El reto de poner la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones
Una de las propuestas del marco global de biodiversidad es integrar a todos los niveles de gobierno en torno a la biodiversidad, para lograr los objetivos de la conservación de la naturaleza. Este es el panorama en Colombia.
Para 2030 —es decir, en menos de siete años— la humanidad tiene un reto del que depende su supervivencia: detener el rápido colapso de las especies y los ecosistemas que mantienen, en conjunto, la vida en la Tierra. Se trata, de manera resumida, del objetivo de conservar la biodiversidad, no solo en cuestión de números, sino en torno a los sistemas de los que dependen la agricultura y el suministro limpio de agua y aire, entre otros servicios ecosistémicos vitales.
Frente a estos desafíos en el mundo se ratificó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado por 196 países, que establece un ambicioso programa para que el mundo viva en armonía con la naturaleza. Este reto se materializa con la meta inicial de detener la extinción de especies en el mundo para 2030.
Con el objetivo de hacerle seguimiento a su cumplimiento, cada dos años, se reúne la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), para analizar los avances de estas metas que dependen de los compromisos de los países que las implementan. Este año, la COP16 tendrá lugar en Cali (Colombia), en la que se espera que aumenten los esfuerzos para la conservación de la vida en el planeta.
En general, el marco proporciona los lineamientos para concretar 23 metas urgentes para lograr los objetivos del Convenio en los próximos años. Parte de las metas están orientadas hacia el componente de soluciones, entre ellas la 14, que busca la integración de la biodiversidad en la toma de decisiones en todos los niveles.
“Esto quiere decir que en los procesos de planificación, ordenamiento territorial y generación de programas de desarrollo en todos los niveles de gobierno se debe tener en cuenta la biodiversidad, evaluar, evitar, mitigar y compensar el impacto ambiental e incluir la gestión sostenible de la naturaleza en esa visión de desarrollo territorial para lograr esa visión que propone el marco global”, explica Catalina Góngora, asesora sénior de política pública de The Nature Conservancy (TNC).
En general, se busca que la integración de la naturaleza responda a un concepto conocido como la jerarquía de la mitigación, que busca que las decisiones de los planificadores estén alineadas con evitar impactos el ecosistema y que se piense en compensar los daños inevitables, así como avanzar en los procesos de compensación.
Biodiversidad en todos los niveles
El objetivo de integrar la biodiversidad en todos los niveles significa, en primer lugar, una suerte de ejercicio de introspección del sector público y privado. En particular, esto inicia con la revisión de “los reglamentos, los procesos de planificación y de desarrollo, las estrategias de erradicación de la pobreza y consecución de objetivos de desarrollo, las evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones de impacto ambiental y, cuando proceda, las cuentas nacionales, las evaluaciones de incentivos [que puedan representar impactos negativos para la naturaleza]”, como indica el acuerdo global de biodiversidad.
Una forma de entenderlo, en el caso colombiano, es observar lo que pasó con el subsidio de la gasolina que entregó el Gobierno Nacional hasta principios de 2023. Se trató de una medida fiscal que buscaba dar alivios al sector de la carga y transporte del país, pero que también impactaba el cambio climático y la biodiversidad. De modo análogo, ciertas políticas públicas pueden tener buenas intenciones, pero si no se tiene en cuenta la biodiversidad al diseñarlas y aplicarlas, estas pueden tener externalidades negativas para el ambiente y la vida en el planeta.
“Otros incentivos con impactos pueden ser los instrumentos de asignación de tierras o los créditos de fomento agropecuario, cuya expectativa de acceder a adjudicación de baldíos o a líneas especiales de créditos, por ejemplo, genera fenómenos de transformación de uso del suelo, sin planeación e impactando a la biodiversidad del suelo y el agua”, indica Góngora, experta de TNC.
Y ¿cómo ha avanzado Colombia en esta meta? Según Andrea Prada, especialista en Finanzas Sostenibles de WWF Colombia, hay algunos avances significativos. “Hace más de 12 años, el Ministerio de Ambiente formuló la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad, que fue implementada con el Plan de Acción de Biodiversidad 2016–2030, con metas específicas. Estas han sido incorporadas, por su parte, en importantes instrumentos de planificación del país como los planes nacionales de desarrollo pasados”.
En este momento, según indica Prada, el país está actualizando todo su marco de política de acuerdo con el nuevo marco global. “Estas metas buscan lograr que el mundo ‘viva en armonía con la naturaleza’ al 2050″.
El flujo financiero hacia la naturaleza
Como explica Góngora, de TNC, parte de la integración incluye también que los flujos financieros estén articulados con la biodiversidad para lograr la conservación de los ecosistemas, detener la pérdida de biodiversidad y ganancias en la naturaleza al 2050.
Los flujos financieros pueden ser entendidos como una serie de transacciones de activos y pasivos que consolidan o cambian una situación económica. En este aspecto, la meta 14 se entrelaza con la 19, que busca la movilización de US$200.000 millones anuales para la biodiversidad de todas las fuentes, incluidos US$30.000 millones a través de la financiación internacional.
No obstante, como se observa en el caso de Colombia, no se trata de una tarea tan sencilla, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho.
En el país, la inversión pública de las metas del acuerdo mundial se realiza a través de las metas que son integradas en los planes nacionales y territoriales de desarrollo, así como los instrumentos de planeación de cada sector.
Según datos de la iniciativa Biofin, en los últimos diez años, Colombia ha invertido cerca de $2 billones anuales del presupuesto público en biodiversidad anualmente, incluyendo actividades de protección, restauración e investigación principalmente.
“Esta inversión está por debajo del promedio de la región de América Latina, pues el gasto público en biodiversidad solo representó el 0,34 % del total del gobierno nacional central en el 2021″, indica Prada, especialista de WWF Colombia. “De manera detallada, estos recursos provienen de las siguientes fuentes: 42 % del Gobierno nacional, 35 % de los gobiernos territoriales, 19 % de las corporaciones autónomas regionales y 4 %, aproximadamente, del sistema de regalías”. Y agrega: “De esta manera, la principal fuente de los flujos financieros siguen siendo los gobiernos, a través del recaudo de impuestos. A esto se suman las donaciones de muchos países desarrollados de sus recursos fiscales a países en desarrollo, con mecanismos de cooperación internacional.”
Algunos expertos hacen un llamado a una mayor descentralización de la inversión de los recursos y del diseño de las estrategias, en las que se deben tener esta visión y herramientas para aplicarlo en todos los niveles de gobierno.
Por otra parte, para lograr movilizar todos estos recursos existe un llamado del acuerdo mundial de biodiversidad de incrementar el papel del sector privado en el cumplimiento de las metas del marco global de biodiversidad. “A nivel privado, además de participar en temas de inversión de soluciones basadas en la naturaleza, que pueden surgir para cumplir obligaciones ambientales y compensar daños o como aportes voluntarios, las empresas también generan aportes reduciendo gastos en modelos productivos perjudiciales y participan en instrumentos de mercado”, afirma Catalina Góngora de TNC. “Adicionalmente, las comunidades étnicas, a través de su conocimiento tradicional, han evidenciado ser exitosas en el manejo sostenible de los ecosistemas y la consecución de objetivos de conservación. Por ello, es relevante pensar en mecanismos financieros e incentivos económicos diferenciales a los que puedan acceder las comunidades”, resalta Góngora.
Con estas herramientas el país avanza, entre retos, para dar cumplimiento a la integración en todos los niveles de la biodiversidad en los sectores públicos, comunitarios y privados. La idea es llegar a un equilibrio entre las iniciativas para el desarrollo y las condiciones óptimas para la estabilidad de la naturaleza y sus sistemas.
Para 2030 —es decir, en menos de siete años— la humanidad tiene un reto del que depende su supervivencia: detener el rápido colapso de las especies y los ecosistemas que mantienen, en conjunto, la vida en la Tierra. Se trata, de manera resumida, del objetivo de conservar la biodiversidad, no solo en cuestión de números, sino en torno a los sistemas de los que dependen la agricultura y el suministro limpio de agua y aire, entre otros servicios ecosistémicos vitales.
Frente a estos desafíos en el mundo se ratificó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado por 196 países, que establece un ambicioso programa para que el mundo viva en armonía con la naturaleza. Este reto se materializa con la meta inicial de detener la extinción de especies en el mundo para 2030.
Con el objetivo de hacerle seguimiento a su cumplimiento, cada dos años, se reúne la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), para analizar los avances de estas metas que dependen de los compromisos de los países que las implementan. Este año, la COP16 tendrá lugar en Cali (Colombia), en la que se espera que aumenten los esfuerzos para la conservación de la vida en el planeta.
En general, el marco proporciona los lineamientos para concretar 23 metas urgentes para lograr los objetivos del Convenio en los próximos años. Parte de las metas están orientadas hacia el componente de soluciones, entre ellas la 14, que busca la integración de la biodiversidad en la toma de decisiones en todos los niveles.
“Esto quiere decir que en los procesos de planificación, ordenamiento territorial y generación de programas de desarrollo en todos los niveles de gobierno se debe tener en cuenta la biodiversidad, evaluar, evitar, mitigar y compensar el impacto ambiental e incluir la gestión sostenible de la naturaleza en esa visión de desarrollo territorial para lograr esa visión que propone el marco global”, explica Catalina Góngora, asesora sénior de política pública de The Nature Conservancy (TNC).
En general, se busca que la integración de la naturaleza responda a un concepto conocido como la jerarquía de la mitigación, que busca que las decisiones de los planificadores estén alineadas con evitar impactos el ecosistema y que se piense en compensar los daños inevitables, así como avanzar en los procesos de compensación.
Biodiversidad en todos los niveles
El objetivo de integrar la biodiversidad en todos los niveles significa, en primer lugar, una suerte de ejercicio de introspección del sector público y privado. En particular, esto inicia con la revisión de “los reglamentos, los procesos de planificación y de desarrollo, las estrategias de erradicación de la pobreza y consecución de objetivos de desarrollo, las evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones de impacto ambiental y, cuando proceda, las cuentas nacionales, las evaluaciones de incentivos [que puedan representar impactos negativos para la naturaleza]”, como indica el acuerdo global de biodiversidad.
Una forma de entenderlo, en el caso colombiano, es observar lo que pasó con el subsidio de la gasolina que entregó el Gobierno Nacional hasta principios de 2023. Se trató de una medida fiscal que buscaba dar alivios al sector de la carga y transporte del país, pero que también impactaba el cambio climático y la biodiversidad. De modo análogo, ciertas políticas públicas pueden tener buenas intenciones, pero si no se tiene en cuenta la biodiversidad al diseñarlas y aplicarlas, estas pueden tener externalidades negativas para el ambiente y la vida en el planeta.
“Otros incentivos con impactos pueden ser los instrumentos de asignación de tierras o los créditos de fomento agropecuario, cuya expectativa de acceder a adjudicación de baldíos o a líneas especiales de créditos, por ejemplo, genera fenómenos de transformación de uso del suelo, sin planeación e impactando a la biodiversidad del suelo y el agua”, indica Góngora, experta de TNC.
Y ¿cómo ha avanzado Colombia en esta meta? Según Andrea Prada, especialista en Finanzas Sostenibles de WWF Colombia, hay algunos avances significativos. “Hace más de 12 años, el Ministerio de Ambiente formuló la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad, que fue implementada con el Plan de Acción de Biodiversidad 2016–2030, con metas específicas. Estas han sido incorporadas, por su parte, en importantes instrumentos de planificación del país como los planes nacionales de desarrollo pasados”.
En este momento, según indica Prada, el país está actualizando todo su marco de política de acuerdo con el nuevo marco global. “Estas metas buscan lograr que el mundo ‘viva en armonía con la naturaleza’ al 2050″.
El flujo financiero hacia la naturaleza
Como explica Góngora, de TNC, parte de la integración incluye también que los flujos financieros estén articulados con la biodiversidad para lograr la conservación de los ecosistemas, detener la pérdida de biodiversidad y ganancias en la naturaleza al 2050.
Los flujos financieros pueden ser entendidos como una serie de transacciones de activos y pasivos que consolidan o cambian una situación económica. En este aspecto, la meta 14 se entrelaza con la 19, que busca la movilización de US$200.000 millones anuales para la biodiversidad de todas las fuentes, incluidos US$30.000 millones a través de la financiación internacional.
No obstante, como se observa en el caso de Colombia, no se trata de una tarea tan sencilla, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho.
En el país, la inversión pública de las metas del acuerdo mundial se realiza a través de las metas que son integradas en los planes nacionales y territoriales de desarrollo, así como los instrumentos de planeación de cada sector.
Según datos de la iniciativa Biofin, en los últimos diez años, Colombia ha invertido cerca de $2 billones anuales del presupuesto público en biodiversidad anualmente, incluyendo actividades de protección, restauración e investigación principalmente.
“Esta inversión está por debajo del promedio de la región de América Latina, pues el gasto público en biodiversidad solo representó el 0,34 % del total del gobierno nacional central en el 2021″, indica Prada, especialista de WWF Colombia. “De manera detallada, estos recursos provienen de las siguientes fuentes: 42 % del Gobierno nacional, 35 % de los gobiernos territoriales, 19 % de las corporaciones autónomas regionales y 4 %, aproximadamente, del sistema de regalías”. Y agrega: “De esta manera, la principal fuente de los flujos financieros siguen siendo los gobiernos, a través del recaudo de impuestos. A esto se suman las donaciones de muchos países desarrollados de sus recursos fiscales a países en desarrollo, con mecanismos de cooperación internacional.”
Algunos expertos hacen un llamado a una mayor descentralización de la inversión de los recursos y del diseño de las estrategias, en las que se deben tener esta visión y herramientas para aplicarlo en todos los niveles de gobierno.
Por otra parte, para lograr movilizar todos estos recursos existe un llamado del acuerdo mundial de biodiversidad de incrementar el papel del sector privado en el cumplimiento de las metas del marco global de biodiversidad. “A nivel privado, además de participar en temas de inversión de soluciones basadas en la naturaleza, que pueden surgir para cumplir obligaciones ambientales y compensar daños o como aportes voluntarios, las empresas también generan aportes reduciendo gastos en modelos productivos perjudiciales y participan en instrumentos de mercado”, afirma Catalina Góngora de TNC. “Adicionalmente, las comunidades étnicas, a través de su conocimiento tradicional, han evidenciado ser exitosas en el manejo sostenible de los ecosistemas y la consecución de objetivos de conservación. Por ello, es relevante pensar en mecanismos financieros e incentivos económicos diferenciales a los que puedan acceder las comunidades”, resalta Góngora.
Con estas herramientas el país avanza, entre retos, para dar cumplimiento a la integración en todos los niveles de la biodiversidad en los sectores públicos, comunitarios y privados. La idea es llegar a un equilibrio entre las iniciativas para el desarrollo y las condiciones óptimas para la estabilidad de la naturaleza y sus sistemas.