Un informe muestra cómo EE.UU. se estaría beneficiando de delitos ambientales en la Amazonia
Un reciente informe de las organizaciones que conforman la Financial Accountability and Corporate Transparency identificó vacíos en la jurisdicción estadounidense que benefician los delitos ambientales en la Amazonia.
María Paula Lizarazo
Los delitos ambientales representan la tercera actividad criminal más grande a nivel mundial, según la Interpol. Ahora, información recopilada por la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), una coalición integrada por más de 100 organizaciones que buscan promover políticas para combatir prácticas financieras dañinas, con sede en Washington D.C., señala que estos delitos generan ganancias de USD $281 mil millones al año internacionalmente.
En un reciente informe, FACT hace una advertencia sobre la relación entre delitos ambientales en la Amazonia con lavado de activos en Estados Unidos, citando casos de Colombiana y Perú. “Estados Unidos debe entender que los delitos ambientales no son problemas de los otros países y reconocer que tiene un rol protagónico, que ha sido parte del problema, por lo que debe ser parte de la solución”, afirma Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de FACT.
Aunque el documento cita algunos casos que han sido coyunturales, hace un especial énfasis y recomendaciones de reformas a las políticas estadounidenses relacionadas con lavado de activos, desde un enfoque con miras al cambio climático.
El informe, titulado “Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía: Descubriendo el papel de Estados Unidos en los flujos financieros ilícitos procedentes de los delitos ambientales en la cuenca del Amazonas”, señala que, de acuerdo con el Índice de Secreto Financiero de 2022, Estados Unidos es el principal contribuidor de la falta de transparencia financiera de todo el mundo.
(Lea: Deforestación en la Amazonía: como el cangrejo)
Eso, pese a que tiene un marco para la prevención del lavado (AML, por su sigla en inglés) -que FACT considera sólido- y ha impulsado iniciativas para su prevención a nivel internacional.
Incluso, en 2021, Janet Yellen, secretaria de Tesoro de ese país, dijo que podría afirmarse que Estados Unidos es el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias de forma ilícita. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el 2 % del PIB de EE.UU. es dinero ilícito; además, se estima que, cada año, en el país se lavan unos US $300.000 millones.
¿Pero cómo los delitos ambientales de la Amazonia se vinculan con lavado de activos en Estados Unidos? Lo primero que indica el documento es a que hay trabas a nivel jurídico de intercambio de información entre países, lo que conlleva dificultades para investigar el lavado de las ganancias y no aporta a la investigación y procesamiento de los crímenes. A estos vacíos se suman otras brechas, especialmente relacionadas con el sector inmobiliario y el uso de entidades anónimas “que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza”, señala el documento.
Otro informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pulicado en 2021, había advertido algo similar: “hay pocos ejemplos prácticos de cooperación fructífera en casos de BC [blanqueo de capitales] por delitos contra el medio ambiente”. Lo que suele ocurrir es que se envían solicitudes de información, pero las respuestas son poco frecuentes o insuficientes.
(Lea: “Tenemos que evitar el colapso de la Amazonia”: Martín von Hildebrand)
De acuerdo con los expertos de FACT, algunos de los ejemplos más comunes de cómo la falta de transparencia financiera puede afectar la investigación de delitos ambientales, incluyendo los casos en los que se asocian a lavado de activos, incluye lo que ocurre con exportadoras en países amazónicos que venden oro de origen ilegal a refinerías estadounidenses: de un lado, la exportadora puede utilizar una cadena de empresas fachada para lavar el dinero y confundir sobre el origen del oro, y de otro lado, las refinerías no cumplen con las comprobaciones adecuadas sobre el origen del oro.
Otro caso común que se ha identificado, relacionado con dinero de delitos ambientales en la Amazonia, es el de comprar una propiedad en Estados Unidos para lavar el dinero, pues no hay una normativa que obligue al sector a identificar la procedencia de este.
Además, según FACT, algo que ha ocurrido es cuando declaran culpable a una sociedad en Estados Unidos que presuntamente adquiría algún producto que se obtuvo de forma ilegal en la Amazonia; luego los titulares directos se declaran en bancarrota y disuelven la compañía mientras está en investigación, antes de que un juez decida un plan de cumplimiento o multa.
Mientras eso pasa en Estados Unidos, del lado de Colombia, en un punto de la investigación, las autoridades nacionales “llegan a una empresa anónima, entonces se acaba y es muy difícil saber quién está detrás”. Otro problema que identifican desde FACT es que “se enfocan en incautar el oro o destruir las máquinas y no hay un suficiente enfoque en saber hacia dónde va el dinero y quién está detrás. No es cuestión de ir a una comunidad y arrestar personas allí o de destruir maquinaria de un río, es una cuestión de seguir la ruta del dinero y llegar a personas con más poder”.
(Lea: Guainía, la frontera con Venezuela por donde avanza la minería ilegal)
De hecho, esa ineficiencia que identificó el informe es algo que diferentes instancias en Colombia han venido advirtiendo. Lo más reciente es el llamado de la Procuraduría en diciembre de 2023 sobre la “ineficiencia y poca evidencia de las acciones de Minambiente para combatir minería ilegal”. En su advertencia, la entidad le pidió al Ministerio convocar sesiones extraordinarias del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados, para definir acciones en ecosistemas estratégicos, entre los que incluyó la Amazonia.
Casos de delitos ambientales en la Amazonia y lavado de activos
Diferentes informes, como el de Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia, publicado en 2021 por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierten que los delitos ambientales de la región no están aislados de otros problemas. En Colombia, la minería ilegal de oro contamina los ríos y afecta la salud de comunidades circundantes; en el caso de Perú, en estados como Loreto, la explotación de madera es una de las principales causas de deforestación.
Los delitos ambientales asociados a la minería ilegal de oro en Colombia y la explotación maderera en Perú son los principales que FACT cita para argumentar su informe en relación con el lavado de activos. Tal como lo menciona esta investigación sobre minería ilegal de oro en la Amazonia colombiana, realizada por El Espectador y la Red Transfronteriza de OjoPúblico, el 41 % del oro exportado entre 2014 y 2023 salió hacia Estados Unidos.
En cuanto a Colombia, el informe menciona el caso de la CIJ Gutierrez, que, según citan, utilizó entidades y transacciones falsas a nombre de personas ficticias para exportar oro extraído ilegalmente a refinerías estadounidenses, como Metalor International SA y Asahi Refining, y suizas. CIJ Gutiérrez ha sido investigada por la Fiscalía y, en Estados Unidos, sus compradoras fueron señaladas por transacciones sospechosas en más de US $2.600 millones entre 2007 y 2010 y US $1.000 millones entre 2007 y 2016.
Según la investigación de El Espectador, la CIJ Gutiérrez continúa siendo la principal exportadora de oro colombiano de la última década, con 83 toneladas que se valoran en más de US $3 mil millones.
(Lea: “No, no soy optimista frente a la Amazonia, pero tenemos una oportunidad”: Carlos Nobre)
Otro caso que cita el informe es el de Goldex, que llegó a ser la segunda mayor exportadora del país y que empleaba cadenas de suministro de empresas falsas y compraba el oro a propietarios ficticios o que habían fallecido al momento de la venta. El informe señala que en sus últimos seis años, la empresa exportó más de 47 toneladas de oro por valores de más de US $1.400 millones de dólares y el 97 % de este se suministró a refinerías de metales estadounidenses como Republic Metals Corp (RMC); en 2019, RMC se declaró en quiebra, pero previamente, en 2018, vendió sus activos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no la enjuició “a cambio de cooperación y la adopción de medidas para mejorar sus programas de lucha contra el blanqueo de capitales”, agrega el informe.
Por otro lado, el informe de FACT menciona el caso del Parque Nacional Natural Río Puré, en donde se ha ido formando un punto de minería ilegal. Una de las principales preocupaciones es que al interior del PNN viven los pueblos en aislamiento Yuri-Passé.
En cuanto a Perú, el documento también cita casos relacionados con oro, y hace especial énfasis en dos que tienen que ver con extracción de madera y deforestación. Uno es el de la madera ilegal que llegaba a Estados Unidos a través de la empresa Global Plywood. En 2015, esa empresa compró 1.135 metros cúbicos de madera talada en Loreto a tres proveedores peruanos que no tenían ninguna certificación. En 2021, la empresa estadounidense fue condenada a pagar US $200.000 al Ministerio de Ambiente peruano, aunque en 2017 los propietarios la habían declarado en quiebra y disuelto. Esta empresa estaba registrada en Nevada, “un Estado famoso por su secretismo corporativo”, señala el informe.
(Lea: Minambiente y Fiscalía anuncian acuerdo contra deforestación ilegal en la Amazonía)
El otro caso está vinculado al escándalo de Odebrecht y los sobornos de alrededor de US $800 millones para proyectos como la construcción de la carretera Interoceánica en ese país la cual, señala el documento, “se convirtió en un punto caliente de deforestación en la deforestación en la Amazonia”. Durante solo tres años, la deforestación alrededor de un radio de seis millas de la carretera aumentó en un 15 %.
FACT advierte que a la par se realizaban sobornos en Estados Unidos en el sector inmobiliario: se blanquearon US$ 1,2 millones comprando bienes en Maryland. A finales de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó casi US$ 700.000.
Recomendaciones a Estados Unidos
Con el informe, los investigadores de FACT querían revisar “cómo herramientas antilavado se pueden usar para atacar problemas ambientales”, explica Yansura, así como los impactos transversales del lavado, por lo que hacen algunas recomendaciones a diferentes instancias estatales de Estados Unidos. Para la investigadora, fortalecer la cooperación entre países es clave.
El informe parte del hecho de que si bien el país adelanta diferentes acciones para reducir el cambio climático, como reformas ambientales nacionales, inversión en la transición energética y ayuda a países en desarrollo, “la atención no se ha centrado tanto en las reformas estructurales de transparencia financiera para reducir el papel que juega en el ocultamiento y el traslado de los productos ilícitos de los delitos ambientales globales” -dice el documento-, los cuales también contribuyen al cambio climático.
Proponen crear normas en el marco para la prevención del lavado (AML) que sean aplicables a los sectores inmobiliarios residenciales y comerciales, así como un sistema de informes que le exija a los profesionales inmobiliarios identificar la naturaleza de los clientes. Lo ideal, agregan, es que este sistema se aplique a transacciones, compradores y vendedores.
(Lea: “No habrá igualdad en audiencia pública del Acuerdo de Escazú”: sector ambiental a la Corte)
También sugieren considerar nuevas herramientas, como clasificar los delitos ambientales como delitos predicados (o subyacentes) para el lavado de dinero, algo que ya ha sido adoptado por la Unión Europea.
Por otro lado, hacen un especial énfasis en que la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro aumente la asistencia y colaboración con los países de la cuenca del Amazonas para investigar los flujos financieros transnacionales que proceden de delitos ambientales. Además de que se apoye la coordinación regional para el intercambio de información.
Finalmente, desde FACT consideran clave que Estados Unidos apruebe dos leyes. Una es la Ley Forest, que se presentó en 2021 y que prohibiría el acceso a los mercados del país mercancías que provengan de zonas deforestadas; similar a la Ley de Deforestación recientemente aprobada en Europa, que ha causado algunas polémicas. Y la Ley de estrategia de asociación para el oro y la minería legal, que busca evitar la minería ilegal de oro en Latinoamérica; una ley con la que, entre otras cosas, se autorizarían US $10 millones para desarrollar una estrategia que ayude a frenar la minería de oro ilícita en el hemisferio occidental.
Para la coalición, “si se atienden las recomendaciones de este informe, Estados Unidos puede pasar de ser un facilitador de los delitos medioambientales a líder en el bloqueo del dinero sucio procedente de esta industria enormemente rentable”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Los delitos ambientales representan la tercera actividad criminal más grande a nivel mundial, según la Interpol. Ahora, información recopilada por la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), una coalición integrada por más de 100 organizaciones que buscan promover políticas para combatir prácticas financieras dañinas, con sede en Washington D.C., señala que estos delitos generan ganancias de USD $281 mil millones al año internacionalmente.
En un reciente informe, FACT hace una advertencia sobre la relación entre delitos ambientales en la Amazonia con lavado de activos en Estados Unidos, citando casos de Colombiana y Perú. “Estados Unidos debe entender que los delitos ambientales no son problemas de los otros países y reconocer que tiene un rol protagónico, que ha sido parte del problema, por lo que debe ser parte de la solución”, afirma Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de FACT.
Aunque el documento cita algunos casos que han sido coyunturales, hace un especial énfasis y recomendaciones de reformas a las políticas estadounidenses relacionadas con lavado de activos, desde un enfoque con miras al cambio climático.
El informe, titulado “Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía: Descubriendo el papel de Estados Unidos en los flujos financieros ilícitos procedentes de los delitos ambientales en la cuenca del Amazonas”, señala que, de acuerdo con el Índice de Secreto Financiero de 2022, Estados Unidos es el principal contribuidor de la falta de transparencia financiera de todo el mundo.
(Lea: Deforestación en la Amazonía: como el cangrejo)
Eso, pese a que tiene un marco para la prevención del lavado (AML, por su sigla en inglés) -que FACT considera sólido- y ha impulsado iniciativas para su prevención a nivel internacional.
Incluso, en 2021, Janet Yellen, secretaria de Tesoro de ese país, dijo que podría afirmarse que Estados Unidos es el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias de forma ilícita. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el 2 % del PIB de EE.UU. es dinero ilícito; además, se estima que, cada año, en el país se lavan unos US $300.000 millones.
¿Pero cómo los delitos ambientales de la Amazonia se vinculan con lavado de activos en Estados Unidos? Lo primero que indica el documento es a que hay trabas a nivel jurídico de intercambio de información entre países, lo que conlleva dificultades para investigar el lavado de las ganancias y no aporta a la investigación y procesamiento de los crímenes. A estos vacíos se suman otras brechas, especialmente relacionadas con el sector inmobiliario y el uso de entidades anónimas “que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza”, señala el documento.
Otro informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pulicado en 2021, había advertido algo similar: “hay pocos ejemplos prácticos de cooperación fructífera en casos de BC [blanqueo de capitales] por delitos contra el medio ambiente”. Lo que suele ocurrir es que se envían solicitudes de información, pero las respuestas son poco frecuentes o insuficientes.
(Lea: “Tenemos que evitar el colapso de la Amazonia”: Martín von Hildebrand)
De acuerdo con los expertos de FACT, algunos de los ejemplos más comunes de cómo la falta de transparencia financiera puede afectar la investigación de delitos ambientales, incluyendo los casos en los que se asocian a lavado de activos, incluye lo que ocurre con exportadoras en países amazónicos que venden oro de origen ilegal a refinerías estadounidenses: de un lado, la exportadora puede utilizar una cadena de empresas fachada para lavar el dinero y confundir sobre el origen del oro, y de otro lado, las refinerías no cumplen con las comprobaciones adecuadas sobre el origen del oro.
Otro caso común que se ha identificado, relacionado con dinero de delitos ambientales en la Amazonia, es el de comprar una propiedad en Estados Unidos para lavar el dinero, pues no hay una normativa que obligue al sector a identificar la procedencia de este.
Además, según FACT, algo que ha ocurrido es cuando declaran culpable a una sociedad en Estados Unidos que presuntamente adquiría algún producto que se obtuvo de forma ilegal en la Amazonia; luego los titulares directos se declaran en bancarrota y disuelven la compañía mientras está en investigación, antes de que un juez decida un plan de cumplimiento o multa.
Mientras eso pasa en Estados Unidos, del lado de Colombia, en un punto de la investigación, las autoridades nacionales “llegan a una empresa anónima, entonces se acaba y es muy difícil saber quién está detrás”. Otro problema que identifican desde FACT es que “se enfocan en incautar el oro o destruir las máquinas y no hay un suficiente enfoque en saber hacia dónde va el dinero y quién está detrás. No es cuestión de ir a una comunidad y arrestar personas allí o de destruir maquinaria de un río, es una cuestión de seguir la ruta del dinero y llegar a personas con más poder”.
(Lea: Guainía, la frontera con Venezuela por donde avanza la minería ilegal)
De hecho, esa ineficiencia que identificó el informe es algo que diferentes instancias en Colombia han venido advirtiendo. Lo más reciente es el llamado de la Procuraduría en diciembre de 2023 sobre la “ineficiencia y poca evidencia de las acciones de Minambiente para combatir minería ilegal”. En su advertencia, la entidad le pidió al Ministerio convocar sesiones extraordinarias del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados, para definir acciones en ecosistemas estratégicos, entre los que incluyó la Amazonia.
Casos de delitos ambientales en la Amazonia y lavado de activos
Diferentes informes, como el de Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia, publicado en 2021 por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierten que los delitos ambientales de la región no están aislados de otros problemas. En Colombia, la minería ilegal de oro contamina los ríos y afecta la salud de comunidades circundantes; en el caso de Perú, en estados como Loreto, la explotación de madera es una de las principales causas de deforestación.
Los delitos ambientales asociados a la minería ilegal de oro en Colombia y la explotación maderera en Perú son los principales que FACT cita para argumentar su informe en relación con el lavado de activos. Tal como lo menciona esta investigación sobre minería ilegal de oro en la Amazonia colombiana, realizada por El Espectador y la Red Transfronteriza de OjoPúblico, el 41 % del oro exportado entre 2014 y 2023 salió hacia Estados Unidos.
En cuanto a Colombia, el informe menciona el caso de la CIJ Gutierrez, que, según citan, utilizó entidades y transacciones falsas a nombre de personas ficticias para exportar oro extraído ilegalmente a refinerías estadounidenses, como Metalor International SA y Asahi Refining, y suizas. CIJ Gutiérrez ha sido investigada por la Fiscalía y, en Estados Unidos, sus compradoras fueron señaladas por transacciones sospechosas en más de US $2.600 millones entre 2007 y 2010 y US $1.000 millones entre 2007 y 2016.
Según la investigación de El Espectador, la CIJ Gutiérrez continúa siendo la principal exportadora de oro colombiano de la última década, con 83 toneladas que se valoran en más de US $3 mil millones.
(Lea: “No, no soy optimista frente a la Amazonia, pero tenemos una oportunidad”: Carlos Nobre)
Otro caso que cita el informe es el de Goldex, que llegó a ser la segunda mayor exportadora del país y que empleaba cadenas de suministro de empresas falsas y compraba el oro a propietarios ficticios o que habían fallecido al momento de la venta. El informe señala que en sus últimos seis años, la empresa exportó más de 47 toneladas de oro por valores de más de US $1.400 millones de dólares y el 97 % de este se suministró a refinerías de metales estadounidenses como Republic Metals Corp (RMC); en 2019, RMC se declaró en quiebra, pero previamente, en 2018, vendió sus activos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no la enjuició “a cambio de cooperación y la adopción de medidas para mejorar sus programas de lucha contra el blanqueo de capitales”, agrega el informe.
Por otro lado, el informe de FACT menciona el caso del Parque Nacional Natural Río Puré, en donde se ha ido formando un punto de minería ilegal. Una de las principales preocupaciones es que al interior del PNN viven los pueblos en aislamiento Yuri-Passé.
En cuanto a Perú, el documento también cita casos relacionados con oro, y hace especial énfasis en dos que tienen que ver con extracción de madera y deforestación. Uno es el de la madera ilegal que llegaba a Estados Unidos a través de la empresa Global Plywood. En 2015, esa empresa compró 1.135 metros cúbicos de madera talada en Loreto a tres proveedores peruanos que no tenían ninguna certificación. En 2021, la empresa estadounidense fue condenada a pagar US $200.000 al Ministerio de Ambiente peruano, aunque en 2017 los propietarios la habían declarado en quiebra y disuelto. Esta empresa estaba registrada en Nevada, “un Estado famoso por su secretismo corporativo”, señala el informe.
(Lea: Minambiente y Fiscalía anuncian acuerdo contra deforestación ilegal en la Amazonía)
El otro caso está vinculado al escándalo de Odebrecht y los sobornos de alrededor de US $800 millones para proyectos como la construcción de la carretera Interoceánica en ese país la cual, señala el documento, “se convirtió en un punto caliente de deforestación en la deforestación en la Amazonia”. Durante solo tres años, la deforestación alrededor de un radio de seis millas de la carretera aumentó en un 15 %.
FACT advierte que a la par se realizaban sobornos en Estados Unidos en el sector inmobiliario: se blanquearon US$ 1,2 millones comprando bienes en Maryland. A finales de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó casi US$ 700.000.
Recomendaciones a Estados Unidos
Con el informe, los investigadores de FACT querían revisar “cómo herramientas antilavado se pueden usar para atacar problemas ambientales”, explica Yansura, así como los impactos transversales del lavado, por lo que hacen algunas recomendaciones a diferentes instancias estatales de Estados Unidos. Para la investigadora, fortalecer la cooperación entre países es clave.
El informe parte del hecho de que si bien el país adelanta diferentes acciones para reducir el cambio climático, como reformas ambientales nacionales, inversión en la transición energética y ayuda a países en desarrollo, “la atención no se ha centrado tanto en las reformas estructurales de transparencia financiera para reducir el papel que juega en el ocultamiento y el traslado de los productos ilícitos de los delitos ambientales globales” -dice el documento-, los cuales también contribuyen al cambio climático.
Proponen crear normas en el marco para la prevención del lavado (AML) que sean aplicables a los sectores inmobiliarios residenciales y comerciales, así como un sistema de informes que le exija a los profesionales inmobiliarios identificar la naturaleza de los clientes. Lo ideal, agregan, es que este sistema se aplique a transacciones, compradores y vendedores.
(Lea: “No habrá igualdad en audiencia pública del Acuerdo de Escazú”: sector ambiental a la Corte)
También sugieren considerar nuevas herramientas, como clasificar los delitos ambientales como delitos predicados (o subyacentes) para el lavado de dinero, algo que ya ha sido adoptado por la Unión Europea.
Por otro lado, hacen un especial énfasis en que la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro aumente la asistencia y colaboración con los países de la cuenca del Amazonas para investigar los flujos financieros transnacionales que proceden de delitos ambientales. Además de que se apoye la coordinación regional para el intercambio de información.
Finalmente, desde FACT consideran clave que Estados Unidos apruebe dos leyes. Una es la Ley Forest, que se presentó en 2021 y que prohibiría el acceso a los mercados del país mercancías que provengan de zonas deforestadas; similar a la Ley de Deforestación recientemente aprobada en Europa, que ha causado algunas polémicas. Y la Ley de estrategia de asociación para el oro y la minería legal, que busca evitar la minería ilegal de oro en Latinoamérica; una ley con la que, entre otras cosas, se autorizarían US $10 millones para desarrollar una estrategia que ayude a frenar la minería de oro ilícita en el hemisferio occidental.
Para la coalición, “si se atienden las recomendaciones de este informe, Estados Unidos puede pasar de ser un facilitador de los delitos medioambientales a líder en el bloqueo del dinero sucio procedente de esta industria enormemente rentable”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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