Proteger el agua: el gran desafío de los nuevos gobernantes
En Bogotá se realizó el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable, donde cuatro alcaldes electos de Santander y Antioquia hablaron de los retos que implica ordenar el territorio alrededor del agua.
Laura Garzón- WWF
¿Qué necesitan los próximos gobernantes regionales para promover un ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua? Esa fue la pregunta principal del Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2023, que, después de un recorrido por Caldas, Antioquia y Santander, llegó a Bogotá, en donde se dieron cita algunos alcaldes electos de municipios como Granada y San Carlos, en Antioquia, así como de Girón y Betulia, en Santander.
El evento, organizado en el marco de la campaña ambiental Bibo, ISAGEN y El Espectador, bajo la dirección técnica de WWF y TNC Colombia, contó además con la participación de representantes del sector privado y la sociedad civil, y por parte del Gobierno Nacional y de María Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros funcionarios, quien planteó un completo análisis de lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo al que deberán responder los planes de gobierno territoriales en los próximos cuatro años. (Lea: Escuchar a las comunidades, la base para conservar la biodiversidad)
“Una lógica de ordenamiento territorial a partir del agua pasa por integrar la diversidad territorial y su relación directa con las comunidades de forma histórica”, sostuvo la ministra. Además, explicó que el ciclo del agua ahora es una determinante ambiental, eso quiere decir que toda intervención de los territorios se debe pensar bajo la lógica del agua como un sujeto activo en los territorios, con derechos de transcurrir, ocupar espacio y completar su ciclo. “Hay que trabajar con el agua y no en contra de ella”, aseguró.
Pero para lograr el objetivo es preciso una transformación energética, integrando fuentes renovables, y de los sistemas alimentarios, así como reconsiderar cómo se planifica el crecimiento de las ciudades según la cantidad de agua disponible.
Existe un llamado global, se requieren acciones urgentes y drásticas que detengan la destrucción de ecosistemas terrestres de agua dulce y marinos, que reviertan la pérdida de biodiversidad, desincentiven el uso de combustibles fósiles y aceleren la transición energética justa. Además, se necesita recuperar las cuencas, los páramos, los ríos y las ciénagas, como recomienda el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su sexta evaluación. (Lea: Oso andino: el “jardinero” de los bosques andinos está en peligro)
A esto se suma que, de acuerdo con los escenarios de cambio climático para Colombia, realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a lo largo del siglo XXI, los volúmenes de precipitación disminuirían del 15 % al 36 % para amplias zonas de las regiones Caribe y Andina y habría incremento de lluvias hacia el centro y norte de la región Pacífica, mientras la humedad relativa disminuiría especialmente en La Guajira, Cesar, Tolima y Huila.
Un llamado a los gobernantes
Sobre todos estos retos conversaron más de 300 actores de varios sectores en los encuentros regionales 2023. En total, se generaron más de 200 recomendaciones para los alcaldes y gobernadores en materia de gestión del agua y la energía renovable, dos recursos que están intrínsecamente ligados. Sin embargo, fue en el encuentro nacional donde algunos alcaldes electos tuvieron la oportunidad de explicar cómo piensan abordarlos.
Por ejemplo, Santiago Daza Espinosa, alcalde del municipio de San Carlos, en Antioquia, donde hay tres hidroeléctricas que generan más del 20 % de la energía del país, identificó un gran reto. Como solo el 48 % de Colombia tiene una figura de protección y manejo como los Planes de Ordenación y Manejo de los Ciencias Hidrográficas (Pomcas), Daza plantea que esa será una acción estratégica. “La impulsaremos en esta nueva administración”, dice.
Otro de los principales retos será superar la poca capacidad técnica instalada en este municipio de sexta categoría. A esto se suma la urgencia de promover alianzas público-privadas con actores claves como ISAGEN y Empresas Públicas de Medellín (EPM), para lograr una transferencia de conocimiento y capacidades que pongan en el centro a las comunidades. “Necesitamos modelos económicos más justos y sostenibles desde lo local. El hombre con hambre no conserva”, agregó Daza. (Lea: Primera Cumbre Nacional de Educación Ambiental reunirá a más de 2000 personas)
A este llamado se unió Daniel Andrés Hoyos, alcalde electo de Granada, quien planteó la prioridad de actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, algo que no se ha hecho desde el 2002. “Las directrices del PND nos dejan claro hacia dónde deben estar puestos los esfuerzos: seguir adquiriendo zonas de protección hídrica, poniendo a las comunidades en el centro del ordenamiento territorial que se encuentran en las microcuencas, a través de la restauración de los bosques y el pago por servicios ambientales”, aseguró el alcalde.
Si bien no asistieron alcaldes electos del departamento de Caldas, la recomendación es que se continúe con una adecuada gestión del recurso hídrico como lo viene haciendo.
Enfrentar la vulnerabilidad climática de Santander
Por otro lado, está el panorama de Santander, que sería el primer departamento del país con mayor riesgo de vulnerabilidad climática. Esta realidad la tienen clara los alcaldes de Girón y Betulia.
Así lo confirma Harley Delgado Martínez, alcalde electo de Betulia. “El municipio ha venido trabajando años atrás en la conservación y gestión de las microcuencas, pero infortunadamente de manera muy desorganizada. Pese a que se han comprado predios cercanos a las 300 hectáreas para conservar esas aguas, tristemente, las veredas alrededor de la represa no tienen acueducto, ni agua potable”, explicó.
Con esto coincide su homólogo Campo Elías Ramírez Padilla, alcalde electo de Girón, quien sostuvo que antes de avanzar en los planes de ordenamiento territorial se debe ir a lo pequeño, a los diagnósticos locales. “Tenemos que saber cómo se vive en las veredas, cómo utilizan los servicios de agua y energía, cómo hacen para obtenerla y qué pasa si no la tienen. Eso nos va a permitir implementar un verdadero POT, con un enfoque correcto”.
¿Qué necesitan los próximos gobernantes regionales para promover un ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua? Esa fue la pregunta principal del Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2023, que, después de un recorrido por Caldas, Antioquia y Santander, llegó a Bogotá, en donde se dieron cita algunos alcaldes electos de municipios como Granada y San Carlos, en Antioquia, así como de Girón y Betulia, en Santander.
El evento, organizado en el marco de la campaña ambiental Bibo, ISAGEN y El Espectador, bajo la dirección técnica de WWF y TNC Colombia, contó además con la participación de representantes del sector privado y la sociedad civil, y por parte del Gobierno Nacional y de María Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros funcionarios, quien planteó un completo análisis de lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo al que deberán responder los planes de gobierno territoriales en los próximos cuatro años. (Lea: Escuchar a las comunidades, la base para conservar la biodiversidad)
“Una lógica de ordenamiento territorial a partir del agua pasa por integrar la diversidad territorial y su relación directa con las comunidades de forma histórica”, sostuvo la ministra. Además, explicó que el ciclo del agua ahora es una determinante ambiental, eso quiere decir que toda intervención de los territorios se debe pensar bajo la lógica del agua como un sujeto activo en los territorios, con derechos de transcurrir, ocupar espacio y completar su ciclo. “Hay que trabajar con el agua y no en contra de ella”, aseguró.
Pero para lograr el objetivo es preciso una transformación energética, integrando fuentes renovables, y de los sistemas alimentarios, así como reconsiderar cómo se planifica el crecimiento de las ciudades según la cantidad de agua disponible.
Existe un llamado global, se requieren acciones urgentes y drásticas que detengan la destrucción de ecosistemas terrestres de agua dulce y marinos, que reviertan la pérdida de biodiversidad, desincentiven el uso de combustibles fósiles y aceleren la transición energética justa. Además, se necesita recuperar las cuencas, los páramos, los ríos y las ciénagas, como recomienda el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su sexta evaluación. (Lea: Oso andino: el “jardinero” de los bosques andinos está en peligro)
A esto se suma que, de acuerdo con los escenarios de cambio climático para Colombia, realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a lo largo del siglo XXI, los volúmenes de precipitación disminuirían del 15 % al 36 % para amplias zonas de las regiones Caribe y Andina y habría incremento de lluvias hacia el centro y norte de la región Pacífica, mientras la humedad relativa disminuiría especialmente en La Guajira, Cesar, Tolima y Huila.
Un llamado a los gobernantes
Sobre todos estos retos conversaron más de 300 actores de varios sectores en los encuentros regionales 2023. En total, se generaron más de 200 recomendaciones para los alcaldes y gobernadores en materia de gestión del agua y la energía renovable, dos recursos que están intrínsecamente ligados. Sin embargo, fue en el encuentro nacional donde algunos alcaldes electos tuvieron la oportunidad de explicar cómo piensan abordarlos.
Por ejemplo, Santiago Daza Espinosa, alcalde del municipio de San Carlos, en Antioquia, donde hay tres hidroeléctricas que generan más del 20 % de la energía del país, identificó un gran reto. Como solo el 48 % de Colombia tiene una figura de protección y manejo como los Planes de Ordenación y Manejo de los Ciencias Hidrográficas (Pomcas), Daza plantea que esa será una acción estratégica. “La impulsaremos en esta nueva administración”, dice.
Otro de los principales retos será superar la poca capacidad técnica instalada en este municipio de sexta categoría. A esto se suma la urgencia de promover alianzas público-privadas con actores claves como ISAGEN y Empresas Públicas de Medellín (EPM), para lograr una transferencia de conocimiento y capacidades que pongan en el centro a las comunidades. “Necesitamos modelos económicos más justos y sostenibles desde lo local. El hombre con hambre no conserva”, agregó Daza. (Lea: Primera Cumbre Nacional de Educación Ambiental reunirá a más de 2000 personas)
A este llamado se unió Daniel Andrés Hoyos, alcalde electo de Granada, quien planteó la prioridad de actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, algo que no se ha hecho desde el 2002. “Las directrices del PND nos dejan claro hacia dónde deben estar puestos los esfuerzos: seguir adquiriendo zonas de protección hídrica, poniendo a las comunidades en el centro del ordenamiento territorial que se encuentran en las microcuencas, a través de la restauración de los bosques y el pago por servicios ambientales”, aseguró el alcalde.
Si bien no asistieron alcaldes electos del departamento de Caldas, la recomendación es que se continúe con una adecuada gestión del recurso hídrico como lo viene haciendo.
Enfrentar la vulnerabilidad climática de Santander
Por otro lado, está el panorama de Santander, que sería el primer departamento del país con mayor riesgo de vulnerabilidad climática. Esta realidad la tienen clara los alcaldes de Girón y Betulia.
Así lo confirma Harley Delgado Martínez, alcalde electo de Betulia. “El municipio ha venido trabajando años atrás en la conservación y gestión de las microcuencas, pero infortunadamente de manera muy desorganizada. Pese a que se han comprado predios cercanos a las 300 hectáreas para conservar esas aguas, tristemente, las veredas alrededor de la represa no tienen acueducto, ni agua potable”, explicó.
Con esto coincide su homólogo Campo Elías Ramírez Padilla, alcalde electo de Girón, quien sostuvo que antes de avanzar en los planes de ordenamiento territorial se debe ir a lo pequeño, a los diagnósticos locales. “Tenemos que saber cómo se vive en las veredas, cómo utilizan los servicios de agua y energía, cómo hacen para obtenerla y qué pasa si no la tienen. Eso nos va a permitir implementar un verdadero POT, con un enfoque correcto”.