El camino para devolverle el agua potable al Caribe

Según datos del Gobierno Nacional, solo el 20 % de la población de La Guajira tenía acceso a agua potable en 2021. Tres años antes el porcentaje era de 4 %. Ese rezago en materia hídrica que aqueja al departamento es tan solo un ejemplo del panorama crítico que experimentan múltiples comunidades en la región Caribe y que fue expuesto por los invitados al cuarto Encuentro Regional por el Agua y la Energía Renovable de este año. La iniciativa, liderada por ISAGEN, con la dirección técnica de WWF Colombia y el apoyo de la campaña BIBO de El Espectador, busca generar recomendaciones en temas de agua y energía para la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026).

“Nuestro problema no es de falta de agua, es de gestión del recurso hídrico”, señaló Javier Pacheco, gestor de proyectos de la Red EcolSierra, organización que fomenta la actividad agrícola-ecológica en la Sierra Nevada de Santa Marta. La apreciación fue replicada por otros asistentes al encuentro que coincidieron en que, previo a reflexionar sobre formas de mejorar la calidad del agua, es imperativo hablar de cómo garantizar el acceso prolongado al recurso teniendo en cuenta la geografía y distribución poblacional, además de las respectivas amenazas al cambio climático que enfrentan los territorios.

Para los participantes del grupo de Gestión del Uso, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debería formular esquemas habilitadores que aseguren el acceso equitativo al recurso hídrico. Uno de los retos es combatir la complejidad existente para conectar a las poblaciones alejadas con una red de distribución, mantenimiento y tratamiento del agua de calidad. En este punto, el departamento de La Guajira fue el centro de la discusión. “La realidad es que aquí tenemos 5.000 metros cúbicos (de agua) por habitante en el departamento, pero no hay sistemas de abastecimiento y distribución”, indicó el gerente ambiental del Cerrejón, Luis Madriñán. (También puede leer: “Sin cambio de fondo en La Mojana, obras no aguantarán fuerza del agua”: Minambiente)

Desde la Corporación Ambiental de La Guajira también expresaron no enfocar únicamente los esfuerzos gubernamentales en la construcción de pozos para extraer el agua subterránea. “Cuando preguntan por soluciones, todo el mundo mira hacia el suelo, pero se olvidan de los 540 km de línea de costa de La Guajira. ¿Qué pasa con el agua de mar? Tenemos un proyecto como es la represa del río Ranchería para llevar agua a la zona alta, entonces, ¿por qué no llevamos el agua a las comunidades”, aseveró Fernando Prieto, coordinador ambiental de la corporación.

El departamento del Magdalena tampoco es ajeno a la problemática. Sin embargo, aquí la falencia se presentaría, en parte, por la no modernización de la red de monitoreo del suministro de agua y la necesidad de tecnificar cada vez más los sistemas de riego. “No contamos con la capacidad de equipos y tenemos sistemas de riego que carecen de tecnología para hacer un adecuado suministro en el sector agrícola”, afirmó Tulia Delgado, investigadora de Cenipalma. Además, los voceros de la sociedad civil reportaron que, mientras el sector turístico de Santa Marta absorbe grandes cantidades de agua, los pobladores nativos viven a expensas de carrotanques y canecas para recolectar el líquido vital.

Unificar visiones

Realizar una zonificación ambiental por departamento fue otra propuesta lanzada durante la conversación. El instrumento de planeación permitiría trazar una línea base de usos del suelo que, posteriormente, serviría para aplicar mecanismos de adaptación específicos, orientados al desarrollo sostenible.

Hay que recordar que el Acuerdo de Paz estableció un plan de zonificación ambiental para caracterizar las áreas candidatas a tener un manejo especial. Aunque este instrumento debía implementarse en un plazo máximo de dos años en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de los cuales 15 se ubican en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, la resolución para adoptar este punto del Acuerdo se firmó en 2021. (Le puede interesar: La desconocida megadiversidad biológica que encontraron nuevas expediciones en Guainía)

Mientras su implementación avanza, Angie Yepes, vicepresidenta de la fundación Mujeres Rurales Construyendo Futuro, destacó la importancia de “entender los ecosistemas” de la mano de las comunidades. Su organización hace procesos de restauración en dos de las microcuencas del río Frío (Magdalena) y cuenta, como experiencia de éxito, que han logrado transmitir prácticas sostenibles de cultivo a los agricultores de la zona y enseñarles a preservar especies nativas que, luego, se devuelven al río mediante procesos de restauración.

José Manuel Cardona, gestor social de La Guajira, añadió que, en aras de robustecer la gobernanza del recurso hídrico, se debe “reconocer el uso del agua en los territorios étnicos porque ahí hay claves que desde la ciencia debemos captar, son restauradores natos”. De igual manera, los participantes del grupo de Restauración mencionaron la necesidad de revisar las prácticas tradicionales, dado que existe incompatibilidad de usos en algunas áreas. Por ejemplo, sugirieron examinar la capacidad de carga de caprinos y bovinos en los territorios. Empatar el lineamiento técnico con estos conocimientos ancestrales es una labor por realizar a corto plazo para pensar en la sostenibilidad del recurso.

A su vez, las autoridades ambientales y territoriales reconocieron la necesidad de fortalecer la formulación y aplicación de los instrumentos de planeación. “La realidad es que algunos de los instrumentos fundamentales como el POT (Planes de Ordenamiento Territorial) están en actualización y hay mucha información que debe ser depurada. Las metas se vuelven inalcanzables y las comunidades pierden la credibilidad en las instituciones”, afirmó Lucía Thomas, secretaria jurídica del municipio de Baranoa, Atlántico.

Del mismo modo, María Danies, funcionaria de Corpamag, recordó que no todas las cuencas hidrográficas tienen un Pomcas (el instrumento para planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y el manejo de la cuenca) e indicó la necesidad de alinear los diferentes instrumentos de ordenamiento con la estrategia de cero deforestación. (Le recomendamos: ¿De dónde viene la carne que llega a nuestra mesa? Aún faltan datos)

Con relación al punto más norte de Colombia, Luis Madriñan, gerente ambiental del Cerrejón, explicó otra noción preocupante. “La Guajira tiene una avalancha de estudios. En 2020 se culminó uno donde se analizaron 46 opciones de productos forestales, agrícolas o de la naturaleza que solventara una transición justa económica en el departamento. Lastimosamente no hemos visto que haya ocurrido nada con esa información. ¿Qué haremos con tantos estudios en manos de entidades locales, regionales y nacionales?”, expresó.

¿Áreas protegidas?

El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) señala que los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico poseen 51 áreas catalogadas como protegidas. La Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá y el Palmar del Tití son las más representativas por número de hectáreas. Pese a ser denominadas así y estar bajo la supervisión de las autoridades ambientales, quienes trabajan directamente en terreno dieron durante el encuentro los factores que las afectan actualmente.

Para el caso de la Sierra Nevada, los representantes de la sociedad civil alertaron sobre la dificultad de proteger el santuario hídrico de 400.000 hectáreas debido a la inseguridad y la falta de recursos económicos, así como el avance escalado de la deforestación. La petición al Gobierno Nacional se enmarcó en fortalecer la gestión de Parques Nacionales Naturales, organización responsable de su cuidado.

César Tamaris, docente de la Universidad del Magdalena, expuso que en el Parque Nacional Tayrona “no saben qué hacer con el caracol africano. Tratan de controlar la población, pero falta conocimiento técnico. Además, en zonas tan grandes como el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande o el Parque Macuira no hay personal suficiente que cubra, monitoree o apoye actividades para el manejo sostenible”.

En referencia al recurso hídrico, los participantes del grupo de Conservación indicaron que las áreas protegidas no sufren por cantidad de agua, sino por el poco control sobre las fuentes de origen. Gustavo Legarda, jefe de laboratorio de instrumentalización marina del Invemar (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis), explicó que también existen áreas a preservar en las zonas marino-costeras y, por lo tanto, es obligatorio “buscar estrategias de mitigación a problemas como la erosión no solo con obras duras, sino obras blandas, reforestación de dunas y de manglares”, dijo Legarda.

Energía en La Guajira: proyección y esperanza

El gobierno pasado dejó instalado uno de los 16 parques eólicos planeados para aumentar el potencial energético del departamento de La Guajira. Se estima que la inversión será de más de US$2.500 millones y beneficiará a cuatro millones de personas, pero mientras estos proyectos se ejecutan persisten las carencias en materia de acceso a la energía eléctrica. “En el departamento nos vemos sujetos a cortes constantes y eso obedece a la falta de subestaciones y a una red obsoleta. El reto es la inversión en infraestructura de comercialización y distribución”, dijo Jesús Jiménez, vocero del Sena.

Al término de la discusión sobre la ampliación de la matriz energética, los asistentes concluyeron que es fundamental fortalecer el sistema de expansión de transmisión nacional, misión a cargo de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). La entidad deberá hacer un análisis más detallado sobre los determinantes ambientales y sociales que pueden incidir en los tiempos de la ejecución de los proyectos para garantizar la viabilidad. Adicionalmente, se solicitó a las autoridades energéticas no trasladar el costo de la actualización de redes y equipos al usuario final. (Le puede interesar: ¿Puede Colombia tener electricidad 100 % renovable para 2030?)

Fernando Prieto, coordinador ambiental de Corpoguajira, afirmó que en una reunión reciente con la UPME se concretaron cifras de los proyectos eólicos y fotovoltaicos a desarrollar: 16 parques licenciados y ocho más en proceso; 2.400 MW licenciados y 100 líneas eléctricas en la primera fase. “La UPME tiene que cumplir un papel importante. Hay parques que limitan con zonas protegidas, en ecosistemas estratégicos. Es necesario parar un momento y que estas intervenciones se planeen e implementen de manera estratégica teniendo en cuenta el contexto social, ambiental, económico y cultural del departamento”, añadió Prieto.

Los Encuentros por el Agua y la Energía Renovable se han realizado en regiones claves del país. Villavicencio será el epicentro del siguiente, en octubre. El Nacional se llevará a cabo en Bogotá y recogerá los hallazgos finales para generar recomendaciones de política en agua y energía para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Según datos del Gobierno Nacional, solo el 20 % de la población de La Guajira tenía acceso a agua potable en 2021. Tres años antes el porcentaje era de 4 %. Ese rezago en materia hídrica que aqueja al departamento es tan solo un ejemplo del panorama crítico que experimentan múltiples comunidades en la región Caribe y que fue expuesto por los invitados al cuarto Encuentro Regional por el Agua y la Energía Renovable de este año. La iniciativa, liderada por ISAGEN, con la dirección técnica de WWF Colombia y el apoyo de la campaña BIBO de El Espectador, busca generar recomendaciones en temas de agua y energía para la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026).

“Nuestro problema no es de falta de agua, es de gestión del recurso hídrico”, señaló Javier Pacheco, gestor de proyectos de la Red EcolSierra, organización que fomenta la actividad agrícola-ecológica en la Sierra Nevada de Santa Marta. La apreciación fue replicada por otros asistentes al encuentro que coincidieron en que, previo a reflexionar sobre formas de mejorar la calidad del agua, es imperativo hablar de cómo garantizar el acceso prolongado al recurso teniendo en cuenta la geografía y distribución poblacional, además de las respectivas amenazas al cambio climático que enfrentan los territorios.

Para los participantes del grupo de Gestión del Uso, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debería formular esquemas habilitadores que aseguren el acceso equitativo al recurso hídrico. Uno de los retos es combatir la complejidad existente para conectar a las poblaciones alejadas con una red de distribución, mantenimiento y tratamiento del agua de calidad. En este punto, el departamento de La Guajira fue el centro de la discusión. “La realidad es que aquí tenemos 5.000 metros cúbicos (de agua) por habitante en el departamento, pero no hay sistemas de abastecimiento y distribución”, indicó el gerente ambiental del Cerrejón, Luis Madriñán. (También puede leer: “Sin cambio de fondo en La Mojana, obras no aguantarán fuerza del agua”: Minambiente)

Desde la Corporación Ambiental de La Guajira también expresaron no enfocar únicamente los esfuerzos gubernamentales en la construcción de pozos para extraer el agua subterránea. “Cuando preguntan por soluciones, todo el mundo mira hacia el suelo, pero se olvidan de los 540 km de línea de costa de La Guajira. ¿Qué pasa con el agua de mar? Tenemos un proyecto como es la represa del río Ranchería para llevar agua a la zona alta, entonces, ¿por qué no llevamos el agua a las comunidades”, aseveró Fernando Prieto, coordinador ambiental de la corporación.

El departamento del Magdalena tampoco es ajeno a la problemática. Sin embargo, aquí la falencia se presentaría, en parte, por la no modernización de la red de monitoreo del suministro de agua y la necesidad de tecnificar cada vez más los sistemas de riego. “No contamos con la capacidad de equipos y tenemos sistemas de riego que carecen de tecnología para hacer un adecuado suministro en el sector agrícola”, afirmó Tulia Delgado, investigadora de Cenipalma. Además, los voceros de la sociedad civil reportaron que, mientras el sector turístico de Santa Marta absorbe grandes cantidades de agua, los pobladores nativos viven a expensas de carrotanques y canecas para recolectar el líquido vital.

Unificar visiones

Realizar una zonificación ambiental por departamento fue otra propuesta lanzada durante la conversación. El instrumento de planeación permitiría trazar una línea base de usos del suelo que, posteriormente, serviría para aplicar mecanismos de adaptación específicos, orientados al desarrollo sostenible.

Hay que recordar que el Acuerdo de Paz estableció un plan de zonificación ambiental para caracterizar las áreas candidatas a tener un manejo especial. Aunque este instrumento debía implementarse en un plazo máximo de dos años en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de los cuales 15 se ubican en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, la resolución para adoptar este punto del Acuerdo se firmó en 2021. (Le puede interesar: La desconocida megadiversidad biológica que encontraron nuevas expediciones en Guainía)

Mientras su implementación avanza, Angie Yepes, vicepresidenta de la fundación Mujeres Rurales Construyendo Futuro, destacó la importancia de “entender los ecosistemas” de la mano de las comunidades. Su organización hace procesos de restauración en dos de las microcuencas del río Frío (Magdalena) y cuenta, como experiencia de éxito, que han logrado transmitir prácticas sostenibles de cultivo a los agricultores de la zona y enseñarles a preservar especies nativas que, luego, se devuelven al río mediante procesos de restauración.

José Manuel Cardona, gestor social de La Guajira, añadió que, en aras de robustecer la gobernanza del recurso hídrico, se debe “reconocer el uso del agua en los territorios étnicos porque ahí hay claves que desde la ciencia debemos captar, son restauradores natos”. De igual manera, los participantes del grupo de Restauración mencionaron la necesidad de revisar las prácticas tradicionales, dado que existe incompatibilidad de usos en algunas áreas. Por ejemplo, sugirieron examinar la capacidad de carga de caprinos y bovinos en los territorios. Empatar el lineamiento técnico con estos conocimientos ancestrales es una labor por realizar a corto plazo para pensar en la sostenibilidad del recurso.

A su vez, las autoridades ambientales y territoriales reconocieron la necesidad de fortalecer la formulación y aplicación de los instrumentos de planeación. “La realidad es que algunos de los instrumentos fundamentales como el POT (Planes de Ordenamiento Territorial) están en actualización y hay mucha información que debe ser depurada. Las metas se vuelven inalcanzables y las comunidades pierden la credibilidad en las instituciones”, afirmó Lucía Thomas, secretaria jurídica del municipio de Baranoa, Atlántico.

Del mismo modo, María Danies, funcionaria de Corpamag, recordó que no todas las cuencas hidrográficas tienen un Pomcas (el instrumento para planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y el manejo de la cuenca) e indicó la necesidad de alinear los diferentes instrumentos de ordenamiento con la estrategia de cero deforestación. (Le recomendamos: ¿De dónde viene la carne que llega a nuestra mesa? Aún faltan datos)

Con relación al punto más norte de Colombia, Luis Madriñan, gerente ambiental del Cerrejón, explicó otra noción preocupante. “La Guajira tiene una avalancha de estudios. En 2020 se culminó uno donde se analizaron 46 opciones de productos forestales, agrícolas o de la naturaleza que solventara una transición justa económica en el departamento. Lastimosamente no hemos visto que haya ocurrido nada con esa información. ¿Qué haremos con tantos estudios en manos de entidades locales, regionales y nacionales?”, expresó.

¿Áreas protegidas?

El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) señala que los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico poseen 51 áreas catalogadas como protegidas. La Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá y el Palmar del Tití son las más representativas por número de hectáreas. Pese a ser denominadas así y estar bajo la supervisión de las autoridades ambientales, quienes trabajan directamente en terreno dieron durante el encuentro los factores que las afectan actualmente.

Para el caso de la Sierra Nevada, los representantes de la sociedad civil alertaron sobre la dificultad de proteger el santuario hídrico de 400.000 hectáreas debido a la inseguridad y la falta de recursos económicos, así como el avance escalado de la deforestación. La petición al Gobierno Nacional se enmarcó en fortalecer la gestión de Parques Nacionales Naturales, organización responsable de su cuidado.

César Tamaris, docente de la Universidad del Magdalena, expuso que en el Parque Nacional Tayrona “no saben qué hacer con el caracol africano. Tratan de controlar la población, pero falta conocimiento técnico. Además, en zonas tan grandes como el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande o el Parque Macuira no hay personal suficiente que cubra, monitoree o apoye actividades para el manejo sostenible”.

En referencia al recurso hídrico, los participantes del grupo de Conservación indicaron que las áreas protegidas no sufren por cantidad de agua, sino por el poco control sobre las fuentes de origen. Gustavo Legarda, jefe de laboratorio de instrumentalización marina del Invemar (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis), explicó que también existen áreas a preservar en las zonas marino-costeras y, por lo tanto, es obligatorio “buscar estrategias de mitigación a problemas como la erosión no solo con obras duras, sino obras blandas, reforestación de dunas y de manglares”, dijo Legarda.

Energía en La Guajira: proyección y esperanza

El gobierno pasado dejó instalado uno de los 16 parques eólicos planeados para aumentar el potencial energético del departamento de La Guajira. Se estima que la inversión será de más de US$2.500 millones y beneficiará a cuatro millones de personas, pero mientras estos proyectos se ejecutan persisten las carencias en materia de acceso a la energía eléctrica. “En el departamento nos vemos sujetos a cortes constantes y eso obedece a la falta de subestaciones y a una red obsoleta. El reto es la inversión en infraestructura de comercialización y distribución”, dijo Jesús Jiménez, vocero del Sena.

Al término de la discusión sobre la ampliación de la matriz energética, los asistentes concluyeron que es fundamental fortalecer el sistema de expansión de transmisión nacional, misión a cargo de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). La entidad deberá hacer un análisis más detallado sobre los determinantes ambientales y sociales que pueden incidir en los tiempos de la ejecución de los proyectos para garantizar la viabilidad. Adicionalmente, se solicitó a las autoridades energéticas no trasladar el costo de la actualización de redes y equipos al usuario final. (Le puede interesar: ¿Puede Colombia tener electricidad 100 % renovable para 2030?)

Fernando Prieto, coordinador ambiental de Corpoguajira, afirmó que en una reunión reciente con la UPME se concretaron cifras de los proyectos eólicos y fotovoltaicos a desarrollar: 16 parques licenciados y ocho más en proceso; 2.400 MW licenciados y 100 líneas eléctricas en la primera fase. “La UPME tiene que cumplir un papel importante. Hay parques que limitan con zonas protegidas, en ecosistemas estratégicos. Es necesario parar un momento y que estas intervenciones se planeen e implementen de manera estratégica teniendo en cuenta el contexto social, ambiental, económico y cultural del departamento”, añadió Prieto.

Los Encuentros por el Agua y la Energía Renovable se han realizado en regiones claves del país. Villavicencio será el epicentro del siguiente, en octubre. El Nacional se llevará a cabo en Bogotá y recogerá los hallazgos finales para generar recomendaciones de política en agua y energía para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.