La tormenta del sector energético
Información institucional | Desde hace varios meses, los gremios de este sector están invitando a que en el corto plazo se promuevan campañas e incentivos de ahorro en la población.
ISAGEN
Los gremios del sector energético compartieron con el país un nuevo comunicado sobre los riesgos que se avecinan en suministro de electricidad y gas para el corto y mediano plazo. Estos llamados al Gobierno, cada vez más continuos, pretenden evitar que caiga una tormenta sobre los usuarios. Seis puntos necesitan atención inmediata.
A pesar de los anuncios, no se concretan los pagos a comercializadoras por subsidios mensuales (estratos 1, 2 y 3), por la Opción Tarifaria (que sería asumida por el Gobierno) y por las deudas de usuarios oficiales. La deuda a 30 de septiembre tenía un acumulado cercano a $7 billones. Si no reciben estos pagos, afirman, podría llegar a darse un “apagón financiero” afectando a todas las empresas de la cadena y el servicio.
(Lea: COP16: de las decisiones a la acción por la biodiversidad)
El pago de deudas y obligaciones de Air-e, superiores a los $500 mil millones, se congeló debido a la intervención de Superservicios, y aún no se conjuran los riesgos para asumir la prestación del servicio sin afectaciones a los usuarios y las obligaciones que tenía Air-e pendientes con toda la cadena.
Los expertos en gas indican que a diciembre de 2024 se presentaría un déficit del 12% de la demanda nacional, con proyección de llegar a 30% entre finales de 2025 y durante 2026, por lo que el Gobierno está explorando medidas de contingencia, a través de sus entidades adscritas.
El retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y redes de transmisión durante varios años, y la creciente demanda eléctrica más allá de lo proyectado, ha generado un escenario de riesgo, al reducirse la diferencia entre oferta y demanda, que podría llegar al 1% para finales de 2025, lo que representa que incluso el mantenimiento de las centrales de generación generaría problemas para abastecer la demanda.
Los gremios están invitando desde hace varios meses a que en el corto plazo se promuevan campañas e incentivos de ahorro en la población, pues los embalses no están llenándose a la velocidad requerida para pasar la próxima temporada seca. En el mediano plazo, se requieren nuevas subastas de energía para todos los tipos de generación, además de promover esquemas de contratación a largo plazo (precios bajos y estables), y agilizar las asignaciones de punto de conexión que necesitan nuevos proyectos para ingresar esa energía al sistema.
(Lea también: Repartir las ganancias de los recursos genéticos, la discusión más peluda de la COP16)
Finalmente, con la activación del estatuto de desabastecimiento, las termoeléctricas incrementarán su generación para atender casi la mitad de la demanda eléctrica, por lo que deben garantizarse combustibles y gas para su operación continua. Atender la demanda energética en Colombia requerirá la ejecución de diversos proyectos de generación y transmisión (cerca de $10 billones anuales entre ambos), y de gas natural ($20 billones aproximadamente). Se necesita estabilidad jurídica, reglas claras y acompañamiento institucional eficaz para fomentar la confianza inversionista.
Los gremios y sus empresas afiliadas estamos convencidos de que se necesita el concurso de todos los actores, diálogo y trabajo conjunto con el Gobierno para lograr ejecutar una estrategia que nos saque de esta situación de escasez estructural de energía. Por ello, la invitación es a pasar de los discursos y promesas a las acciones oportunas y eficaces acordes a la realidad, de lo contrario, la tormenta nos amenaza con dejarnos a oscuras.
Los gremios del sector energético compartieron con el país un nuevo comunicado sobre los riesgos que se avecinan en suministro de electricidad y gas para el corto y mediano plazo. Estos llamados al Gobierno, cada vez más continuos, pretenden evitar que caiga una tormenta sobre los usuarios. Seis puntos necesitan atención inmediata.
A pesar de los anuncios, no se concretan los pagos a comercializadoras por subsidios mensuales (estratos 1, 2 y 3), por la Opción Tarifaria (que sería asumida por el Gobierno) y por las deudas de usuarios oficiales. La deuda a 30 de septiembre tenía un acumulado cercano a $7 billones. Si no reciben estos pagos, afirman, podría llegar a darse un “apagón financiero” afectando a todas las empresas de la cadena y el servicio.
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El pago de deudas y obligaciones de Air-e, superiores a los $500 mil millones, se congeló debido a la intervención de Superservicios, y aún no se conjuran los riesgos para asumir la prestación del servicio sin afectaciones a los usuarios y las obligaciones que tenía Air-e pendientes con toda la cadena.
Los expertos en gas indican que a diciembre de 2024 se presentaría un déficit del 12% de la demanda nacional, con proyección de llegar a 30% entre finales de 2025 y durante 2026, por lo que el Gobierno está explorando medidas de contingencia, a través de sus entidades adscritas.
El retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y redes de transmisión durante varios años, y la creciente demanda eléctrica más allá de lo proyectado, ha generado un escenario de riesgo, al reducirse la diferencia entre oferta y demanda, que podría llegar al 1% para finales de 2025, lo que representa que incluso el mantenimiento de las centrales de generación generaría problemas para abastecer la demanda.
Los gremios están invitando desde hace varios meses a que en el corto plazo se promuevan campañas e incentivos de ahorro en la población, pues los embalses no están llenándose a la velocidad requerida para pasar la próxima temporada seca. En el mediano plazo, se requieren nuevas subastas de energía para todos los tipos de generación, además de promover esquemas de contratación a largo plazo (precios bajos y estables), y agilizar las asignaciones de punto de conexión que necesitan nuevos proyectos para ingresar esa energía al sistema.
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Finalmente, con la activación del estatuto de desabastecimiento, las termoeléctricas incrementarán su generación para atender casi la mitad de la demanda eléctrica, por lo que deben garantizarse combustibles y gas para su operación continua. Atender la demanda energética en Colombia requerirá la ejecución de diversos proyectos de generación y transmisión (cerca de $10 billones anuales entre ambos), y de gas natural ($20 billones aproximadamente). Se necesita estabilidad jurídica, reglas claras y acompañamiento institucional eficaz para fomentar la confianza inversionista.
Los gremios y sus empresas afiliadas estamos convencidos de que se necesita el concurso de todos los actores, diálogo y trabajo conjunto con el Gobierno para lograr ejecutar una estrategia que nos saque de esta situación de escasez estructural de energía. Por ello, la invitación es a pasar de los discursos y promesas a las acciones oportunas y eficaces acordes a la realidad, de lo contrario, la tormenta nos amenaza con dejarnos a oscuras.