Participación y diálogo para la construcción de la política pública de agroecología

La agenda global para hacer frente al cambio climático evidencia cada vez más acciones en el nivel local para cumplir las metas propuestas. No solo se trata de mantener el aumento de la temperatura a nivel mundial por debajo de 1.5° C, también debe trabajarse en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y transitar hacia modelos de producción que garanticen el acceso a alimentos por parte de toda la población de manera sostenible.

Colombia hace parte de los países que adquirió este compromiso, con el fin de ajustarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de volcar su desarrollo agrícola, en el marco del posconflicto, a modelos innovadores.

En medio de este proceso surgió el proyecto ABRIGUE, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, financiado por la Unión Europea, y con el apoyo técnico de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria – AGROSAVIA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias, el French Agricultural Research Centre for International Development – CIRAD y la Universidad Tecnológica del Chocó – UTCh.

Con este se ha logrado trabajar de la mano con comunidades de tres territorios del país: Caquetá, sur del Meta y Chocó. Allí se han co-diseñado diferentes proyectos de innovación para promover y fortalecer sistemas productivos basados en la agroecología y la bioeconomía, con el fin de desarrollar el potencial productivo de estas zonas, a la vez que se establecen modelos sostenibles.

La agroecología busca poner en diálogo los conocimientos técnicos y científicos con aquellos propios de las comunidades y “es una de las soluciones para atender de forma integral a los compromisos y escenarios presentados en cuanto al relevo generacional, la soberanía alimentaria y la equidad en el territorio (equilibrio ciudad/campo)”, explica el Instituto SINCHI.

En total se han construido 10 plataformas de innovación en los diferentes territorios: tres en Chocó, tres en el sur del Meta y cuatro en Caquetá. Algunos ejemplos de estas plataformas son los pescadores artesanales en el Pacífico norte del país, que llevan años luchando para que se amplíe la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), con el fin de hacer frente al deterioro ambiental y de la economía local que generan las actividades industriales.

“Los pescadores esperan que las autoridades amplíen la ZEPA, incluyendo zonas de amortiguación de la pesca industrial, y mejorando los mecanismos de control efectivo por parte de la Armada y las autoridades pesqueras y ambientales, para garantizar no solo la exclusividad de la pesca artesanal, sino también la conservación de la biodiversidad in situ”, añadió el Instituto SINCHI.

Otro ejemplo son organizaciones de mujeres productoras del Meta y Caquetá que se han unido al proyecto, innovando para fortalecer cadenas de valor tradicionales de su territorio, como los lácteos y productos del bosque no maderables.  Estas organizaciones también han impulsado proyectos restauración de bosques que han sido afectados por actividades como la ganadería extensiva o los cultivos de uso ilícito.

Además, han logrado establecer sistemas que garantizan la soberanía alimentaria de las familias participantes, creando un incentivo para el cuidado de los bosques, que en este departamento son la puerta de entrada a la Amazonía. “Las mujeres de ASODALE y ASMUCOCA, entre otros productores agrarios, esperan un cambio en las políticas de financiamiento y apoyo de actividades en innovación, educación y extensión en sus territorios, donde se incentiven la conservación y uso sostenible de los bosques, más que la extensión de praderas para la ganadería o los monocultivos”, puntualizó el SINCHI.

Frente a esto, como parte de la creación de las plataformas de innovación del proyecto ABRIGUE, también se llevó a cabo un proyecto de diagnóstico de capacidades de gobernanza, incidencia en la construcción de políticas públicas y financiamiento para los proyectos de innovación. De allí surgieron varias necesidades expresadas por las comunidades y que constituyen un insumo clave en la construcción de la política pública de agroecología a nivel nacional.

Edison Suárez, asesor para la articulación interinstitucional del Minciencias en el proyecto ABRIGUE, considera que la importancia de este aspecto radica en entender que las plataformas no se tratan únicamente de innovaciones tecnológicas. Las innovaciones sociales, que en el mediano o largo plazo pueden ser garantía para la sostenibilidad de un proyecto, también hacen parte de los pilares que constituyen la agroecología.

Dentro de estas innovaciones de encuentran aspectos educativos, capacidades de gobernanza, infraestructura y conocimiento por parte de las instituciones, así como posibilidades de financiación. El Minciencias ha tenido un rol estratégico en el proyecto, desde el que busca “propender por el fortalecimiento de las capacidades territoriales en las instancias de gobernanza para facilitar la transformación hacia sistemas alimentarios agroecológicos y economía de base biológica”, aseguró Suárez.

De acuerdo con Edison Suárez, el Minciencias también se enfocó en hacer una revisión de las políticas públicas existentes, con el fin de “identificar vacíos de coordinación entre políticas y posibles sinergias e innovar en el diseño de políticas públicas”. Por medio de un mecanismo participativo se han logrado recopilar las necesidades que identifican las comunidades, buscando hacerlas parte del proyecto que busca crear la política nacional.

Actualmente, hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso y que es liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir del cual se crearía un marco institucional para crear modelos de agroecología en Colombia. Desde el proyecto ABRIGUE y las iniciativas productivas que se han integrado se espera la construcción de una política abierta y participativa, con el fin de corregir y hacer frente a los retos que se han identificado en los proyectos piloto de Caquetá, Chocó y sur del Meta.

La agenda global para hacer frente al cambio climático evidencia cada vez más acciones en el nivel local para cumplir las metas propuestas. No solo se trata de mantener el aumento de la temperatura a nivel mundial por debajo de 1.5° C, también debe trabajarse en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y transitar hacia modelos de producción que garanticen el acceso a alimentos por parte de toda la población de manera sostenible.

Colombia hace parte de los países que adquirió este compromiso, con el fin de ajustarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de volcar su desarrollo agrícola, en el marco del posconflicto, a modelos innovadores.

En medio de este proceso surgió el proyecto ABRIGUE, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, financiado por la Unión Europea, y con el apoyo técnico de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria – AGROSAVIA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias, el French Agricultural Research Centre for International Development – CIRAD y la Universidad Tecnológica del Chocó – UTCh.

Con este se ha logrado trabajar de la mano con comunidades de tres territorios del país: Caquetá, sur del Meta y Chocó. Allí se han co-diseñado diferentes proyectos de innovación para promover y fortalecer sistemas productivos basados en la agroecología y la bioeconomía, con el fin de desarrollar el potencial productivo de estas zonas, a la vez que se establecen modelos sostenibles.

La agroecología busca poner en diálogo los conocimientos técnicos y científicos con aquellos propios de las comunidades y “es una de las soluciones para atender de forma integral a los compromisos y escenarios presentados en cuanto al relevo generacional, la soberanía alimentaria y la equidad en el territorio (equilibrio ciudad/campo)”, explica el Instituto SINCHI.

En total se han construido 10 plataformas de innovación en los diferentes territorios: tres en Chocó, tres en el sur del Meta y cuatro en Caquetá. Algunos ejemplos de estas plataformas son los pescadores artesanales en el Pacífico norte del país, que llevan años luchando para que se amplíe la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), con el fin de hacer frente al deterioro ambiental y de la economía local que generan las actividades industriales.

“Los pescadores esperan que las autoridades amplíen la ZEPA, incluyendo zonas de amortiguación de la pesca industrial, y mejorando los mecanismos de control efectivo por parte de la Armada y las autoridades pesqueras y ambientales, para garantizar no solo la exclusividad de la pesca artesanal, sino también la conservación de la biodiversidad in situ”, añadió el Instituto SINCHI.

Otro ejemplo son organizaciones de mujeres productoras del Meta y Caquetá que se han unido al proyecto, innovando para fortalecer cadenas de valor tradicionales de su territorio, como los lácteos y productos del bosque no maderables.  Estas organizaciones también han impulsado proyectos restauración de bosques que han sido afectados por actividades como la ganadería extensiva o los cultivos de uso ilícito.

Además, han logrado establecer sistemas que garantizan la soberanía alimentaria de las familias participantes, creando un incentivo para el cuidado de los bosques, que en este departamento son la puerta de entrada a la Amazonía. “Las mujeres de ASODALE y ASMUCOCA, entre otros productores agrarios, esperan un cambio en las políticas de financiamiento y apoyo de actividades en innovación, educación y extensión en sus territorios, donde se incentiven la conservación y uso sostenible de los bosques, más que la extensión de praderas para la ganadería o los monocultivos”, puntualizó el SINCHI.

Frente a esto, como parte de la creación de las plataformas de innovación del proyecto ABRIGUE, también se llevó a cabo un proyecto de diagnóstico de capacidades de gobernanza, incidencia en la construcción de políticas públicas y financiamiento para los proyectos de innovación. De allí surgieron varias necesidades expresadas por las comunidades y que constituyen un insumo clave en la construcción de la política pública de agroecología a nivel nacional.

Edison Suárez, asesor para la articulación interinstitucional del Minciencias en el proyecto ABRIGUE, considera que la importancia de este aspecto radica en entender que las plataformas no se tratan únicamente de innovaciones tecnológicas. Las innovaciones sociales, que en el mediano o largo plazo pueden ser garantía para la sostenibilidad de un proyecto, también hacen parte de los pilares que constituyen la agroecología.

Dentro de estas innovaciones de encuentran aspectos educativos, capacidades de gobernanza, infraestructura y conocimiento por parte de las instituciones, así como posibilidades de financiación. El Minciencias ha tenido un rol estratégico en el proyecto, desde el que busca “propender por el fortalecimiento de las capacidades territoriales en las instancias de gobernanza para facilitar la transformación hacia sistemas alimentarios agroecológicos y economía de base biológica”, aseguró Suárez.

De acuerdo con Edison Suárez, el Minciencias también se enfocó en hacer una revisión de las políticas públicas existentes, con el fin de “identificar vacíos de coordinación entre políticas y posibles sinergias e innovar en el diseño de políticas públicas”. Por medio de un mecanismo participativo se han logrado recopilar las necesidades que identifican las comunidades, buscando hacerlas parte del proyecto que busca crear la política nacional.

Actualmente, hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso y que es liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir del cual se crearía un marco institucional para crear modelos de agroecología en Colombia. Desde el proyecto ABRIGUE y las iniciativas productivas que se han integrado se espera la construcción de una política abierta y participativa, con el fin de corregir y hacer frente a los retos que se han identificado en los proyectos piloto de Caquetá, Chocó y sur del Meta.