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El 26 de marzo de 2017 Cajamarca se convirtió en un hito: con un 97,9% de la gente que votó en su consulta popular, dijo No a la explotación minera en el territorio. A regañadientes, el Ministerio de Minas y Anglo Gold Ashanti, la compañía minera que quería cavar allí la mina llamada La Colosa, admitieron los resultados. El 27 de abril, un mes después de la consulta, la empresa ordenó detener el proyecto, uno de los más grandes del país. (Puede interesarle: Un año después, Cajamarca avanza y no se arrepiente de decir no a la minería)
Sin embargo, el medio de comunicación regional El Olfato, reveló que el pasado 5 de marzo, la empresa le envió una carta a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Ministerio de Ambiente. El asunto: sustraer una parte de una reserva forestal en Cajamarca para hacer allí explotación minera.
La misiva es firmada por Andrea Gonzalez Cely, directora ambiental de la empresa. “En mi calidad de apoderada de AngloGold Ashanti Colombia S.A de conformidad con lo establecido en la Resolución 1526 de 2012, en cumplimiento del contrato de concesión minera EIG-163, cuya área se ubica en la Zona de Reserva Forestal Central, por medio del presente escrito, de manera respetuosa presento ante su despacho solicitud de SUSTRACCIÓN TEMPORAL DE UN ÁREA DE RESERVA FORESTAL CENTRAL (…)”, se lee en el documento.
Al revisar el contrato de concesión minera EIG-163, se comprueba que se trata del bloque minero de La Colosa (aquí el contrato de concesión minera). Asimismo, al cruzar esa información con los municipios que cobija la Reserva Forestal Central, de nuevo aparece el nombre de Cajamarca.
Esto, a pesar de que el pasado 12 de julio la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) dejó claro que en cumplimiento de los resultados de esa consulta popular, “no se otorgarán más licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos y actividades mineras en la jurisdicción del municipio de Cajamarca”.
Además, el director de Cortolima, Jorge Cardoso, señaló que se revisarán las licencias otorgadas con anterioridad a la consulta popular y, si es el caso, se revocarán.
La Consulta Popular, en la cuerda floja
Ante la información de la carta, AngloGold Ashanti emitió un comunicado en el que asegura que hay instituciones públicas "resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la Consulta Popular", y que mientras esa decisión no esté tomada, ellos seguirán haciendo las actividades económicas naturales de la empresa.
Con esto, la empresa se refiere a la acción de tutela que puso el gigante indochino Mansarovar Energy, que buscaba explotar petróleo en el municipio de Cumaral (Meta), donde tras una consulta popular, el 98% de los votantes rechazó la explotación de hidrocarburos en el municipio.
Mansarovar argumenta en su tutela que se está violando el derecho al trabajo, y que por ello, hay que ponerle freno a la consultas populares tal y como están consignadas en la Constitución de 1991.
Abogados y ambientalistas están preocupados por el destino que pueda tener esa tutela en la Corte, pues varios de los actuales magistrados del alto tribunal tiene estrechos lazos con el sector minero y energético. La magistrada ponente, Cristina Pardo, era secretaria jurídica de la Presidencia cuando se emitieron decretos como el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, porqué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio. Poco después, el Consejo de Estado tumbó el decreto.
Además, el actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando hizo el salto a la Corte. Apenas en octubre del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que desde la Corte ya le están poniendo freno a esos fallos “creo que con la nueva corte este (los derechos ambientales vs. temas mineros) va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.