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Colombia y otros 195 países deben conservar al menos el 30 % de su territorio, terrestre y marino, en los próximos siete años. Ese fue uno de los compromisos adquiridos en el Marco Global de Biodiversidad que se firmó el año pasado en Montreal (Canadá), llamada la meta 30 x 30, una de las más ambiciosas, que busca, en términos generales, detener y revertir la pérdida de biodiversidad que enfrenta el planeta.
Para lograrlo, una de las principales estrategias es la declaración de áreas protegidas. Se trata de “la medida de conservación comprobada que entrega mejores resultados. A pesar de que se han incrementado los factores que propician la pérdida de biodiversidad, la conservación basada en área, y particularmente la estrategia de área protegida, sigue siendo la más efectiva hasta el momento”, explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas y Estrategias de Conservación de WWF Colombia. (Lea: Los puntos claves del Tratado que busca proteger la biodiversidad de las aguas internacionales)
El historial del país con este tipo de metas no es el mejor, si se tienen en cuenta, además de las hectáreas protegidas, otros factores como que estas áreas estén conectadas entre sí, y que diferentes ecosistemas y especies que habiten allí estén protegidas, lo que se conoce como factor de representatividad.
Por ejemplo, en 2011, el país se comprometió a cumplir las metas Aichi, un acuerdo de protección de biodiversidad anterior al que se firmó en Canadá y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente, la meta 11 planteaba conservar, para 2020, al menos el 17 % de las zonas terrestres y el 10 % del área marina y costera, por medio de sistemas de áreas protegidas.
“Para reportar el cumplimiento de estas metas, los países hacen un ejercicio cartográfico sencillo que consiste en tomar la superficie del país y cruzarla con la cantidad de área que está bajo categorías de conservación. Es el indicador más práctico y visible, pero no necesariamente es el que nos demuestra eficiencia y efectividad en el logro de la meta”, sostiene Luis Santiago Castillo, investigador del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Instituto Humboldt. (Lea también: Agrobiodiversidad: una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria)
Un ejemplo de lo que dice Castillo es que, pese a que Colombia estuvo cerca de cumplir la meta del 17 % en 2020, a otros indicadores, útiles para evaluar qué tan bien está conservada un área, no les fue bien. La muestra son los resultados de un estudio publicado por el I. Humboldt, titulado “Conectividad de áreas protegidas: efecto de la presión humana y contribuciones subnacionales en las ecorregiones de los países andinos tropicales”.
Conectividad, un reto aún por cumplir
De acuerdo con Herrera, el país tiene, exactamente, el 16,5 % de su área terrestre y un poco más del 17 % de su área marina en el sistema de áreas protegidas. A esto se suman otras figuras de conservación como las OMEC (Otras Medidas Efectivas de Conservación) que, aunque no tienen las mismas características de un área protegida, sí están permitiendo que haya conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, en 2020, solo el 4,8 % de la superficie del país eran protegidas y estaban conectadas entre sí, un factor importante porque de esta manera es que se asegura, por ejemplo, que las especies que habitan en estas áreas no estén aisladas.
Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, países andinos tropicales, tampoco cumplieron la meta en términos de conectividad y representatividad. Según el estudio del Humboldt, en promedio, el 22 % de la superficie protegida de las regiones ecológicas, o ecorregiones, no está conectada. De hecho, ese año 20 de las 67 ecorregiones tenían más del 50 % de sus áreas protegidas sin conexión. (Lea: Un pedazo de campo en las terrazas de Bogotá)
“Hay que entender que la meta del 30 x 30 no se trata solo de que los países cumplan con ese 30 % bajo figuras de conservación, sino que, adicionalmente, deben cumplir con unos términos de calidad que incluyen condiciones de manejo efectivo, de conectividad, equidad y representatividad”, dice Herrera.
En ese sentido, Castillo, del Instituto Humboldt, resalta que la conectividad, por ejemplo, empieza a cobrar importancia cuando se hacen ejercicios de conservación, ya que “si un área queda aislada de otra, no se está haciendo mucho, porque se están generando pequeñas islas de conservación, donde no se garantiza realmente la supervivencia de las especies que están viviendo adentro”.
Un ejemplo de la importancia de la conectividad es el caso del jaguar, representativo de América, que se encuentra en la categoría de “casi amenazado” de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). (Lea: Deuda por naturaleza, una propuesta beneficiosa para el ambiente y los países)
Uno de los factores que lo ha puesto en peligro es la pérdida de, aproximadamente, el 50 % de su hábitat histórico en todo el continente, que se ha deteriorado por, entre otras cosas, el desarrollo de infraestructura y la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas, de acuerdo con WWF. Sus poblaciones están repartidas en 18 países latinoamericanos: México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Guyana Francesa, Guatemala, Venezuela, Guyana, Surinam, Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil.
El jaguar requiere grandes extensiones de territorio para sobrevivir; por eso, no basta solo con declarar un área protegida en cada país o departamento para conservarlo, sino que hay que garantizar que las zonas por donde se moviliza estén conectadas entre sí.
Risaralda, un ejemplo de conservación
Colombia tiene un gran potencial para cumplir la meta, según el investigador de WWF. Una muestra es el departamento de Risaralda, que ya tiene más del 30 % de su territorio destinado para la conservación. Cuenta con 30 áreas protegidas, que representan un poco más de 90.000 hectáreas.
“Risaralda es uno de los departamentos más pequeños. No es necesariamente el que más bosques tiene, pero se comprometió a proteger sus ecosistemas desde hace varios años. En este momento es de los departamentos que más superficie tiene como área protegida o conservada”, indica Castillo, quien agrega que uno de los factores que ha permitido que este departamento sea un referente de conservación es la voluntad política e institucional.
Para Herrera, de WWF, Colombia seguramente logrará cumplir con el objetivo del 30 %, gracias a la declaración de áreas protegidas, el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales que las contienen y el reporte de las OMEC. Sin embargo, resalta que es clave que se tengan en cuenta los factores cualitativos, en los que se incluye, además, la planificación, el manejo y la responsabilidad al declarar un área protegida.
La participación de las comunidades en la conservación
A diferencia de la meta Aichi, el objetivo 30 x 30 tiene en cuenta otras medidas de conservación que podrían ser de gran utilidad para su cumplimiento. Un ejemplo es la inclusión de los territorios indígenas conservados. (Lea: Es hora de replantear nuestra relación con la naturaleza)
Esto ayudaría en gran medida a la conservación de los territorios, pues, por ejemplo, solo en Colombia, el 60 % de los bosques que aún existen en la Amazonia están habitados por pueblos indígenas, quienes han ayudado a preservar gran parte de la región.
“Los grupos étnicos, especialmente, tienen un reconocimiento muy importante desde el orden constitucional y, además, manejan grandes áreas de territorio que suelen estar en muy buenas condiciones de conservación. Algo similar pasa con los territorios donde habitan comunidades negras del Pacífico, por ejemplo”, indica Herrera.
Pese a esto, Castillo, del Instituto Humboldt, considera que llegar a acuerdos con las comunidades será un proceso largo, pues las instituciones gubernamentales deben mejorar su relación con estas, por un “tema de abandono estatal”. Esto, dice, será difícil de sortear en siete años, que es el plazo para que Colombia cumpla con las metas y los objetivos del Marco Global de Biodiversidad.