El agro colombiano se mueve con planes de negocio hechos a la medida
Los retos que enfrenta el sector agrícola en Colombia en materia de comercialización impulsaron la creación de una ambiciosa estrategia para que los productores rurales puedan contar con sus ventas por anticipado, a través de mecanismos de Agricultura por Contrato.
Colombia es uno de los países con mayor potencial para la producción de alimentos en el mundo, según Proexport Colombia, 2013. Se trata de un país que, sin afectar las zonas de reserva ambiental, tiene más de 26,5 millones de hectáreas con vocación para ser cultivadas; es decir, más del 23 % del suelo colombiano (de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia), de acuerdo con cifras entregadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
Aunque el sector agrícola es uno de los más importantes en Colombia, los pequeños y medianos productores siguen enfrentando dificultades para acceder de manera sostenible a los mercados. En parte, ello se genera por el desorden histórico entre la oferta y demanda, lo que deriva en procesos de sobreproducción que deprimen los precios; por otro lado, por la falta de una mejor conexión entre los actores de las cadenas, en especial con compradores. Frente a esto, el Gobierno Nacional viene impulsando la estrategia “Agricultura por Contrato”, una iniciativa que, a la fecha, ha permitido que más de 250.000 productores del país tengan asegurada la comercialización antes de su cosecha. La estrategia también ha nivelado la oferta y demanda en productos como maíz y arroz.
En sincronía con esta iniciativa, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y brazo ejecutor de la política integral agropecuaria de Colombia, realizó el año pasado un ejercicio de asesorías especializadas para fortalecer los procesos comerciales de 188 organizaciones rurales del país.
¿Cómo funcionan?
Estas asesorías, a través de las cuales se diseñan planes integrales de negocio a la medida, inician con una visita personalizada que permite realizar una valoración de las organizaciones de productores sobre su conformación, producción, manejo administrativo, financiero y comercial; continúan con la elaboración de un plan de trabajo orientado a subsanar debilidades encontradas; la realización de un diplomado que abarca temas de mercadeo agropecuario, alfabetización digital y costos de producción, entre otros, y finaliza con la consecución de aliados comerciales para las organizaciones de pequeños productores y emprendedores con etapas de producción consolidadas.
Karen Maldonado, líder social de 27 años del municipio de Pisba, en Boyacá, fue una de las protagonistas de esta estrategia. Ella administra su emprendimiento Café del Páramo, en el que ha aplicado los conocimientos adquiridos en el diplomado de Comercialización, que brindó la Universidad de Pamplona, aliado clave en la ejecución de esta estrategia. “Gracias a una visita que hice a Agroexpo, conocí de la Agencia de Desarrollo Rural, quienes me contaron del proyecto y me hicieron partícipe. Todo el proceso lo hicimos en Tunja”, cuenta Maldonado. Para ella, se marcó un antes y un después con estas capacitaciones, pues sus conocimientos de temas financieros y legales eran básicos.
“Nos enseñaron de comercialización, desde el código QR hasta cómo participar en una rueda de negocios. Además, nos mostraron cómo la era digital nos abre una puerta al mundo empresarial. Ahora yo ofrezco mis productos por medio de las redes sociales, y también recibo pagos por medio de las aplicaciones que existen. Eso no hubiera sido posible sin el diplomado”, añade Karen, quien decidió emprender en el sector cafetero luego de ver a sus padres afectados por los costos de producción y comercialización de café. “Venía una empresa o asociación a comprárselo a muy bajo costo. Entonces decidí ser yo quien se los comprara a ellos y a otros habitantes del municipio. Ahora, gracias a mis conocimientos, lo vendo a un valor más justo y cumpliendo con las normas de comercio”.
Para Sergio Velásquez, director del área de Comercialización de la ADR, la estrategia es exitosa, porque “con esta iniciativa estamos seguros de que los productores en las regiones del país están logrando hacer nuevos contactos comerciales y aseguran ventas por anticipad, mejorando la capacidad de negociación de sus productos para aumentar su rentabilidad y generar sostenibilidad”.
En el desarrollo de este proyecto, la ADR ha invertido $2.451 millones para 9.000 campesinos congregados en las organizaciones acompañadas. Buena parte de estos recursos proviene del Apoyo Presupuestario Desarrollo Rural en Colombia – DRET II, financiado por la UE, en una apuesta conjunta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para generar ingresos más justos en el campo colombiano.
Circuitos cortos que garantizan beneficios locales
Con la Ley 2046 de 2020, conocida como Ley de Compras Públicas Locales, se presenta otra oportunidad para el desarrollo local del país al establecer que todos los programas e instituciones del Gobierno colombiano que compren alimentos con recursos públicos, de forma directa o indirecta, incluyan la participación de pequeños productores locales y de la Agricultura, Familiar y Comunitaria (AFC) como proveedores. La ley contempla que al menos un 30 % del presupuesto público destinado a la compra de alimentos pueda ser abasteciendo desde las economías locales y la AFC. Además, se valora la inclusión de alimentos que respondan a los hábitos y la cultura local, bajo parámetros de dietas saludables. Marcos Rodríguez Fazzone, economista sénior de la FAO, afirma que, en varios países de América Latina, las estrategias de compras públicas han sido un mecanismo efectivo que contribuye a la reducción de la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y dinamizar las economías locales.
Como atributo adicional al beneficio económico y social, se fomenta la conservación de la cultura alimentaria, la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos mediante la articulación de circuitos cortos de comercialización (resolución 464 del 2017), es decir, reduciendo al máximo posible la intermediación entre productores y consumidores en mercados locales y extranjeros (posibilitando que se aprovechen las oportunidades que ofrece la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ del Pacto Verde Europeo), disminuyendo costos e impactando en el medio ambiente de manera positiva.
Braulio Salcedo es representante legal de la Fundación Ecotropico, una entidad integrada por víctimas del conflicto armado que busca ayudar en la reparación de estas personas afectadas y de sus victimarios, además de haber abierto mercados de exportación en plena pandemia, crearon alternativas que posibilitaron ingresar a nuevos mercados. Actualmente, lograron la exportación de café especial a 9 países y café tostado a Holanda, Estados Unidos y otros 6 países más. “El proyecto nos ha ayudado desde la escala primaria de la producción, hemos tenido apoyo de la FAO y ADR en las mejoras de nuestras capacidades productivas, así como asesoría y el acompañamiento en los procesos de producción”, asegura. A través de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural se ha beneficiado en comercialización, entre otros aspectos de la cadena, a más de 130 organizaciones de pequeños y medianos productores/as, en 22 departamentos
Colombia es uno de los países con mayor potencial para la producción de alimentos en el mundo, según Proexport Colombia, 2013. Se trata de un país que, sin afectar las zonas de reserva ambiental, tiene más de 26,5 millones de hectáreas con vocación para ser cultivadas; es decir, más del 23 % del suelo colombiano (de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia), de acuerdo con cifras entregadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
Aunque el sector agrícola es uno de los más importantes en Colombia, los pequeños y medianos productores siguen enfrentando dificultades para acceder de manera sostenible a los mercados. En parte, ello se genera por el desorden histórico entre la oferta y demanda, lo que deriva en procesos de sobreproducción que deprimen los precios; por otro lado, por la falta de una mejor conexión entre los actores de las cadenas, en especial con compradores. Frente a esto, el Gobierno Nacional viene impulsando la estrategia “Agricultura por Contrato”, una iniciativa que, a la fecha, ha permitido que más de 250.000 productores del país tengan asegurada la comercialización antes de su cosecha. La estrategia también ha nivelado la oferta y demanda en productos como maíz y arroz.
En sincronía con esta iniciativa, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y brazo ejecutor de la política integral agropecuaria de Colombia, realizó el año pasado un ejercicio de asesorías especializadas para fortalecer los procesos comerciales de 188 organizaciones rurales del país.
¿Cómo funcionan?
Estas asesorías, a través de las cuales se diseñan planes integrales de negocio a la medida, inician con una visita personalizada que permite realizar una valoración de las organizaciones de productores sobre su conformación, producción, manejo administrativo, financiero y comercial; continúan con la elaboración de un plan de trabajo orientado a subsanar debilidades encontradas; la realización de un diplomado que abarca temas de mercadeo agropecuario, alfabetización digital y costos de producción, entre otros, y finaliza con la consecución de aliados comerciales para las organizaciones de pequeños productores y emprendedores con etapas de producción consolidadas.
Karen Maldonado, líder social de 27 años del municipio de Pisba, en Boyacá, fue una de las protagonistas de esta estrategia. Ella administra su emprendimiento Café del Páramo, en el que ha aplicado los conocimientos adquiridos en el diplomado de Comercialización, que brindó la Universidad de Pamplona, aliado clave en la ejecución de esta estrategia. “Gracias a una visita que hice a Agroexpo, conocí de la Agencia de Desarrollo Rural, quienes me contaron del proyecto y me hicieron partícipe. Todo el proceso lo hicimos en Tunja”, cuenta Maldonado. Para ella, se marcó un antes y un después con estas capacitaciones, pues sus conocimientos de temas financieros y legales eran básicos.
“Nos enseñaron de comercialización, desde el código QR hasta cómo participar en una rueda de negocios. Además, nos mostraron cómo la era digital nos abre una puerta al mundo empresarial. Ahora yo ofrezco mis productos por medio de las redes sociales, y también recibo pagos por medio de las aplicaciones que existen. Eso no hubiera sido posible sin el diplomado”, añade Karen, quien decidió emprender en el sector cafetero luego de ver a sus padres afectados por los costos de producción y comercialización de café. “Venía una empresa o asociación a comprárselo a muy bajo costo. Entonces decidí ser yo quien se los comprara a ellos y a otros habitantes del municipio. Ahora, gracias a mis conocimientos, lo vendo a un valor más justo y cumpliendo con las normas de comercio”.
Para Sergio Velásquez, director del área de Comercialización de la ADR, la estrategia es exitosa, porque “con esta iniciativa estamos seguros de que los productores en las regiones del país están logrando hacer nuevos contactos comerciales y aseguran ventas por anticipad, mejorando la capacidad de negociación de sus productos para aumentar su rentabilidad y generar sostenibilidad”.
En el desarrollo de este proyecto, la ADR ha invertido $2.451 millones para 9.000 campesinos congregados en las organizaciones acompañadas. Buena parte de estos recursos proviene del Apoyo Presupuestario Desarrollo Rural en Colombia – DRET II, financiado por la UE, en una apuesta conjunta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para generar ingresos más justos en el campo colombiano.
Circuitos cortos que garantizan beneficios locales
Con la Ley 2046 de 2020, conocida como Ley de Compras Públicas Locales, se presenta otra oportunidad para el desarrollo local del país al establecer que todos los programas e instituciones del Gobierno colombiano que compren alimentos con recursos públicos, de forma directa o indirecta, incluyan la participación de pequeños productores locales y de la Agricultura, Familiar y Comunitaria (AFC) como proveedores. La ley contempla que al menos un 30 % del presupuesto público destinado a la compra de alimentos pueda ser abasteciendo desde las economías locales y la AFC. Además, se valora la inclusión de alimentos que respondan a los hábitos y la cultura local, bajo parámetros de dietas saludables. Marcos Rodríguez Fazzone, economista sénior de la FAO, afirma que, en varios países de América Latina, las estrategias de compras públicas han sido un mecanismo efectivo que contribuye a la reducción de la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y dinamizar las economías locales.
Como atributo adicional al beneficio económico y social, se fomenta la conservación de la cultura alimentaria, la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos mediante la articulación de circuitos cortos de comercialización (resolución 464 del 2017), es decir, reduciendo al máximo posible la intermediación entre productores y consumidores en mercados locales y extranjeros (posibilitando que se aprovechen las oportunidades que ofrece la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ del Pacto Verde Europeo), disminuyendo costos e impactando en el medio ambiente de manera positiva.
Braulio Salcedo es representante legal de la Fundación Ecotropico, una entidad integrada por víctimas del conflicto armado que busca ayudar en la reparación de estas personas afectadas y de sus victimarios, además de haber abierto mercados de exportación en plena pandemia, crearon alternativas que posibilitaron ingresar a nuevos mercados. Actualmente, lograron la exportación de café especial a 9 países y café tostado a Holanda, Estados Unidos y otros 6 países más. “El proyecto nos ha ayudado desde la escala primaria de la producción, hemos tenido apoyo de la FAO y ADR en las mejoras de nuestras capacidades productivas, así como asesoría y el acompañamiento en los procesos de producción”, asegura. A través de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural se ha beneficiado en comercialización, entre otros aspectos de la cadena, a más de 130 organizaciones de pequeños y medianos productores/as, en 22 departamentos