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En un poco menos de tres semanas, representantes de más de 190 países se reunirán en la cumbre de biodiversidad más importante del mundo: la COP16, que se realizará en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. Además de revisar sus Estrategias Nacionales y Planes de Acción de Biodiversidad (NBSAPs, por sus siglas en inglés), los instrumentos que se desarrollan para cumplir con las metas que buscan detener y revertir la pérdida de biodiversidad en el planeta para 2030, los países discutirán sobre ciertos aspectos puntuales.
Uno de estos, que de hecho es uno de los más complejos de negociar, como mencionaba la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, en entrevista con El Espectador, son los mecanismos para repartir los beneficios que generan los recursos genéticos.
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Para entender mejor a que hace referencia este tema, primero hay que tener claro qué son los recursos genéticos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) explica que todos los organismos vivos —plantas, animales y microbios—, tienen material genético que podría ser potencialmente útil a los humanos. Dichos recursos pueden obtenerse de la vida salvaje, domesticada o cultivada. Estos recursos se obtienen del medio ambiente en el que surgen de forma natural (in situ) o de colecciones hechas por humanos, como los jardines botánicos, bancos de genes, bancos de semillas o cultivos microbianos (ex situ).
“Los recursos genéticos son esa primera escala de la diversidad biológica, pues constituyen posteriormente individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas”, explica Isaí Victorino, líder del Programa de Conservación Basada en Comunidades de The Nature Conservancy (TNC) en Colombia.
A lo largo de la historia, las personas han utilizado toda esa información genética para desarrollar productos y servicios para el beneficio del ser humano. Esto incluye productos como medicamentos y cosméticos, además de prácticas y técnicas agrícolas y ambientales. Sin embargo, al igual que muchos recursos clave en el mundo, los recursos genéticos no están distribuidos de manera uniforme, como señala el CDB.
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Lo mismo pasa con los beneficios que estos generan, tanto monetarios o económicos; y los beneficios no monetarios, como el intercambio de resultados de investigación y desarrollo, la participación en desarrollo de productos, los beneficios de seguridad alimentaria y los medios de vida, entre otros.
Por esto, desde hace varios años los países vienen hablando de cómo hacer para que las empresas y los demás sectores que utilizan estos recursos reconozcan económicamente, o a través de los beneficios no monetarios, a las comunidades que habitan en los lugares de donde están extrayendo esos recursos.
Uno de los compromisos más recientes sobre este tema está justamente en el Marco Global de Biodiversidad Kunming- Montreal, puntualmente en la Meta 13. Esta menciona que los países deben adoptar medidas para garantizar la distribución de los beneficios de los recursos genéticos y de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos.
“Es necesario reconocer el rol que han tenido los pueblos indígenas y las comunidades locales, contribuyendo con su conocimiento tradicional en función de esa riqueza genética que albergan sus territorios. Por ello, es importante generar los mecanismos para que se beneficien de manera justa y equitativa de esa información genética que va a ser usada para beneficio de la sociedad”, agrega el vocero de TNC.
Una meta con avances y muchos retos
Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla sobre este tema. Con la creación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992, se trazaron tres objetivos: la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos.
Desde entonces, los países se han reunido en diferentes ocasiones para buscar la manera de cumplir con ese tercer objetivo. Tras seis años de negociaciones, el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, Japón, se adoptó el Protocolo de Nagoya.
Juan Alejandro Guerrero, biólogo e investigador del Laboratorio de Genética de la Conservación del Instituto Humboldt, explica que este es “un marco para regular ese acceso y distribución de los beneficios. Es un punto clave en ese camino para cumplir con la meta, porque brinda el marco regulatorio”.
Este protocolo fue creado para generar incentivos para conservar la biodiversidad y para utilizar de manera sostenible sus componentes, y busca promover el uso de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales correspondientes.
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En ese sentido, el documento habla sobre el acceso a los recursos genéticos, así como el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a estos, y funciona como una base para que cada país adopte medidas legislativas, administrativas o de política, para la repartición de los beneficios que se deriven de la utilización de esos recursos y que están en posesión de comunidades indígenas y locales.
Entre los lineamientos que menciona está, por ejemplo, que en aquellos casos en que los mismos conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos sean compartidos por una o más comunidades indígenas y locales en varios países, esos países deben procurar cooperar, según proceda, con la participación de las comunidades indígenas y locales pertinentes.
Colombia firmó el Protocolo de Nagoya en el mismo año de su adopción, pero a la fecha no lo ha ratificado. Esto significa que únicamente se encuentra obligado a no emprender ningún acto que atente contra los objetivos del protocolo.
En 2017, el Consejo de Estado le informó al Ministerio de Ambiente que no es posible presentar directamente al Congreso de la República el Proyecto de Ley aprobatorio del Protocolo de Nagoya, para su ratificación, pues se necesita la celebración de consulta previa con las comunidades étnicas, (que a la fecha no se ha realizado), ya que está directamente relacionado con ellas.
“Por otro lado, la adopción de medidas posteriores para implementar o desarrollar el Protocolo de Nagoya puede llegar a requerir también la realización de un procedimiento de consulta previa con las respectivas comunidades”, sostuvo el Consejo de Estado.
Los avances de Colombia
Si bien no se ha ratificado Nagoya, el país sí ha avanzado en diferentes normativas para asegurar el cumplimiento de la Meta 13. Por ejemplo, en 1997 se establecieron las competencias al interior del Ministerio de Ambiente frente a los contratos de acceso a recursos genéticos (contratos ARG) (Resolución 620). En 2011 se asignaron las funciones relacionadas con el acceso al recurso genético, y la distribución de sus beneficios a través del Decreto 3570. Dos años después, se reglamentaron las colecciones biológicas y el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres con fines de investigación científica no comercial.
En 2014 se establecieron las actividades que configuran el acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados para la aplicación de la Decisión 391 de la Comunidad Andina (CAN) y al siguiente año se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076) que compila todos estos decretos.
Entonces, ¿qué hace falta? Para Guerrero, del Instituto Humboldt, en Colombia aún queda pendiente el seguimiento y rastreo de estas herramientas normativas. “También es importante tener en un solo lugar el registro de esas experiencias y cómo se han dado, en qué condiciones, cuáles han sido esos beneficios monetarios o no monetarios, los acuerdos a los que se han llegado con las comunidades, el uso que se ha hecho de los recursos genéticos”.
Se espera que durante la COP16 los países lleguen a acuerdos más puntuales que permitan tener lineamientos tangibles y aplicables para tener ese acceso justo y equitativo que menciona la meta.
Astrid Schomaker, la secretaria ejecutiva de la CDB le decía a El Espectador hace unas semanas que algunas de las preguntas que se intentarán resolver en las próximas semanas en la capital del Valle del Cauca son “¿qué significa tener este mecanismo para compartir los beneficios? ¿Quién paga? ¿Cuáles son los puntos de activación? ¿Cuáles son los recursos genéticos que desencadenarían la necesidad de hacer tal contribución? Y, lo que es más importante, si existe un fondo de este tipo, ¿cómo se pagaría el dinero?”.
En términos generales, hay muchos retos para llegar a acuerdos que permitan cumplir con la meta, pues como menciona el biólogo del Instituto Humboldt, este tema se enfrenta escenario con diferentes aristas e intereses que están en confrontación. “También hay temas de desigualdad entre los países que proveen la información de recursos genéticos y los que la usan, también es difícil hacerle trazabilidad a ese uso desde donde se obtienen recursos hasta el destino final y los beneficios que genera”, agrega.
A esto se suma que los datos genéticos de diferentes recursos existen como secuencias digitales en plataformas a las que científicos y compañías de todo el mundo pueden acceder para utilizar sin necesidad de tener acceso directo a la especie. El CBD ha manifestado que aún quedan interrogantes sobre la relación que guarda la información digital sobre secuencias con el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios.