Hoy se cumplen dos años desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro al poder, y durante esos 24 meses de mandato una apuesta se ha consolidado como una de sus principales banderas: convertir a Colombia en una “potencial mundial de la vida”.
Esta tarea ha quedado, en parte, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderado por Susana Muhamad, con el objetivo de transformar las políticas ambientales del país para conservar ecosistemas de los que dependen los climas del mundo y las comunidades que habitan en los diferentes territorios del país.
Para concretar esto, Muhamad asegura que la cartera de Ambiente ha centrado sus esfuerzos en cuatro ámbitos: reducir la deforestación, posicionar a Colombia en las discusiones ambientales en el mundo, crear instrumentos financieros para la protección de la naturaleza y fomentar la participación ciudadana en la gestión de los ecosistemas en consonancia con la implementación del Acuerdo de Escazú.
“Los legados del Gobierno están fijados en contener la deforestación y salvar la Amazonía de la mano de las comunidades, así como en mejorar las condiciones de vida de los territorios más vulnerables, brindando oportunidades de transformación productiva. Otra apuesta clara ha sido posicionar a Colombia en la agenda ambiental internacional a través de políticas de gestión y negociación que permitan la protección de la biodiversidad y la acción climática y, al tiempo, garantizar la participación incidente y efectiva de las comunidades”, explica la ministra Muhamad.
Pero ¿cuáles son los avances que presenta el Gobierno Nacional y cómo estos permiten entender lo que viene para el sector ambiental en los 24 meses que quedan de la actual administración nacional?
Reducción histórica de la deforestación
El Gobierno Nacional presentó cifras alentadoras en términos de deforestación, con una reducción histórica del 54 % de la deforestación en el país entre 2021 y 2023. En particular, el año pasado se alcanzó la cifra de pérdida de bosques más baja en los últimos 23 años, con una disminución, con respecto al 2022, del 36 %, pasando de 123.517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79.256 en 2023. Es decir, cerca de 40 mil hectáreas menos.
La meta del Gobierno Nacional, según el Plan Nacional de Desarrollo, es reducir la deforestación en un 20 % respecto a la línea base trazada en el año 2021 de 174.103 hectáreas; lo que indica que en los primeros dos años se ha superado esta meta.
Para lograr sostener estos resultados, la cartera de Ambiente indica que reforzará las acciones del Plan de Contención de la Deforestación. “Especialmente en la Amazonía colombiana, a través del programa Conservar Paga, con el que ya vinculamos a más de 3.000 familias y esperamos llegar a 11.000 hogares”, comenta la ministra Muhamad.
A través del programa Conservar Paga, se han destinado recursos económicos para la conservación de la selva amazónica, con un monto asignado por el Fondo para la Vida de $143.449 millones, que busca a beneficiar a 16.000 familias de los 22 Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Estas comunidades recibirán $900.000 mensuales por las acciones de conservación y restauración que realicen en áreas y ecosistemas estratégicos.
Además, se seguirá fortaleciendo la Red Nacional de Brigadas Forestales Comunitarias, que cuenta con 80 grupos dedicados a la vigilancia local para atender los incendios forestales y fortalecer autoprotección comunitaria.
Desde la parte institucional, el Gobierno destaca la consolidación de las áreas protegidas en Colombia, con la ampliación este año a 1.688 áreas protegidas que abarcan más del 24 % del territorio nacional. Una de las principales expansiones fue la declaratoria del Parque Nacional Natural Manacacías, que alberga más de 68.000 hectáreas, en San Martín (Meta).
Colombia en la agenda mundial ambiental
Con la realización de la COP16, la cumbre mundial de biodiversidad en Colombia este año, el país busca demostrar su liderazgo en la agenda global en términos de biodiversidad. Como anfitrión del evento que reunirá a 196 países en Cali para tomar acciones que permitan frenar la crisis de pérdida de biodiversidad, el Ministerio de Ambiente tendrá la tarea de moderar las negociaciones y proponer nuevas acciones para atender la crisis ecológica en el planeta y asegurar el cumplimiento de las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal al 2030.
Este liderazgo se viene ejecutando desde las pasadas cumbres del clima, realizadas en Egipto y Dubái. En esta última, el país contribuyó a la construcción y aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños, que beneficiará a los países en desarrollo al asegurar el acceso a recursos que atiendan las necesidades de las poblaciones más vulnerables frente al cambio climático.
“El Fondo de Pérdidas y Daños fue puesto en marcha tras 30 años de negociaciones fallidas, permitiendo que ahora los países en desarrollo tengan la oportunidad de acceder a recursos para enfrentar los efectos devastadores que ocasiona en los territorios más vulnerables, la crisis climática”, explica la ministra Muhamad.
En el mismo sentido, el Gobierno lanzó el primer portafolio de inversión para la acción climática y la transición socioecológica por 34 billones de dólares, compuesto por cinco componentes estratégicos y 14 programas de inversión, con oportunidades por más de 32 billones de dólares, que representan el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Dentro de las gestiones importantes en el marco internacional también se destaca el apoyo con 34 millones de dólares de la cooperación internacional de Reino Unido, Alemania y Noruega, para la contención de la deforestación en la Amazonía colombiana, con el soporte de los resultados de reducción que se han logrado.
En esa misma línea, se logró que el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete sea la primera área protegida del país en contar con un programa de inversión constante, a través de la cooperación internacional. Esta área protegida recibirá un millón de dólares al año que permitirán cubrir el 25 % del total de recursos que requiere el parque para su funcionamiento.
Recursos para fortalecer la gestión en las regiones
Con el objetivo de mejorar el financiamiento de los proyectos y programas que se requieren en los territorios para implementar la acción climática, la contención de la deforestación y el ordenamiento alrededor del agua, el Gobierno le apostó a la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.
Este fondo busca, según el gobierno, ejecutar recursos en proyectos a largo plazo creando un patrimonio autónomo al ministerio que es administrado por una sociedad fiduciaria, encargada de asegurar una mayor eficiencia en la distribución de los recursos para beneficiar a las comunidades y los ecosistemas estratégicos del país. Parte de estos recursos serán entregados a pueblos indígenas, comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de control ciudadano, entre otros.
“A través de este instrumento financiero hemos aprobado recursos por más de $930.000 millones para la protección y conservación de ecosistemas estratégicos del país. Destinamos $501.000 millones para salvar la selva amazónica y $428.611 millones para la restauración de La Mojana”, indica Muhamad. “Además, se entregaron recursos para que La Guajira enfrente las amenazas del cambio climático y convierta en un territorio resiliente a sus efectos, esto gracias a una inversión de $37.200 millones que beneficiarán a más de un millón de personas de este territorio”, afirmó Muhamad.
Por ejemplo, para la región Pacífica, el Ministerio anunció una inversión de $19.700 millones para un proyecto de recuperación integral de la Cuenca del río Atrato, para disminuir la degradación de los ecosistemas de este afluente.
Protección con las comunidades
Una de las principales promesas del Gobierno Nacional ha sido implementar el Acuerdo de Escazú, el cual compromete a los gobiernos latinoamericanos que se han adherido a asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.
En este momento, el Ministerio de Ambiente tiene lista la ruta de implementación del acuerdo a través de seis puntos: convergencia intersectorial, comunicación, y divulgación y pedagogía ciudadana, personas defensoras de la naturaleza, líneas de acción intercultural e internacionalización.
“Frente al reto de la articulación intersectorial en la implementación del Acuerdo de Escazú, el Ministerio está liderando la conformación y consolidación de la Comisión interinstitucional, con la creación de las salvaguardas sociales y ambientales para asegurar la sostenibilidad de los proyectos de inversión a nivel nacional y garantizar el acceso a la información ambiental de modo efectivo”, explica la cartera de Ambiente.
Además de esto, con la idea de que la producción sostenible es un aliado del ambiente, se logró un acuerdo con los pescadores para ampliar y proteger la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal en el océano Pacífico, que beneficiaría a más de 10.000 habitantes que son parte de la cadena pesquera en esta zona norte del departamento de Chocó.
Durante estos dos años, el Ministerio de Ambiente ha realizado la estructuración de estrategias que ahora entrarán en implementación. Entre estas está una convocatoria de regalías por $2,1 billones para financiar proyectos de conservación de áreas ambientales estratégicas y en la lucha contra la deforestación. En total se abrieron cinco convocatorias, en las cuales se han presentado cerca de 800 proyectos para municipios de menos de 50.000 habitantes, ordenamiento del territorio alrededor del agua y contención de la deforestación con pueblos indígenas y comunidades raizales y afro.
Además, en uno de los hitos más recientes en el país, se inició la reducción de plásticos de un solo uso con la eliminación de ocho productos plásticos y la firma de un pacto multisectorial para la reducción de este material en el país.
En el marco del Acuerdo de Paz, finalmente, se expidió un decreto que reglamenta la ley que repara efectivamente a las víctimas del conflicto armado a través de Pagos por Servicios Ambientales. Involucra a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz en las acciones de preservación y restauración de ecosistemas estratégicos, como parte de su reincorporación en la vida civil y, además, reconoce incentivos a la conservación en áreas públicas, como manglares, humedales y reservas forestales.
*Contenido realizado en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible