España apuesta por nuevas ayudas económicas y más concienciación para luchar contra la pobreza energética
Este mes saltó a los titulares de la prensa española que los tribunales habían dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona y condenaban a la compañía eléctrica Endesa a pagar una multa de 10.0001 euros por cortar la luz en 2017 a una familia que estaba en situación vulnerable. Según dictamina la sentencia, la energética no solicitó a los Servicios Sociales catalanes si estos vecinos se encontraban en riesgo de exclusión, de forma que incumplieron la ley de esta comunidad 24/2015 sobre la pobreza energética que así lo indica.
Redacción BIBO
Una sentencia que sin duda marca un precedente porque pone entre las cuerdas a las compañías eléctricas, que todavía están reticentes ante los impagos de estas personas. Según marca la ley, no se puede cortar el suministro a las familias vulnerables.
En este sentido, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han intentado en los últimos años sentarse a dialogar con las empresas para amparar a los que tienen menos recursos. La idea sería que ellas asumieran la mitad de los costes, además de implantar tarifas sociales. No obstante, por el momento no se ha materializado este compromiso.
¿Qué es la pobreza energética?
La pobreza energética se define como la situación de un hogar que no puede satisfacer sus necesidades básicas energéticas debido a la incapacidad de pagar estos gastos. No solo es el hecho de no abonar los recibos, sino también pasar frío o calor por no poder utilizar ciertos aparatos eléctricos (es decir, no mantener una temperatura adecuada en el hogar) o medir los usos para poder pagar las facturas. La persona que se encuentra en esta situación recibe el nombre de consumidor vulnerable.
Según los indicadores utilizados por el Gobierno de España, entre 3,5 y 8 millones de personas estarían sufriendo alguna de las diferentes ramas que abarca la pobreza energética.
España sigue siendo unos de los países de la Unión Europea con los precios más altos de electricidad y gas y esto se refleja en sus habitantes. Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, 6,8 millones de personas no alcanzan la temperatura optima en su vivienda (porque no pueden encender el aire acondicionado o la calefacción por sus precios) o presentan deudas en sus facturas. Esto supondría el 15% de toda la población española.
En concreto, 2,8 millones de estos tienen dos o más retrasos en sus pagos del último año. Los expertos apuntan que una de las razones es la actual división del mercado en libre y regulado (tanto en el sector energético como en el gasista) y el desconocimiento de algunas personas con escasos recursos que están adscritos al mercado libre y no pueden solicitar la ayuda económica que supone el bono social.
Lo mismo ocurre con la ignorancia del ahorro que supone contar con una tarifa de discriminación horaria.
Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
La Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aprobada en marzo de este mismo año por el Gobierno de Pedro Sánchez se llevará a cabo a partir de ahora hasta 2023. Este documento continúa en la línea de sus predecesores: los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, los objetivos de la Europa 2020 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero centrándose en España.
Esta estrategia nacional se basa en los siguientes ejes que aparecen a continuación resumidos:
- Mejora el conocimiento de la pobreza energética. Este apartado se centra en la mejora de los indicadores así como en el conocimiento de los usuarios del gasto energético que necesitan y las opciones que les ofrece el mercado.
- Mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética. Se centra en los subsidios para los consumidores vulnerables, en la creación de nuevos y facilitar el acceso a ellos.
- Crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética. Basarse en la economía desarrollada y sostenible para acabar con la pobreza energética y no contaminar el planeta a su vez. Por ejemplo: con rehabilitaciones express en viviendas.
- Medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Formar a los médicos de Atención Primaria para detectar a los pacientes que sufren de pobreza energética. Al mismo tiempo, crear mecanismos de sensibilización y conciencia colectiva acerca de este problema social.
Una sentencia que sin duda marca un precedente porque pone entre las cuerdas a las compañías eléctricas, que todavía están reticentes ante los impagos de estas personas. Según marca la ley, no se puede cortar el suministro a las familias vulnerables.
En este sentido, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han intentado en los últimos años sentarse a dialogar con las empresas para amparar a los que tienen menos recursos. La idea sería que ellas asumieran la mitad de los costes, además de implantar tarifas sociales. No obstante, por el momento no se ha materializado este compromiso.
¿Qué es la pobreza energética?
La pobreza energética se define como la situación de un hogar que no puede satisfacer sus necesidades básicas energéticas debido a la incapacidad de pagar estos gastos. No solo es el hecho de no abonar los recibos, sino también pasar frío o calor por no poder utilizar ciertos aparatos eléctricos (es decir, no mantener una temperatura adecuada en el hogar) o medir los usos para poder pagar las facturas. La persona que se encuentra en esta situación recibe el nombre de consumidor vulnerable.
Según los indicadores utilizados por el Gobierno de España, entre 3,5 y 8 millones de personas estarían sufriendo alguna de las diferentes ramas que abarca la pobreza energética.
España sigue siendo unos de los países de la Unión Europea con los precios más altos de electricidad y gas y esto se refleja en sus habitantes. Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, 6,8 millones de personas no alcanzan la temperatura optima en su vivienda (porque no pueden encender el aire acondicionado o la calefacción por sus precios) o presentan deudas en sus facturas. Esto supondría el 15% de toda la población española.
En concreto, 2,8 millones de estos tienen dos o más retrasos en sus pagos del último año. Los expertos apuntan que una de las razones es la actual división del mercado en libre y regulado (tanto en el sector energético como en el gasista) y el desconocimiento de algunas personas con escasos recursos que están adscritos al mercado libre y no pueden solicitar la ayuda económica que supone el bono social.
Lo mismo ocurre con la ignorancia del ahorro que supone contar con una tarifa de discriminación horaria.
Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
La Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aprobada en marzo de este mismo año por el Gobierno de Pedro Sánchez se llevará a cabo a partir de ahora hasta 2023. Este documento continúa en la línea de sus predecesores: los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, los objetivos de la Europa 2020 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero centrándose en España.
Esta estrategia nacional se basa en los siguientes ejes que aparecen a continuación resumidos:
- Mejora el conocimiento de la pobreza energética. Este apartado se centra en la mejora de los indicadores así como en el conocimiento de los usuarios del gasto energético que necesitan y las opciones que les ofrece el mercado.
- Mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética. Se centra en los subsidios para los consumidores vulnerables, en la creación de nuevos y facilitar el acceso a ellos.
- Crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética. Basarse en la economía desarrollada y sostenible para acabar con la pobreza energética y no contaminar el planeta a su vez. Por ejemplo: con rehabilitaciones express en viviendas.
- Medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Formar a los médicos de Atención Primaria para detectar a los pacientes que sufren de pobreza energética. Al mismo tiempo, crear mecanismos de sensibilización y conciencia colectiva acerca de este problema social.