gestión de la información de la FCDS y quien guio nuestro recorrido, resumió la tragedia que vive esta área mientras pasábamos sobre ella: “Esto es lo último que queda de Tinigua, el 30% del parque”.
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El corazón del área protegida, como lo denomina Luz Alejandra Gómez, es atravesado por una vía ilegal, paralela a un río. Por su parte, el piloto de la aeronave nos contó que cuando empezó a volar sobre esta parte de la región, hace 30 años, todo era selva cerrada, tupida. Sin embargo, desde 2018 se han deforestado más de 25.000 hectáreas del bosque de Tinigua, según información de la FCDS.
Al dejar atrás la Serranía de la Macarena y nos dirigimos hacia el departamento de Guaviare y sobrevolamos el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco).
En esta área protegida se concentró alrededor del 10% de la deforestación registrada en los PNN amazónicos entre abril de 2022 y marzo de 2023. Allí, en principio, la selva se veía un poco más conservada, pero al salir del Chiribiquete, hay una gran vía legal en la zona de reserva forestal de Ley 2ª del 59. La carretera, que conecta los municipios de Calamar y Miraflores, fue realizada sin los permisos correspondientes.
El problema de fondo es que, de acuerdo con Roberto Gómez, para esta construcción se empleó maquinaria, combustible, personal y se invirtieron recursos públicos: hoy por hoy, esta es una vía que sirve a los habitantes de la región. “Hay incluso rutas de transporte intermunicipal que pasan por ahí, que no pueden ser autorizadas por el Ministerio de Transporte porque es ilegal”, explica el director de Amazonía Mía. “Este es un gran problema porque si se destruye la carretera, se generaría un problema social gigantesco”.
Otro conflicto socio ambiental que se presenta en esta parte de la selva amazónica es el de la población indígena Nukak, la cual, según nos explicaba Luz Alejandra Gómez, se encuentra desplazada de su territorio. El Resguardo Indígena Nukak “mantiene la situación de despojo de sus comunidades indígenas por parte de terceros ocupantes que, pese a contar con medidas cautelares, siguen invadiendo y desarrollando actividades productivas al interior de este territorio”, asegura la FCDS.
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Entre abril de 2022 y marzo de 2023, más de la mitad (el 59%) de la deforestación registrada en los 55 resguardos indígenas del arco de la Amazonia, se concentró en el Resguardo Nukak. Allí también hay expansión de la ganadería, el avance de las vías y los cultivos ilícitos, justo antes de culminar la ruta.
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Aterrizamos en San José del Guaviare con un sinsabor. A Catalina Bohórquez, una de las accionantes de la tutela que derivó en la Sentencia 4360 de 2018, el panorama le generó “desconcierto y tristeza”. Para ella, estas grandes extensiones de tierra deforestada son un reflejo de la desigualdad del país.
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Por su parte, Anamaría Talero, Líder de Gobernanza Ambiental de Amazonía Mía, asegura que la implementación de la sentencia es todo un reto. Se requieren, en principio, acciones contundentes contra las estructuras criminales nacionales y transnacionales y los financiadores “que se están lucrando de la destrucción de la biodiversidad de la Amazonia y afectan gravemente a las comunidades locales”. Con ese propósito, subraya Talero, es importante fortalecer la articulación institucional para impactar a través de la aplicación de la ley.
Elena Montes, Especialista de Biodiversidad y Bosques de USAID, quien también estuvo presente en el viaje, concuerda en que la situación de la Amazonia es muy grave. Montes afirma que es preocupante la manera en que la ganadería, el acaparamiento de tierras, la coca, la palma africana y otros cultivos agrícolas y forestales están acabando con esta selva húmeda tropical.
A sus ojos, no solo termina siendo afectada la biodiversidad, sino también las comunidades indígenas que han vivido en esta región desde hace miles de años, los ciclos del agua y los demás servicios ecosistémicos que brinda la región. Una alternativa, dice la especialista, puede ser generar oportunidades económicas sostenibles a las comunidades que dependen del bosque, a través de las economías forestales.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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