La herramienta para que las empresas mitiguen sus impactos negativos sobre la biodiversidad 


El 85 % de las empresas más grandes del mundo, como Apple o Amazon, hacen parte de la lista de compañías que tienen una dependencia significativa de la naturaleza para sus operaciones. Así quedó demostrado en un informe de la agencia internacional Standard & Poor’s Global Sustainable, publicado en mayo de 2023, donde muestran que cientos de estas empresas utilizaron aproximadamente 22 millones de hectáreas de tierra para sus operaciones directas en 2021, con las que generaron US$28,9 billones de ingresos.

Si esta cifra se presentara en términos de la huella ecológica, explica el informe, equivaldría a degradar completamente 2,2 millones de hectáreas (un territorio similar al que ocupan El Salvador o el departamento del Valle del Cauca) de los ecosistemas más importantes del mundo, como las partes más intactas y biodiversas de las selvas tropicales del Amazonas.

(Lea: El reto de poner la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones)

El mismo análisis encontró que el 46 % de las empresas que componen ese grupo tienen al menos un activo ubicado en un Área Clave para la Biodiversidad (KBA por sus siglas en inglés), que básicamente son sitios de importancia mundial para preservar la diversidad biológica.

Por esto, uno de los compromisos que adquirieron 196 países, incluido Colombia, al aprobar el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, en 2022, fue poner la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones en todos los niveles, como quedó establecido en la meta 14. Esto significa que tanto el sector público como el privado deben hacer un ejercicio de introspección en el que revisen, entre otras cosas, sus reglamentos, procesos de planificación y de desarrollo, evaluaciones ambientales estratégicas y evaluaciones de impacto ambiental con un objetivo principal: reducir sus impactos negativos en la naturaleza.

Pero ¿cómo lograrlo en la práctica? En Colombia, por ejemplo, desde hace varios años se han venido implementando normas y herramientas. Una de estas es el Manual de Compensaciones del Componente Biótico, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ayuda a que los proyectos, obras o actividades en el marco de las licencias ambientales sean planificados teniendo en cuenta qué acciones pueden implementar para reducir, mitigar o compensar su impacto en los ecosistemas.

“La idea del Manual es proponerle un marco de análisis a las empresas que tienen que licenciar sus proyectos, para que evalúen los impactos ambientales que van a generar y apliquen una metodología que se llama jerarquía de la mitigación”, explica María Isabel Vieira, especialista en Análisis de The Nature Conservancy Colombia (TNC).

Dicha metodología consiste en que las empresas se enfoquen primero en revisar qué impactos pueden evitar. En caso de que sean inevitables, deben buscar la manera de mitigarlos, y los que no se pueden evitar ni mitigar deben ser compensados. Lo ideal es que la metodología se aplique desde el momento en que las empresas están planificando su proyecto, antes de que presenten estos estudios en la solicitud que hacen ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), encargadas de aprobar o rechazar las licencias ambientales.

(Lea: La Colombia subterránea que debemos proteger)

“Lo ideal es que un proyecto no tenga la necesidad de compensar, porque eso significa que hizo una muy buena evaluación de impactos y los puede mitigar o evitar, que es lo que pretende la jerarquía de la mitigación”, agrega la especialista. Sin embargo, hay algunos proyectos como los mineros en los que, por lo general, la compensación es la única salida.

En esos casos, el Manual propone tres acciones que las empresas pueden implementar en sus proyectos para reducir los impactos negativos en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que esta ofrece. El primero es la restauración ecológica; el segundo, la preservación de otras áreas equivalentes, y el tercero, el uso sostenible.

La restauración hace referencia al proceso de impulsar la recuperación de vegetación que ha sido degradada o destruida, para restaurar la salud e integridad de ese ecosistema. En caso de no poder restaurar el área afectada, la empresa debe buscar una zona con características geográficas y climáticas similares, y llevar a cabo acciones para preservar esa área.

Por último, el uso sostenible está pensado como una alternativa complementaria. “Se planteó como una acción que permite la sostenibilidad de los proyectos de restauración o de preservación, e involucra a las comunidades locales. La idea también es fomentar alternativas económicas para que las comunidades no dañen lo que la empresa haga por su compensación”, indica la especialista de TNC, quien en 2018 hizo parte del proceso de actualización del Manual.

Una herramienta que ha ido avanzando

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, antes de la entrada en vigencia del Manual, las medidas de compensación por los aprovechamientos forestales se realizaban mediante reforestación, “sin conexión con el área ecológica afectada y en la proporción que el evaluador de la autoridad ambiental considerara pertinente”, menciona la entidad.

En 2012 entró en vigencia el Manual, que para esa fecha se llamaba Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad. En este no se contemplaba la metodología de la jerarquía de la mitigación; es decir, que las acciones estaban enfocadas directamente en la compensación, y no en las acciones para evitar o mitigar.

Ese es uno de los principales cambios que se puede ver entre la primera (2012) y la segunda versión (2018) del Manual, que en términos generales buscaba tener una herramienta más integral. “Desde TNC le propusimos al Ministerio de Ambiente promover la aplicación de la jerarquía de la mitigación”, recuerda Vieira.

Durante el proceso de actualización, que tomó más de un año, TNC, en compañía de otras organizaciones ambientales como GIZ, de cooperación alemana, actúo como articulador entre las instituciones del Estado, empresas y organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), para que el Manual “atendiera las necesidades no solo de la autoridad ambiental, sino también de los proyectos, las autoridades que hacen el seguimiento y la evaluación, las organizaciones ambientales que también han visto desde fuera cómo funcionan esas herramientas de licenciamiento y cómo se pueden mejorar”, agrega la especialista de TNC.

En ese sentido, uno de los principales cambios fue la inclusión de la jerarquía de la mitigación, pero también que el Manual aplicara a otros procesos de licenciamiento, diferentes a los relacionados con la pérdida de biodiversidad, como los permisos forestales o permisos por cambio del uso del suelo, que son otras categorías.

Otro cambio importante que se menciona en la versión actualizada de 2018 es la integración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Con el nuevo Manual, se otorgaron lineamientos para que estas entidades también tuvieran en cuenta el documento al evaluar y aprobar los proyectos presentados por las empresas.

Uno de los motivos por los que se decidió hacer la actualización, recuerda Vieira, es porque “en las primeras evaluaciones se evidenció que era muy poco lo que se estaba implementando”. Desde 2018, afirma, se ha hecho una evaluación más sistemática de la ejecución del Manual. “Estos cambios han funcionado y ayudado a que mejore su aplicación, porque las compañías y los evaluadores tienen más herramientas y guías adicionales para implementar y vigilar los proyectos de mejor manera”, dice la vocera de TNC.

Vieira también menciona que este tipo de herramientas hacen parte de un proceso muy adaptativo y que se deben ir actualizando a medida que cambian las condiciones ambientales y sociales del país, para que tengan éxito y en realidad ayuden al cuidado de la biodiversidad.

El 85 % de las empresas más grandes del mundo, como Apple o Amazon, hacen parte de la lista de compañías que tienen una dependencia significativa de la naturaleza para sus operaciones. Así quedó demostrado en un informe de la agencia internacional Standard & Poor’s Global Sustainable, publicado en mayo de 2023, donde muestran que cientos de estas empresas utilizaron aproximadamente 22 millones de hectáreas de tierra para sus operaciones directas en 2021, con las que generaron US$28,9 billones de ingresos.

Si esta cifra se presentara en términos de la huella ecológica, explica el informe, equivaldría a degradar completamente 2,2 millones de hectáreas (un territorio similar al que ocupan El Salvador o el departamento del Valle del Cauca) de los ecosistemas más importantes del mundo, como las partes más intactas y biodiversas de las selvas tropicales del Amazonas.

(Lea: El reto de poner la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones)

El mismo análisis encontró que el 46 % de las empresas que componen ese grupo tienen al menos un activo ubicado en un Área Clave para la Biodiversidad (KBA por sus siglas en inglés), que básicamente son sitios de importancia mundial para preservar la diversidad biológica.

Por esto, uno de los compromisos que adquirieron 196 países, incluido Colombia, al aprobar el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, en 2022, fue poner la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones en todos los niveles, como quedó establecido en la meta 14. Esto significa que tanto el sector público como el privado deben hacer un ejercicio de introspección en el que revisen, entre otras cosas, sus reglamentos, procesos de planificación y de desarrollo, evaluaciones ambientales estratégicas y evaluaciones de impacto ambiental con un objetivo principal: reducir sus impactos negativos en la naturaleza.

Pero ¿cómo lograrlo en la práctica? En Colombia, por ejemplo, desde hace varios años se han venido implementando normas y herramientas. Una de estas es el Manual de Compensaciones del Componente Biótico, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ayuda a que los proyectos, obras o actividades en el marco de las licencias ambientales sean planificados teniendo en cuenta qué acciones pueden implementar para reducir, mitigar o compensar su impacto en los ecosistemas.

“La idea del Manual es proponerle un marco de análisis a las empresas que tienen que licenciar sus proyectos, para que evalúen los impactos ambientales que van a generar y apliquen una metodología que se llama jerarquía de la mitigación”, explica María Isabel Vieira, especialista en Análisis de The Nature Conservancy Colombia (TNC).

Dicha metodología consiste en que las empresas se enfoquen primero en revisar qué impactos pueden evitar. En caso de que sean inevitables, deben buscar la manera de mitigarlos, y los que no se pueden evitar ni mitigar deben ser compensados. Lo ideal es que la metodología se aplique desde el momento en que las empresas están planificando su proyecto, antes de que presenten estos estudios en la solicitud que hacen ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), encargadas de aprobar o rechazar las licencias ambientales.

(Lea: La Colombia subterránea que debemos proteger)

“Lo ideal es que un proyecto no tenga la necesidad de compensar, porque eso significa que hizo una muy buena evaluación de impactos y los puede mitigar o evitar, que es lo que pretende la jerarquía de la mitigación”, agrega la especialista. Sin embargo, hay algunos proyectos como los mineros en los que, por lo general, la compensación es la única salida.

En esos casos, el Manual propone tres acciones que las empresas pueden implementar en sus proyectos para reducir los impactos negativos en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que esta ofrece. El primero es la restauración ecológica; el segundo, la preservación de otras áreas equivalentes, y el tercero, el uso sostenible.

La restauración hace referencia al proceso de impulsar la recuperación de vegetación que ha sido degradada o destruida, para restaurar la salud e integridad de ese ecosistema. En caso de no poder restaurar el área afectada, la empresa debe buscar una zona con características geográficas y climáticas similares, y llevar a cabo acciones para preservar esa área.

Por último, el uso sostenible está pensado como una alternativa complementaria. “Se planteó como una acción que permite la sostenibilidad de los proyectos de restauración o de preservación, e involucra a las comunidades locales. La idea también es fomentar alternativas económicas para que las comunidades no dañen lo que la empresa haga por su compensación”, indica la especialista de TNC, quien en 2018 hizo parte del proceso de actualización del Manual.

Una herramienta que ha ido avanzando

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, antes de la entrada en vigencia del Manual, las medidas de compensación por los aprovechamientos forestales se realizaban mediante reforestación, “sin conexión con el área ecológica afectada y en la proporción que el evaluador de la autoridad ambiental considerara pertinente”, menciona la entidad.

En 2012 entró en vigencia el Manual, que para esa fecha se llamaba Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad. En este no se contemplaba la metodología de la jerarquía de la mitigación; es decir, que las acciones estaban enfocadas directamente en la compensación, y no en las acciones para evitar o mitigar.

Ese es uno de los principales cambios que se puede ver entre la primera (2012) y la segunda versión (2018) del Manual, que en términos generales buscaba tener una herramienta más integral. “Desde TNC le propusimos al Ministerio de Ambiente promover la aplicación de la jerarquía de la mitigación”, recuerda Vieira.

Durante el proceso de actualización, que tomó más de un año, TNC, en compañía de otras organizaciones ambientales como GIZ, de cooperación alemana, actúo como articulador entre las instituciones del Estado, empresas y organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), para que el Manual “atendiera las necesidades no solo de la autoridad ambiental, sino también de los proyectos, las autoridades que hacen el seguimiento y la evaluación, las organizaciones ambientales que también han visto desde fuera cómo funcionan esas herramientas de licenciamiento y cómo se pueden mejorar”, agrega la especialista de TNC.

En ese sentido, uno de los principales cambios fue la inclusión de la jerarquía de la mitigación, pero también que el Manual aplicara a otros procesos de licenciamiento, diferentes a los relacionados con la pérdida de biodiversidad, como los permisos forestales o permisos por cambio del uso del suelo, que son otras categorías.

Otro cambio importante que se menciona en la versión actualizada de 2018 es la integración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Con el nuevo Manual, se otorgaron lineamientos para que estas entidades también tuvieran en cuenta el documento al evaluar y aprobar los proyectos presentados por las empresas.

Uno de los motivos por los que se decidió hacer la actualización, recuerda Vieira, es porque “en las primeras evaluaciones se evidenció que era muy poco lo que se estaba implementando”. Desde 2018, afirma, se ha hecho una evaluación más sistemática de la ejecución del Manual. “Estos cambios han funcionado y ayudado a que mejore su aplicación, porque las compañías y los evaluadores tienen más herramientas y guías adicionales para implementar y vigilar los proyectos de mejor manera”, dice la vocera de TNC.

Vieira también menciona que este tipo de herramientas hacen parte de un proceso muy adaptativo y que se deben ir actualizando a medida que cambian las condiciones ambientales y sociales del país, para que tengan éxito y en realidad ayuden al cuidado de la biodiversidad.