Economía verde y sostenible, el horizonte del sistema financiero colombiano

Desde el 31 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre, cientos de líderes mundiales se reúnen en Glasgow (Escocia) en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), para negociar nuevos acuerdos que “permitan mantener vivo el objetivo de 1,5° C”, como dijo António Guterres, secretario general de la ONU. Esta misma organización ha advertido que, si se consideran los actuales compromisos de los países, la temperatura en el planeta aumentaría 2,7° C para finales de este siglo, comprometiendo nuestra existencia.

Desde hace varios años, el sistema financiero colombiano, en especial las instituciones bancarias, las corporaciones financieras y la Superintendencia Financiera, han sido conscientes de los retos que supone el cambio climático, la contaminación y uso insostenible de recursos para el mundo entero, el país y para su propio funcionamiento. A su vez, han ido entendiendo el rol que juegan en el tránsito hacia una economía más verde y sostenible, que ayude a mitigar los impactos que ya estamos viviendo.

Andrea Prada , especialista en finanzas sostenibles de la WWF Colombia, resume de manera sencilla ese rol: “En general, el sistema financiero es el motor de la mayor parte de las actividades económicas del mundo. Sin inversiones y sin dinero no sucederían”. Por eso es importante que el motor sea consciente del impacto que tiene sobre el mundo y lidere las transformaciones necesarias para una economía más sostenible.

Con esa idea en mente, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, junto con el gobierno nacional, firmaron el Protocolo Verde en 2012. Este protocolo, de voluntaria adhesión, reúne cuatro estrategias que la banca privada diseñó para “enverdecer” la economía colombiana. Los principales objetivos de este acuerdo eran: ofrecer productos y servicios verdes, incorporar criterios de impacto social y ambiental en el análisis de los proyectos y su financiación, reducir la huella de carbono de las entidades financieras y sus proveedores, y, por último, divulgar estas acciones y sus resultados.

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“En 2020 alcanzamos los 11 billones de pesos en colocación para proyectos verdes. Eso equivale al 2,1% del total de la cartera”, señala Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, sobre el más reciente balance de la primera estrategia, quien agrega que para este año esperan que los productos y servicios verdes alcancen un 2,8% del total de la cartera. Por su parte, a lo largo de estos nueve años, casi 20 billones de pesos han sido aprobados luego de pasar bajo la lupa de los Sistemas de Administración de riesgo Ambiental y Social (Saras) de las entidades, la segunda estrategia. Rojas resume este sistema de la siguiente manera: “Si hay una afectación social o ambiental importante por cuenta de quien está buscando la financiación de su proyecto, debe tener contemplado dentro de la estructuración de este la mitigación de esos riesgos o de lo contrario no será sujeto de financiación”.

Mauricio Vélez García, director de Sostenibilidad de esta asociación, explica la Ecoeficiencia, la tercera estrategia del protocolo verde: “En sostenibilidad se habla de tres alcances en emisiones. El primero son las emisiones directas y provienen, por ejemplo, de los viajes de reuniones o del consumo energético de las oficinas. El segundo alcance incluye la cadena de suministro, como lo son los callcenter y las transportadoras de valores. Por último, están las emisiones de nuestros clientes: mineras, petroleras, entre otros. Ahí es donde están la mayor cantidad de emisiones”. Al respecto, Vélez revela una meta ambiciosa, “esperamos que para el 2025 todas las entidades adheridas al protocolo sean carbono neutralidad. Eso quiere decir que, a través de medidas de mitigación y de compensación, las entidades puedan compensar las emisiones que generan en alcance uno y alcance dos”.

Pese a que los resultados del Protocolo Verde son positivos, expertos, asociados y la Superfinanciera, coinciden en que iniciativas como estas se deben mantener en el plano de lo voluntario inicialmente, aunque advierten que en un futuro deberán hacer parte de la regulación del país. “Queremos que el plan de trabajo de nosotros sea progresivo. Sabemos que si entramos de una con garrote esto se puede volver una lista de chequeo que no es incorporada en el ADN de las instituciones”, comenta Mariana Escobar, del grupo de Finanzas Sostenibles de la Superfinanciera. Vélez agrega que, de acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al World Bank Group, Colombia presenta mejores resultados desde la autorregulación que Perú, donde iniciativas similares han sido integradas a la normatividad. Mientras tanto, Prada de la WWF, señala que no todas las instituciones financieras del país “están al mismo nivel” en estos temas, por lo que “no se puede llegar y hacer todo obligatorio de una vez”.

Taxonomía verde y bonos soberanos

Fruto de la iniciativa privada y del apoyo gubernamental, el sistema financiero colombiano se convirtió en referente a nivel regional, e incluso mundial, por iniciativas como el Protocolo Verde y por la emisión de bonos verdes, inicialmente desde el sector privado. A pesar del vertiginoso avance del sistema en la transición hacia una economía verde y sostenible, aún hay elementos que deben ser mejorados. Algunos de ellos ya están siendo abordados, mientras que otros se esbozan en el horizonte como una oportunidad de actualización respecto al panorama global.

La taxonomía verde, en palabras de César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, “es un diccionario que define lo que es verde”, y se construyó para subsanar una de las barreras que existía en el sistema financiero del país. Según Escobar, una encuesta realizada por la Superfinanciera en el 2018 reveló la ausencia de un sistema de clasificación, de “unas definiciones comunes para encontrar qué era verde y qué no”. Por esta razón, el ente supervisor, el MinHacienda y el Departamento de Planeación Nacional (DNP) se encomendaron en la tarea de construir esa clasificación que permite determinar cuáles son las actividades y activos que contribuyen de manera sustancial en la mitigación y adaptación al cambio climático en diez sectores económicos: energía, construcción, gestión de residuos y captura de emisiones, suministro y tratamiento de agua, transporte, tecnologías de la información y comunicación, y manufactura; así como la ganadería, agricultura y forestería.

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Hace un par de semanas, se cerró la etapa de comentarios de este sistema de clasificación y, luego de ser revisada y ajustada, se espera que la taxonomía verde esté publicada antes de que finalice el año. “Que haya un acuerdo sobre qué es verde permite que más emisores de valores públicos y privados puedan emitir estos bonos verdes y haya mayor interés y demanda por parte de los inversionistas locales y extranjeros en estos instrumentos”, apunta Arias sobre este sistema, mientras que Escobar agrega que también servirá para otorgar mayor seguridad y transparencia al mercado de capitales.

Siguiendo con la tendencia que ubica el sistema financiero como uno de los más sostenibles a nivel regional, el MinHacienda emitió bonos verdes soberanos en moneda local, convirtiéndose en el primer país latinoamericano y de mercados emergentes en realizar una emisión de este tipo. Para el director de Crédito Público de esta cartera, todo empezó en el Presupuesto General de la Nación. “Nosotros nos dimos a la tarea de revisarlo e identificar esos proyectos y categorías verdes, realmente verdes, y realizamos un proceso de elaboración de un marco de referencia para que financiáramos esas necesidades verdes del presupuesto en el mercado local, pero con participación de inversionistas locales y extranjeros”, señala Arias. En dos subastas, realizadas entre septiembre y octubre de este año, el país logró subastar $1.5 billones en este tipo de bonos que deberán financiar proyectos de gestión, aprovechamiento y saneamiento del agua; transporte limpio; servicios ecosistémicos y biodiversidad; y fuentes de energía no convencionales.

Como estos bonos verdes son un instrumento de financiación del Presupuesto General de la Nación, su emisión puede entenderse como un ciclo. El próximo año, cuando inicie nuevamente la discusión para aprobar el presupuesto, este ministerio revisará cuáles son las áreas verdes que requieren financiación. De esta manera, asegura Arias, se logra que “la política de financiamiento del país contribuya a tres cosas: a cumplir nuestros compromisos ambientales locales e internacionales, que nuestro presupuesto de inversión tenga cada vez un impacto mayor en sostenibilidad y contribuir al desarrollo de un mercado de capitales verdes”.

Sin embargo, aún cuando el sistema financiero colombiano demuestra un liderazgo frente a la región, hay aspectos que aún no contempla y que, a criterio de sus actores, debe integrar en los próximos años. Uno de los retos principales, según Escobar, radica en que “falta que el sistema financiero aborde estos temas de una manera más estratégica, no solamente como áreas de sostenibilidad o como temas reputacionales, sino como una oportunidad de negocio y de modificar su estrategia en el largo plazo”.

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En la misma línea, Prada propone que las instituciones, además de contemplar el cambio climático, deben actualizarse con la tendencia global que debate los riesgos y oportunidades frente a la biodiversidad. Además, considera que las entidades deben incorporar en sus análisis los efectos de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático sobre su propia actividad, lo que, según Vélez y Rojas de Asobancaria, ya se está empezando a hacer.

Por último, uno de los retos que más tiempo puede suponer proviene de la dependencia que el país tiene con la explotación de algunos recursos naturales, especialmente de los hidrocarburos. En el futuro se espera tener listados que excluyan proyectos que generen deforestación o que generen grandes emisiones. Para Rojas, la solución está en la fórmula que han aplicado durante estos años, donde el sector privado y el gobierno nacional se articulan para completar “esa transición hacia una economía más limpia”.

Desde el 31 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre, cientos de líderes mundiales se reúnen en Glasgow (Escocia) en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), para negociar nuevos acuerdos que “permitan mantener vivo el objetivo de 1,5° C”, como dijo António Guterres, secretario general de la ONU. Esta misma organización ha advertido que, si se consideran los actuales compromisos de los países, la temperatura en el planeta aumentaría 2,7° C para finales de este siglo, comprometiendo nuestra existencia.

Desde hace varios años, el sistema financiero colombiano, en especial las instituciones bancarias, las corporaciones financieras y la Superintendencia Financiera, han sido conscientes de los retos que supone el cambio climático, la contaminación y uso insostenible de recursos para el mundo entero, el país y para su propio funcionamiento. A su vez, han ido entendiendo el rol que juegan en el tránsito hacia una economía más verde y sostenible, que ayude a mitigar los impactos que ya estamos viviendo.

Andrea Prada , especialista en finanzas sostenibles de la WWF Colombia, resume de manera sencilla ese rol: “En general, el sistema financiero es el motor de la mayor parte de las actividades económicas del mundo. Sin inversiones y sin dinero no sucederían”. Por eso es importante que el motor sea consciente del impacto que tiene sobre el mundo y lidere las transformaciones necesarias para una economía más sostenible.

Con esa idea en mente, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, junto con el gobierno nacional, firmaron el Protocolo Verde en 2012. Este protocolo, de voluntaria adhesión, reúne cuatro estrategias que la banca privada diseñó para “enverdecer” la economía colombiana. Los principales objetivos de este acuerdo eran: ofrecer productos y servicios verdes, incorporar criterios de impacto social y ambiental en el análisis de los proyectos y su financiación, reducir la huella de carbono de las entidades financieras y sus proveedores, y, por último, divulgar estas acciones y sus resultados.

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“En 2020 alcanzamos los 11 billones de pesos en colocación para proyectos verdes. Eso equivale al 2,1% del total de la cartera”, señala Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, sobre el más reciente balance de la primera estrategia, quien agrega que para este año esperan que los productos y servicios verdes alcancen un 2,8% del total de la cartera. Por su parte, a lo largo de estos nueve años, casi 20 billones de pesos han sido aprobados luego de pasar bajo la lupa de los Sistemas de Administración de riesgo Ambiental y Social (Saras) de las entidades, la segunda estrategia. Rojas resume este sistema de la siguiente manera: “Si hay una afectación social o ambiental importante por cuenta de quien está buscando la financiación de su proyecto, debe tener contemplado dentro de la estructuración de este la mitigación de esos riesgos o de lo contrario no será sujeto de financiación”.

Mauricio Vélez García, director de Sostenibilidad de esta asociación, explica la Ecoeficiencia, la tercera estrategia del protocolo verde: “En sostenibilidad se habla de tres alcances en emisiones. El primero son las emisiones directas y provienen, por ejemplo, de los viajes de reuniones o del consumo energético de las oficinas. El segundo alcance incluye la cadena de suministro, como lo son los callcenter y las transportadoras de valores. Por último, están las emisiones de nuestros clientes: mineras, petroleras, entre otros. Ahí es donde están la mayor cantidad de emisiones”. Al respecto, Vélez revela una meta ambiciosa, “esperamos que para el 2025 todas las entidades adheridas al protocolo sean carbono neutralidad. Eso quiere decir que, a través de medidas de mitigación y de compensación, las entidades puedan compensar las emisiones que generan en alcance uno y alcance dos”.

Pese a que los resultados del Protocolo Verde son positivos, expertos, asociados y la Superfinanciera, coinciden en que iniciativas como estas se deben mantener en el plano de lo voluntario inicialmente, aunque advierten que en un futuro deberán hacer parte de la regulación del país. “Queremos que el plan de trabajo de nosotros sea progresivo. Sabemos que si entramos de una con garrote esto se puede volver una lista de chequeo que no es incorporada en el ADN de las instituciones”, comenta Mariana Escobar, del grupo de Finanzas Sostenibles de la Superfinanciera. Vélez agrega que, de acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al World Bank Group, Colombia presenta mejores resultados desde la autorregulación que Perú, donde iniciativas similares han sido integradas a la normatividad. Mientras tanto, Prada de la WWF, señala que no todas las instituciones financieras del país “están al mismo nivel” en estos temas, por lo que “no se puede llegar y hacer todo obligatorio de una vez”.

Taxonomía verde y bonos soberanos

Fruto de la iniciativa privada y del apoyo gubernamental, el sistema financiero colombiano se convirtió en referente a nivel regional, e incluso mundial, por iniciativas como el Protocolo Verde y por la emisión de bonos verdes, inicialmente desde el sector privado. A pesar del vertiginoso avance del sistema en la transición hacia una economía verde y sostenible, aún hay elementos que deben ser mejorados. Algunos de ellos ya están siendo abordados, mientras que otros se esbozan en el horizonte como una oportunidad de actualización respecto al panorama global.

La taxonomía verde, en palabras de César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, “es un diccionario que define lo que es verde”, y se construyó para subsanar una de las barreras que existía en el sistema financiero del país. Según Escobar, una encuesta realizada por la Superfinanciera en el 2018 reveló la ausencia de un sistema de clasificación, de “unas definiciones comunes para encontrar qué era verde y qué no”. Por esta razón, el ente supervisor, el MinHacienda y el Departamento de Planeación Nacional (DNP) se encomendaron en la tarea de construir esa clasificación que permite determinar cuáles son las actividades y activos que contribuyen de manera sustancial en la mitigación y adaptación al cambio climático en diez sectores económicos: energía, construcción, gestión de residuos y captura de emisiones, suministro y tratamiento de agua, transporte, tecnologías de la información y comunicación, y manufactura; así como la ganadería, agricultura y forestería.

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Hace un par de semanas, se cerró la etapa de comentarios de este sistema de clasificación y, luego de ser revisada y ajustada, se espera que la taxonomía verde esté publicada antes de que finalice el año. “Que haya un acuerdo sobre qué es verde permite que más emisores de valores públicos y privados puedan emitir estos bonos verdes y haya mayor interés y demanda por parte de los inversionistas locales y extranjeros en estos instrumentos”, apunta Arias sobre este sistema, mientras que Escobar agrega que también servirá para otorgar mayor seguridad y transparencia al mercado de capitales.

Siguiendo con la tendencia que ubica el sistema financiero como uno de los más sostenibles a nivel regional, el MinHacienda emitió bonos verdes soberanos en moneda local, convirtiéndose en el primer país latinoamericano y de mercados emergentes en realizar una emisión de este tipo. Para el director de Crédito Público de esta cartera, todo empezó en el Presupuesto General de la Nación. “Nosotros nos dimos a la tarea de revisarlo e identificar esos proyectos y categorías verdes, realmente verdes, y realizamos un proceso de elaboración de un marco de referencia para que financiáramos esas necesidades verdes del presupuesto en el mercado local, pero con participación de inversionistas locales y extranjeros”, señala Arias. En dos subastas, realizadas entre septiembre y octubre de este año, el país logró subastar $1.5 billones en este tipo de bonos que deberán financiar proyectos de gestión, aprovechamiento y saneamiento del agua; transporte limpio; servicios ecosistémicos y biodiversidad; y fuentes de energía no convencionales.

Como estos bonos verdes son un instrumento de financiación del Presupuesto General de la Nación, su emisión puede entenderse como un ciclo. El próximo año, cuando inicie nuevamente la discusión para aprobar el presupuesto, este ministerio revisará cuáles son las áreas verdes que requieren financiación. De esta manera, asegura Arias, se logra que “la política de financiamiento del país contribuya a tres cosas: a cumplir nuestros compromisos ambientales locales e internacionales, que nuestro presupuesto de inversión tenga cada vez un impacto mayor en sostenibilidad y contribuir al desarrollo de un mercado de capitales verdes”.

Sin embargo, aún cuando el sistema financiero colombiano demuestra un liderazgo frente a la región, hay aspectos que aún no contempla y que, a criterio de sus actores, debe integrar en los próximos años. Uno de los retos principales, según Escobar, radica en que “falta que el sistema financiero aborde estos temas de una manera más estratégica, no solamente como áreas de sostenibilidad o como temas reputacionales, sino como una oportunidad de negocio y de modificar su estrategia en el largo plazo”.

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En la misma línea, Prada propone que las instituciones, además de contemplar el cambio climático, deben actualizarse con la tendencia global que debate los riesgos y oportunidades frente a la biodiversidad. Además, considera que las entidades deben incorporar en sus análisis los efectos de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático sobre su propia actividad, lo que, según Vélez y Rojas de Asobancaria, ya se está empezando a hacer.

Por último, uno de los retos que más tiempo puede suponer proviene de la dependencia que el país tiene con la explotación de algunos recursos naturales, especialmente de los hidrocarburos. En el futuro se espera tener listados que excluyan proyectos que generen deforestación o que generen grandes emisiones. Para Rojas, la solución está en la fórmula que han aplicado durante estos años, donde el sector privado y el gobierno nacional se articulan para completar “esa transición hacia una economía más limpia”.