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El Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados da origen a 9 cuencas hidrográficas y 19 corrientes que atraviesan sus más de 38.000 hectáreas de extensión. Cinco de estas cuencas abastecen al río Magdalena y las restantes, al río Cauca. Esta red suministra el agua que consumen los dos millones de personas que habitan en el Eje Cafetero y un millón más del Tolima.
Datos que son de conocimiento de las autoridades ambientales de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, departamentos que convergen en la jurisdicción del Parque, pero que desconoce gran parte de la población que se beneficia de esta área protegida. Una problemática que, expuso Johanna Benavides, funcionaria del PNN Los Nevados y que dio paso al intercambio de ideas de los asistentes al panel de conservación del Encuentro por el Agua y la Energía Renovable de Manizales, que organizó de forma virtual la campaña BIBO de El Espectador, en alianza con Isagen y bajo la dirección técnica de WWF.
En este segundo espacio de diálogo (el primer evento se realizó en Medellín a finales de junio) se destacaron las pautas para gestionar el recurso hídrico de manera efectiva, basándose en los logros y desaciertos experimentados en la región. En la charla participaron funcionarios del Ministerio de Ambiente, de Corpocaldas, al igual que voceros de distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan con las comunidades.
“¿Qué vamos a conservar si no conocemos el territorio? Sólo cuando las partes interesadas puedan interactuar con el área protegida y entiendan la importancia de los servicios ecosistémicos que ella presta, se puede aportar en la conservación del agua”, dijo Benavides en su intervención. Para la funcionaria y sus colegas del panel de Conservación, el primer paso es aplicar una estrategia de comunicación, sensibilización y educación ambiental desde las organizaciones ambientales que permita aterrizar los instrumentos para el manejo de cuencas hidrográficas –Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (Pomcas), Planes Estratégicos (PEM)–, entre otros a la realidad de la población que se ve directamente implicada y garantizar su implementación. La actualización de estos instrumentos, aún pendiente en varias zonas de la región, deberá ser una prioridad de la cartera de Ambiente del nuevo gobierno. (También puede leer: Océanos: los compromisos que el mundo ha planteado para asegurar su salud en 2030)
Más allá de que comprendan los conceptos técnicos, se trata de “promover la gobernanza como una estrategia de empoderamiento de los territorios para la conservación”, agregó Mercedes Restrepo, profesional de Programa de Paz del Magdalena Centro, organización que logró recuperar los ecosistemas deforestados alrededor de la cuenca del río Guarinó a través de un Plan de Acción Integral (PAI).
En ese objetivo, explicó Restrepo, los Consejos de Cuencas como instancia consultiva y representativa de la sociedad civil son piezas claves en la consolidación de una gobernanza del agua más robusta, donde se fortalezcan las prácticas sostenibles y haya una apropiación del conocimiento que permita tomar decisiones con impacto positivo a largo plazo. Estas estructuras de gobernanza requieren apoyo para el cumplimiento de su rol.
Por ello los asistentes propusieron, como recomendaciones adicionales, la revisión de la Resolución 0509 de 2013 –que reguló la creación de los Consejos– para que no se limite la participación de actores, que se mida la socialización y comprensión real de los Pomcas por parte de los consejeros y que se analicen mecanismos para que los consejos y sus acciones se sostengan en el tiempo.
Sin estructura no hay proyectos
Para garantizar la seguridad hídrica no basta con trazar metas generales a nivel país y medir a cada población con la misma vara. Es necesario entender los contextos locales, identificar las necesidades de cada territorio y definir las acciones a desarrollar a escala local. Este fue el llamado común que hicieron los voceros de los tres ejes de participación del encuentro.
“Se necesita de un diagnóstico con escalas más detalladas a nivel regional del rendimiento hídrico, porque hay regiones donde hay déficit de agua”, señaló Paola Vásquez, funcionaria de Corpocaldas que representó a la entidad en el panel de Gestión del Uso. Es el caso del municipio La Dorada, que sufre desabastecimiento ocasional, agudizado por las altas temperaturas.
Además, la Corporación ha determinado que el problema no radica en la falta de fuentes hídricas, sino en quién y cómo las administra. Por ejemplo, en la zona rural de Caldas, los afluentes que están en manos de particulares proporcionan acceso mas no calidad de agua. De ahí la intención de avanzar en la compra de predios vitales para los proyectos de restauración de las cuencas y microcuencas, una meta que, según Darío Martínez, portavoz de Aguas de Manizales para el panel de Conservación, tiene un “rezago grandísimo” en la región, lo que dificulta ampliar la recarga hídrica futura.
Otra prioridad es restar presión sobre el recurso hídrico a partir de la creación de estrategias diferenciadoras por uso. Pero el dilema en ello, según los panelistas, está tanto en la estructuración como en los medios de financiamiento de esas estrategias. Preocupación que manifiestan por igual las organizaciones civiles y el sector empresarial. (Le puede interesar: Producir y conservar: el caso de la ganadería en las sabanas inundables de la Orinoquia)
“Se debe mejorar la estructuración de proyectos. Más del 90% de proyectos que se presentan por ventanilla única no logran el concepto de viabilidad en su primera revisión”, aseguró Sandra Londoño, funcionaria de la empresa Aguas de Manizales. Esto obedece a la falta de estudios técnicos, ambientales, sociales, entre otras variables que no son tenidas en cuenta al presentar un proyecto en torno al recurso hídrico que requiere inversión pública. Incluso, cumpliendo con las características mencionadas, los proyectos son negados por el desconocimiento de la Metodología General Ajustada (MGA) que se utiliza para presentar cada propuesta ante los entes territoriales.
De otro lado, Jonathan Rojas precisó que en su experiencia como líder ambiental del municipio de Manzanares ha evidenciado que, si los recursos vienen centralizados desde Minambiente, “los contratos son enormes”, pero se planifican “desde la oficina” y en numerosas ocasiones se ignora el potencial de los distintos tipos de suelos que rodean la totalidad de las cuencas, por lo que las acciones de restauración o conservación no atienden las necesidades.
Respecto a este sentir, el representante de la Dirección Integral de Gestión del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente hizo varias apreciaciones. Primero, reconoció que la MGA no es una herramienta que se adapte a todos los escenarios de formulación de estrategias. “Falta un procedimiento donde se desarrolle más amigablemente la participación de los actores de sociedad civil en materia de desarrollo de proyectos basados en la MGA”, afirmó Oscar Andrés Martínez. En la misma línea, el funcionario expresó que el Ministerio ofrece “asistencia y apoyo técnico” en la creación de proyectos. Ejemplo de ello son las nueve plataformas colaborativas que ha creado la cartera para que los interesados aprendan cómo gestionar el recurso hídrico. Y, por último, dijo que, pese al respaldo que brindan estas plataformas, el grado de participación de los actores disminuye conforme se avanza en la evaluación de los proyectos.
Explorando alternativas para cumplir metas
Los panelistas evaluaron diversas maneras de abordar los desafíos ambientales y sociales que afectan a la región, teniendo en cuenta los objetivos alcanzados y las áreas a reforzar. Estas fueron algunas de las ideas más destacadas:
1. Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) engloban una serie de acciones que, además de promover la gestión sostenible de los recursos y el bienestar de los ecosistemas, abordan las problemáticas sociales que aquejan al ser humano, dando como resultado un beneficio por partida doble. Al hablar de este concepto se evidenció que son una opción a largo plazo porque hay vacíos vigentes en la implementación regional. “Los actores están claros, pero los medios y los mecanismos, no”, resumió Jorge Salazar, experto en la gestión de negocios de la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas). Otros interlocutores también coincidieron en que es un término nuevo y lejano a la política pública que demanda una alta inversión en procesos de investigación para ponerse en práctica. Enunciaron que falta articulación interinstitucional, fortalecer la medición de impacto de las SNB y vincularlas concretamente a la política de economía circular del gobierno entrante.
2. “No solo es conservar para proteger, también debemos conservar para producir”, explicó Patricia García, ingeniera forestal de Corpocaldas. En esta alternativa se plantea la intervención de los predios, la instalación de obras de bioingeniería y reconversión productiva para reducir la vulnerabilidad de los terrenos. (Le recomendamos: Crean índice para medir la conectividad de las áreas protegidas del mundo)
3. Ponerle la lupa a las transferencias del sector energético: el 6% de las ventas brutas de energía, en el caso de las hidroeléctricas, debe ser destinado a proteger las fuentes hídricas. Las empresas generadoras pagan esa contribución, pero aún queda el desafío de verificar cómo se están invirtieron los recursos. Los municipios, las corporaciones autónomas y Parques Nacionales Naturales reciben millonarios recursos. ¿Qué proyectos se adelantaron con ellos?
4. Proyección de proyectos solares: a diferencia de un referente como La Guajira, el departamento de Caldas emite radiaciones solares menos potentes. No obstante, se perfila con potencial para generar energía solar, dado que se necesita la inversión de un capital inferior en la construcción de la infraestructura de transmisión. En el municipio de La Dorada se licenciaron dos proyectos de generación de energía con módulos fotovoltaicos, uno licenciado por la ANLA y otro, por Corpocaldas.
Este es el segundo de cinco Encuentros Regionales por el Agua y la Energía Renovable que habrá este año en el marco de la campaña BIBO. Bucaramanga, La Guajira y Villavicencio serán el epicentro de las siguientes conversaciones virtuales. En noviembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional en Bogotá, que recogerá los hallazgos de la gira regional para generar recomendaciones de política en agua y energía para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.