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De acuerdo con el último informe del Ministerio de Ambiente y el Ideam, a escala nacional, la tasa de deforestación de Colombia aumentó 1,5 % en el 2021; es decir que se perdieron más de 174.000 hectáreas de bosque. Aunque en los 59 Parques Nacionales Naturales se conserva el 64,5% de los ecosistemas del país, el segundo más biodiverso del mundo, la tala indiscriminada y otras actividades siguen siendo una amenaza para el medio ambiente.
A través del Fondo Colombia Sostenible, que cuenta con aportes de los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, y bajo la administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación ACDI/VOCA lleva un año y medio ejecutando un proyecto que pretende mitigar esta problemática. De la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Parques Nacionales Naturales de Colombia y de las comunidades, definieron tres puntos de intervención para aportar a territorios con altos índices de ruralidad, amplias brechas socioeconómicas, problemas de orden público y alta deforestación.
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El proyecto “Emprendimiento Social y Económico para la Lucha Contra la Deforestación” se concentra en los Parques Nacionales Naturales (PNN) Paramillo, Catatumbo Barí y Sierra Nevada de Santa Marta, en donde trabajan junto a casi 1.700 personas de comunidades indígenas y campesinas. Se trata de una apuesta por el desarrollo de emprendimientos sociales y económicos sostenibles como modelo de conservación de la biodiversidad y el recurso hídrico. Además, participan 738 mujeres y 644 jóvenes.
“Focalizamos los lugares de intervención, llegamos a acuerdos de uso y conservación de las tierras ocupadas por las familias e hicimos un mapeo de las actividades productivas de los parques, para analizar de qué manera están contribuyendo a la deforestación. De esta manera podemos brindar asistencia técnica y redirigir las prácticas hacia actividades sostenibles que generen medios de vida a las familias”, aseguró Carolina Blackburn, Directora Ejecutiva Fundación ACDI/VOCA LA.
Así, el proyecto ha pasado por tres etapas: la socialización y concertación de áreas que serán objeto de intervención para mitigar la deforestación; la construcción e implementación de acuerdos para usar, ordenar y regular las actividades productivas; y la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión rural para la producción sostenible. Cabe recalcar que las intervenciones han ido de la mano con los planes de manejo de los parques, las Salvaguardas Sociales Ambientales y los planes de vida de las comunidades.
“Nos articulamos con las comunidades para definir dónde deberían estar las zonas de conservación (con sus fuentes hídricas), las zonas productivas y los corredores de conectividad (…) Estamos enfocados en la restauración pasiva a través de cercamiento. Dejamos que el bosque crezca solo, partiendo de la base de que los potreros están rodeados de semillas, que permiten la formación de especies”, señaló Édgar Peña, coordinador del proyecto. Según explicó, después de recuperar las condiciones básicas del ecosistema, pasan a un proceso de enriquecimiento que consiste en ubicar especies de interés ecológico y económico, definidas en conjunto con los pobladores.
En el caso del PNN Paramillo, de 504.014 hectáreas, trabajan en su zona de amortiguación con 207 familias campesinas de los municipios de Puerto Libertador (Córdoba) y Peque (Antioquia) en el desarrollo de sistemas agroforestales de cacao y plátano, así como en el cultivo de ají, sacha inchi, maracuyá y frijol, y en la implementación de emprendimientos de avicultura y piscicultura.
“Nosotros revisamos qué proyectos productivos pueden tener salida, hacemos el mapeo de actores locales y regionales, y tenemos acercamientos con posibles aliados para el fortalecimiento de las relaciones comerciales. La idea es que logren vender todo, a cambio de conservar y restaurar los parques”, sostuvo Peña.
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Por otro lado, en el PNN Catatumbo Barí, de 158.125 hectáreas, las actividades de conservación se realizan con once comunidades indígenas (251 familias) de los resguardos Catalaura La Gabarra y Motilón Barí, quienes emprenden proyectos productivos de abejas nativas, artesanías, cacao tradicional, y sistemas silvopastoriles. Al ser parte fundamental de la subsistencia de la población, las últimas dos prácticas solo pueden desarrollarse en lugares específicos, establecidos en la zonificación del parque nacional.
En tercer lugar, en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, de 383.000 hectáreas, ACDI/VOCA está en proceso de concertación con comunidades arhuacas para establecer, junto a la Fundación Prosierra, un modelo de pago por servicios ambientales. Aunque todavía faltan por definir las actividades, se trata de una contraprestación, en dinero o especie, por el desarrollo de acciones que procuren la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos o amenazados.
A falta de un año y medio de la culminación del proyecto, ya se observan avances importantes en materia de apropiación, empoderamiento y liderazgo. “Hay un interés muy grande frente a la implementación, esto se evidencia cuando las mismas comunidades empiezan a buscar mecanismos para potenciar el proyecto”, indicó Édgar Peña.
Tal es el caso de Rafael Fernández, líder de Puerto Libertador, Córdoba, quien trabaja como guardián de agua y bosques nativos, mientras cultiva productos como el cacao y el plátano en la vereda San Pedro, ubicada en la zona amortiguadora del PNN Paramillo. “Para mi cuidar del parque es un beneficio no solo para mí o mi familia, sino para las futuras generaciones que podrán ver la inmensidad de la naturaleza, que siempre sorprende con su belleza”.
Entretanto, el coordinador del proyecto señaló que uno de los retos principales es fortalecer las comunidades y las organizaciones sociales a tal punto que se puedan ampliar las zonas de intervención y tener una cobertura más grande de familias y hectáreas. “Un proyecto no puede resolver todos los problemas de un parque nacional, pero estamos contribuyendo significativamente”.
Carolina Blackburn, dijo que, aunque lo que han hecho constituye un esfuerzo pequeño si se tiene en cuenta la magnitud del desafío, el propósito es demostrar que se pueden garantizar medios de vida (al tiempo que se protegen los ecosistemas) en territorios rurales que tienen problemas de orden público y poco acceso a servicios del Estado. “Queremos que nuestra experiencia sirva de inspiración para otras organizaciones y comunidades. Nuestro anhelo es lograr sensibilizar a las familias de manera permanente para que una vez el proyecto termine, ellas sigan apropiando el conocimiento a lo largo del tiempo”.
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Este es uno de los 27 proyectos financiados por el Fondo Colombia Sostenible, encaminados a profundizar la agenda del posconflicto en Colombia. Pese a que el enfoque de paz es transversal a sus iniciativas, comprenden otros elementos fundamentales para garantizar el bienestar de las comunidades históricamente afectadas por la violencia. La garantía de derechos humanos sería imposible si no se piensa en los territorios como escenarios ideales para promover el desarrollo rural sostenible, la lucha contra la deforestación, la conservación de la biodiversidad, la equidad de género y el cierre de brechas sociales.