Consumir madera legal para alcanzar una economía circular

El fomento del consumo de madera de fuentes legales y sostenibles, apoya activamente el almacenamiento de carbono en infraestructura y muebles, y también desplaza o reduce el consumo de materiales no sostenibles como el cemento, acero, o aluminio. Estos materiales de construcción no sostenibles, como comentó la Ingeniera Sonia Vargas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, citando estudios de Roodman, Lensen, Dimson, y Locken, consumen el 40% de los recursos naturales extraídos en el planeta producto de minería a cielo abierto, 17% del agua fresca del mundo, 40% de la energía global, 50% de los combustibles fósiles, y generan hasta un 20% de los desechos sólidos, y aportan un 20% del CO2 del planeta por el consumo combustibles fósiles en su producción.

Por otro lado, el uso de la madera consume menor cantidad de energía en su manufactura, transporte e instalación, en comparación con sus sustitutos sintéticos. A diferencia de los materiales no sostenibles, la madera es un biomaterial que se produce de forma limpia, y brinda múltiples servicios en su producción, tanto ambientales como sociales. Su producción, a través de la fotosíntesis, provee a la sociedad no solo del servicio de fijación y almacenaje de carbono en su madera; sino que en el árbol es un elemento del bosque que aporta en conjunto con organismos, belleza escénica, protección de suelos, agua, y biodiversidad.

Adicionalmente, el uso de la madera promueve un bajo consumo energético, es un material que promueve la eficiencia energética en la calefacción y el enfriamiento de las edificaciones. En nuestro contexto, la madera es una materia prima local, que se puede producir con mano de obra del lugar, y sin efectos tóxicos o nocivos para la salud de los trabajadores y consumidores. La madera bien trabajada es durable, estética y funcional.

Sin desventajas, las ventajas pierden credibilidad. La madera, si no se trata, está propensa al ataque de insectos y a la descomposición, y es combustible; en muchas maderas tropicales no se conocen bien sus propiedades físicas y mecánicas, y es inestable dimensionalmente con cambios de humedad. Pero esto puede ser subsanado con proyectos de investigación y desarrollo que permitan a la madera ocupar su lugar en una economía hacia una transformación verde y circular.

Aunque la población entienda estos argumentos, todavía es necesario eliminar todas las distorsiones institucionales tanto de mercado como políticas que no permiten producir madera legal de calidad, en abundancia y a buen precio. Las distorsiones institucionales afectan el negocio forestal y afectan el funcionamiento del mercado por la gran cantidad de costos de transacción e intermediación para producir y comercializar el producto, donde el productor forestal pierde, dado que no recibe un precio y ni una medida justa por su producto.

Un productor forestal no tiene reconocido su bosque como un bien de capital para respaldar créditos. Además, las distorsiones políticas crean reglas e instituciones que establecen vedas y regulaciones que atentan contra la rentabilidad de la inversión forestal y sus cadenas productivas. Los productores tienen altos costos de acceso, no solo a los permisos de aprovechamiento legal, sino a los incentivos forestales. Este tipo de obstáculos requiere al menos de un quinquenio para cambiar, asumiendo plena voluntad política.

Ahora bien, supongamos que eliminamos las barreras institucionales, todavía nos quedan las culturales, aquellas que dan frutos de una generación a otra. Muchos grupos han satanizado el consumo de madera como algo que produce deforestación o degradación del ambiente. La deforestación de los bosques no obedece a las políticas forestales, sino a procesos de acaparamiento de tierras de forma ilegal y a políticas agropecuarias que requieren de los bosques para convertirlos a estos usos. Ya se cuenta con la tecnología y la institucionalidad para manejar los bosques conservando su integridad ecológica y minimizando el impacto ambiental, pero tenemos políticas agropecuarias y ambientales que producen deforestación y tala ilegal como en el caso de algunas políticas agroexportadoras, sumadas a las excesivas regulaciones ambientalistas sobre el manejo forestal.

Una vez eliminadas las barreras institucionales y culturales, nos resta aún educar a los arquitectos, ingenieros y trabajadores de la construcción para volver a crear un arquitectura y opciones constructivas en madera. La pérdida de cultura en el uso de la madera es palpable. La tendencia de casas de madera viene disminuyendo. Muchas políticas han limitado el auge de una cultura arquitectónica y mueblería que use madera.

Finalmente, debemos iniciar programas de fomento a la inversión forestal, nuevas propuestas arquitectónicas que pongan la madera nuevamente en el lugar privilegiado, y desde luego políticas de fomento de compras públicas y privadas de madera legal, y hacer campañas para mejorar la percepción y demanda de consumo de madera legal en el país como un elemento importante en el camino hacia la una economía verde y circular.

El fomento del consumo de madera de fuentes legales y sostenibles, apoya activamente el almacenamiento de carbono en infraestructura y muebles, y también desplaza o reduce el consumo de materiales no sostenibles como el cemento, acero, o aluminio. Estos materiales de construcción no sostenibles, como comentó la Ingeniera Sonia Vargas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, citando estudios de Roodman, Lensen, Dimson, y Locken, consumen el 40% de los recursos naturales extraídos en el planeta producto de minería a cielo abierto, 17% del agua fresca del mundo, 40% de la energía global, 50% de los combustibles fósiles, y generan hasta un 20% de los desechos sólidos, y aportan un 20% del CO2 del planeta por el consumo combustibles fósiles en su producción.

Por otro lado, el uso de la madera consume menor cantidad de energía en su manufactura, transporte e instalación, en comparación con sus sustitutos sintéticos. A diferencia de los materiales no sostenibles, la madera es un biomaterial que se produce de forma limpia, y brinda múltiples servicios en su producción, tanto ambientales como sociales. Su producción, a través de la fotosíntesis, provee a la sociedad no solo del servicio de fijación y almacenaje de carbono en su madera; sino que en el árbol es un elemento del bosque que aporta en conjunto con organismos, belleza escénica, protección de suelos, agua, y biodiversidad.

Adicionalmente, el uso de la madera promueve un bajo consumo energético, es un material que promueve la eficiencia energética en la calefacción y el enfriamiento de las edificaciones. En nuestro contexto, la madera es una materia prima local, que se puede producir con mano de obra del lugar, y sin efectos tóxicos o nocivos para la salud de los trabajadores y consumidores. La madera bien trabajada es durable, estética y funcional.

Sin desventajas, las ventajas pierden credibilidad. La madera, si no se trata, está propensa al ataque de insectos y a la descomposición, y es combustible; en muchas maderas tropicales no se conocen bien sus propiedades físicas y mecánicas, y es inestable dimensionalmente con cambios de humedad. Pero esto puede ser subsanado con proyectos de investigación y desarrollo que permitan a la madera ocupar su lugar en una economía hacia una transformación verde y circular.

Aunque la población entienda estos argumentos, todavía es necesario eliminar todas las distorsiones institucionales tanto de mercado como políticas que no permiten producir madera legal de calidad, en abundancia y a buen precio. Las distorsiones institucionales afectan el negocio forestal y afectan el funcionamiento del mercado por la gran cantidad de costos de transacción e intermediación para producir y comercializar el producto, donde el productor forestal pierde, dado que no recibe un precio y ni una medida justa por su producto.

Un productor forestal no tiene reconocido su bosque como un bien de capital para respaldar créditos. Además, las distorsiones políticas crean reglas e instituciones que establecen vedas y regulaciones que atentan contra la rentabilidad de la inversión forestal y sus cadenas productivas. Los productores tienen altos costos de acceso, no solo a los permisos de aprovechamiento legal, sino a los incentivos forestales. Este tipo de obstáculos requiere al menos de un quinquenio para cambiar, asumiendo plena voluntad política.

Ahora bien, supongamos que eliminamos las barreras institucionales, todavía nos quedan las culturales, aquellas que dan frutos de una generación a otra. Muchos grupos han satanizado el consumo de madera como algo que produce deforestación o degradación del ambiente. La deforestación de los bosques no obedece a las políticas forestales, sino a procesos de acaparamiento de tierras de forma ilegal y a políticas agropecuarias que requieren de los bosques para convertirlos a estos usos. Ya se cuenta con la tecnología y la institucionalidad para manejar los bosques conservando su integridad ecológica y minimizando el impacto ambiental, pero tenemos políticas agropecuarias y ambientales que producen deforestación y tala ilegal como en el caso de algunas políticas agroexportadoras, sumadas a las excesivas regulaciones ambientalistas sobre el manejo forestal.

Una vez eliminadas las barreras institucionales y culturales, nos resta aún educar a los arquitectos, ingenieros y trabajadores de la construcción para volver a crear un arquitectura y opciones constructivas en madera. La pérdida de cultura en el uso de la madera es palpable. La tendencia de casas de madera viene disminuyendo. Muchas políticas han limitado el auge de una cultura arquitectónica y mueblería que use madera.

Finalmente, debemos iniciar programas de fomento a la inversión forestal, nuevas propuestas arquitectónicas que pongan la madera nuevamente en el lugar privilegiado, y desde luego políticas de fomento de compras públicas y privadas de madera legal, y hacer campañas para mejorar la percepción y demanda de consumo de madera legal en el país como un elemento importante en el camino hacia la una economía verde y circular.