El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre la recuperación económica poscovid-19 en los países latinoamericanos, lanzado hace una semana, presenta un panorama preocupante: “En el segundo año de la pandemia, el gasto relacionado con el covid-19 por parte de los países de América Latina y el Caribe disminuyó significativamente y aún carece de medidas orientadas al clima, ambientalmente sostenibles y socialmente justas, necesarias para reconstruir mejor”.
A mediados de este año esa misma agencia había presentado un balance sobre la inversión que los países de la región habían destinado a la recuperación tras el primer año de la pandemia, con corte a mayo de 2021. Hasta ese momento los 33 países de Latinoamérica habían gastado US$318 millones en este tipo de medidas, frente a los cerca de US$17 mil millones que otras regiones del mundo estaban invirtiendo en este rubro, eso sin contar a la Unión Europea.
Sin embargo, para el Pnuma, más preocupante que la poca inversión de estos países en la recuperación frente a la pandemia, es la pequeña proporción de este gasto que se puede considerar ambientalmente sostenible. Para el último período analizado -de mayo a septiembre de 2021- solo República Dominicana, Brasil y Argentina realizaron gastos de reactivación económica que se podían considerar como ambientalmente sostenibles.
Según el rastreador de recuperación de covid-19 para América Latina y el Caribe, una herramienta del Pnuma que monitorea semanalmente las políticas de gasto fiscal de estos Estados, de los más de US$421.000 millones que han invertido los países de la región desde el inicio de la pandemia, menos del 15 % ha sido usado para gastos de recuperación económica, y de ese porcentaje la recuperación verde representa menos del 6,9 %.
Para visualizar los datos, la agencia dividió a los países en cuatro categorías: líderes actuales, promesa incipiente, potencial para actuar y pérdida de oportunidades. Entre más dinero gasten y mayor inversiones hagan en iniciativas ambientalmente sostenibles (investigación y desarrollo limpio, infraestructuras de energía limpia, infraestructuras naturales y espacios verdes, e inversión en vehículos eléctricos), más cerca estarán de las dos primeras categorías. Entre menos gasten e inviertan en este tipo de iniciativas, se ubicarán en las últimas dos.
Actualmente, teniendo en cuenta la última actualización de la herramienta, el único país catalogado como líder es República Dominicana, mientras que Panamá y Brasil son considerados promesas incipientes. Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Antigua y Barbuda, Guatemala, Honduras, Belice y Trinidad y Tobago son países que tienen potencial para actuar. Los restantes 21 Estados, entre ellos México, Chile, Argentina y Perú, se encuentran en la categoría de pérdida de oportunidades.
Para entender mejor el panorama regional y local de este proceso, los matices, necesidades y urgencias del mismo, El Espectador habló con Gustavo Máñez Gomis, coordinador de Cambio Climático de la oficina del Pnuma para América Latina y el Caribe.
¿Cómo le va a la región respecto al resto en cuanto a las inversiones que se están haciendo en la reactivación económica por la pandemia?
El análisis, respecto al panorama global, es que la región está perdiendo la oportunidad de que todos estos miles de millones que se han invertido para reflotar la economía estén dirigidos a crear esas oportunidades económicas verdes, esos empleos del futuro. Lo que vemos es que parte de los recursos están destinados a darles más vida a aquellos sectores que sabemos que en unos años van a tener que desaparecer, ya sea porque nos van a llevar a un cambio climático más catastrófico o porque en unos años no serán competitivos económicamente.
¿Y cómo les ha ido a otras regiones del mundo?
En países desarrollados estamos hablando de que un 20 o 30 % de la plata que se ha dedicado a respuesta a la pandemia está alineada con criterios de sostenibilidad. En Europa, por ejemplo, se están dedicando muchos recursos a las energías renovables para salir de esa dependencia de los combustibles fósiles. En Estados Unidos vemos algo similar. Da la idea de que lo que quieren es invertir para crear una economía mucho más dinámica a futuro.
Sin embargo, la realidad en nuestra región no es igual en todos los países.
Sí, desde luego hay particularidades. Vemos países que están denotando algunas acciones positivas como Brasil, República Dominicana y Panamá.
¿A Colombia cómo le va en los análisis que ustedes han hecho?
Con Colombia tenemos sentimientos encontrados. Es un país que ha dependido mucho de los combustibles fósiles, del carbón, de la exportación de petróleo y gas, pero al mismo tiempo vemos que el Gobierno se ha dado cuenta de que a futuro necesitan cambiar esa matriz energética y tiene algunas medidas interesantes. Sabemos que se está invirtiendo bastante en el tema de energías renovables, pero creemos que se puede hacer más, aunque por lo menos hay una muy buena intención. Colombia también es líder en venta de vehículos eléctricos en la región, y Bogotá, particularmente, ha dado una señal interesante con el cambio de flota de Transmilenio. El tema es que no es suficiente cuando lo comparas con la inversión que se está haciendo en otros sectores, como subsidios a combustibles.
Ya hablamos de los países que tienen acciones por resaltar, ¿cuáles son esos que más les preocupan?
México y Argentina. El primero porque la administración actual está promoviendo una contrarreforma energética que ha cambiado la trayectoria que había dado paso a las energías renovables. En ese sentido, la ha paralizado y estamos volviendo a los combustibles fósiles. En Argentina nos preocupa el tema del fracking en los yacimientos de Vaca Muerta, en el sur del país, y que se quiera exportar gas natural a varios países de la región. Sabemos de los graves impactos ambientales del fracking y también del aumento de la huella de emisiones del país si se empieza a exportar el gas.
Más allá de algunos países con buenas prácticas y otros que prenden las alarmas, ustedes hablan de una oportunidad perdida para la región. ¿A qué cree que se deba la pérdida de esa oportunidad?
Son varios factores. Cuando vemos que en México, por ejemplo, se dedica más plata a construir refinerías que a promover una economía más sostenible, nos damos cuenta de que directamente hay una voluntad política de pensar que ese sigue siendo el camino a seguir. En segundo lugar, no se hacen los números. Si se hiciera un análisis de costo-oportunidad, pensando en cuántos empleos va a generar cada dólar invertido en un sector sostenible, cuánto va a mover el PIB interno del país, en la mayoría de los países de nuestra región, con algunas excepciones, se vería que en aquellos sectores sostenibles se generan más empleos y mayor movimiento económico, a parte de prepararnos para el futuro. Y, por último, muchos tomadores de decisiones, economistas de alto nivel en ministerios de Hacienda, incluso en presidencias, no han cambiado el chip todavía. Vemos que en muchos países de nuestra región todavía se está pensando en exploración petrolera, exploración gasífera, cuando estamos en otro mundo. Eso ya es cosa del pasado.
Ustedes y otras instancias también han señalado que América Latina y el Caribe son dos de las regiones con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. ¿Preocupan las pocas acciones que están tomando los países teniendo en cuenta esto?
La Comisión Global de Adaptación ha dicho que nueve de los 20 países más vulnerables al cambio climático están en nuestra región. Si estamos en esta posición de altísima vulnerabilidad, con efectos sobre la producción agrícola o los migrantes climáticos, por ejemplo, deberíamos ser los primeros en organizar nuestra economía alrededor de la sostenibilidad. Y hay ejemplos en la región, como Costa Rica: está alineando su política pública y su plan de inversión al llamado Plan Nacional de Descarbonización. Sin embargo, no es la situación general de la región. No hay que ser inocentes y reconocer que hay muchos intereses creados y lobbys por fuera de la industria fósil, de grupos ganaderos, entre otros, que les interesa mantener ese sistema.
¿A qué puede deberse el rezago de la región al respecto?
No es que no conozcamos las tecnologías y las prácticas. Hay mucha gente que ya las está poniendo en marcha, pero falta ese impulso de los sectores público y privado para escalarlo, para que sea lo normal.
¿Qué pueden hacer las regiones donde hay mayores inversiones en sectores ambientalmente sostenibles para acelerar ese proceso en América Latina y el Caribe?
Un ejemplo es lo que ya está sucediendo con el Banco Europeo de Inversiones, que es la banca multilateral más grande del mundo y supera con creces al Banco Mundial. Este ha servido de banco de desarrollo para Europa, y desde hace un año su criterio de inversiones ha sido el Pacto Verde Europeo. Ahora está empezando con una estrategia de internacionalización fuerte para invertir en el resto del mundo, y América Latina es un continente prioritario para ellos. Únicamente invertirán siguiendo los mismos criterios del Pacto Verde. Los gobiernos de nuestra región tienen que aprovechar eso. Otro ejemplo puede ser la iniciativa Euroclima, en la que participan muchas entidades, pero básicamente lo que busca es traer buenas prácticas tecnológicas y normativas de experiencias en Europa a la región.