Así es como campesinos dentro del PNN Paramillo quieren conservar el bosque

“Nosotros queremos cuidar el medio ambiente, porque estamos en uno de los pulmones del mundo”, cuenta Jairo*, uno de los habitantes del municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Él hace parte de las familias campesinas que viven dentro del Parque Nacional Natural (PNN) Paramillo desde hace décadas, y que ahora decidieron pertenecer a un programa de conservación ambiental que quiere reducir la deforestación y los cultivos de uso ilícito dentro del área protegida. ¿En qué consiste y por qué incluir a los campesinos? ¿De qué manera se beneficiarán las familias y a qué se comprometerán a cambio? ¿Y cuáles serán las garantías para que las soluciones se sostengan en el futuro?

“Nosotros queremos cuidar el medio ambiente, porque estamos en uno de los pulmones del mundo”, cuenta Jairo*, uno de los habitantes del municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Él hace parte de las familias campesinas que viven dentro del Parque Nacional Natural (PNN) Paramillo desde hace décadas, y que ahora decidieron pertenecer a un programa de conservación ambiental que quiere reducir la deforestación y los cultivos de uso ilícito dentro del área protegida. ¿En qué consiste y por qué incluir a los campesinos? ¿De qué manera se beneficiarán las familias y a qué se comprometerán a cambio? ¿Y cuáles serán las garantías para que las soluciones se sostengan en el futuro?

El programa de conservación se llama Territorios Forestales Sostenibles (TEFOS) y es implementado por la Embajada Británica en Colombia, con la ejecución del Banco Mundial. Su propósito principal es disminuir la deforestación en nuestro país a través de acciones como reforzar la rama judicial contra los delitos ambientales, actualizar el Catastro Multipropósito, y fomentar economías alternativas y sostenibles para las comunidades que viven en zonas de alta deforestación.

Desde 2021, y en el marco del programa, se han firmado 103 acuerdos de conservación con familias campesinas en el PNN Paramillo. De hecho, el pasado 8 de agosto, se firmó por primera vez un acuerdo de educación ambiental con la Institución Educativa Corazón de María, en el corregimiento de Versalles de San José de Uré. Con él, se quiere mejorar la infraestructura del colegio y fomentar el aprendizaje en sus estudiantes para el cuidado del área protegida, cuya riqueza abarca más de 500 mil hectáreas entre Córdoba y Antioquia.

El PNN Paramillo también alberga selvas tropicales, planos inundables, humedales, páramos, y bosques andinos y subandinos, en los que nacen importantes ríos de nuestro país, como el Sinú. Sin embargo, su ubicación estratégica lo ha convertido en territorio de disputa entre actores armados por el dominio de economías ilícitas, como los cultivos de coca y la deforestación.

Por ejemplo, y como lo contamos hace meses en estas páginas, más de 8.400 hectáreas fueron deforestadas dentro del Paramillo entre 2018 y 2022, según cifras del Instituto de Ambiente, Meteorología e Hidrología (Ideam). Entre los motivos se encuentra la comercialización ilegal de madera, que, según la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ha dejado cerca de $18 mil millones de pesos como resultado. “Por eso, uno de los pilares fundamentales de TEFOS es prevenir la deforestación mediante la conservación de nuestros bosques”, explica Antonio Martínez Negrete, jefe del PNN Paramillo. “Pero, para lograrlo, se debe incentivar a la comunidad dentro del parque, y eso solo se garantiza a través de acuerdos que beneficien a ambas partes”.

El mercado es el cuello de botella

Mucho antes del acuerdo con la Institución Educativa Corazón de María ya se habían logrado 208 caracterizaciones prediales a 217 familias. A grandes rasgos, según Martínez, esto consistió en que funcionarios de Parques Nacionales Naturales analizaran las tierras en las que habitaba cada una, establecer qué sembraban allí, y definir qué nuevos cultivos podrían implementar para recibir la inversión de la Embajada Británica, por un monto de hasta $17 millones de pesos por familia.

A cambio, se pide que restauren el ecosistema en cierta medida. “Por ejemplo, yo me comprometo a sembrar una hectárea de bosque para compensar lo que estoy sembrando”, explica Jairo. “Esto, además, va de la mano con no volver a deforestar con el propósito de sembrar coca”. Eso, hasta ahora, ha logrado que más de 1.400 hectáreas dentro y cerca al parque se encuentren en conservación, recuperación e instalación de sistemas sostenibles.

Además de invertir en sus proyectos, los recursos también se utilizarán para mejorar el saneamiento básico de las veredas, como la construcción de baños que, según Jairo, no estaban en buenas condiciones antes del programa. “Eran hechizos”, explica. “O sea, estaban hechos de madera y, a veces, no contaban con agua para evacuar. Nosotros queríamos mejores condiciones”. Hasta ahora, se han dejado 10 parcialmente listos en Brazo Izquierdo, uno de los corregimientos de San José de Uré. En otro, llamado Saiza, se espera construir 56 más.

Pero, más allá de construir baños, Martínez hace énfasis en lo que él considera un punto clave dentro del acuerdo con la comunidad: que las garantías permanezcan durante el tiempo. Aquí comienza un debate que, en palabras de Martínez y Fernando Alzate, biólogo de la Universidad de Antioquia, ha sido histórico. ¿Deben o no habitar personas dentro de los parques nacionales? “En teoría, no”, responde Alzate. “Ese tipo de áreas protegidas siempre las imaginamos como territorios prístinos donde se hace únicamente conservación de la flora y la fauna. Nuestra ley solo exime de eso a las comunidades indígenas y afro por su ancestralidad”. De hecho, en el Paramillo hay 3 resguardos indígenas.

Pero, según explica Alzate, es difícil cumplir con esa regla a cabalidad en la práctica, “sobre todo porque muchos campesinos ya estaban acá antes de que Paramillo se declarara como Parque Nacional en 1997. Realmente nunca se hizo un esfuerzo por sacarlos y llevarlos a otro sitio, entonces se deben hacer acuerdos para trabajar en conjunto con ellos”. Martínez lo complementa y dice que, incluso, a partir de ese momento, comenzaron a llegar más. “Actualmente, tenemos 23 sectores campesinos”, cuenta.

Algunos de ellos tienen más antigüedad que otros y, también, diferentes condiciones en términos de violencia. Por ejemplo, Jairo todavía recuerda lo que pasó en mayo de 2019, cuando hombres armados asesinaron a dos habitantes del corregimiento de Versalles. Horas después, alrededor de 130 familias se desplazaron del territorio porque temían por su seguridad.

Alzate lo pone en palabras mucho más sencillas: “aunque se ha dicho que nadie puede vivir dentro de los parques, muchos grupos armados -Clan del Golfo, los Caparros y el Frente 18 de las disidencias de las FARC- han visto allí la oportunidad para sus economías ilícitas, como la expansión del narcotráfico porque el Paramillo es un corredor estratégico”.

De hecho, y según el último informe de Parques Nacionales Naturales Cómo Vamos 2023, se estimó que 8.749 hectáreas dentro de 14 parques de Colombia pertenecían al cultivo de coca. De todos ellos, se alertó la situación de Paramillo, “donde se detectó el 24 % (2.099 hectáreas) de las áreas cultivadas de coca en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, con una tendencia de aumento desde 2019″, se lee en el documento.

Ese, según Alzate, es uno de los puntos clave del trabajo de conservación con las comunidades campesinas: ¿cómo, después de que sustituyan sus cultivos de coca, se puede garantizar que sus nuevos cultivos les generen estabilidad económica? “Podemos invertir mucho dinero en sembrar yuca, caucho, cacao y demás frutos que crezcan en el Paramillo, pero la realidad es que, si no se garantiza un mercado y una estabilidad para comercializarlos, los campesinos terminan sembrando coca uno o dos años después de que se les acabe el financiamiento porque no logran encontrar quién les compre. En pocas palabras, el mercado es el cuello de botella de todo el proceso”, cuenta.

Martínez concuerda, pues, según él, muchos proyectos en el pasado han fracasado en su intento de sustitución de cultivos, sobre todo porque San José de Uré es un territorio que hace parte del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que significa que está priorizado tras el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC-EP en 2016. “Acá se han hecho todos los proyectos para sustituir la coca y no han funcionado”, cuenta. “Pero, a partir de eso, nos hemos dado cuenta de que tenemos que crear una infraestructura más robusta para impulsar sus proyectos y que así logren permanecer”.