Banco Mundial se recrimina por Santurbán

El 12 septiembre de 2014, en Washington, Estados Unidos, se llevó a cabo una reunión en la sede del Banco Mundial en la que varias organizaciones ambientales hablaron con representantes de este organismo sobre un tema que los inquietaba: el páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander, en el oriente colombiano. Entre ellas estaban la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Desarrollo Ambiental Internacional (CIEL) y Mining Watch Canada. También el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Se habían reunido para preguntarle a ese organismo por qué había financiado a GreyStar (hoy Eco Oro), la empresa que buscaba explotar oro y plata en ese ecosistema tan frágil. Sus reclamos ya los habían explicado por escrito dos años atrás y hoy por fin recibieron respuesta.

Quien les contestó esta semana fue la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), una suerte de mecanismo que evalúa a un miembro del Banco Mundial que centra su trabajo en el sector privado de países subdesarrollados como Colombia. ¿Su nombre? Corporación Financiera Internacional (IFC). Es una dependencia que, como se lee en su página web, facilita que empresas creen empleos en economías emergentes, esperando mejorar la calidad de vida. Entre su baraja de beneficiarios hay compañías mineras “junior” que hacen descubrimientos relevantes. Como la Minera Quellaveco en Perú o la compañía Eco Oro, que esperaba extraer de Santurbán 12,6 millones de onzas de oro.

Esa corporación fue, justamente, la que motivó el reclamo de las organizaciones ambientales que estuvieron en Washington en 2014. “La ejecución del proyecto estaría en contra de los objetivos que la IFC tiene con sus inversiones”, le escribieron a la CAO en 2012. “Los impactos sociales y ambientales serán muy graves para una comunidad de cerca de dos millones personas”.

Ante sus inquietudes, la CAO decidió examinar con más detalle el proceso de exploración de Santurbán. Empezó a hacerlo en mayo de 2014 y luego de analizar documentos, entrevistar a funcionarios en Bucaramanga y Bogotá y conversar con la sociedad civil, emitió un documento de 55 páginas con sus conclusiones. En ellas muestra que la IFC omitió aspectos claves que debería contemplar cualquier proyecto que entre en la lista de beneficiados del Banco Mundial. Entre estos, una juiciosa evaluación ambiental.

Aunque el listado de conclusiones es extenso, hay varios llamados de atención: “La IFC no incluyó ni analizó información sobre la investigación realizada del 2006 al 2008 por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)”. “La documentación de supervisión de la IFC no incluyó de manera adecuada información sobre el incumplimiento de la compañía con los requisitos ambientales relacionados con el tratamiento de agua ácida, erosión del suelo y deslizamientos observados por la CDMB en el 2010, o su decisión de multar a la compañía por dichas infracciones”. “Los impactos del desarrollo de una mina en términos generales no fueron analizados en ese momento dado el alcance específico del proyecto y fueron considerados sólo cuando se anticipó un problema grave en cuanto a la política”. “La IFC no reflejó la manera en que los miembros de la comunidad afectada entendían los riesgos asociados al proyecto”.

La relación entre Eco Oro y la IFC empezó hace siete años, cuando este organismo comenzó a hacer inversiones bajo la promesa de levantar una gran mina a cielo abierto en Santurbán que entonces era, como dice el documento, “uno de los más grandes depósitos sin explotar a nivel global”. Ese año, la junta directiva de la IFC aprobó US$20 millones y primero hizo una inversión que rondó los US$9,6 millones. En enero de 2010 utilizó warrants para comprar acciones adicionales por un valor de US$4,8 millones. Y el año pasado se hizo con 390.000 acciones más que costaron US$272.256.

Sin embargo, de acuerdo a la CAO, la IFC debió ser un poco más cuidadosa a la hora de invertir ese dinero. Otra de las razones que justifican sus sospechas es que esa participación accionaria se hacía en una compañía que esperaba desarrollar una mina en la que el potencial cumplimiento de “las normas de desempeño de la IFC todavía era incierto debido a la sensibilidad ambiental del lugar”.

Pero si bien es cierto que los efectos de la evaluación no se verán de manera inmediata e incluso podrían no tener un impacto directo en las intenciones de explotar oro en el ecosistema santandereano, este es, sin embargo, en palabras de Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, un gran golpe político para ese proyecto que entró por primera vez en la región en 1994. Desde entonces ha estado en fase de exploración.

“Este informe es muy importante porque cuestiona la inversión del Banco Mundial, que exige unos requisitos ambientales que evidentemente no fueron cumplidos por la IFC”, dice Lozano. “Es muy grave que, pese a las fallas en la evaluación de los riesgos, la IFC haya seguido invirtiendo en el proyecto minero Angostura”, complementa Kris Genovese, de SOMO, Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales, a través de un comunicado.

La IFC, por su parte, reconoce que hay inversiones mineras y sabe que el desarrollo de esta mina en Colombia tendría un impacto ambiental y social que debe ser manejado con mucho más cuidado, particularmente por su cercanía al páramo de Santurbán, como le dijo a El Espectador a través de un correo electrónico. Sin embargo, señala, aún está en etapa de prefactibilidad y no se ha hecho el diseño de la mina. “Desde 2009 hasta febrero de 2015, la IFC hizo una serie de inversiones para apoyar la exploración y factibilidad del proyecto Angostura de Eco Oro, que creemos tiene el potencial para promover su desarrollo sostenible del municipio de California, un empobrecido distrito minero basado en la minería artesanal, y en muchos casos ilegal, para subsistir (…) Una moderna mina regulada traería los beneficios del empleo formal e ingresos para la comunidad y estaría sujeta a los estándares internacionales en relación a las prácticas sociales y ambientales". 

Eco Oro, en respuesta al informe, asegura que por el momento no se pronunciará. ¿La razón? En este momento, tras instaurar una acción legal en marzo de 2016 contra Colombia, esa compañía está en fase de conciliación con el Estado que tiene carácter de confidencialidad. El próximo 7 de septiembre esos diálogos culminarán y, al parecer, de ellos dependerá si la empresa sigue insistiendo, después de más de 20 años, en hacer explotación en Santurbán.

El 12 septiembre de 2014, en Washington, Estados Unidos, se llevó a cabo una reunión en la sede del Banco Mundial en la que varias organizaciones ambientales hablaron con representantes de este organismo sobre un tema que los inquietaba: el páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander, en el oriente colombiano. Entre ellas estaban la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Desarrollo Ambiental Internacional (CIEL) y Mining Watch Canada. También el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Se habían reunido para preguntarle a ese organismo por qué había financiado a GreyStar (hoy Eco Oro), la empresa que buscaba explotar oro y plata en ese ecosistema tan frágil. Sus reclamos ya los habían explicado por escrito dos años atrás y hoy por fin recibieron respuesta.

Quien les contestó esta semana fue la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), una suerte de mecanismo que evalúa a un miembro del Banco Mundial que centra su trabajo en el sector privado de países subdesarrollados como Colombia. ¿Su nombre? Corporación Financiera Internacional (IFC). Es una dependencia que, como se lee en su página web, facilita que empresas creen empleos en economías emergentes, esperando mejorar la calidad de vida. Entre su baraja de beneficiarios hay compañías mineras “junior” que hacen descubrimientos relevantes. Como la Minera Quellaveco en Perú o la compañía Eco Oro, que esperaba extraer de Santurbán 12,6 millones de onzas de oro.

Esa corporación fue, justamente, la que motivó el reclamo de las organizaciones ambientales que estuvieron en Washington en 2014. “La ejecución del proyecto estaría en contra de los objetivos que la IFC tiene con sus inversiones”, le escribieron a la CAO en 2012. “Los impactos sociales y ambientales serán muy graves para una comunidad de cerca de dos millones personas”.

Ante sus inquietudes, la CAO decidió examinar con más detalle el proceso de exploración de Santurbán. Empezó a hacerlo en mayo de 2014 y luego de analizar documentos, entrevistar a funcionarios en Bucaramanga y Bogotá y conversar con la sociedad civil, emitió un documento de 55 páginas con sus conclusiones. En ellas muestra que la IFC omitió aspectos claves que debería contemplar cualquier proyecto que entre en la lista de beneficiados del Banco Mundial. Entre estos, una juiciosa evaluación ambiental.

Aunque el listado de conclusiones es extenso, hay varios llamados de atención: “La IFC no incluyó ni analizó información sobre la investigación realizada del 2006 al 2008 por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)”. “La documentación de supervisión de la IFC no incluyó de manera adecuada información sobre el incumplimiento de la compañía con los requisitos ambientales relacionados con el tratamiento de agua ácida, erosión del suelo y deslizamientos observados por la CDMB en el 2010, o su decisión de multar a la compañía por dichas infracciones”. “Los impactos del desarrollo de una mina en términos generales no fueron analizados en ese momento dado el alcance específico del proyecto y fueron considerados sólo cuando se anticipó un problema grave en cuanto a la política”. “La IFC no reflejó la manera en que los miembros de la comunidad afectada entendían los riesgos asociados al proyecto”.

La relación entre Eco Oro y la IFC empezó hace siete años, cuando este organismo comenzó a hacer inversiones bajo la promesa de levantar una gran mina a cielo abierto en Santurbán que entonces era, como dice el documento, “uno de los más grandes depósitos sin explotar a nivel global”. Ese año, la junta directiva de la IFC aprobó US$20 millones y primero hizo una inversión que rondó los US$9,6 millones. En enero de 2010 utilizó warrants para comprar acciones adicionales por un valor de US$4,8 millones. Y el año pasado se hizo con 390.000 acciones más que costaron US$272.256.

Sin embargo, de acuerdo a la CAO, la IFC debió ser un poco más cuidadosa a la hora de invertir ese dinero. Otra de las razones que justifican sus sospechas es que esa participación accionaria se hacía en una compañía que esperaba desarrollar una mina en la que el potencial cumplimiento de “las normas de desempeño de la IFC todavía era incierto debido a la sensibilidad ambiental del lugar”.

Pero si bien es cierto que los efectos de la evaluación no se verán de manera inmediata e incluso podrían no tener un impacto directo en las intenciones de explotar oro en el ecosistema santandereano, este es, sin embargo, en palabras de Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, un gran golpe político para ese proyecto que entró por primera vez en la región en 1994. Desde entonces ha estado en fase de exploración.

“Este informe es muy importante porque cuestiona la inversión del Banco Mundial, que exige unos requisitos ambientales que evidentemente no fueron cumplidos por la IFC”, dice Lozano. “Es muy grave que, pese a las fallas en la evaluación de los riesgos, la IFC haya seguido invirtiendo en el proyecto minero Angostura”, complementa Kris Genovese, de SOMO, Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales, a través de un comunicado.

La IFC, por su parte, reconoce que hay inversiones mineras y sabe que el desarrollo de esta mina en Colombia tendría un impacto ambiental y social que debe ser manejado con mucho más cuidado, particularmente por su cercanía al páramo de Santurbán, como le dijo a El Espectador a través de un correo electrónico. Sin embargo, señala, aún está en etapa de prefactibilidad y no se ha hecho el diseño de la mina. “Desde 2009 hasta febrero de 2015, la IFC hizo una serie de inversiones para apoyar la exploración y factibilidad del proyecto Angostura de Eco Oro, que creemos tiene el potencial para promover su desarrollo sostenible del municipio de California, un empobrecido distrito minero basado en la minería artesanal, y en muchos casos ilegal, para subsistir (…) Una moderna mina regulada traería los beneficios del empleo formal e ingresos para la comunidad y estaría sujeta a los estándares internacionales en relación a las prácticas sociales y ambientales". 

Eco Oro, en respuesta al informe, asegura que por el momento no se pronunciará. ¿La razón? En este momento, tras instaurar una acción legal en marzo de 2016 contra Colombia, esa compañía está en fase de conciliación con el Estado que tiene carácter de confidencialidad. El próximo 7 de septiembre esos diálogos culminarán y, al parecer, de ellos dependerá si la empresa sigue insistiendo, después de más de 20 años, en hacer explotación en Santurbán.