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En Colombia, dos de cada 10 personas viven en zonas rurales. Allí se genera una gran parte de los alimentos que se consumen en el país. Sin embargo, contradictoriamente, es también en estas zonas donde sus pobladores sufren las mayores tasas de inseguridad alimentaria (32,5 % según la última Encuesta de Calidad de Vida presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, ECV, 2022). (Le puede interesar: Agronegocios rentables, sostenibles e inclusivos para el campo colombiano)
Este desbalance que existe entre la ciudad y el campo también se refleja en indicadores como la pobreza monetaria, que mide la cantidad de la población que no percibe los ingresos suficientes para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Según cifras del DANE, para el 2021, mientras que un 10,3 % de las personas en zonas urbanas vivían por debajo de la línea de pobreza monetaria extrema, esta cifra ascendió a 18,8 % en las zonas rurales.
Adicionalmente, el campo también ha sido el escenario principal del conflicto armado que ha vivido por décadas el país, como se evidenció en el Acuerdo de Paz firmado en 2016. En efecto, específicamente en el punto número uno: Reforma Rural Integral, se contempla como meta principal la atención de los ciudadanos rurales en los diferentes ámbitos: tierras, educación, salud y el fortalecimiento de su potencial productivo.
Así, a partir del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano, organismos multilaterales y de cooperación internacional le dieron vida al programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II), que inició en 2015, con la financiación de la Unión Europea (UE) y el objetivo de cerrar las brechas entre el campo y las ciudades.
Entre 2020 y 2023 se viene implementando la segunda fase del programa, desarrollado articuladamente entre la UE, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta alianza brinda apoyo al Gobierno de Colombia a través de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y sus entidades adscritas, con el propósito de contribuir en el crecimiento sostenible e inclusivo en zonas rurales marginadas y afectadas por el conflicto. (Le recomendamos: Más coordinación intersectorial para la restauración y conservación de los bosques)
La Unión Europea reconoce el profundo vínculo que hay entre el desarrollo rural y la construcción de paz en Colombia; por lo tanto, su apoyo está enfocado en reducir desigualdades, generar fuentes dignas, justas y legales de ingresos y empleos, promover la presencia integral del Estado, conectar los territorios rurales más apartados con el resto del país, lograr la sustentabilidad ambiental de las actividades productivas rurales, además de garantizar la vida y la defensa de los derechos de líderes sociales y ambientales.
Para la FAO, el programa busca el diseño, implementación y consolidación de políticas públicas, validadas por la sociedad civil mediante proyectos territoriales, que mejoren la producción agropecuaria de manera sostenible, con una mirada incluyente que permita a todos los pobladores rurales y, en particular a mujeres y jóvenes, avanzar de manera participativa en la modernización del campo y que, en últimas, mejoren las condiciones de vida de las comunidades rurales del país.
Esta propuesta requiere la integración de acciones entre varios sectores. En el marco del DRET II se ha apostado por fortalecer la agenda interministerial de agricultura y ambiente. Entre las políticas que apoya el programa, que suma las capacidades institucionales de ambas carteras, se destacan los avances hacia sistemas de producción más agroecológicos, en los cuales reconocen y reivindican los procesos que la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) ha desarrollado en el país. (También puede leer: Los viveros y el mejoramiento genético son claves en la reforestación en Colombia)
Asimismo, temas como la igualdad de género, la inclusión de jóvenes, el crédito, la comercialización y el abastecimiento alimentarios son infaltables en la agenda del desarrollo rural, por lo que son abordados por el DRET II a través de las 26 asistencias técnicas de políticas públicas que se implementan a lo largo y ancho del país, en alianza con actores territoriales, como se aprecia en la infografía que acompaña este artículo.
Todo esto aporta a las metas del país en el cumplimiento de la Agenda 2030, entre las que se resaltan: fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de las desigualdades y la vida de ecosistemas terrestres.
Sobre estos avances y los objetivos en desarrollo, la alianza UE-AICS-FAO realizará el foro “Construcción de políticas públicas para el agro colombiano” este 21 de julio, en el marco de la versión número 24 de Agroexpo, feria que en esta edición trae como mensaje “cultivamos el futuro agroalimentario”.
El evento contará con la participación de representantes de entidades del Estado, la cooperación internacional, la academia e investigadores especializados en el desarrollo rural. Como participación internacional nos acompañará la Universidad de Bolonia, de Italia, con una intervención dirigida a informar al público sobre las peculiaridades y los principios que subyacen en los productos agroalimentarios con certificación ecológica en la UE, con especial referencia al contexto general de este mercado ecológico italiano y europeo. (También puede leer: El programa regional de la Unión Europea que apoyará la preservación de la Amazonía)
Puede consultar la agenda completa de este foro en el cuadro que acompaña este artículo, para conocer a los participantes de los paneles y los horarios en los que tendrán lugar.