Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Hace 24 años, Jani Silva se organizó con su comunidad para consolidar la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica, que agrupa a 24 veredas del municipio de Puerto Asís (Putumayo). Entre sus objetivos estaba mejorar el acceso a la tierra y, al tiempo, avanzar hacia un desarrollo rural equitativo.
Por este trabajo, que ha incluido denuncias por la contaminación de ciertas empresas, así como la presencia de grupos armados, ha sido amenazada en varias ocasiones en los últimos años. Estas amenazas se materializaron con varios panfletos con su nombre, o con la presencia de personas sospechosas alrededor de su casa que la obligaron a huir de su hogar y detener sus actividades campesinas.
“Yo busqué la forma de estar protegida y no fue un proceso fácil. Así pasa con muchos líderes y lideresas que realizan labores muy valiosas en sus territorios, pero sin acompañamiento y sin ser visibilizados, simplemente pasan a ser una cifra cuando intentan atentar contra ellos”, explica Silva, quien en 2023 fue nominada al Nobel de Paz.
Las palabras de Silva ilustran una problemática que, según cifras de la organización Global Witness, ha dejado desde 2012 al menos 2.106 personas asesinadas por la defensa de estas causas en el mundo. En ese contexto, ninguna región ha sido más peligrosa que América Latina y ningún país más letal que Colombia. En 2023 se registraron 79 asesinatos en 2023, lo que supuso el 40 % de todos los casos registrados en el mundo ese año.
“En todos los rincones del planeta, quienes se atreven a denunciar el impacto devastador de las industrias extractivas (deforestación, contaminación y acaparamiento de tierras) se enfrentan a la violencia y la intimidación. Esto es especialmente cierto en el caso de los pueblos indígenas, que son objeto de ataques desproporcionados año tras año”, escribió la sudafricana galardonada con el premio Goldman de Medio Ambiente, Nonhle Mbuthuma, en el prólogo del más reciente informe global de la violencia contra defensores de la tierra y el medioambiente de Global Witness, que lleva más de una década monitoreando este fenómeno.
Una de las estrategias para enfrentar el asesinato de líderes sociales y ambientes fue el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y que es el primer tratado medioambiental de América Latina.
Este, en resumen, es el compromiso de los Estados para garantizar tres puntos fundamentales: el derecho que tienen las personas y comunidades a defender el ambiente, la garantía de las comunidades de tener acceso a la información y una voz en los proyectos que ocurran en sus territorios, yel deber de los países de desarrollar herramientas para solucionar los conflictos que surjan entre comunidades y empresas o terceros.
Estos conflictos no son pocos en Colombia. De acuerdo con cifras de Indepaz, para 2023 se registraban más de 160 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura que chocan con las voluntades de las comunidades. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en Santander, donde parte de la comunidad se opone a la realización de un proyecto minero en el Páramo de Santurbán, clave en el abastecimiento de agua en el departamento y la región.
Como lo explica Luz Eyda Jilcué, lideresa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que tiene más de 20 años de experiencia en labores de defensa ambiental y del territorio, son varios los obstáculos que hay en el camino para que las comunidades defiendan sus territorios.
“Uno de los principales desafíos es la estigmatización que experimentamos los líderes que llevamos a cabo estas causas, en particular aquellos que pertenecemos a comunidades indígenas. Nos catalogan como un peligro para la sociedad o dicen que somos guerrilleros”, indica Jilcué. “Así se va minando nuestra seguridad hasta que llegamos a los extremos en los que asesinan a nuestras y nuestros compañeros por el simple hecho de denunciar”.
Actualmente, Jilcué está denunciando los efectos de grandes extensiones de monocultivos de caña de azúcar y palma de cera en el norte y el sur del departamento del Cauca, los cuales, asegura, han afectado a especies nativas del territorio, en particular especies frutales de las cuales se alimentaba la comunidad. Además de esto, denuncian que estas actividades de agricultura intensiva, junto con hechos del conflicto armado que han desplazado a comunidades a las zonas montañosas del Valle del Cauca, los han dejado “sin espacios de vida”.
“Son ríos, lagunas y otros espacios muy ricos en biodiversidad que, como comunidades, tenemos el deber de proteger al ser nuestros territorios y ser necesarios para el desarrollo de nuestras comunidades. Hemos logrado que los terratenientes de la zona hagan algunas concesiones con la entrega de terrenos, pero no es suficiente. Otro tema que no ayuda es que, en estas situaciones, las corporaciones autónomas regionales, entidades encargadas de la protección de estos espacios, no abordan estos asuntos de manera integral”, explica Jilcué.
Si bien el Acuerdo de Escazú no introduce nuevos derechos en los países, busca garantizar el cumplimiento de algunos de ellos y mejorar las garantías de las comunidades en este tipo de situaciones. En agosto de este año, la Corte Constitucional colombiana declaró constitucional el acuerdo, con lo que nuestro país se convirtió en el número 17 en ratificarlo.
El avance en estas garantías para los líderes, además de intentar garantizar los derechos de los defensores ambientales y de la tierra, busca mejorar la protección de los ecosistemas. Como lo han ratificado las diferentes Conferencias de las Partes (COP) sobre la biodiversidad, los liderazgos en esta misión hacen parte del éxito de las estrategias de conservación y preservación de territorial de los ecosistemas en el mundo.
Por esta razón, en septiembre de 2024 se llevó a cabo un evento rumbo a la COP16 con la participación de más de 150 liderazgos ambientales de Colombia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Paraguay, Bolivia, Guatemala y El Salvador, con el fin de promover la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia y América Latina, enfocándose en la protección de los derechos humanos de líderes y lideresas ambientales. En este espacio, en particular, se dialogó sobre cómo avanzar en la meta 22 del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal que reconoce la importancia de asegurar la protección plena de los defensores de los derechos humanos ambientales.
“Sabemos que las condiciones para quienes defienden la vida y los territorios son cada vez más difíciles. Reconocemos que su lucha a veces es solitaria, estigmatizada y enfrentada a intereses poderosos, tanto corporativos como del crimen organizado. No podemos permitir que el aislamiento y el miedo sean las únicas respuestas que encuentren quienes trabajan por el bienestar común”, señaló durante el evento Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia del Ministerio de Ambiente.
Una campaña para visibilizar a los líderes y lideresas
Para complementar estos esfuerzos, la Unión Europea y las embajadas de los estados europeos presentes en Colombia, más Suiza y Noruega, vienen desarrollando en los últimos cinco años la campaña #DefendamosLaVida para visibilizar y fortalecer de cerca de 50 líderes y organizaciones de varias regiones de Colombia, quienes siguen enfrentando múltiples retos.
“En un mundo que está llegando a un punto de no retorno en términos de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, las voces más valiosas y más indispensables tendrían que ser las de las personas defensoras del medio ambiente que luchan cada día por el futuro de sus comunidades”, indica el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand. “Lastimosamente en todo el mundo, y en particular en Colombia, sabemos los riesgos que ellas y ellos enfrentan, que muchos de ellos han pagado este compromiso con su vida, y que han perdido la vida para defender la vida. Por eso, es indispensable plantear el tema de la seguridad y protección de las y los defensores ambientales”.
Con este objetivo en mente, esta campaña surgió de las embajadas europeas en 2019 para dar mayor visibilidad a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, contribuyendo a su protección y no estigmatización.
“Este acompañamiento nos ha permitido a líderes y lideresas, a través de la visibilización y participación en diferentes espacios, es seguir estando en nuestros territorios, pues al estar acompañados los grupos armados o las personas que están detrás de estas amenazas se detienen a pensar un poco, y es posible seguir con nuestras labores”, explica la lideresa Jani Silva, quien ha participado en la campaña de la Unión Europea.
Esta visibilización se ha logrado con su invitación a los diferentes eventos de las naciones pertenecientes a la Unión Europea en Colombia, para que los líderes participen de espacios de deliberación y del desarrollo de programas sociales en los diferentes territorios del país.
A través de este acompañamiento también se busca que los liderazgos tengan incidencia y visibilidad en asuntos nacionales e internacionales. Además de esto, se han desarrollado una serie de espacios para potenciar sus habilidades en los territorios y garantizar su labor en el largo plazo. La campaña también pretende denunciar la estigmatización que sufren los líderes sociales a diario por actores políticos y armados.
“Uno de los obstáculos que persisten en nuestros territorios es que la gente no conoce las herramientas que ofrece, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. Entonces estos procesos nos ayudan a fortalecer nuestra autonomía y nuestros objetivos, de construir un tejido en defensa de la vida, de las personas y de los territorios”, explicó Jilcué, de la ACIN.
Con estos esfuerzos se busca reducir las cifras de violencia que han marcado la defensa ambiental en el país, y dar un primer paso para que Colombia se consolide como líder en el cumplimiento de las metas de biodiversidad de la mano de las comunidades y sus iniciativas territoriales.
*Este contenido fue realizado en alianza con la Unión Europea en Colombia.