Los gremios del sector energético compartieron con el país un nuevo comunicado sobre los riesgos que se avecinan en suministro de electricidad y gas para el corto y mediano plazo. Estos llamados al Gobierno, cada vez más continuos, pretenden evitar que caiga una tormenta sobre los usuarios. Seis puntos necesitan atención inmediata.
A pesar de los anuncios, no se concretan los pagos a comercializadoras por subsidios mensuales (estratos 1, 2 y 3), por la Opción Tarifaria (que sería asumida por el Gobierno) y por las deudas de usuarios oficiales. La deuda a 30 de septiembre tenía un acumulado cercano a $7 billones. Si no reciben estos pagos, afirman, podría llegar a darse un “apagón financiero” afectando a todas las empresas de la cadena y el servicio.
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El pago de deudas y obligaciones de Air-e, superiores a los $500 mil millones, se congeló debido a la intervención de Superservicios, y aún no se conjuran los riesgos para asumir la prestación del servicio sin afectaciones a los usuarios y las obligaciones que tenía Air-e pendientes con toda la cadena.
Los expertos en gas indican que a diciembre de 2024 se presentaría un déficit del 12% de la demanda nacional, con proyección de llegar a 30% entre finales de 2025 y durante 2026, por lo que el Gobierno está explorando medidas de contingencia, a través de sus entidades adscritas.
El retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y redes de transmisión durante varios años, y la creciente demanda eléctrica más allá de lo proyectado, ha generado un escenario de riesgo, al reducirse la diferencia entre oferta y demanda, que podría llegar al 1% para finales de 2025, lo que representa que incluso el mantenimiento de las centrales de generación generaría problemas para abastecer la demanda.
Los gremios están invitando desde hace varios meses a que en el corto plazo se promuevan campañas e incentivos de ahorro en la población, pues los embalses no están llenándose a la velocidad requerida para pasar la próxima temporada seca. En el mediano plazo, se requieren nuevas subastas de energía para todos los tipos de generación, además de promover esquemas de contratación a largo plazo (precios bajos y estables), y agilizar las asignaciones de punto de conexión que necesitan nuevos proyectos para ingresar esa energía al sistema.
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Finalmente, con la activación del estatuto de desabastecimiento, las termoeléctricas incrementarán su generación para atender casi la mitad de la demanda eléctrica, por lo que deben garantizarse combustibles y gas para su operación continua. Atender la demanda energética en Colombia requerirá la ejecución de diversos proyectos de generación y transmisión (cerca de $10 billones anuales entre ambos), y de gas natural ($20 billones aproximadamente). Se necesita estabilidad jurídica, reglas claras y acompañamiento institucional eficaz para fomentar la confianza inversionista.
Los gremios y sus empresas afiliadas estamos convencidos de que se necesita el concurso de todos los actores, diálogo y trabajo conjunto con el Gobierno para lograr ejecutar una estrategia que nos saque de esta situación de escasez estructural de energía. Por ello, la invitación es a pasar de los discursos y promesas a las acciones oportunas y eficaces acordes a la realidad, de lo contrario, la tormenta nos amenaza con dejarnos a oscuras.