Este domingo 7 de julio empezará la prohibición de ocho plásticos de un solo uso en Colombia, pues comenzará a regir una normativa, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para esa cartera, marcará el camino para “cerrar el ciclo nocivo que ha significado, en los ecosistemas y en la sociedad, la producción y el uso masivo y no responsable de estos productos”.
Los artículos que no podrán utilizarse están fabricados a base de plástico y han sido diseñados para ser usados solo una vez. Según lo contemplado por la Ley 2232 de 2022, no podrán ser comercializados ni utilizados en el país. Entre ellos se encuentran pitillos para bebidas, mezcladores, bolsas de lavandería y para el transporte de alimentos al granel, soportes plásticos para las bombas de inflar, bases plásticas de los copitos de algodón, hisopos flexibles con puntas de algodón, entre otros.
En términos un poco más precisos, estos plásticos son definidos, según el Ministerio de Ambiente, como “aquellos productos de plástico que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue el consumidor”.
De acuerdo con esa cartera, se trata “de la principal apuesta del Gobierno Nacional para reducir la producción y el consumo de estos elementos, así como para implementar la sustitución gradual de alternativas sostenibles en el mercado nacional e impulsar la economía circular”.
La implementación de la ley se hará a través de la Resolución 0803, que establece medidas claves en la transición de Colombia hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso, para la cual se darán 12 meses para que los productores y consumidores se ajusten a las nuevas reglas. Además, fija las alternativas sostenibles para su reemplazo, la responsabilidad extendida del consumidor, las directrices administrativas para las entidades públicas y el régimen de transición para las bolsas plásticas distribuidas en los cajeros y puntos de pago.
“La resolución incita a los consumidores a cambiar hacia la alternativa del uso. Hay un poder muy importante de los ciudadanos de dejar de utilizar estos elementos y empezar a pensar en un reemplazo”, aseguró la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
La reglamentación define que, para permanecer en el mercado, los productos prohibidos deben presentar alternativas sostenibles enfocadas en la biodegradabilidad y compostabilidad en condiciones ambientales naturales; ser fabricados con 100 % de materia prima reciclada de fuente nacional, y su aprovechamiento debe ser del 100 % de la misma resina o mezcla de resinas de los productos puestos en el mercado.
La idea de estas acciones es que se implementen plenamente para 2026, y así el país transite un camino que permita dejar de usar un material que ya está o ha llegado incluso al cuerpo humano. Varias investigaciones han detectado microplásticos en algunos órganos humanos, aunque falta tiempo para entender con más precisión cuál podría ser su efecto.
Esta nueva norma, además, se suma al “Pacto por la disminución y sustitución de plásticos y elementos de un solo uso”, que se firmó el pasado 21 de noviembre de 2023 y que busca fortalecer la cadena de valor del plástico, la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector, así como fortalecer el financiamiento y los recursos disponibles.
¿Qué busca la ley?
Los retos para controlar el uso de plásticos en el mundo tienen que ver, en gran parte, por sus características, pues a diferencia de otros materiales, este no se biodegrada rápidamente: puede permanecer en el medio ambiente durante cientos de años.
Solo en el caso de Colombia, según cifras del DANE, se usan aún en promedio 1.885 bolsas plásticas por minuto. Además, se producen 1,4 millones de toneladas de plástico cada año, lo que equivale a seis veces el peso del crucero más grande del mundo.
En el mundo, por su parte, al año, se estima que 6,1 millones de toneladas de residuos plásticos se filtraron en los medios acuáticos y, de estas, 1,7 fluyeron hacia los océanos. En la actualidad, se calcula que hay 30 millones de toneladas de residuos plásticos en los mares y océanos, y otros 109 se han acumulado en los ríos.
La acumulación de plásticos en los ríos implica, según informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que las filtraciones hacia los océanos continuarán durante décadas, incluso si se logran reducir significativamente los residuos plásticos gestionados de manera inadecuada.
Esto último es gran parte del problema debido a que, según cifras oficiales, cerca del 22 % de los plásticos se gestionan de manera inadecuada y se convierten en basura a nivel mundial.
Por otra parte, la producción de plásticos también es un factor causante de la crisis climática. La producción de plástico, que se fabrica a partir de combustibles fósiles, como el petróleo crudo, que se transforman mediante calor y diversos aditivos en un polímero, es uno de los procesos de fabricación más intensivos en energía del mundo. Solo en 2019, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unep), los plásticos generaron 1.800 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero, el 3,4 % del total mundial.
Ante este panorama, ¿qué busca la ley? Para frenar el uso de plásticos de un solo uso en el país. esta norma busca impactar el sector de envases y empaques, que produce el 36 % de todos los plásticos —lo que lo convierte en el mayor generador de desechos plásticos de un solo uso—, de los cuales el 85 % acaban en rellenos o como residuos gestionados de forma inadecuada, según cifras de la Unep.
Por ello, se empezarán a prohibir los ocho productos de uso cotidiano, aunque habrá excepciones. Por ejemplo, se continuarán usando los plásticos de un solo uso destinados y usados para propósitos médicos por razones de asepsia e higiene. También los que se utilizan para el transporte de químicos potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente, para servicios de personas con discapacidad, para productos cuyos sustitutos tengan un impacto ambiental y humano mayor al original, o aquellos producidos con materia prima plástica reciclada proveniente de material posconsumo nacional, entre otros.
Por otra parte, para aquellos productos que no se encuentran explícitamente mencionados, el Ministerio de Ambiente aclaró que estos “plásticos de un solo uso deberán ser incorporados por el productor o importador en los procesos productivos dentro del cierre de ciclos del modelo de economía circular y de responsabilidad extendida del productor. Para hacerlo, se deberán realizar planes de gestión de residuos “previstos en la normativa vigente en materia de gestión de residuos posconsumo de envases y empaques”.
Hacia el desarrollo de alternativas y la economía circular
Uno de los puntos centrales de la estrategia que propone el Gobierno Nacional es impulsar y facilitar el desarrollo de alternativas disponibles, que son entendidas como materiales no plásticos reutilizables o biodegradables, o aquellos elaborados en un proceso de reciclaje efectivo, que cuentan con una cadena de valor debidamente constituida que permite su aprovechamiento.
Para asegurarse de que los procesos se realicen de manera efectiva, los productores tendrán que obtener una certificación. Por ejemplo, la “Acción 100″, en la que se debe asegurar la recuperación de por lo menos el 100 % del plástico puesto en el mercado de su propio tipo de producto, o de un producto realizado con la misma mezcla de polímeros de su producto.
La ley no otorga este beneficio a quienes introduzcan en el mercado, comercialicen o distribuyan los plásticos de un solo uso que se prohibirán a partir del 7 de julio de 2024.
El Ministerio de Ambiente viene, además, preparando una serie de normativas complementarias que buscan reglamentar partes de la ley, como el fomento de estas estrategias desde las compras públicas del Estado.
Asimismo, se encuentra en una fase final un decreto que busca dar las reglas de juego para el Certificado de Economía Circular (CEC) para impulsar la recolección, el aprovechamiento y la incorporación de materiales reciclados en nuevos productos, a través de una exención al impuesto a los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
Desde la cartera de Ambiente también se avanza en mesas de trabajo para construir el Plan de Reconversión Productiva y Adaptación Laboral, para definir las alternativas de los productos plásticos de un solo uso, cuyos sustitutos demuestren un menor impacto ambiental, teniendo en cuenta métodos de reciclabilidad, compostabilidad, biodegradabilidad, retornabilidad, reutilización, entre otros.
“Se ha gestionado con los ministerios de Comercio, Trabajo y TIC, junto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Confecámaras, una mesa de trabajo que permita la obtención de información relevante de la industria del sector plástico para fortalecer el diagnóstico del plan de reconversión productiva y adaptación laboral, y la política nacional para la sustitución del plástico de un solo uso”, informó el Ministerio de Ambiente.
Otro de los puntos en los que se avanza es la Política Nacional de Sustitución del Plástico de un Solo Uso, en la que, a la fecha, se ha logrado la formulación y aprobación de la iniciativa de política, el plan operativo en el marco del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio y se ha consolidado un documento inicial que será puesto a consideración de los sectores de la sociedad interesados, para recibir sus insumos, realizar los ajustes pertinentes y expedir la política durante 2024.
Con la suma de estas acciones se espera avanzar en la transición a un nuevo modelo circular que permita utilizar las bondades de los plásticos y de otros productos sin que estos comprometan la vida en el planeta tal y como los conocemos.