Los últimos años han sido retadores para el sector eléctrico, en el cual factores climáticos e históricos han contribuido a formar en la opinión pública ideas confusas, que pueden terminar en decisiones equivocadas. Lo anterior, bajo un contexto de estrechez en el que la demanda ha crecido más allá de las proyecciones (4,11% a julio de 2024, según XM), mientras que ha entrado al sistema menos de la quinta parte de la nueva capacidad de generación eléctrica esperada en los últimos cinco años.
Existe un ambiente de confusión presionado además por las bajas reservas de gas para la generación térmica y la histórica baja hidrología del periodo 2023-2024 que amenaza la recuperación de los embalses de generación hidráulica.
La Bolsa de Energía ha reflejado estas dificultades de abastecimiento del mercado de electricidad reaccionando con gran volatilidad este año y con elevados precios, especialmente en las coyunturas de sequía. Aunque en promedio estos valores transados en la Bolsa no impactan más de un 7% del total de la tarifa final al usuario, el impacto no es homogéneo y depende del nivel de exposición de los distribuidores a Bolsa y sus niveles de contratación a largo plazo. Debido a lo anterior, no nos hemos opuesto a los planteamientos del regulador para techar el precio de Bolsa con criterios técnicos, si lo estima necesario, siempre y cuando no se pierda la señal de escasez que activa la Bolsa, necesaria para adoptar medidas más estructurales, como las activadas recientemente por la CREG y el Ministerio.
Paralelo a este problema de oferta, se ha vivido una situación de altas tarifas en la costa Atlántica, impulsado por una mala gestión histórica de los activos de distribución, el diferimiento de tarifas durante el Covid y una sumatoria de cobros no asociados al consumo de energía. Asuntos que el Gobierno Nacional está enfrentando, con decisión y resultados concretos, en tres de los departamentos de la zona, luego de la intervención de Air-e.
No obstante estos retos, nuestro llamado es a buscar soluciones dentro de la estructura de mercado e institucionalidad actual. El sector eléctrico ha crecido durante 30 años gracias a billonarias inversiones hechas por empresas públicas, privadas y mixtas ($140 billones solo en generación), y su alta capacidad técnica. El Gobierno ha exitosamente delegado esa responsabilidad para atender la demanda creciente de energía y sostener la operatividad del sistema, manteniendo un estricto control a través de un sólido esquema institucional tanto regulatorio como de vigilancia.
En una situación estructural de poca oferta como la que tenemos actualmente y que durará al menos cinco años, es necesario fomentar inversiones billonarias en expansión. La convocatoria a una subasta de capacidad sería una señal adecuada y necesaria. Así mismo, resulta fundamental impulsar proyectos en desarrollo que enfrentan retos sociales, ambientales o técnicos. Lo anterior se debe complementar con mensajes adecuados en materia de política pública que atraigan capitales nacionales y extranjeros al sector, dado que se necesitan alrededor de 10 billones de pesos anuales, solo para activos de generación durante 5 o 6 años para salir de este bache. Colombia tiene grandes recursos para la generación de energías limpias, pero poner estos recursos a producir electricidad implica inversiones multimillonarias en tecnologías importadas y que tienen unos plazos muy largos de recuperación.
Lo que más le conviene al país es trabajar con visión de largo plazo, pero adoptando decisiones desde ahora. Es el momento de seguir apostando por un sector y un modelo que ha sido reconocido a nivel mundial. Necesitamos del concurso de todos, para superar una situación realmente critica que puede afectar los hogares, el comercio y las empresas.