Minería ilegal y desidia estatal vulneran los derechos del Atrato

En el 2016, los magistrados de la Corte Constitucional declararon el río Atrato, en Chocó, “sujeto de derecho”. ¿El objetivo? Garantizar su protección y su descontaminación. Seis años después, la situación está aún peor.

“¿La sentencia T-622 de la Corte Constitucional? Aquí todo el mundo la conoce”, dice José Adán Palacios, mientras carga su lancha en el muelle de Quibdó. Originario de Bojayá, José Adán transporta pasajeros y mercancías, y conoce mejor que nadie el majestuoso río y sus afluentes. “Pero la sentencia no ha cambiado nada; la contaminación continúa, ya sea por la minería, la deforestación o la basura”, suspira el lanchero.

El Atrato fue el primer río de Colombia (y el tercero del mundo) reconocido como “sujeto de derecho” por una decisión de la justicia. La Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano descontaminar el río, acabar con la minería ilegal y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades que viven a lo largo del caudal. Los magistrados designaron a siete organizaciones locales como “representantes legales del río” y a 14 de sus miembros como sus “guardianes”, encargados todos de velar por su protección. Pero la sentencia no estableció sanciones.

(Lea: Las estrategias para mitigar la deforestación en los parques nacionales naturales)

Maryuri Mosquera, una ingeniera agrónoma de 39 años, guardiana del río, explica: “la protección del Atrato exige recursos y voluntad política”. La región del Chocó, poblada de comunidades afrodescendientes e indígenas, sufre históricamente del más completo abandono estatal. El Atrato también.

Aguas abajo de Quibdó, el río arrastra botellas de plástico vacías, bolsas sucias y empaques de icopor. Faltan rellenos sanitarios en los municipios que lo bordean y sobran las malas costumbres. “Las mujeres siempre han tirado al río los desechos cuando cocinan. Mientras eran cáscaras de plátano, no había problema…hoy la gente sigue botando todo al rio y eso es una pequeña catástrofe” cuenta el médico Feliciano Moreno. Y puntualiza: “La catástrofe grande, en el Atrato medio, se llama mercurio.”

(Lea también: Agua y energía: ejes centrales para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo)

Aguas arriba de Quibdó, por el río Quito y por los demás afluentes del Atrato, las dragas clandestinas hurgan el lecho del río a la caza de oro. Ningún lanchero quiere llevar a los visitantes por allá, menos a los periodistas. “Demasiado peligroso”, resume uno de ellos. Las paredes de los ranchos perdidos en la selva que visten las orillas están pintadas con las letras AUG.

Desde hace cuatro siglos el Atrato escupe oro. En la calle principal de Quibdó que bordea el río, los compradores de este metal, detrás de las rejas de sus tiendas, atienden a los mineros que vienen a vender las migajas dejadas por las dragas. Los sábados, hay fila.

(Lea: La líder ambiental que trabaja por proteger la Orinoquía)

El río Atrato nace a 3.900 metros de altura, en un páramo de la cordillera occidental de los Andes y desemboca en el mar Caribe, después de un recorrido de 750 kilómetros. Atraviesa el Chocó, una de las regiones más lluviosas del mundo. Allá en la montaña, en Carmen del Atrato, Ramón Cartagena conocido como ‘Moncho’, es otro de los 14 guardianes del río. “Solíamos venir aquí para almorzar en familia y para pescar. Hoy en día, uno no quiere mojar la mano en el agua del río y mucho menos bañarse en ella”, dice mostrando la corriente de aguas grisáceas.

Unos kilómetros arriba, está la mina del Roble que produce cobre, plata y platino desde hace 30 años y vierte todas sus aguas usadas en el río. Sus terrenos se extienden a ambos lados de la vía pública. ‘Moncho’ quien trabajó 16 años en la mina, resume los retos de su trabajo de guardián: “El agua es esencial. Nadie se alimenta de petróleo ni de cobre” - recuerda el hombre – “pero la mina es el único empleador de la región.”

“La sentencia de la Corte Constitucional obligó al Estado a concertar con las comunidades un plan de acción. Es un avance fundamental”, dice Rodrigo Rogelis de la ONG Siembra, que, desde Bogotá, presta asistencia jurídica y política a los guardianes del río. “Pero el Estado colombiano y sus instituciones no están preparados para defender los derechos de un río o de un ecosistema en toda su complejidad. Esa ha sido la principal dificultad de estos seis años. También existe un problema de origen jurídico que ha llevado a cierta inercia: en Colombia los recursos naturales como los ríos, o de manera general el agua, o los bosques, pueden concesionarse a privados.” Como Rogelio, los habitantes de Quibdó son pesimistas: “La situación no hace sino empeorar”.

Descargue el reportaje completo aquí: https://we.tl/t-CIQrNScEQv

* Este es un trabajo colaborativo de la periodista Marie Delcas, del diario ‘Le Monde’, y Margot Loizillon y Lionel Poussery de France 24 español.

En el 2016, los magistrados de la Corte Constitucional declararon el río Atrato, en Chocó, “sujeto de derecho”. ¿El objetivo? Garantizar su protección y su descontaminación. Seis años después, la situación está aún peor.

“¿La sentencia T-622 de la Corte Constitucional? Aquí todo el mundo la conoce”, dice José Adán Palacios, mientras carga su lancha en el muelle de Quibdó. Originario de Bojayá, José Adán transporta pasajeros y mercancías, y conoce mejor que nadie el majestuoso río y sus afluentes. “Pero la sentencia no ha cambiado nada; la contaminación continúa, ya sea por la minería, la deforestación o la basura”, suspira el lanchero.

El Atrato fue el primer río de Colombia (y el tercero del mundo) reconocido como “sujeto de derecho” por una decisión de la justicia. La Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano descontaminar el río, acabar con la minería ilegal y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades que viven a lo largo del caudal. Los magistrados designaron a siete organizaciones locales como “representantes legales del río” y a 14 de sus miembros como sus “guardianes”, encargados todos de velar por su protección. Pero la sentencia no estableció sanciones.

(Lea: Las estrategias para mitigar la deforestación en los parques nacionales naturales)

Maryuri Mosquera, una ingeniera agrónoma de 39 años, guardiana del río, explica: “la protección del Atrato exige recursos y voluntad política”. La región del Chocó, poblada de comunidades afrodescendientes e indígenas, sufre históricamente del más completo abandono estatal. El Atrato también.

Aguas abajo de Quibdó, el río arrastra botellas de plástico vacías, bolsas sucias y empaques de icopor. Faltan rellenos sanitarios en los municipios que lo bordean y sobran las malas costumbres. “Las mujeres siempre han tirado al río los desechos cuando cocinan. Mientras eran cáscaras de plátano, no había problema…hoy la gente sigue botando todo al rio y eso es una pequeña catástrofe” cuenta el médico Feliciano Moreno. Y puntualiza: “La catástrofe grande, en el Atrato medio, se llama mercurio.”

(Lea también: Agua y energía: ejes centrales para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo)

Aguas arriba de Quibdó, por el río Quito y por los demás afluentes del Atrato, las dragas clandestinas hurgan el lecho del río a la caza de oro. Ningún lanchero quiere llevar a los visitantes por allá, menos a los periodistas. “Demasiado peligroso”, resume uno de ellos. Las paredes de los ranchos perdidos en la selva que visten las orillas están pintadas con las letras AUG.

Desde hace cuatro siglos el Atrato escupe oro. En la calle principal de Quibdó que bordea el río, los compradores de este metal, detrás de las rejas de sus tiendas, atienden a los mineros que vienen a vender las migajas dejadas por las dragas. Los sábados, hay fila.

(Lea: La líder ambiental que trabaja por proteger la Orinoquía)

El río Atrato nace a 3.900 metros de altura, en un páramo de la cordillera occidental de los Andes y desemboca en el mar Caribe, después de un recorrido de 750 kilómetros. Atraviesa el Chocó, una de las regiones más lluviosas del mundo. Allá en la montaña, en Carmen del Atrato, Ramón Cartagena conocido como ‘Moncho’, es otro de los 14 guardianes del río. “Solíamos venir aquí para almorzar en familia y para pescar. Hoy en día, uno no quiere mojar la mano en el agua del río y mucho menos bañarse en ella”, dice mostrando la corriente de aguas grisáceas.

Unos kilómetros arriba, está la mina del Roble que produce cobre, plata y platino desde hace 30 años y vierte todas sus aguas usadas en el río. Sus terrenos se extienden a ambos lados de la vía pública. ‘Moncho’ quien trabajó 16 años en la mina, resume los retos de su trabajo de guardián: “El agua es esencial. Nadie se alimenta de petróleo ni de cobre” - recuerda el hombre – “pero la mina es el único empleador de la región.”

“La sentencia de la Corte Constitucional obligó al Estado a concertar con las comunidades un plan de acción. Es un avance fundamental”, dice Rodrigo Rogelis de la ONG Siembra, que, desde Bogotá, presta asistencia jurídica y política a los guardianes del río. “Pero el Estado colombiano y sus instituciones no están preparados para defender los derechos de un río o de un ecosistema en toda su complejidad. Esa ha sido la principal dificultad de estos seis años. También existe un problema de origen jurídico que ha llevado a cierta inercia: en Colombia los recursos naturales como los ríos, o de manera general el agua, o los bosques, pueden concesionarse a privados.” Como Rogelio, los habitantes de Quibdó son pesimistas: “La situación no hace sino empeorar”.

Descargue el reportaje completo aquí: https://we.tl/t-CIQrNScEQv

* Este es un trabajo colaborativo de la periodista Marie Delcas, del diario ‘Le Monde’, y Margot Loizillon y Lionel Poussery de France 24 español.