Compras públicas locales, un beneficio para la agricultura familiar en Colombia

En un esfuerzo continuo por fortalecer el vínculo entre productores locales y el mercado público de alimentos, se ha dado un importante paso hacia la validación y mejora del instrumento de caracterización y registro de productores y organizaciones del Cesar. Este instrumento tiene como objetivo fortalecer y mejorar el proceso de compras públicas locales de alimentos pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC), en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020, que promueve el apoyo a la agricultura local y la seguridad alimentaria.

La Ley 2046 busca impulsar la economía local y mejorar el acceso a alimentos frescos y saludables, estableciendo que todas las entidades públicas, privadas y mixtas que manejen recursos públicos deben comprar alimentos a los productores locales, con por lo menos el 30% del presupuesto destinado a esas compras.

En este contexto, el instrumento de caracterización ha sido diseñado para identificar de manera exhaustiva las capacidades y necesidades de los productores y organizaciones involucradas en la cadena de suministro alimentario. Así como procurar que los operadores que se ganan las licitaciones puedan identificar, desde lo municipal, los productores y su capacidad de respuesta (cantidades, calidades y tipo de producto), de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Sin embargo, para confirmar la utilidad de este, se realizó un piloto en el municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar) liderado por la Agencia de Desarrollo Económico Local de la Zapatosa (Adel Zapatosa) y que hace parte del proyecto Rutas Territoriales impulsado por el Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II) de la Unión Europea (UE), la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el fin de fortalecer la gestión y la capacidad institucional de los sectores de Agricultura y Ambiente en el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo rural sostenible y territorial en Colombia.

“Se hizo un ejercicio de validación de encuestas con algunos productores de manera individual y otros en esquema asociativo, para poder revisar las preguntas, hacer ajustes, tener un análisis de la receptibilidad de la gente frente a la misma y lograr en este momento pensarse en hacer la apertura formal de la herramienta “Mi Registro Rural”, que es un instrumento que está sacando el Ministerio de Agricultura para que la gente se pueda registrar y acceder a la compra pública local agroalimentaria mediante la ley 2046″, afirma Carlos Martínez, experto del sector agricultura del Programa DRET II.

“El proyecto adelantado por la Adel Zapatoza, en el que participaron 170 productores individuales y 10 asociados a organizaciones de ACFC, contempló dos grandes componentes: uno que tiene que ver con la validación de los instrumentos de recolección de información para efectos de la gestión o el cumplimiento de la Ley 2046; y el otro gran componente tiene que ver con la posibilidad de que a partir del proyecto y a través de piezas informativas, los actores vinculados en la ley pudieran comprenderla mejor y actuar para dar cumplimiento de la misma”, afirma Sánder Sepúlveda, de Adel Zapatosa y coordinador técnico del proyecto.

Hallazgos para mejorar el instrumento

El proceso metodológico involucró una etapa de observación para hallar las dificultades y situaciones que se presentaban al momento de enfrentarse a la gestión del instrumento de caracterización de los productores. Tras esa observación, explica Sánder Sepúlveda, se encontró que varias de las preguntas resultaban confusas para ellos porque utilizaba palabras que no son fáciles para su comprensión, por su nivel educativo o por su componente cultural.

Por tal razón se realizó una propuesta de mejoramiento que manejaba expresiones más cercanas en su oficio, en lo cultural y en el nivel educativo. Con esta mejora encontraron que utilizaban menos tiempo en su diligenciamiento y no incurrían en interpretaciones erróneas. Adicionalmente, el proceso del nuevo diligenciamiento se hizo digitalmente, eliminando las barreras de conexión y contando con un guía de apoyo, especialmente para las personas mayores.

De esta forma, se obtuvo un instrumento de caracterización de productores y organizaciones más completo y acorde con las necesidades que contempla la ley para entregar información confiable a los programas y entidades gubernamentales que compren alimentos con recursos públicos bien sea de forma directa o indirecta, y destinen al menos el 30 % del presupuesto a comprar a los productores de ACFC de su territorio.

“Es importante para nosotros los productores, los campesinos que podamos tener acceso a vender nuestros productos a las entidades como las que manejan la alimentación escolar, de ancianos, acá dentro del municipio”, asegura don Hermes Torres, participante del proyecto en la Jagua de Ibirico.

Dentro de las propuestas realizadas por la Adel Zapatosa, además de la validación del instrumento, están los tiempos en que debe actualizarse la información, ya que en algunas zonas del país como la Jagua de Ibirico en un semestre se cultiva yuca, ahuyama, fríjol y en el siguiente semestre se cultiva maíz y otros productos.

“Es importante que las entidades involucradas en las compras públicas locales agroalimentarias hagan una buena planificación, para ello es trascendental establecer tiempos y ciclos de recolección de la información. Habrá algunos municipios donde la información deba ser recolectada en ciclos trimestrales, porque van cambiando los cultivos, todo va dependiendo de la particularidad del territorio. En otros podrían ser anuales y otros podrían ser semestrales”, puntualiza el coordinador técnico del proyecto.

El éxito de este piloto resalta el compromiso de la cooperación internacional con la promoción de un sistema de compras públicas que beneficie a los productores locales, garantizando un suministro alimentario más justo y sostenible.

En un esfuerzo continuo por fortalecer el vínculo entre productores locales y el mercado público de alimentos, se ha dado un importante paso hacia la validación y mejora del instrumento de caracterización y registro de productores y organizaciones del Cesar. Este instrumento tiene como objetivo fortalecer y mejorar el proceso de compras públicas locales de alimentos pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC), en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020, que promueve el apoyo a la agricultura local y la seguridad alimentaria.

La Ley 2046 busca impulsar la economía local y mejorar el acceso a alimentos frescos y saludables, estableciendo que todas las entidades públicas, privadas y mixtas que manejen recursos públicos deben comprar alimentos a los productores locales, con por lo menos el 30% del presupuesto destinado a esas compras.

En este contexto, el instrumento de caracterización ha sido diseñado para identificar de manera exhaustiva las capacidades y necesidades de los productores y organizaciones involucradas en la cadena de suministro alimentario. Así como procurar que los operadores que se ganan las licitaciones puedan identificar, desde lo municipal, los productores y su capacidad de respuesta (cantidades, calidades y tipo de producto), de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Sin embargo, para confirmar la utilidad de este, se realizó un piloto en el municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar) liderado por la Agencia de Desarrollo Económico Local de la Zapatosa (Adel Zapatosa) y que hace parte del proyecto Rutas Territoriales impulsado por el Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II) de la Unión Europea (UE), la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el fin de fortalecer la gestión y la capacidad institucional de los sectores de Agricultura y Ambiente en el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo rural sostenible y territorial en Colombia.

“Se hizo un ejercicio de validación de encuestas con algunos productores de manera individual y otros en esquema asociativo, para poder revisar las preguntas, hacer ajustes, tener un análisis de la receptibilidad de la gente frente a la misma y lograr en este momento pensarse en hacer la apertura formal de la herramienta “Mi Registro Rural”, que es un instrumento que está sacando el Ministerio de Agricultura para que la gente se pueda registrar y acceder a la compra pública local agroalimentaria mediante la ley 2046″, afirma Carlos Martínez, experto del sector agricultura del Programa DRET II.

“El proyecto adelantado por la Adel Zapatoza, en el que participaron 170 productores individuales y 10 asociados a organizaciones de ACFC, contempló dos grandes componentes: uno que tiene que ver con la validación de los instrumentos de recolección de información para efectos de la gestión o el cumplimiento de la Ley 2046; y el otro gran componente tiene que ver con la posibilidad de que a partir del proyecto y a través de piezas informativas, los actores vinculados en la ley pudieran comprenderla mejor y actuar para dar cumplimiento de la misma”, afirma Sánder Sepúlveda, de Adel Zapatosa y coordinador técnico del proyecto.

Hallazgos para mejorar el instrumento

El proceso metodológico involucró una etapa de observación para hallar las dificultades y situaciones que se presentaban al momento de enfrentarse a la gestión del instrumento de caracterización de los productores. Tras esa observación, explica Sánder Sepúlveda, se encontró que varias de las preguntas resultaban confusas para ellos porque utilizaba palabras que no son fáciles para su comprensión, por su nivel educativo o por su componente cultural.

Por tal razón se realizó una propuesta de mejoramiento que manejaba expresiones más cercanas en su oficio, en lo cultural y en el nivel educativo. Con esta mejora encontraron que utilizaban menos tiempo en su diligenciamiento y no incurrían en interpretaciones erróneas. Adicionalmente, el proceso del nuevo diligenciamiento se hizo digitalmente, eliminando las barreras de conexión y contando con un guía de apoyo, especialmente para las personas mayores.

De esta forma, se obtuvo un instrumento de caracterización de productores y organizaciones más completo y acorde con las necesidades que contempla la ley para entregar información confiable a los programas y entidades gubernamentales que compren alimentos con recursos públicos bien sea de forma directa o indirecta, y destinen al menos el 30 % del presupuesto a comprar a los productores de ACFC de su territorio.

“Es importante para nosotros los productores, los campesinos que podamos tener acceso a vender nuestros productos a las entidades como las que manejan la alimentación escolar, de ancianos, acá dentro del municipio”, asegura don Hermes Torres, participante del proyecto en la Jagua de Ibirico.

Dentro de las propuestas realizadas por la Adel Zapatosa, además de la validación del instrumento, están los tiempos en que debe actualizarse la información, ya que en algunas zonas del país como la Jagua de Ibirico en un semestre se cultiva yuca, ahuyama, fríjol y en el siguiente semestre se cultiva maíz y otros productos.

“Es importante que las entidades involucradas en las compras públicas locales agroalimentarias hagan una buena planificación, para ello es trascendental establecer tiempos y ciclos de recolección de la información. Habrá algunos municipios donde la información deba ser recolectada en ciclos trimestrales, porque van cambiando los cultivos, todo va dependiendo de la particularidad del territorio. En otros podrían ser anuales y otros podrían ser semestrales”, puntualiza el coordinador técnico del proyecto.

El éxito de este piloto resalta el compromiso de la cooperación internacional con la promoción de un sistema de compras públicas que beneficie a los productores locales, garantizando un suministro alimentario más justo y sostenible.