A la espera de más plata para proteger nuestras áreas protegidas

Aproximadamente el 17% de la superficie terrestre de Colombia y el 30% de su superficie marina, pertenecen a áreas protegidas, aquellos espacios llenos de biodiversidad que aportan soluciones frente al cambio climático, y generan múltiples beneficios naturales como la captura de carbono, la producción de oxígeno, agua y energía, la provisión de alimento y la conservación de las condiciones del suelo.

Solo por mencionar un dato, el 80% del agua que se consume en Bogotá, se debe al estado conservado de los ecosistemas de páramo y bosques andinos que alberga el Parque Nacional Natural Chingaza, una de las 1.511 áreas protegidas que hay actualmente en el país. Además, el 52% de la energía hidroeléctrica que se produce en Colombia utiliza agua que proviene de los Parques Nacionales Naturales (PNN).

Además de la importancia a nivel ambiental, estas áreas hacen un aporte significativo a la economía del país. “Según los estudios de valoración económica realizados por la subdirección de sostenibilidad de negocios ambientales de Parques Nacionales Naturales, estimamos que el aporte por provisión y regulación hídrica a la economía nacional es alrededor del 1.3% del PIB. En general, sumando la producción para el sector agrícola y con la generación hidroeléctrica, estimamos que el aporte es del 2,2% del PIB”, sostiene Nery Londoño, vicepresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Parques Nacionales Naturales (Sintraparques) y Asesora de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de PNN.

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Pese a que las áreas protegidas son esenciales para asegurar el bienestar de los colombianos, la deforestación, por ejemplo, tiene en riesgo a 32 de las 60 que hacen parte del Sistema de PNN, de acuerdo con el informe Parques Cómo Vamos 2021. En estas áreas, este fenómeno está estrechamente relacionado con actividades ilegales como los cultivos ilícitos, minería ilegal, incremento de infraestructura no planificada y mercados de tierras.

Por motivos como esos, es clave asegurar la financiación de estos lugares de tal forma que pueda darse una gestión efectiva de ellos, una buena planificación y esquemas de gobernanza participativos. Con esto, el país podrá contribuir al cumplimiento de las metas de conservación, restauración y manejo ambiental que se ha trazado, entre las que resaltan la protección del 30% de los ecosistemas marinos y el 30% de los ecosistemas terrestres.

El costo de gestionar un área protegida depende de diferentes factores como su tamaño, si es marina o terrestre, el tipo de ecosistemas que protege, su accesibilidad, si confluye con comunidades étnicas y/o campesinas.

En la actualidad, las áreas protegidas del país tienen diferentes fuentes de ingresos. A nivel nacional, está el porcentaje del presupuesto nacional, los ingresos propios que generan los parques por la entrada de visitantes, permisos de filmaciones, sanciones de infractores, porcentajes de compensaciones por generaciones eléctricas o concesiones de agua. A nivel local, a veces los municipios destinan un porcentaje del impuesto predial.

(Lea también: Cop27 | ¿Cómo evitar que la Amazonia llegue a su punto de no retorno?)

Pese a que la variedad de ingresos es amplia, la financiación de las áreas protegidas no es suficiente para darle un manejo efectivo a los casi 50 millones de hectáreas que cubren estas zonas en el país, según Sandra Valenzuela, directora de WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia.

“Las asignaciones presupuestales, tanto del gobierno nacional como las contribuciones voluntarias y obligatorias que se hacen desde los diferentes vehículos financieros que están funcionando, son demasiado bajas. No alcanzan a cubrir los mínimos estándares de efectividad del manejo de las áreas protegidas y de la integración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, dice Valenzuela.

Para Sintraparques, además de la poca asignación presupuestal por parte del gobierno nacional, que para el 2022 es de $186.536 millones, y para 2023 aún no estaba clara la cifra cuando El Espectador habló con PNN, la mala distribución de los recursos es otra problemática que se debe resolver. “A cada área protegida no le llega ni el 1% del presupuesto total destinado a la Entidad en una vigencia, mientras que a cada oficina de las ciudades, sea en Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Villaviencio, les queda en promedio el 5.6% del presupuesto”, sostiene Nery Londoño.

(Lea: COP27 | Colombia hará parte de alianza que impulsa la energía eólica costa afuera)

Ante este panorama, y con el fin de asegurar el manejo efectivo de las áreas protegidas en Colombia a lo largo del tiempo, en 2015 el gobierno nacional, durante la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático, creó el Programa Nacional Herencia Colombia (HeCo), una iniciativa que busca financiar en parte la política para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2030, asegurando la conservación a largo plazo de 29 millones de hectáreas de áreas protegidas terrestres y marinas en el país a través de un mecanismo de financiación para la permanencia que, en junio de este año, logró asegurar los primeros $245 millones de dólares de financiación pública y privada para este fin.

La adecuada financiación de las áreas protegidas permitiría fortalecer la capacidad de las autoridades y la buena gobernanza de los actores estratégicos, mediante un proceso de personal, equipamiento, sistemas de monitoreo en tiempo real, infraestructura, condiciones para los guardaparques y guardabosques tanto públicos como comunitarios que están en estas zonas; generar acuerdos sociales e intersectoriales e implementar inversiones en emprendimientos comunitarios basados en el uso adecuado de los recursos naturales; contribuir a la prevención y control de amenazas como la deforestación; fortalecer la conectividad mediante acciones de restauración; y generar inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, de acuerdo con la directora de WWF Colombia.

Sin embargo, el tema económico no es el único factor que asegura el adecuado manejo de las áreas protegidas. Además, es importante que haya una articulación y coordinación entre las diferentes autoridades públicas, privadas y comunitarias para la generación e implementación de estrategias, por ejemplo, de monitoreo y restauración de ecosistemas, para implementar soluciones basadas en la naturaleza con los diferentes actores en un territorio determinado, ya que, más de 22.000 personas habitan 56 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE.

Aproximadamente el 17% de la superficie terrestre de Colombia y el 30% de su superficie marina, pertenecen a áreas protegidas, aquellos espacios llenos de biodiversidad que aportan soluciones frente al cambio climático, y generan múltiples beneficios naturales como la captura de carbono, la producción de oxígeno, agua y energía, la provisión de alimento y la conservación de las condiciones del suelo.

Solo por mencionar un dato, el 80% del agua que se consume en Bogotá, se debe al estado conservado de los ecosistemas de páramo y bosques andinos que alberga el Parque Nacional Natural Chingaza, una de las 1.511 áreas protegidas que hay actualmente en el país. Además, el 52% de la energía hidroeléctrica que se produce en Colombia utiliza agua que proviene de los Parques Nacionales Naturales (PNN).

Además de la importancia a nivel ambiental, estas áreas hacen un aporte significativo a la economía del país. “Según los estudios de valoración económica realizados por la subdirección de sostenibilidad de negocios ambientales de Parques Nacionales Naturales, estimamos que el aporte por provisión y regulación hídrica a la economía nacional es alrededor del 1.3% del PIB. En general, sumando la producción para el sector agrícola y con la generación hidroeléctrica, estimamos que el aporte es del 2,2% del PIB”, sostiene Nery Londoño, vicepresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Parques Nacionales Naturales (Sintraparques) y Asesora de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de PNN.

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Pese a que las áreas protegidas son esenciales para asegurar el bienestar de los colombianos, la deforestación, por ejemplo, tiene en riesgo a 32 de las 60 que hacen parte del Sistema de PNN, de acuerdo con el informe Parques Cómo Vamos 2021. En estas áreas, este fenómeno está estrechamente relacionado con actividades ilegales como los cultivos ilícitos, minería ilegal, incremento de infraestructura no planificada y mercados de tierras.

Por motivos como esos, es clave asegurar la financiación de estos lugares de tal forma que pueda darse una gestión efectiva de ellos, una buena planificación y esquemas de gobernanza participativos. Con esto, el país podrá contribuir al cumplimiento de las metas de conservación, restauración y manejo ambiental que se ha trazado, entre las que resaltan la protección del 30% de los ecosistemas marinos y el 30% de los ecosistemas terrestres.

El costo de gestionar un área protegida depende de diferentes factores como su tamaño, si es marina o terrestre, el tipo de ecosistemas que protege, su accesibilidad, si confluye con comunidades étnicas y/o campesinas.

En la actualidad, las áreas protegidas del país tienen diferentes fuentes de ingresos. A nivel nacional, está el porcentaje del presupuesto nacional, los ingresos propios que generan los parques por la entrada de visitantes, permisos de filmaciones, sanciones de infractores, porcentajes de compensaciones por generaciones eléctricas o concesiones de agua. A nivel local, a veces los municipios destinan un porcentaje del impuesto predial.

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Pese a que la variedad de ingresos es amplia, la financiación de las áreas protegidas no es suficiente para darle un manejo efectivo a los casi 50 millones de hectáreas que cubren estas zonas en el país, según Sandra Valenzuela, directora de WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia.

“Las asignaciones presupuestales, tanto del gobierno nacional como las contribuciones voluntarias y obligatorias que se hacen desde los diferentes vehículos financieros que están funcionando, son demasiado bajas. No alcanzan a cubrir los mínimos estándares de efectividad del manejo de las áreas protegidas y de la integración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, dice Valenzuela.

Para Sintraparques, además de la poca asignación presupuestal por parte del gobierno nacional, que para el 2022 es de $186.536 millones, y para 2023 aún no estaba clara la cifra cuando El Espectador habló con PNN, la mala distribución de los recursos es otra problemática que se debe resolver. “A cada área protegida no le llega ni el 1% del presupuesto total destinado a la Entidad en una vigencia, mientras que a cada oficina de las ciudades, sea en Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Villaviencio, les queda en promedio el 5.6% del presupuesto”, sostiene Nery Londoño.

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Ante este panorama, y con el fin de asegurar el manejo efectivo de las áreas protegidas en Colombia a lo largo del tiempo, en 2015 el gobierno nacional, durante la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático, creó el Programa Nacional Herencia Colombia (HeCo), una iniciativa que busca financiar en parte la política para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2030, asegurando la conservación a largo plazo de 29 millones de hectáreas de áreas protegidas terrestres y marinas en el país a través de un mecanismo de financiación para la permanencia que, en junio de este año, logró asegurar los primeros $245 millones de dólares de financiación pública y privada para este fin.

La adecuada financiación de las áreas protegidas permitiría fortalecer la capacidad de las autoridades y la buena gobernanza de los actores estratégicos, mediante un proceso de personal, equipamiento, sistemas de monitoreo en tiempo real, infraestructura, condiciones para los guardaparques y guardabosques tanto públicos como comunitarios que están en estas zonas; generar acuerdos sociales e intersectoriales e implementar inversiones en emprendimientos comunitarios basados en el uso adecuado de los recursos naturales; contribuir a la prevención y control de amenazas como la deforestación; fortalecer la conectividad mediante acciones de restauración; y generar inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, de acuerdo con la directora de WWF Colombia.

Sin embargo, el tema económico no es el único factor que asegura el adecuado manejo de las áreas protegidas. Además, es importante que haya una articulación y coordinación entre las diferentes autoridades públicas, privadas y comunitarias para la generación e implementación de estrategias, por ejemplo, de monitoreo y restauración de ecosistemas, para implementar soluciones basadas en la naturaleza con los diferentes actores en un territorio determinado, ya que, más de 22.000 personas habitan 56 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE.