El camino hacia un campo colombiano más sostenible
Tanto la Unión Europea como el Gobierno colombiano se han comprometido a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Lograrlo, implica fortalecer las políticas públicas del agro y del medio ambiente para impulsar zonas rurales más sostenibles en el país. Así colaboran ambos para cumplir estas metas.
Redacción Bibo
Cuando se habla de la lucha contra el cambio climático, la solución que nos viene a la mente es resolver el mayor problema que lo causa: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para frenar el aumento de la temperatura del planeta. En 2020, el Gobierno de Colombia se propuso la meta de reducir en un 51% estas emisiones al llegar el 2030 y cumplir con el Acuerdo de París. Además, anunció que buscará ser carbono neutro para 2050. (Le puede interesar: Andar en bici, ¿es suficiente si queremos detener el cambio climático?)
Cumplir con estas metas, implica acentuar las medidas de mitigación y adaptación que están en marcha, medidas que deben impulsarse de manera articulada y sinérgica entre diferentes sectores e instituciones, principalmente, entre los de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Agricultura y Desarrollo Rural. Este propósito nacional está descrito en el Pacto transversal por la Sostenibilidad “Producir conservando, conservar produciendo” del Plan de Desarrollo Nacional – PND (2018-2022).
El accionar a favor del clima no responde solamente a una prioridad nacional. A nivel global, también se están implementando estrategias para mitigar esta problemática, y una de las más ambiciosas es la de la Unión Europea (UE) denominada Green Deal (Pacto Verde).
Dicha iniciativa de crecimiento económico y competitividad de la UE reconoce que es necesario poner a la naturaleza en el centro de nuestras vidas. Para implementarla, la UE propone cambios en todos los sectores, desde movilidad y energía, hasta la manera en que producimos y consumimos los alimentos de cada día.
Es un plan de largo plazo que también impulsa la economía limpia y circular, reducir la contaminación, aumentar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y reconversión de los sistemas productivos rurales, a través de la estrategia “De la Granja a la Mesa (Farm to Fork)”.
La iniciativa promueve sistemas alimentarios que sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, a través de la transición hacia una producción agroecológica, disminución de la alta dependencia a insumos de síntesis química, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y la mejorar la trazabilidad para asegurar la inocuidad en la cadena alimenticia. (Le sugerimos: Todo sobre medio ambiente y la campaña Bibo)
Los caminos de la UE y Colombia frente a la crisis climática, de biodiversidad y de reactivación socioeconómica pospandemia están unidos y ligados por dos razones. La primera es que ambos tienen el mismo propósito: mitigar el cambio climático impulsando el desarrollo rural sostenible. La segunda, porque la Unión Europea cree en Colombia (#UECreeEnColombia), y lo ve como un país con un enorme potencial de convertirse en modelo de desarrollo sostenible para sus vecinos y demás países del continente.
El país no está solo en esto. De acuerdo con Johny Ariza, Oficial de Cooperación de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Unión Europea en Colombia, “la UE continuará apoyando los esfuerzos del país para consolidar un sistema agroalimentario sólido más sostenible ambientalmente, en el que se valore la conservación y el uso de la enorme biodiversidad, pero que genere competitividad, productividad, ingresos y empleos en el campo colombiana”.
Así como promover en los productores colombianos el aprovechar al máximo el Acuerdo Comercial UE-Colombia. Además, para Ariza, también es fundamental que estas estrategias tengan en cuenta a las comunidades, “sin dejar a nadie atrás y con claras contribuciones para el desarrollo regional y la construcción de la paz”.
Para alcanzar estos compromisos y lograr el cumplimiento de las políticas públicas en el marco del Plan de Desarrollo Nacional, la UE le brinda a Colombia dos tipos de apoyo. Primero, trasfiere recursos a los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, a través de los programas de Apoyo Presupuestario “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial fase II” (DRET II) y “Desarrollo Local Sostenible fase II” (DLS II).
El segundo aporte de la UE, a través del mecanismo de Asistencia Técnica, suma esfuerzos técnicos y financieros por seis millones de euros hasta el 2023. Con este apoyo, se busca impulsar acciones para mejorar la gestión y la capacidad institucional de los sectores de Agricultura y Medio Ambiente. Pero ¿quiénes y qué conforman esta suma de esfuerzos?
Tres actores, una alianza colaborativa
Son tres las organizaciones que acompañan al gobierno colombiano en su camino hacia el desarrollo rural más sostenible. De acuerdo con Luca De Paoli, responsable de la Agencia Italiana de la Cooperación para el Desarrollo (AICS por sus siglas en italiano) en Colombia, “la implementación de este programa de Asistencia Técnica se garantiza a través de un mecanismo tripartito que coordina y articula la UE, la AICS y la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
Cada una de las tres organizaciones aporta al proceso su conocimiento, experiencia técnica, recursos económicos y estrategias diferentes que, al unirse, crean una visión más integral y enriquecida, necesaria para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto”.
Dos valores agregados que pueden hacer la diferencia
Un primer valor agregado que incluye el programa de AT al DRET II es la implementación de la agenda interministerial, acordada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Agricultura y Desarrollo Rural. Desde esta, se espera que ambas entidades puedan articular e implementar políticas públicas de manera integral que contribuirían a un desarrollo rural sostenible.
Algunas de estas políticas priorizadas son: Inclusión Social y Productiva, Mujer Rural, Crédito y Extensión Agropecuaria, Asociatividad Rural y Comercialización Agrícola; así como las relacionadas a los Negocios Verdes, la Bioeconomía, el Gasto y financiamiento ambiental, Servicios Ambientales, Economía Circular y Sistemas de Áreas Protegidas (puede ver todas las políticas públicas en la infografía al pie del artículo).
El segundo valor agregado al que le apuesta la AT, es que todas las acciones propuestas se orienten a materializar el desarrollo rural con enfoque territorial. El propósito de éste es que se fortalezcan las plataformas de diálogo con la sociedad civil, quienes participan e inciden en el ámbito sectorial del desarrollo rural y del medio ambiente.
De acuerdo con Marcos Rodríguez Fazzone, Economista Senior del Área de Desarrollo Rural y Mercados Inclusivos de la FAO en Colombia, a través de este enfoque se espera que “la acción de la Asistencia Técnica permita fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, apoyar la territorialización y la apropiación de las principales políticas e instrumentos dirigidos al campo colombiano, garantizando al mismo tiempo, una mejor articulación y diálogo interinstitucional”.
La AT no solamente brinda una asistencia técnica con fortalecimiento institucional, sino que también busca trabajar de la mano con los territorios y las comunidades rurales. ¿Cuáles son, entonces, esas acciones por parte de la AT que trazarán mejoras en el camino hacia el desarrollo más sostenible en Colombia?
Treinta acciones, un mismo objetivo: un nuevo ADN para el campo colombiano
Luego de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Ambiente y Agricultura, la AICS, UE y FAO se identificaron y priorizaron las primeras treinta acciones relevantes para iniciar la Asistencia Técnica (ver infografía al final de este artículo). En esta priorización también “participaron las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que hacen parte de la plataforma de diálogo promovida por la UE y sus Estados miembros”, expresó De Paoli.
Dentro de dichas acciones del sector ambiente están, por ejemplo, el apoyo para el cumplimiento de la meta de verificación de los negocios verdes a nivel nacional. De acuerdo con De Paoli, desde la AT “se acompaña en la implementación de una agenda estratégica e innovadora que sensibilice y promueva el mayor consumo de productos provenientes de sistemas orgánicos, biológicos y de agroecología, especialmente en ecosistemas estratégicos, de alta deforestación o en municipios PDET”. (Lea también: Si queremos conservar el planeta, ¿qué hacemos con el plástico?)
En línea con lo anterior, también hay acciones priorizadas en pro de la economía circular y bioeconomía, estrategias que fueron establecidas en la Política de Crecimiento Verde, consignada en el CONPES 3934 de 2018. Algunas de las nuevas oportunidades de negocio identificadas son, por ejemplo, el aprovechamiento de la biomasa residual que genera el sector agropecuario.
“El potencial de esta biomasa residual para generar valor, empleos y sostenibilidad ambiental es muy alto y los niveles de aprovechamiento en Colombia tienen un amplio margen de mejora”, afirmó Ariza, de la Unión Europea.
Respecto a las acciones del sector rural, la Asistencia Técnica, entre otras, en correspondencia con la Política Pública de Mujer Rural, impulsará la participación de mujeres y jóvenes rurales en la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, a través del diseño de una estrategia de promoción. Asimismo, otra acción destinada a los pequeños y medianos productores para la generación de mejores ingresos es el fortalecimiento de su asociatividad rural.
Esta acción surge de la apuesta por enfrentar las bajas cifras de asociación de organizaciones en el país, ya que, por ejemplo, el 73,7% de los productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC) declara no pertenecer a ninguna asociación (puede ver las acciones más relevantes de ambos sectores en la infografía al final de este artículo).
Seis millones de euros: la contribución económica para la puesta en marcha de la Asistencia Técnica
“Durante 3 años y hasta el 31 diciembre del 2023, la Asistencia Técnica contará con una contribución de 6.000.000 euros”, así lo aseguró Luca De Paoli. La UE, AICS y FAO, con este presupuesto, esperan alcanzar tres objetivos.
Primero, que el sector agricultura establezca estrategias de articulación institucional, implementación, y promoción de alianzas público – privadas en el marco de las políticas públicas priorizadas para el desarrollo rural. Segundo, que tanto el Ministerio de Ambiente como el de Agricultura, avancen en la implementación de la agenda interministerial y tercero, “que los sectores agricultura, ambiente y entidades locales estén instrumentalizado las políticas públicas priorizadas con enfoque territorial, fortaleciendo los vínculos nación- región”, añadió De Paoli.
Si estos tres objetivos se cumplen, se habrá logrado el propósito: apoyar la ruta trazada por Colombia hacia el desarrollo rural sostenible, y así, avanzar hacia un futuro en el que la mitigación del cambio climático se haga efectiva; no solo a nivel nacional, sino global.
Sin embargo, este camino no puede solamente contar con los pasos del gobierno nacional y el apoyo de la UE. En la ruta también debe caminar la ciudadanía colombiana, a través de su acción responsable frente a su enorme patrimonio ambiental, para que la suma de los esfuerzos sea más grande y el propósito más cercano.
Cuando se habla de la lucha contra el cambio climático, la solución que nos viene a la mente es resolver el mayor problema que lo causa: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para frenar el aumento de la temperatura del planeta. En 2020, el Gobierno de Colombia se propuso la meta de reducir en un 51% estas emisiones al llegar el 2030 y cumplir con el Acuerdo de París. Además, anunció que buscará ser carbono neutro para 2050. (Le puede interesar: Andar en bici, ¿es suficiente si queremos detener el cambio climático?)
Cumplir con estas metas, implica acentuar las medidas de mitigación y adaptación que están en marcha, medidas que deben impulsarse de manera articulada y sinérgica entre diferentes sectores e instituciones, principalmente, entre los de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Agricultura y Desarrollo Rural. Este propósito nacional está descrito en el Pacto transversal por la Sostenibilidad “Producir conservando, conservar produciendo” del Plan de Desarrollo Nacional – PND (2018-2022).
El accionar a favor del clima no responde solamente a una prioridad nacional. A nivel global, también se están implementando estrategias para mitigar esta problemática, y una de las más ambiciosas es la de la Unión Europea (UE) denominada Green Deal (Pacto Verde).
Dicha iniciativa de crecimiento económico y competitividad de la UE reconoce que es necesario poner a la naturaleza en el centro de nuestras vidas. Para implementarla, la UE propone cambios en todos los sectores, desde movilidad y energía, hasta la manera en que producimos y consumimos los alimentos de cada día.
Es un plan de largo plazo que también impulsa la economía limpia y circular, reducir la contaminación, aumentar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y reconversión de los sistemas productivos rurales, a través de la estrategia “De la Granja a la Mesa (Farm to Fork)”.
La iniciativa promueve sistemas alimentarios que sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, a través de la transición hacia una producción agroecológica, disminución de la alta dependencia a insumos de síntesis química, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y la mejorar la trazabilidad para asegurar la inocuidad en la cadena alimenticia. (Le sugerimos: Todo sobre medio ambiente y la campaña Bibo)
Los caminos de la UE y Colombia frente a la crisis climática, de biodiversidad y de reactivación socioeconómica pospandemia están unidos y ligados por dos razones. La primera es que ambos tienen el mismo propósito: mitigar el cambio climático impulsando el desarrollo rural sostenible. La segunda, porque la Unión Europea cree en Colombia (#UECreeEnColombia), y lo ve como un país con un enorme potencial de convertirse en modelo de desarrollo sostenible para sus vecinos y demás países del continente.
El país no está solo en esto. De acuerdo con Johny Ariza, Oficial de Cooperación de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Unión Europea en Colombia, “la UE continuará apoyando los esfuerzos del país para consolidar un sistema agroalimentario sólido más sostenible ambientalmente, en el que se valore la conservación y el uso de la enorme biodiversidad, pero que genere competitividad, productividad, ingresos y empleos en el campo colombiana”.
Así como promover en los productores colombianos el aprovechar al máximo el Acuerdo Comercial UE-Colombia. Además, para Ariza, también es fundamental que estas estrategias tengan en cuenta a las comunidades, “sin dejar a nadie atrás y con claras contribuciones para el desarrollo regional y la construcción de la paz”.
Para alcanzar estos compromisos y lograr el cumplimiento de las políticas públicas en el marco del Plan de Desarrollo Nacional, la UE le brinda a Colombia dos tipos de apoyo. Primero, trasfiere recursos a los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, a través de los programas de Apoyo Presupuestario “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial fase II” (DRET II) y “Desarrollo Local Sostenible fase II” (DLS II).
El segundo aporte de la UE, a través del mecanismo de Asistencia Técnica, suma esfuerzos técnicos y financieros por seis millones de euros hasta el 2023. Con este apoyo, se busca impulsar acciones para mejorar la gestión y la capacidad institucional de los sectores de Agricultura y Medio Ambiente. Pero ¿quiénes y qué conforman esta suma de esfuerzos?
Tres actores, una alianza colaborativa
Son tres las organizaciones que acompañan al gobierno colombiano en su camino hacia el desarrollo rural más sostenible. De acuerdo con Luca De Paoli, responsable de la Agencia Italiana de la Cooperación para el Desarrollo (AICS por sus siglas en italiano) en Colombia, “la implementación de este programa de Asistencia Técnica se garantiza a través de un mecanismo tripartito que coordina y articula la UE, la AICS y la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
Cada una de las tres organizaciones aporta al proceso su conocimiento, experiencia técnica, recursos económicos y estrategias diferentes que, al unirse, crean una visión más integral y enriquecida, necesaria para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto”.
Dos valores agregados que pueden hacer la diferencia
Un primer valor agregado que incluye el programa de AT al DRET II es la implementación de la agenda interministerial, acordada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Agricultura y Desarrollo Rural. Desde esta, se espera que ambas entidades puedan articular e implementar políticas públicas de manera integral que contribuirían a un desarrollo rural sostenible.
Algunas de estas políticas priorizadas son: Inclusión Social y Productiva, Mujer Rural, Crédito y Extensión Agropecuaria, Asociatividad Rural y Comercialización Agrícola; así como las relacionadas a los Negocios Verdes, la Bioeconomía, el Gasto y financiamiento ambiental, Servicios Ambientales, Economía Circular y Sistemas de Áreas Protegidas (puede ver todas las políticas públicas en la infografía al pie del artículo).
El segundo valor agregado al que le apuesta la AT, es que todas las acciones propuestas se orienten a materializar el desarrollo rural con enfoque territorial. El propósito de éste es que se fortalezcan las plataformas de diálogo con la sociedad civil, quienes participan e inciden en el ámbito sectorial del desarrollo rural y del medio ambiente.
De acuerdo con Marcos Rodríguez Fazzone, Economista Senior del Área de Desarrollo Rural y Mercados Inclusivos de la FAO en Colombia, a través de este enfoque se espera que “la acción de la Asistencia Técnica permita fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, apoyar la territorialización y la apropiación de las principales políticas e instrumentos dirigidos al campo colombiano, garantizando al mismo tiempo, una mejor articulación y diálogo interinstitucional”.
La AT no solamente brinda una asistencia técnica con fortalecimiento institucional, sino que también busca trabajar de la mano con los territorios y las comunidades rurales. ¿Cuáles son, entonces, esas acciones por parte de la AT que trazarán mejoras en el camino hacia el desarrollo más sostenible en Colombia?
Treinta acciones, un mismo objetivo: un nuevo ADN para el campo colombiano
Luego de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Ambiente y Agricultura, la AICS, UE y FAO se identificaron y priorizaron las primeras treinta acciones relevantes para iniciar la Asistencia Técnica (ver infografía al final de este artículo). En esta priorización también “participaron las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que hacen parte de la plataforma de diálogo promovida por la UE y sus Estados miembros”, expresó De Paoli.
Dentro de dichas acciones del sector ambiente están, por ejemplo, el apoyo para el cumplimiento de la meta de verificación de los negocios verdes a nivel nacional. De acuerdo con De Paoli, desde la AT “se acompaña en la implementación de una agenda estratégica e innovadora que sensibilice y promueva el mayor consumo de productos provenientes de sistemas orgánicos, biológicos y de agroecología, especialmente en ecosistemas estratégicos, de alta deforestación o en municipios PDET”. (Lea también: Si queremos conservar el planeta, ¿qué hacemos con el plástico?)
En línea con lo anterior, también hay acciones priorizadas en pro de la economía circular y bioeconomía, estrategias que fueron establecidas en la Política de Crecimiento Verde, consignada en el CONPES 3934 de 2018. Algunas de las nuevas oportunidades de negocio identificadas son, por ejemplo, el aprovechamiento de la biomasa residual que genera el sector agropecuario.
“El potencial de esta biomasa residual para generar valor, empleos y sostenibilidad ambiental es muy alto y los niveles de aprovechamiento en Colombia tienen un amplio margen de mejora”, afirmó Ariza, de la Unión Europea.
Respecto a las acciones del sector rural, la Asistencia Técnica, entre otras, en correspondencia con la Política Pública de Mujer Rural, impulsará la participación de mujeres y jóvenes rurales en la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, a través del diseño de una estrategia de promoción. Asimismo, otra acción destinada a los pequeños y medianos productores para la generación de mejores ingresos es el fortalecimiento de su asociatividad rural.
Esta acción surge de la apuesta por enfrentar las bajas cifras de asociación de organizaciones en el país, ya que, por ejemplo, el 73,7% de los productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC) declara no pertenecer a ninguna asociación (puede ver las acciones más relevantes de ambos sectores en la infografía al final de este artículo).
Seis millones de euros: la contribución económica para la puesta en marcha de la Asistencia Técnica
“Durante 3 años y hasta el 31 diciembre del 2023, la Asistencia Técnica contará con una contribución de 6.000.000 euros”, así lo aseguró Luca De Paoli. La UE, AICS y FAO, con este presupuesto, esperan alcanzar tres objetivos.
Primero, que el sector agricultura establezca estrategias de articulación institucional, implementación, y promoción de alianzas público – privadas en el marco de las políticas públicas priorizadas para el desarrollo rural. Segundo, que tanto el Ministerio de Ambiente como el de Agricultura, avancen en la implementación de la agenda interministerial y tercero, “que los sectores agricultura, ambiente y entidades locales estén instrumentalizado las políticas públicas priorizadas con enfoque territorial, fortaleciendo los vínculos nación- región”, añadió De Paoli.
Si estos tres objetivos se cumplen, se habrá logrado el propósito: apoyar la ruta trazada por Colombia hacia el desarrollo rural sostenible, y así, avanzar hacia un futuro en el que la mitigación del cambio climático se haga efectiva; no solo a nivel nacional, sino global.
Sin embargo, este camino no puede solamente contar con los pasos del gobierno nacional y el apoyo de la UE. En la ruta también debe caminar la ciudadanía colombiana, a través de su acción responsable frente a su enorme patrimonio ambiental, para que la suma de los esfuerzos sea más grande y el propósito más cercano.