El rol del sistema financiero para revertir las crisis del planeta
La pérdida de servicios ecosistémicos podría costarle a la economía mundial US$2,7 billones anuales para 2030. Por eso las decisiones que tome el sector financiero son claves para revertir las acciones que afectan los ecosistemas.
Los eventos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones y otros impactos, producto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, amenazan a la humanidad, entre otras cosas, con inestabilidad financiera y crisis económicas que se pueden prever. Por eso, el sector financiero, del que forman parte los bancos, inversionistas y aseguradoras, es un actor clave en la misión de revertir y detener la doble crisis que atraviesa el planeta.
Un aumento de la temperatura global de 2° C para 2100 podría acabar con el 11 % del Producto Interno Bruto (PIB) global y si el calentamiento llega a 3,2° C, esta cifra incluso podría ascender al 18 %. La alerta es mayor, teniendo en cuenta que hoy el planeta ya es 1,1° C más caliente con respecto a la temperatura media del período preindustrial. Por eso es importante que se cumplan los tratados como el Acuerdo de París, en el que 194 países se comprometieron a reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura global no aumente por encima de los 2ºC para finales de siglo y hacer el mayor esfuerzo para que el aumento sea de hasta 1,5ºC. (Lea también: Así buscan llevar de vuelta a los jaguares a Estados Unidos)
Sin embargo, son necesarios más planes y acciones que se deben realizar para evitar que la temperatura suba por encima de esos límites. El sector financiero tiene mucho que hacer, pues como explica Andrea Prada, especialista en finanzas sostenibles de WWF Colombia, “las instituciones de este sector toman muchas decisiones para determinar dónde poner los recursos. Esto tiene un impacto, porque pueden tomar la decisión de invertir en actividades que ayuden a la naturaleza y el medio ambiente, o en actividades que contaminan y generan cambio climático”.
Y es que si los gobiernos reasignaran los US$500 mil millones que gastan cada año en subsidios dañinos para el medio ambiente, podrían crearse 39 millones de empleos que no afecten negativamente la naturaleza (3,6 millones en Latinoamérica y en el Caribe), advierte WWF. (Lea: “Queremos que tengan en cuenta el aporte que le hacemos a la naturaleza”)
Pese a esto, las afectaciones son en doble vía, porque el medio ambiente también tiene un impacto sobre las operaciones financieras en el mundo, es decir, que este sector tiene unos riesgos asociados al clima y afectaciones en la naturaleza. Conscientes de estos, las diferentes conferencias globales sobre biodiversidad y cambio climático que se llevaron a cabo durante este año (COP15 y COP27, respectivamente), trazaron objetivos en los que el sector financiero también pueda contribuir de manera significativa a las diferentes metas.
Por ejemplo, en la COP27, 200 países firmaron el acuerdo con el que buscan, principalmente, realizar una reducción profunda, rápida y sostenida de las emisiones globales de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 1,5 °C lo cual ya se había mencionado en el Acuerdo de París. (Lea también: Que la celebración de Navidad y fin de año no implique un costo extra para el planeta)
Por el lado de la COP15, que se realizó en Canadá, los 188 gobiernos que se reunieron se comprometieron a proteger 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados para 2030. Esto será posible solo si se cumplen cuatro objetivos, entre los que destacan: detener la extinción inducida por los seres humanos de las especies en peligro de extinción, y, para 2050, reducir a la décima parte el ritmo y el riesgo de la extinción de todas las especies; así como utilizar y gestionar la diversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas de manera sostenible.
“En el marco de estas conferencias, las instituciones del sector financiero han hecho varios compromisos. Entre esos, por ejemplo, se han comprometido a llegar a las emisiones netas para 2050 y también a no financiar la deforestación. Ahora tienen la responsabilidad de mostrar los resultados de sus compromisos y las acciones que están tomando para cumplirlos”, agrega Prada.
Aunque en el mundo se han creado diferentes iniciativas, como el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (Task Force for Nature- related Financial Disclosures, TNFD), que tiene como objetivo brindar a las instituciones financieras y empresas una imagen completa de sus riesgos ambientales, estas acciones no son del todo suficientes, según la especialista de WWF. (Lea: Colombia, un país anfibio que tiene sus especies de agua dulce en peligro)
Aún hace falta claridad, por ejemplo, en la regulación bancaria, según la evaluación de las “Regulaciones Financieras Sostenibles y las Actividades de Bancos Centrales” de WWF, publicada hace pocos días. En este documento se muestra que, a pesar de los pasos iniciales, los bancos centrales y supervisores financieros no están al día con la transición hacia una economía de naturaleza positiva y cero emisiones netas.
“Otra de las problemáticas que vimos en los hallazgos de este reporte es que muchas organizaciones se plantean ese compromiso de llegar a emisiones netas en 2050, pero no tienen unos planes de transición. No dicen cómo van a ser esas metas de corto plazo”, sostiene la especialista en finanzas sostenibles.
¿Qué está haciendo el sector financiero en Colombia?
Uno de los llamados de WWF insta tanto a los supervisores financieros como a los bancos centrales a actuar de forma coherente con los objetivos ambientales establecidos a nivel nacional e internacional, así como a utilizar mecanismos diseñados para abordar los riesgos e impactos relacionados con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Y es que el panorama en Colombia no es muy diferente al que se vive en el resto del mundo. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el fenómeno de La Niña, entre 2010 y 2011, causó daños equivalentes a $11,2 billones. Además, de acuerdo con la estrategia climática de largo plazo de Colombia, la pérdida anual promedio (PAP) por cambio climático es de unos $4 billones. (Lea: Situación de la cadena del valor del queso en el departamento del Caquetá)
Por eso, entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) han implementado una serie de estrategias con las que buscan contribuir, principalmente, a la mitigación del cambio climático. Una de ellas, por ejemplo, busca una transformación económica donde los inversionistas traten de movilizar el dinero en acciones que estén más alineadas con las necesidades del planeta.
“Desde 2019, más o menos, venimos trabajando en dos frentes: promoviendo o identificando proyectos que ayuden a movilizar capital a actividades verdes, pero también impulsando, a través de diferentes iniciativas, que se identifiquen y valoren mucho mejor esos riesgos financieros que se derivan del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad”, dice Mariana Escobar, jefe de Finanzas Sostenibles de la SFC.
Uno de los proyectos más emblemáticos, que incluso ha sido reconocido a nivel internacional, es la Taxonomía Verde, que define un sistema de clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones relevantes. Es decir, precisa cuáles actividades contribuyen a cumplir con los objetivos ambientales y que, por lo tanto, pueden ser consideradas como verdes o ambientalmente sostenibles en Colombia. De forma que, si se invierte en una actividad o activo que cumple con los criterios y requisitos de la Taxonomía, dicha inversión puede ser catalogada como verde en el país. (Lea: Las recomendaciones de la exdirectora de Greenpeace para la transición energética en Colombia)
“La Taxonomía Verde da claridad. Brinda ese tipo de direccionamiento para ver si de verdad el proyecto está alineado a esa reducción del 51 % de gases de efecto invernadero que tenemos como meta de país. Muchas veces las empresas no saben que están ejecutando un proyecto verde y lo hacen desde una perspectiva financiera. Por ejemplo, implementan paneles solares porque ahorran costos, pero no saben cuál es el desempeño a la hora de implementar esos proyectos que pueden ser considerados verdes”, agrega Escobar.
Esta y otras acciones que se están implementando en el país muestran avances, y a su vez retos, según el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD): “Como parte de los avances tenemos el incremento de políticas de inversión responsable, junto con progresos en su implementación para garantizar que una proporción relevante de los activos bajo administración tengan en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Lo anterior incluye cambios en los procesos de estructuración, la definición de listas o políticas de exclusión”.
Entre los retos resaltan inicialmente la transparencia en la información, ya que solo a través de esta se pueden realizar los diferentes análisis que permiten tomar decisiones. Desde TFND, además, mencionan los retos que han dado a conocer los inversionistas. Aseguran que es necesario sensibilizar y capacitar a los tomadores de decisiones y a los equipos técnicos involucrados en la toma de decisiones de inversión y de administración de riesgos, en inversión responsable, con énfasis en cambio climático.
Los eventos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones y otros impactos, producto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, amenazan a la humanidad, entre otras cosas, con inestabilidad financiera y crisis económicas que se pueden prever. Por eso, el sector financiero, del que forman parte los bancos, inversionistas y aseguradoras, es un actor clave en la misión de revertir y detener la doble crisis que atraviesa el planeta.
Un aumento de la temperatura global de 2° C para 2100 podría acabar con el 11 % del Producto Interno Bruto (PIB) global y si el calentamiento llega a 3,2° C, esta cifra incluso podría ascender al 18 %. La alerta es mayor, teniendo en cuenta que hoy el planeta ya es 1,1° C más caliente con respecto a la temperatura media del período preindustrial. Por eso es importante que se cumplan los tratados como el Acuerdo de París, en el que 194 países se comprometieron a reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura global no aumente por encima de los 2ºC para finales de siglo y hacer el mayor esfuerzo para que el aumento sea de hasta 1,5ºC. (Lea también: Así buscan llevar de vuelta a los jaguares a Estados Unidos)
Sin embargo, son necesarios más planes y acciones que se deben realizar para evitar que la temperatura suba por encima de esos límites. El sector financiero tiene mucho que hacer, pues como explica Andrea Prada, especialista en finanzas sostenibles de WWF Colombia, “las instituciones de este sector toman muchas decisiones para determinar dónde poner los recursos. Esto tiene un impacto, porque pueden tomar la decisión de invertir en actividades que ayuden a la naturaleza y el medio ambiente, o en actividades que contaminan y generan cambio climático”.
Y es que si los gobiernos reasignaran los US$500 mil millones que gastan cada año en subsidios dañinos para el medio ambiente, podrían crearse 39 millones de empleos que no afecten negativamente la naturaleza (3,6 millones en Latinoamérica y en el Caribe), advierte WWF. (Lea: “Queremos que tengan en cuenta el aporte que le hacemos a la naturaleza”)
Pese a esto, las afectaciones son en doble vía, porque el medio ambiente también tiene un impacto sobre las operaciones financieras en el mundo, es decir, que este sector tiene unos riesgos asociados al clima y afectaciones en la naturaleza. Conscientes de estos, las diferentes conferencias globales sobre biodiversidad y cambio climático que se llevaron a cabo durante este año (COP15 y COP27, respectivamente), trazaron objetivos en los que el sector financiero también pueda contribuir de manera significativa a las diferentes metas.
Por ejemplo, en la COP27, 200 países firmaron el acuerdo con el que buscan, principalmente, realizar una reducción profunda, rápida y sostenida de las emisiones globales de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 1,5 °C lo cual ya se había mencionado en el Acuerdo de París. (Lea también: Que la celebración de Navidad y fin de año no implique un costo extra para el planeta)
Por el lado de la COP15, que se realizó en Canadá, los 188 gobiernos que se reunieron se comprometieron a proteger 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados para 2030. Esto será posible solo si se cumplen cuatro objetivos, entre los que destacan: detener la extinción inducida por los seres humanos de las especies en peligro de extinción, y, para 2050, reducir a la décima parte el ritmo y el riesgo de la extinción de todas las especies; así como utilizar y gestionar la diversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas de manera sostenible.
“En el marco de estas conferencias, las instituciones del sector financiero han hecho varios compromisos. Entre esos, por ejemplo, se han comprometido a llegar a las emisiones netas para 2050 y también a no financiar la deforestación. Ahora tienen la responsabilidad de mostrar los resultados de sus compromisos y las acciones que están tomando para cumplirlos”, agrega Prada.
Aunque en el mundo se han creado diferentes iniciativas, como el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (Task Force for Nature- related Financial Disclosures, TNFD), que tiene como objetivo brindar a las instituciones financieras y empresas una imagen completa de sus riesgos ambientales, estas acciones no son del todo suficientes, según la especialista de WWF. (Lea: Colombia, un país anfibio que tiene sus especies de agua dulce en peligro)
Aún hace falta claridad, por ejemplo, en la regulación bancaria, según la evaluación de las “Regulaciones Financieras Sostenibles y las Actividades de Bancos Centrales” de WWF, publicada hace pocos días. En este documento se muestra que, a pesar de los pasos iniciales, los bancos centrales y supervisores financieros no están al día con la transición hacia una economía de naturaleza positiva y cero emisiones netas.
“Otra de las problemáticas que vimos en los hallazgos de este reporte es que muchas organizaciones se plantean ese compromiso de llegar a emisiones netas en 2050, pero no tienen unos planes de transición. No dicen cómo van a ser esas metas de corto plazo”, sostiene la especialista en finanzas sostenibles.
¿Qué está haciendo el sector financiero en Colombia?
Uno de los llamados de WWF insta tanto a los supervisores financieros como a los bancos centrales a actuar de forma coherente con los objetivos ambientales establecidos a nivel nacional e internacional, así como a utilizar mecanismos diseñados para abordar los riesgos e impactos relacionados con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Y es que el panorama en Colombia no es muy diferente al que se vive en el resto del mundo. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el fenómeno de La Niña, entre 2010 y 2011, causó daños equivalentes a $11,2 billones. Además, de acuerdo con la estrategia climática de largo plazo de Colombia, la pérdida anual promedio (PAP) por cambio climático es de unos $4 billones. (Lea: Situación de la cadena del valor del queso en el departamento del Caquetá)
Por eso, entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) han implementado una serie de estrategias con las que buscan contribuir, principalmente, a la mitigación del cambio climático. Una de ellas, por ejemplo, busca una transformación económica donde los inversionistas traten de movilizar el dinero en acciones que estén más alineadas con las necesidades del planeta.
“Desde 2019, más o menos, venimos trabajando en dos frentes: promoviendo o identificando proyectos que ayuden a movilizar capital a actividades verdes, pero también impulsando, a través de diferentes iniciativas, que se identifiquen y valoren mucho mejor esos riesgos financieros que se derivan del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad”, dice Mariana Escobar, jefe de Finanzas Sostenibles de la SFC.
Uno de los proyectos más emblemáticos, que incluso ha sido reconocido a nivel internacional, es la Taxonomía Verde, que define un sistema de clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones relevantes. Es decir, precisa cuáles actividades contribuyen a cumplir con los objetivos ambientales y que, por lo tanto, pueden ser consideradas como verdes o ambientalmente sostenibles en Colombia. De forma que, si se invierte en una actividad o activo que cumple con los criterios y requisitos de la Taxonomía, dicha inversión puede ser catalogada como verde en el país. (Lea: Las recomendaciones de la exdirectora de Greenpeace para la transición energética en Colombia)
“La Taxonomía Verde da claridad. Brinda ese tipo de direccionamiento para ver si de verdad el proyecto está alineado a esa reducción del 51 % de gases de efecto invernadero que tenemos como meta de país. Muchas veces las empresas no saben que están ejecutando un proyecto verde y lo hacen desde una perspectiva financiera. Por ejemplo, implementan paneles solares porque ahorran costos, pero no saben cuál es el desempeño a la hora de implementar esos proyectos que pueden ser considerados verdes”, agrega Escobar.
Esta y otras acciones que se están implementando en el país muestran avances, y a su vez retos, según el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD): “Como parte de los avances tenemos el incremento de políticas de inversión responsable, junto con progresos en su implementación para garantizar que una proporción relevante de los activos bajo administración tengan en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Lo anterior incluye cambios en los procesos de estructuración, la definición de listas o políticas de exclusión”.
Entre los retos resaltan inicialmente la transparencia en la información, ya que solo a través de esta se pueden realizar los diferentes análisis que permiten tomar decisiones. Desde TFND, además, mencionan los retos que han dado a conocer los inversionistas. Aseguran que es necesario sensibilizar y capacitar a los tomadores de decisiones y a los equipos técnicos involucrados en la toma de decisiones de inversión y de administración de riesgos, en inversión responsable, con énfasis en cambio climático.