Pagos por servicios ambientales para promover la conservación y producción sostenible
La Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), en convenio con la Fundación Natura, proponen nueve estrategias y 46 acciones para implementar acciones coordinadas entre los pagos por servicios ambientales, el extensionismo rural y la formalización de la propiedad rural.
En Colombia, hace alrededor de 15 años, se pensó en un instrumento para motivar a los productores rurales a preservar, restaurar y hacer uso sostenible de las coberturas naturales del país. Se trata de “Pago por Servicios Ambientales” (PSA), un incentivo económico -en dinero o en especie- que reciben los propietarios, poseedores u ocupantes de una tierra en compensación por sus actividades de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se trata de minimizar conflictos en el uso del suelo y favorecer el mantenimiento y la provisión de servicios ambientales claves.
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Los servicios ambientales se entienden como los beneficios de la naturaleza que el ser humano utiliza para satisfacer sus necesidades, según el Ministerio de Ambiente. Estos están clasificados en cuatro categorías, de acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM): los servicios de provisión o abastecimiento (comida, agua, madera, recursos genéticos, farmacológicos y medicinales, etc.), los servicios de regulación (control de la erosión, polinización, control de enfermedades y plagas, etc.), los servicios culturales (con fines estéticos, espirituales, educacionales y de recreación) y los servicios de soporte (fotosíntesis, formación de suelo, ciclo de agua, etc.).
En 2017, el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desarrollaron la política de los PSA (Conpes 3886), donde se definió el Programa Nacional de PSA, los procesos de asistencia técnica para fortalecer capacidades en los territorios y las líneas estratégicas para la planeación de proyectos de PSA como instrumento económico de la política ambiental.
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Además, se constituyó el marco normativo (Decreto-ley 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018), que buscaba superar vacíos técnicos, operativos y de financiación que habían restringido el desarrollo amplio de los PSA. Un aspecto para resaltar es el soporte legal que se da para la aplicación de los PSA con la vinculación del sector de agricultura y desarrollo rural. “Estas medidas tienen como objetivo consolidar los pagos como instrumento complementario para la gestión ambiental y desarrollo productivo sostenible en el país”, explica la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS).
“Los PSA surgieron porque el campesino en las zonas rurales no tiene un incentivo para conservar. Su ingreso es la agricultura, y en no pocas ocasiones esto genera deforestación y transformación de los ecosistemas naturales. Entonces se pensó una forma de darles algo a cambio de no tumbar el bosque. Si un campesino tiene dos vacas y dos hectáreas, y debe conservar una de ellas, va a tener menos ingresos. Para compensar estas pérdidas surgieron los PSA”, explican técnicos de la Fundación Natura.
Sin embargo, el marco administrativo y político de 2017 reconoce que los pagos por servicios ambientales no son suficientes para garantizar un desarrollo rural sostenible. “Los PSA generan una contribución económica a los campesinos, pero hay que garantizar el acceso a las tierras y la productividad agropecuaria para superar las brechas económicas que hay en el campo. La política dice que “hay que complementar los PSA con el extensionismo rural y formalización de la propiedad rural”, añade la Fundación Natura.
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Articular estas tres acciones puede generar grandes beneficios ambientales y sociales en el territorio, y para lograrlo la UE, la FAO y la AICS, en convenio con la Fundación Natura, desarrollaron una ruta metodológica para apoyar al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) sobre la implementación de acciones coordinadas de PSA, extensionismo rural y formalización de la propiedad rural.
Rutas para mejorar el campo
El 43 % de los ecosistemas estratégicos en Colombia tienen problemas de deforestación o conflictos con el uso del suelo. Esto es una problemática con impacto en cambio climático y pérdida de biodiversidad, que obstaculiza la agenda de desarrollo económico y social en el país.
A través de un minucioso trabajo se propusieron nueve estrategias y 46 acciones que buscan incorporar los PSA en los procesos de gestión de extensionismo rural y formalización de la propiedad rural. El extensionismo rural consiste en un acompañamiento técnico a los campesinos para mejorar su producción agropecuaria, y la formalización de la propiedad rural pretende garantizar el acceso a las tierras. “Es un acompañamiento integral para las personas.
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Por otra parte, se están financiando tres proyectos pilotos (rutas territoriales) de implementación de política pública en diferentes contextos: el amazónico, en Guaviare; el Pacífico colombiano, y el páramo de Cruz Verde, en el complejo de Sumapaz, el más grande del mundo.
“Estamos desarrollando varios aspectos de los PSA con las comunidades, indica la Agencia Italiana de Cooperación. En detalle, estas son las acciones que implementamos con nuestros socios”:
- En el Guaviare, junto con WWF Colombia, se están liderando y acompañando los procesos de negociación y generación de acuerdos entre familias campesinas y Parques Nacionales Naturales. Allí desarrollaron la “Mesa y la Ruta de Planificación Predial”, que busca aportar al ordenamiento ambiental del territorio y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. También se apoya la implementación de los contratos de conservación natural, a través de la definición de sistemas sostenibles productivos y acciones de restauración ecológica participativa a nivel de finca.
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- En el complejo del páramo de Cruz Verde, en Sumapaz, en los municipios de Pasca y Sibaté, en el departamento de Cundinamarca, con el liderazgo de la Asociación Aguasiso, se identificó que en este ecosistema hay diversas problemáticas, como la transformación del suelo, la ampliación de la frontera agropecuaria, la carencia de instrumentos de planificación y el desarrollo de prácticas insostenibles. Para promover el uso de los PSA en esta región se ha financiado la caracterización de 220 predios para identificar su potencialidad de acceder al PSA y la producción de 1.500 árboles nativos.
- En el consejo comunitario Bajo Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco, en Nariño, con la participación de la Fundación Sacha Llaqta, se identificaron como principales causas del deterioro del ecosistema la reducción de coberturas vegetales, los escasos espacios de participación comunitaria y las limitadas actividades productivas sostenibles. Como solución plantean fortalecer las acciones de conservación y restauración con líderes y la comunidad.
Estos son algunos ejemplos de cómo activar y potenciar los PSA como estrategia de conservación y buen vivir, que además permitirá a Colombia cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y conservación de la biodiversidad, puntualizó la Unión Europea.
En Colombia, hace alrededor de 15 años, se pensó en un instrumento para motivar a los productores rurales a preservar, restaurar y hacer uso sostenible de las coberturas naturales del país. Se trata de “Pago por Servicios Ambientales” (PSA), un incentivo económico -en dinero o en especie- que reciben los propietarios, poseedores u ocupantes de una tierra en compensación por sus actividades de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se trata de minimizar conflictos en el uso del suelo y favorecer el mantenimiento y la provisión de servicios ambientales claves.
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Los servicios ambientales se entienden como los beneficios de la naturaleza que el ser humano utiliza para satisfacer sus necesidades, según el Ministerio de Ambiente. Estos están clasificados en cuatro categorías, de acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM): los servicios de provisión o abastecimiento (comida, agua, madera, recursos genéticos, farmacológicos y medicinales, etc.), los servicios de regulación (control de la erosión, polinización, control de enfermedades y plagas, etc.), los servicios culturales (con fines estéticos, espirituales, educacionales y de recreación) y los servicios de soporte (fotosíntesis, formación de suelo, ciclo de agua, etc.).
En 2017, el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desarrollaron la política de los PSA (Conpes 3886), donde se definió el Programa Nacional de PSA, los procesos de asistencia técnica para fortalecer capacidades en los territorios y las líneas estratégicas para la planeación de proyectos de PSA como instrumento económico de la política ambiental.
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Además, se constituyó el marco normativo (Decreto-ley 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018), que buscaba superar vacíos técnicos, operativos y de financiación que habían restringido el desarrollo amplio de los PSA. Un aspecto para resaltar es el soporte legal que se da para la aplicación de los PSA con la vinculación del sector de agricultura y desarrollo rural. “Estas medidas tienen como objetivo consolidar los pagos como instrumento complementario para la gestión ambiental y desarrollo productivo sostenible en el país”, explica la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS).
“Los PSA surgieron porque el campesino en las zonas rurales no tiene un incentivo para conservar. Su ingreso es la agricultura, y en no pocas ocasiones esto genera deforestación y transformación de los ecosistemas naturales. Entonces se pensó una forma de darles algo a cambio de no tumbar el bosque. Si un campesino tiene dos vacas y dos hectáreas, y debe conservar una de ellas, va a tener menos ingresos. Para compensar estas pérdidas surgieron los PSA”, explican técnicos de la Fundación Natura.
Sin embargo, el marco administrativo y político de 2017 reconoce que los pagos por servicios ambientales no son suficientes para garantizar un desarrollo rural sostenible. “Los PSA generan una contribución económica a los campesinos, pero hay que garantizar el acceso a las tierras y la productividad agropecuaria para superar las brechas económicas que hay en el campo. La política dice que “hay que complementar los PSA con el extensionismo rural y formalización de la propiedad rural”, añade la Fundación Natura.
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Articular estas tres acciones puede generar grandes beneficios ambientales y sociales en el territorio, y para lograrlo la UE, la FAO y la AICS, en convenio con la Fundación Natura, desarrollaron una ruta metodológica para apoyar al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) sobre la implementación de acciones coordinadas de PSA, extensionismo rural y formalización de la propiedad rural.
Rutas para mejorar el campo
El 43 % de los ecosistemas estratégicos en Colombia tienen problemas de deforestación o conflictos con el uso del suelo. Esto es una problemática con impacto en cambio climático y pérdida de biodiversidad, que obstaculiza la agenda de desarrollo económico y social en el país.
A través de un minucioso trabajo se propusieron nueve estrategias y 46 acciones que buscan incorporar los PSA en los procesos de gestión de extensionismo rural y formalización de la propiedad rural. El extensionismo rural consiste en un acompañamiento técnico a los campesinos para mejorar su producción agropecuaria, y la formalización de la propiedad rural pretende garantizar el acceso a las tierras. “Es un acompañamiento integral para las personas.
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Por otra parte, se están financiando tres proyectos pilotos (rutas territoriales) de implementación de política pública en diferentes contextos: el amazónico, en Guaviare; el Pacífico colombiano, y el páramo de Cruz Verde, en el complejo de Sumapaz, el más grande del mundo.
“Estamos desarrollando varios aspectos de los PSA con las comunidades, indica la Agencia Italiana de Cooperación. En detalle, estas son las acciones que implementamos con nuestros socios”:
- En el Guaviare, junto con WWF Colombia, se están liderando y acompañando los procesos de negociación y generación de acuerdos entre familias campesinas y Parques Nacionales Naturales. Allí desarrollaron la “Mesa y la Ruta de Planificación Predial”, que busca aportar al ordenamiento ambiental del territorio y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. También se apoya la implementación de los contratos de conservación natural, a través de la definición de sistemas sostenibles productivos y acciones de restauración ecológica participativa a nivel de finca.
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- En el complejo del páramo de Cruz Verde, en Sumapaz, en los municipios de Pasca y Sibaté, en el departamento de Cundinamarca, con el liderazgo de la Asociación Aguasiso, se identificó que en este ecosistema hay diversas problemáticas, como la transformación del suelo, la ampliación de la frontera agropecuaria, la carencia de instrumentos de planificación y el desarrollo de prácticas insostenibles. Para promover el uso de los PSA en esta región se ha financiado la caracterización de 220 predios para identificar su potencialidad de acceder al PSA y la producción de 1.500 árboles nativos.
- En el consejo comunitario Bajo Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco, en Nariño, con la participación de la Fundación Sacha Llaqta, se identificaron como principales causas del deterioro del ecosistema la reducción de coberturas vegetales, los escasos espacios de participación comunitaria y las limitadas actividades productivas sostenibles. Como solución plantean fortalecer las acciones de conservación y restauración con líderes y la comunidad.
Estos son algunos ejemplos de cómo activar y potenciar los PSA como estrategia de conservación y buen vivir, que además permitirá a Colombia cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y conservación de la biodiversidad, puntualizó la Unión Europea.