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La constitución del Parque Nacional Natural (PNN) Sierra de la Macarena fue decretada el 1 de septiembre de 1989. Desde entonces, las más de 600.000 hectáreas de su territorio, distribuidas en cinco municipios del departamento del Meta, han permanecido bajo la custodia del Estado. Sin embargo, desde antes de ser declarado un Parque Nacional, en este territorio ya se daban conflictos socioambientales por la posibilidad de habitarlo y los usos a los que deberían destinarse sus suelos. (Le puede interesar: Representando a las niñas rurales: joven del Cauca estará en un comité ante la ONU)
Decenas de familias que viven en el lugar desde hace varias décadas, se han visto afectadas por estos conflictos, que han resultado en la fragmentación de cerca de 54.600 hectáreas, causando también daños en los ecosistemas del lugar. Con el fin de mitigar esta problemática, el Fondo Colombia Sostenible (FCS), alineado con el Gobierno nacional, creó el proyecto “Restauración y Conservación de los Ecosistemas Transformados del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena”. Guiado por la conversación, restauración y aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos que ofrece el territorio, el proyecto busca integrar a las familias que habitan en el PNN y el Distrito de Manejo Integrado Macarena Norte, en esta importante labor.
Luego de realizar un diagnóstico integral, en el que se tuvieron en cuenta las características medioambientales de las hectáreas en las que habitan las familias y sus condiciones socioeconómicas, el proyecto logró establecer Acuerdos de Restauración Ecológica Participativa y Sistemas Sostenibles para la Conservación entre 52 familias y las autoridades ambientales, Parques Nacionales Naturales y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA).
En total, se trata de 1520 hectáreas, distribuidas en 66 fincas, que fueron dispuestas para diferentes fines. Un poco más de 687 hectáreas fueron destinadas a la conservación y la preservación de los bosques, 281 hectáreas a la restauración pasiva o activa y la rehabilitación ecológica, cerca de 370 hectáreas para la recuperación y el manejo sostenible de los sistemas productivos, y un poco más de 182 hectáreas para el aprovechamiento y uso sostenible. (Le recomendamos: Colombia: potencia forestal de América Latina)
La participación de las 52 familias resulta crucial para trabajar en conjunto por la conservación del territorio, pero, también para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida, por medio del uso sostenible de los bosques para obtener productos forestales no maderables. Para lograr la consolidación de estas economías sostenibles, el proyecto contó con una inversión de 700.000 dólares, financiados por el Fondo Colombia Sostenible, con recursos de los Gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, bajo la administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la ejecución del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
“La firma del acuerdo no es el fin. Es un medio que permite resolver algunas tensiones que se han dado históricamente en el territorio. Hay que recordar que en el Parque Sierra de la Macarena, y a su alrededor, habitan familias que llegaron allí mucho antes de la declaratoria de este territorio como área protegida (bajo la figura de Parque Nacional Natural). Ahora, con los acuerdos, las autoridades ambientales pueden tener un fundamento jurídico que permite que las comunidades puedan seguir allí y realizar algunas actividades relacionadas con las áreas protegidas y su función de conservación”, afirma Juan Francisco García Romero, coordinador del proyecto de WWF Colombia.
Los acuerdos cobijaron a familias ubicadas en dos municipios del Meta: Vista hermosa, en las veredas Buenavista y Guadualito; y San Juan de Arama, en las veredas Los Alpes, Bajo Curía y Bocas del Sanza. Así, se realizaron “más de 150 acciones para la restauración, rehabilitación y buen vivir, y la siembra de cerca de 33.000 individuos forestales”, según reportó el Fondo Colombia Sostenible. Dentro de estas acciones se incluyen el aislamiento de bosques por medio de cercas, como parte de su conservación y restauración, conformación de parcelas para la rehabilitación y producción sostenible, y acciones para el mejoramiento del buen vivir de las comunidades, como huertas caseras o mejoras en los sistemas de toma de agua, entre muchas otras, en las que fue fundamental la participación de las familias. (También puede leer: Más de 200 mujeres, certificadas en Putumayo y Caquetá para construir vías terciarias)
“La gobernanza para la conservación de los territorios parte de procesos planificados, participativos y consensuados entre las comunidades, las instituciones, las organizaciones y otros actores con presencia en ellos, en donde se reconozcan las realidades ambientales y socioeconómicas, los roles y responsabilidades, y las oportunidades que giran en torno a las acciones de restauración y uso sostenible de la biodiversidad” asegura Alejandra Sánchez, especialista ambiental de la Unidad Técnica de Coordinación del Fondo Colombia Sostenible, acerca de la importancia de la participación conjunta de todos los actores involucrados en el proceso.
Adicionalmente, por medio de los acuerdos se logró iniciar el fortalecimiento de procesos de producción, que buscan el aprovechamiento sostenible de los recursos de sus territorios. Por un lado, el cacay, planta propia de esta zona del continente y de la que pueden extraerse frutos y aceites para la alimentación, y por el otro, las mieles nativas, con las que además se espera contribuir a los procesos de polinización en los bosques de la Sierra de la Macarena.
En este sentido, todas las organizaciones aliadas del proyecto logran establecer consensos comunitarios. La implementación de los Acuerdos de Restauración Ecológica Participativa y Sistemas Sostenibles para la Conservación demuestra la posibilidad de vivir en armonía entre las comunidades y sus territorios, mejorando sus condiciones de vida y teniendo como pilar de sus sistemas de producción el cuidado y la conservación de los bosques. “La madre naturaleza es aquel árbol que nos da el aire para respirar, nos da la vida, nosotros somos sus administradores. Y, si no lo sabemos hacer, vamos a perder”, asegura ‘el paisa’, campesino de la vereda Buenavista, en el municipio de Vista Hermosa. (También lea: Una esperanza para reducir el hambre y la pobreza rural en Colombia)
Además, las familias involucradas se hacen cargo, a partir de sus propios proyectos productivos, de generar las condiciones necesarias para su buen vivir. Esto permite fortalecer la autonomía de sus comunidades, los procesos de autodeterminación y el sentido de pertenencia por los territorios que habitan. “Con la implementación de acuerdos comunitarios, el empoderamiento de las comunidades locales y los insumos para el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, se contribuyó, con herramientas específicas, a fortalecer la gobernanza de esta área protegida en armonía con los fines del Fondo Colombia Sostenible”, puntualiza Sánchez.
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