Enfrentar el cambio climático, una condición para avanzar hacia una economía en armonía con la naturaleza y las personas

En un escenario de pospandemia, más que nunca, la formulación e implementación incesante de políticas públicas que alienten con financiamiento e inversión la recuperación de los ecosistemas deben ser algo que apremie. Al menos esto es lo que sugiere la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 ha invitado a los países de esta zona del mundo a adaptar sus modelos y estrategias de inversión a un escenario competitivo y equitativo que sea sensible con el clima.

Si llevamos esto al contexto colombiano, donde se busca que, a través de casi 200 acciones y medidas climáticas planteadas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés), el país aporte a la lucha global contra el cambio climático y específicamente al cumplimiento del Acuerdo de París, no se puede escatimar ningún esfuerzo, por mínimo o cotidiano que parezca, para armonizar una economía estable con una recuperación ordenada y acelerada de los ecosistemas.

Según el análisis de Ximena Barrera, directora de relaciones de gobierno y asuntos internacionales de WWF Colombia, el país debe apostarle a un enfoque étnico e intergeneracional para pensar en una transición hacia una economía verde (en armonía con la naturaleza), justa (que cierre brechas sociales) y resiliente (consciente de los efectos del cambio climático).

“Primero, si queremos un ajuste en nuestro modelo económico nacional debemos pensar en las múltiples facetas de vulnerabilidad que vemos en las regiones y en los principales motores de deforestación y pérdida de biodiversidad. Hay brechas sociales por cerrar y es necesario poner a las personas y a la naturaleza en el centro de la recuperación, generando beneficios sociales y de resiliencia, basándose en una transición justa para todos”.

Capital natural y bienestar humano

La descarbonización de la economía en Colombia, representada en el objetivo de reducir el 51 % de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), que el país tiene proyectado generar de aquí a 2030, es una vía que comunidades y distintos consultores ambientalistas en el país aconsejan para generar alternativas económicas amigables con la naturaleza.

La bióloga Mariana Rojas Laserna, directora de proyectos de Transforma Global, tiene esta visión de país y de transición energética. Ella, a pesar de que reconoce avances en la generación de medidas habilitantes y marco jurídico para ampliar la integración de energías no convencionales (como la eólica y la solar, por ejemplo), considera que hay temas de fondo que están por discutirse de forma integral y coherente para que todos los sectores en el país se apropien de lleno en las tareas de impulsar la economía sin seguir dañando la biodiversidad.

Este asunto va más allá de aumentar los stocks de carbono y reducir riesgos de vulnerabilidad en las regiones. Para Rojas, la NDC de Colombia es y debe seguir siendo ambiciosa con el fin de que se sigan enfocando los recursos y esfuerzos para reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas.

Además, la bióloga agrega que “el capital natural es la base del bienestar humano (…). La recuperación económica no puede ser a costa de los recursos naturales, sino por el contrario su conservación, restauración y uso sostenible pueden aportar en la superación de la crisis por la que atravesamos. Tiene el potencial de generar capacidades y empleo en las comunidades locales, así como alternativas económicas y medios de vida para quienes dependen de los ecosistemas”.

En medio de sus explicaciones, tanto Ximena Barrera como Mariana Rojas, concuerdan en que en el país hay que generar estrategias integradas que protejan y restauren la naturaleza transformando los sistemas económicos acordes a las necesidades y condiciones de los territorios, pues en todos no existen las mismas opciones. Por ejemplo, algunas regiones tienen una mayor oportunidad frente a la generación de energía eólica o solar, otras para implementar proyectos de agroforestería o silvicultura, las ciudades en movilidad eléctrica u otras regiones tienen un mayor potencial en la implementación de instrumentos, como pago por servicios ambientales.

Afrontar el cambio climático desde lo local

Retomando el acontecer regional por un momento, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboró el semestre pasado un informe sobre recuperación pos-COVID-19, en el que priorizan el aumento en la resiliencia de los ecosistemas, la alimentación y los medios de vida rurales como factores esenciales para darles un nuevo respiro a la naturaleza y al desarrollo sostenible.

Otro punto por tratar, desde las acciones locales de las comunidades para afrontar el cambio climático, impulsar la micro y macroeconomía, y no descuidar los consecuentes impactos de estas acciones sobre los ecosistemas, es la relación hacia futuro con los sistemas de transporte masivo.

Tanto el informe de la ONU como las fuentes consultadas para realizar este editorial periodístico piden intensificar los esfuerzos para desplegar energías renovables y eficiencia energética en nuestra forma de movernos, pues allí se establecerían condiciones rentables y de largo aliento.

Por ejemplo, según la ONU, si hay una apuesta constante hacia una electrificación de transporte como motor de la economía en la región, se ahorrarían más de US$369.000 millones para 2050 en costos de combustible y operación. “La transición hacia la movilidad eléctrica puede ayudar a los países de América Latina a reducir las emisiones, cumplir con los compromisos climáticos fortaleciendo el trabajo a nivel subnacional en ciudades capitales, como intermedias, y generar empleos verdes que dinamicen la economía”, concluye Ximena Barrera.

Una mirada gubernamental

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le aseguraron a este diario que a través de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del riesgo (DCCGR) vienen apoyando con el suministro de insumos técnicos necesarios para “la implementación de proyectos relacionados con sistemas productivos agropecuarios en el marco del componente de adaptación, para impulsar acciones hacia un desarrollo rural resiliente al clima con enfoque territorial”.

Desde esta cartera también sugieren que el cambio climático trae oportunidades para impulsar proyectos de transición energética, por ejemplo resaltando “los instrumentos de planificación territorial y sectorial, denominados planes de gestión integral de cambio climático territoriales y sectoriales, los cuales son de referencia por parte de las diferentes entidades y contribuyen a orientar la gestión del cambio climático del sector privado y las comunidades, desde una perspectiva tanto sectorial como territorial”.

Una recuperación verde, justa y, sobre todo, resiliente (basada en acciones para afrontar el cambio climático) debe aterrizar realidades. Es decir, que como país debemos cerrar las brechas de inequidad existentes y porque las alternativas que hasta el momento hemos concebido para el crecimiento económico han profundizado diferencias entre los grupos poblacionales, como de género o aspectos étnicos.

No podemos dejar de adaptarnos a las circunstancias del cambio climático para ser resilientes y, por supuesto, no podemos desfallecer en la idea de impulsar la economía de la mano con los intereses ambientales que no concluyan más en daños irreversibles como los que como especie ya le hemos ocasionado al planeta.

En un escenario de pospandemia, más que nunca, la formulación e implementación incesante de políticas públicas que alienten con financiamiento e inversión la recuperación de los ecosistemas deben ser algo que apremie. Al menos esto es lo que sugiere la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 ha invitado a los países de esta zona del mundo a adaptar sus modelos y estrategias de inversión a un escenario competitivo y equitativo que sea sensible con el clima.

Si llevamos esto al contexto colombiano, donde se busca que, a través de casi 200 acciones y medidas climáticas planteadas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés), el país aporte a la lucha global contra el cambio climático y específicamente al cumplimiento del Acuerdo de París, no se puede escatimar ningún esfuerzo, por mínimo o cotidiano que parezca, para armonizar una economía estable con una recuperación ordenada y acelerada de los ecosistemas.

Según el análisis de Ximena Barrera, directora de relaciones de gobierno y asuntos internacionales de WWF Colombia, el país debe apostarle a un enfoque étnico e intergeneracional para pensar en una transición hacia una economía verde (en armonía con la naturaleza), justa (que cierre brechas sociales) y resiliente (consciente de los efectos del cambio climático).

“Primero, si queremos un ajuste en nuestro modelo económico nacional debemos pensar en las múltiples facetas de vulnerabilidad que vemos en las regiones y en los principales motores de deforestación y pérdida de biodiversidad. Hay brechas sociales por cerrar y es necesario poner a las personas y a la naturaleza en el centro de la recuperación, generando beneficios sociales y de resiliencia, basándose en una transición justa para todos”.

Capital natural y bienestar humano

La descarbonización de la economía en Colombia, representada en el objetivo de reducir el 51 % de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), que el país tiene proyectado generar de aquí a 2030, es una vía que comunidades y distintos consultores ambientalistas en el país aconsejan para generar alternativas económicas amigables con la naturaleza.

La bióloga Mariana Rojas Laserna, directora de proyectos de Transforma Global, tiene esta visión de país y de transición energética. Ella, a pesar de que reconoce avances en la generación de medidas habilitantes y marco jurídico para ampliar la integración de energías no convencionales (como la eólica y la solar, por ejemplo), considera que hay temas de fondo que están por discutirse de forma integral y coherente para que todos los sectores en el país se apropien de lleno en las tareas de impulsar la economía sin seguir dañando la biodiversidad.

Este asunto va más allá de aumentar los stocks de carbono y reducir riesgos de vulnerabilidad en las regiones. Para Rojas, la NDC de Colombia es y debe seguir siendo ambiciosa con el fin de que se sigan enfocando los recursos y esfuerzos para reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas.

Además, la bióloga agrega que “el capital natural es la base del bienestar humano (…). La recuperación económica no puede ser a costa de los recursos naturales, sino por el contrario su conservación, restauración y uso sostenible pueden aportar en la superación de la crisis por la que atravesamos. Tiene el potencial de generar capacidades y empleo en las comunidades locales, así como alternativas económicas y medios de vida para quienes dependen de los ecosistemas”.

En medio de sus explicaciones, tanto Ximena Barrera como Mariana Rojas, concuerdan en que en el país hay que generar estrategias integradas que protejan y restauren la naturaleza transformando los sistemas económicos acordes a las necesidades y condiciones de los territorios, pues en todos no existen las mismas opciones. Por ejemplo, algunas regiones tienen una mayor oportunidad frente a la generación de energía eólica o solar, otras para implementar proyectos de agroforestería o silvicultura, las ciudades en movilidad eléctrica u otras regiones tienen un mayor potencial en la implementación de instrumentos, como pago por servicios ambientales.

Afrontar el cambio climático desde lo local

Retomando el acontecer regional por un momento, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboró el semestre pasado un informe sobre recuperación pos-COVID-19, en el que priorizan el aumento en la resiliencia de los ecosistemas, la alimentación y los medios de vida rurales como factores esenciales para darles un nuevo respiro a la naturaleza y al desarrollo sostenible.

Otro punto por tratar, desde las acciones locales de las comunidades para afrontar el cambio climático, impulsar la micro y macroeconomía, y no descuidar los consecuentes impactos de estas acciones sobre los ecosistemas, es la relación hacia futuro con los sistemas de transporte masivo.

Tanto el informe de la ONU como las fuentes consultadas para realizar este editorial periodístico piden intensificar los esfuerzos para desplegar energías renovables y eficiencia energética en nuestra forma de movernos, pues allí se establecerían condiciones rentables y de largo aliento.

Por ejemplo, según la ONU, si hay una apuesta constante hacia una electrificación de transporte como motor de la economía en la región, se ahorrarían más de US$369.000 millones para 2050 en costos de combustible y operación. “La transición hacia la movilidad eléctrica puede ayudar a los países de América Latina a reducir las emisiones, cumplir con los compromisos climáticos fortaleciendo el trabajo a nivel subnacional en ciudades capitales, como intermedias, y generar empleos verdes que dinamicen la economía”, concluye Ximena Barrera.

Una mirada gubernamental

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le aseguraron a este diario que a través de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del riesgo (DCCGR) vienen apoyando con el suministro de insumos técnicos necesarios para “la implementación de proyectos relacionados con sistemas productivos agropecuarios en el marco del componente de adaptación, para impulsar acciones hacia un desarrollo rural resiliente al clima con enfoque territorial”.

Desde esta cartera también sugieren que el cambio climático trae oportunidades para impulsar proyectos de transición energética, por ejemplo resaltando “los instrumentos de planificación territorial y sectorial, denominados planes de gestión integral de cambio climático territoriales y sectoriales, los cuales son de referencia por parte de las diferentes entidades y contribuyen a orientar la gestión del cambio climático del sector privado y las comunidades, desde una perspectiva tanto sectorial como territorial”.

Una recuperación verde, justa y, sobre todo, resiliente (basada en acciones para afrontar el cambio climático) debe aterrizar realidades. Es decir, que como país debemos cerrar las brechas de inequidad existentes y porque las alternativas que hasta el momento hemos concebido para el crecimiento económico han profundizado diferencias entre los grupos poblacionales, como de género o aspectos étnicos.

No podemos dejar de adaptarnos a las circunstancias del cambio climático para ser resilientes y, por supuesto, no podemos desfallecer en la idea de impulsar la economía de la mano con los intereses ambientales que no concluyan más en daños irreversibles como los que como especie ya le hemos ocasionado al planeta.