Economía del cuidado con equidad: un compromiso con las mujeres rurales
Aunque, en promedio, una mujer rural trabaja 14 horas al día, solo recibe remuneración por cinco horas y media. Si bien ha habido avances en términos de inclusión laboral, acceso a tierras y créditos, persisten brechas y surgen retos sobre la resignificación de la economía del cuidado en el campo.
El reconocimiento de la economía del cuidado, bajo los pilares de la equidad y la justicia social, se ha convertido en una meta esencial para dar valor al trabajo de las mujeres en el campo, incluidos los quehaceres domésticos no remunerados. También es un requisito para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta transición conlleva retos y cambios culturales, pues en Colombia, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), una mujer rural trabaja en promedio 14 horas al día, pero solo recibe remuneración por cinco horas y media. Además, el 93 % de las mujeres rurales realizan actividades de trabajo no remunerado, su tasa de ocupación es apenas del 30,6 % y sus ingresos promedio son un 28,4 % inferiores a los de los hombres rurales.
Si bien ha habido avances en términos de inclusión laboral, acceso a tierras y créditos, surgen retos para superar las brechas existentes, por lo que la cooperación internacional, el Gobierno y el Congreso han propiciado el diálogo político. Precisamente, la histórica desproporción frente a las tareas del cuidado ha llevado a varias instituciones a plantear acciones para darles un sentido diferente a los roles de género en busca de equidad e igualdad.
La propuesta del nuevo plan de desarrollo del Gobierno busca equilibrar los roles socioculturales de género asociados al cuidado, promoviendo su corresponsabilidad entre hombres y mujeres y entre todos los actores de la sociedad. Al mismo tiempo, pretende avanzar en el reconocimiento de los derechos y obligaciones de la población cuidadora, para facilitar su empoderamiento y la sensibilización acerca de la necesidad de una nueva organización social del cuidado. La idea es que los hombres puedan comprometerse con el cuidado y las mujeres puedan recuperar espacios de autonomía para desarrollar sus proyectos de vida.
“No hay ningún sector productivo que valga lo que vale la economía del cuidado no remunerado. No hay ninguno que contribuya, en esas dimensiones, al PIB del país”, dijo Cecilia López, ministra de Agricultura, en el encuentro número 14 de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlamericas, un evento realizado en el Congreso de la República para plantear perspectivas legislativas con miras a un crecimiento económico inclusivo.
Y es que la economía del cuidado es uno de los sectores de más rápida expansión. Según proyecciones del Foro Económico Mundial, casi el 40 % de todas las oportunidades de empleo previstas en ocupaciones emergentes se habrán creado en el sector de los cuidados entre 2020 y 2023. Además, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares y la situación de las mujeres en los mercados laborales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que para el 2030 el número de beneficiarios de los cuidados alcanzará los 2.300 millones en el mundo.
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“El problema es que el cuidado no se reconoce como sector productivo. Llegó la hora de que estas actividades sean asumidas por el mercado, el Estado, las familias y las comunidades. No se trata de subsidiar, sino de darle la categoría que se merece, así habrá mayor oferta y demanda de mano de obra, lo que generará una masa salarial más grande, impuestos y aumento del PIB”, agregó la ministra de Agricultura.
En la Unión Europea se han desarrollado acciones en esta materia. A través del programa Eurosocial, apoya al Departamento Nacional de Planeación en el diseño del servicio de atención de la Población Cuidadora No Remunerada (PCNR) como un instrumento de integración al trabajo remunerado, principalmente de mujeres.
Por su parte, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, destacó los avances que se han dado en el Congreso para la creación del Ministerio de la Igualdad que, según explicó, tendrá como uno de sus objetivos agrupar todas las políticas públicas de mujeres que se encuentran dispersas en el país.
En su turno, Marcos Rodríguez Fazzone, especialista sénior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, recalcó el trabajo realizado junto al Gobierno y el Congreso, para que el enfoque de género sea un componente ineludible de las políticas públicas, especialmente en la ruralidad. Por este motivo, están apoyando la actualización de la Ley 731 de Mujer Rural, han definido las acciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas rurales de la Agencia de Desarrollo Rural y están desarrollando mecanismos e instrumentos para el empoderamiento económico de las mujeres rurales.
“En el mundo rural, el 48% de las personas que trabajan en los sistemas de producción, son mujeres. Esas mujeres rurales son las más desempleadas y están ubicadas en zonas con altos índices de pobreza”, dijo Rodríguez. Igualmente, alertó que, si bien hay brechas entre hombres y mujeres, también se presentan desigualdades entre mujeres urbanas y rurales, al igual que entre mujeres afros, indígenas y campesinas; esto obliga a trabajar más arduamente en programas territoriales que permitan alcanzar una convergencia y una igualdad de oportunidades.
Acciones desde el territorio
Actualmente, desde el Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II), de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la FAO, se ha trabajado en reducir estas brechas a través de la estructuración del sistema de información del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (Fommur). Además, se llevan a cabo proyectos para promover el acceso de las mujeres rurales a activos productivos e incentivar su participación en políticas públicas y otras instancias sectoriales de toma de decisiones.
Uno de estos proyectos, llamado “Mujeres rurales participando y apropiando efectivamente instrumentos de política del sector”, fue implementado con la Fundación Alpina, en el marco del proyecto de Rutas Territoriales apoyado por el programa DRET II y de la mano de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y las autoridades locales en tres municipios de Cauca (Balboa, Mercaderes y Popayán) y en uno de La Guajira (Barrancas). Su objetivo principal fue mitigar las brechas de género a través de la formación de 142 mujeres en política pública y herramientas para que tengan mayor conocimiento sobre cuáles son sus derechos en torno al acceso a tierras, la asistencia técnica y las opciones de financiamiento para actividades productivas.
Como explicó Giovanni Redondo, coordinador del proyecto de la Fundación Alpina, “las principales brechas fueron la falta de acceso a la información sobre oportunidades y el escaso reconocimiento del rol de la mujer rural, ya que han sido los hombres quienes han participado en escenarios de decisión sobre las comunidades“, quien agregó que también se presentan problemas de corrupción, como que grupos de hombres instrumentalicen a sus esposas para aplicar a convocatorias de mujeres y conseguir ingresos.
De acuerdo con Redondo, otra de las barreras para las mujeres rurales está relacionada con la falta de conectividad y competencias digitales para diligenciar formularios de asistencia técnica. “Además, los tradicionales requisitos del sector financiero para aspirar a oportunidades de crédito, y las condiciones para acceder a la tierra, también generaban desmotivación en las mujeres”, precisó.
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Uno de los elementos importantes del proyecto de la Fundación Alpina, apoyado por el programa DRET II, es que se enfocaron en que las mujeres interiorizaran cuáles son los elementos que deben tener en cuenta para hacer parte de las ofertas de política pública. “Nos dimos cuenta de que había desconocimiento incluso de la función de la Agencia de Desarrollo Rural, del SENA Rural o de las Secretarías de Agricultura. Por esto fueron importantes los talleres sobre requisitos, tiempos, documentos, procesos y herramientas, para que después pudieran aplicarlo con los proyectos productivos de sus comunidades”, explicó Furio Massolino, director del programa DRET II y experto de la AICS.
Por su parte, el coordinador de Fundación Alpina resaltó la alta participación de las mujeres, quienes fueron al 95 % de los talleres. Una de ellas fue Astrid Mosquera, lideresa beneficiada en Balboa (Cauca), quien destacó los espacios que han realizado para empoderarlas y enseñarles las vías que tienen para acceder a apoyos y créditos, así como la vigilancia a los recursos destinados a las mujeres rurales.
“Pensaba que el concepto de política pública era cuando la mujer se metía en la política. En este pueblito son muchas herramientas las que nos faltan, pero en este momento nos sentimos autónomas y con mayor conocimiento”, destacó Mosquera.
También fue esencial la creación de grupos de mujeres rurales que hacían parte de iniciativas productivas, lo que propició que se reunieran varias veces al mes para escuchar historias, compartir experiencias, soluciones y alternativas con el fin de generar ingresos. Esto también implicó cambios sustanciales en las lógicas del cuidado, tareas que siempre estaban asignadas a las mujeres.
“Ellas eran quienes tenían que cuidar a los enfermos, alimentar a las gallinas y recoger los huevos o estar pendientes de las tareas de los niños. A través de la formación y capacitación en temas de género, agricultura familiar y economía del cuidado, empezamos a ver transformaciones pequeñas pero importantes en contextos que tradicionalmente han sido machistas”, destacó Redondo. “Por ejemplo, la mujer le decía a su esposo que iba a ir a la capacitación y comenzaron a distribuirse espontáneamente tareas del cuidado en la finca e involucrar a esposos, hijas e hijos, que antes no participaban de ellas”, agregó.
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Finalmente, el coordinador señaló que la principal herramienta y el resultado que dejan estas actividades para los grupos de mujeres en el Cauca y La Guajira es un plan de acción para que las dinámicas tengan continuidad tras la culminación del proyecto. “Ellas son conscientes de que tienen la agenda y saben qué acciones desarrollar, en qué tiempos y ante cuáles circunstancias. Es la primera vez que se enfrentan a un escenario de planeación efectiva, pero ahora cuentan con el conocimiento, la autonomía y el empoderamiento de sus capacidades”, indicó y mencionó que se aplicará una matriz de consistencia para medir cómo estaban las mujeres antes y después de los procesos de formación.
“Aquí no hay diferencia entre hombre y mujer. Somos una sola columna. Mi esposo hace lo que yo hago y yo hago lo que hace mi esposo. Tomamos las decisiones juntos y vivimos el hoy. Todos los días trabajamos para deconstruir esos roles de género tan arraigados en la ruralidad. Me he dado el valor que merezco”, concluyó Astrid Mosquera.
El reconocimiento de la economía del cuidado, bajo los pilares de la equidad y la justicia social, se ha convertido en una meta esencial para dar valor al trabajo de las mujeres en el campo, incluidos los quehaceres domésticos no remunerados. También es un requisito para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta transición conlleva retos y cambios culturales, pues en Colombia, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), una mujer rural trabaja en promedio 14 horas al día, pero solo recibe remuneración por cinco horas y media. Además, el 93 % de las mujeres rurales realizan actividades de trabajo no remunerado, su tasa de ocupación es apenas del 30,6 % y sus ingresos promedio son un 28,4 % inferiores a los de los hombres rurales.
Si bien ha habido avances en términos de inclusión laboral, acceso a tierras y créditos, surgen retos para superar las brechas existentes, por lo que la cooperación internacional, el Gobierno y el Congreso han propiciado el diálogo político. Precisamente, la histórica desproporción frente a las tareas del cuidado ha llevado a varias instituciones a plantear acciones para darles un sentido diferente a los roles de género en busca de equidad e igualdad.
La propuesta del nuevo plan de desarrollo del Gobierno busca equilibrar los roles socioculturales de género asociados al cuidado, promoviendo su corresponsabilidad entre hombres y mujeres y entre todos los actores de la sociedad. Al mismo tiempo, pretende avanzar en el reconocimiento de los derechos y obligaciones de la población cuidadora, para facilitar su empoderamiento y la sensibilización acerca de la necesidad de una nueva organización social del cuidado. La idea es que los hombres puedan comprometerse con el cuidado y las mujeres puedan recuperar espacios de autonomía para desarrollar sus proyectos de vida.
“No hay ningún sector productivo que valga lo que vale la economía del cuidado no remunerado. No hay ninguno que contribuya, en esas dimensiones, al PIB del país”, dijo Cecilia López, ministra de Agricultura, en el encuentro número 14 de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlamericas, un evento realizado en el Congreso de la República para plantear perspectivas legislativas con miras a un crecimiento económico inclusivo.
Y es que la economía del cuidado es uno de los sectores de más rápida expansión. Según proyecciones del Foro Económico Mundial, casi el 40 % de todas las oportunidades de empleo previstas en ocupaciones emergentes se habrán creado en el sector de los cuidados entre 2020 y 2023. Además, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares y la situación de las mujeres en los mercados laborales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que para el 2030 el número de beneficiarios de los cuidados alcanzará los 2.300 millones en el mundo.
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“El problema es que el cuidado no se reconoce como sector productivo. Llegó la hora de que estas actividades sean asumidas por el mercado, el Estado, las familias y las comunidades. No se trata de subsidiar, sino de darle la categoría que se merece, así habrá mayor oferta y demanda de mano de obra, lo que generará una masa salarial más grande, impuestos y aumento del PIB”, agregó la ministra de Agricultura.
En la Unión Europea se han desarrollado acciones en esta materia. A través del programa Eurosocial, apoya al Departamento Nacional de Planeación en el diseño del servicio de atención de la Población Cuidadora No Remunerada (PCNR) como un instrumento de integración al trabajo remunerado, principalmente de mujeres.
Por su parte, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, destacó los avances que se han dado en el Congreso para la creación del Ministerio de la Igualdad que, según explicó, tendrá como uno de sus objetivos agrupar todas las políticas públicas de mujeres que se encuentran dispersas en el país.
En su turno, Marcos Rodríguez Fazzone, especialista sénior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, recalcó el trabajo realizado junto al Gobierno y el Congreso, para que el enfoque de género sea un componente ineludible de las políticas públicas, especialmente en la ruralidad. Por este motivo, están apoyando la actualización de la Ley 731 de Mujer Rural, han definido las acciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas rurales de la Agencia de Desarrollo Rural y están desarrollando mecanismos e instrumentos para el empoderamiento económico de las mujeres rurales.
“En el mundo rural, el 48% de las personas que trabajan en los sistemas de producción, son mujeres. Esas mujeres rurales son las más desempleadas y están ubicadas en zonas con altos índices de pobreza”, dijo Rodríguez. Igualmente, alertó que, si bien hay brechas entre hombres y mujeres, también se presentan desigualdades entre mujeres urbanas y rurales, al igual que entre mujeres afros, indígenas y campesinas; esto obliga a trabajar más arduamente en programas territoriales que permitan alcanzar una convergencia y una igualdad de oportunidades.
Acciones desde el territorio
Actualmente, desde el Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II), de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la FAO, se ha trabajado en reducir estas brechas a través de la estructuración del sistema de información del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (Fommur). Además, se llevan a cabo proyectos para promover el acceso de las mujeres rurales a activos productivos e incentivar su participación en políticas públicas y otras instancias sectoriales de toma de decisiones.
Uno de estos proyectos, llamado “Mujeres rurales participando y apropiando efectivamente instrumentos de política del sector”, fue implementado con la Fundación Alpina, en el marco del proyecto de Rutas Territoriales apoyado por el programa DRET II y de la mano de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y las autoridades locales en tres municipios de Cauca (Balboa, Mercaderes y Popayán) y en uno de La Guajira (Barrancas). Su objetivo principal fue mitigar las brechas de género a través de la formación de 142 mujeres en política pública y herramientas para que tengan mayor conocimiento sobre cuáles son sus derechos en torno al acceso a tierras, la asistencia técnica y las opciones de financiamiento para actividades productivas.
Como explicó Giovanni Redondo, coordinador del proyecto de la Fundación Alpina, “las principales brechas fueron la falta de acceso a la información sobre oportunidades y el escaso reconocimiento del rol de la mujer rural, ya que han sido los hombres quienes han participado en escenarios de decisión sobre las comunidades“, quien agregó que también se presentan problemas de corrupción, como que grupos de hombres instrumentalicen a sus esposas para aplicar a convocatorias de mujeres y conseguir ingresos.
De acuerdo con Redondo, otra de las barreras para las mujeres rurales está relacionada con la falta de conectividad y competencias digitales para diligenciar formularios de asistencia técnica. “Además, los tradicionales requisitos del sector financiero para aspirar a oportunidades de crédito, y las condiciones para acceder a la tierra, también generaban desmotivación en las mujeres”, precisó.
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Uno de los elementos importantes del proyecto de la Fundación Alpina, apoyado por el programa DRET II, es que se enfocaron en que las mujeres interiorizaran cuáles son los elementos que deben tener en cuenta para hacer parte de las ofertas de política pública. “Nos dimos cuenta de que había desconocimiento incluso de la función de la Agencia de Desarrollo Rural, del SENA Rural o de las Secretarías de Agricultura. Por esto fueron importantes los talleres sobre requisitos, tiempos, documentos, procesos y herramientas, para que después pudieran aplicarlo con los proyectos productivos de sus comunidades”, explicó Furio Massolino, director del programa DRET II y experto de la AICS.
Por su parte, el coordinador de Fundación Alpina resaltó la alta participación de las mujeres, quienes fueron al 95 % de los talleres. Una de ellas fue Astrid Mosquera, lideresa beneficiada en Balboa (Cauca), quien destacó los espacios que han realizado para empoderarlas y enseñarles las vías que tienen para acceder a apoyos y créditos, así como la vigilancia a los recursos destinados a las mujeres rurales.
“Pensaba que el concepto de política pública era cuando la mujer se metía en la política. En este pueblito son muchas herramientas las que nos faltan, pero en este momento nos sentimos autónomas y con mayor conocimiento”, destacó Mosquera.
También fue esencial la creación de grupos de mujeres rurales que hacían parte de iniciativas productivas, lo que propició que se reunieran varias veces al mes para escuchar historias, compartir experiencias, soluciones y alternativas con el fin de generar ingresos. Esto también implicó cambios sustanciales en las lógicas del cuidado, tareas que siempre estaban asignadas a las mujeres.
“Ellas eran quienes tenían que cuidar a los enfermos, alimentar a las gallinas y recoger los huevos o estar pendientes de las tareas de los niños. A través de la formación y capacitación en temas de género, agricultura familiar y economía del cuidado, empezamos a ver transformaciones pequeñas pero importantes en contextos que tradicionalmente han sido machistas”, destacó Redondo. “Por ejemplo, la mujer le decía a su esposo que iba a ir a la capacitación y comenzaron a distribuirse espontáneamente tareas del cuidado en la finca e involucrar a esposos, hijas e hijos, que antes no participaban de ellas”, agregó.
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Finalmente, el coordinador señaló que la principal herramienta y el resultado que dejan estas actividades para los grupos de mujeres en el Cauca y La Guajira es un plan de acción para que las dinámicas tengan continuidad tras la culminación del proyecto. “Ellas son conscientes de que tienen la agenda y saben qué acciones desarrollar, en qué tiempos y ante cuáles circunstancias. Es la primera vez que se enfrentan a un escenario de planeación efectiva, pero ahora cuentan con el conocimiento, la autonomía y el empoderamiento de sus capacidades”, indicó y mencionó que se aplicará una matriz de consistencia para medir cómo estaban las mujeres antes y después de los procesos de formación.
“Aquí no hay diferencia entre hombre y mujer. Somos una sola columna. Mi esposo hace lo que yo hago y yo hago lo que hace mi esposo. Tomamos las decisiones juntos y vivimos el hoy. Todos los días trabajamos para deconstruir esos roles de género tan arraigados en la ruralidad. Me he dado el valor que merezco”, concluyó Astrid Mosquera.