Retos del sector eléctrico en Colombia

Mucho se ha escrito sobre la coyuntura con las tarifas de energía en el mundo. En Colombia, gracias al liderazgo de la Ministra de Minas y Energía y en pro de apoyar una mejora en los cobros a los consumidores, los generadores eléctricos y otros agentes de la cadena trabajamos para alcanzar un alivio en las facturas que recibimos mes a mes.

El mercado eléctrico ha gozado de un marco regulatorio estable para la expansión de la capacidad generación confiable durante tres décadas, fruto de un proceso de construcción con las entidades reguladoras, y avanza en una transición que garantizará mayor confiabilidad y tarifas justas, como es el objetivo de todos.

Las estimaciones de la UPME indican que la demanda de energía en Colombia debería crecer un 2.5% anual, pero ha crecido alrededor del 5% y, a futuro, la descarbonización podría incrementar estas proyecciones. Sin embargo, hoy persisten incertidumbres sobre la puesta en operación de Hidroituango, las líneas de transmisión y los proyectos renovables en La Guajira.

(Lea: Los esfuerzos para conservar la macrocuenca Magdalena-Cauca ya dan frutos)

En un escenario conservador, el país necesitaría plantas que puedan entregar 2,500 GWh que equivalen entre 600-1,500 MW de capacidad nueva cada año (dependiendo de la tecnología escogida), para sustentar la demanda. Las fuentes de esta expansión vendrán de pequeñas centrales hidroeléctricas o fotovoltaicas y las inversiones requeridas serían del orden de $7 billones por año.

Es un reto lograrlo y asegurar el abastecimiento, ya que el ambiente macroeconómico es complejo y se pronostican mayores turbulencias. Las altas tasas y una devaluación acelerada incrementaron el costo de proyectos en cerca de 40% en dos años. Un termómetro fue la última subasta de contratos de FNCER, con precios 20% por encima del mercado.

(Lea también: La líder ambiental que trabaja por proteger la Orinoquía)

Para lograr esta expansión, es fundamental un trabajo mancomunado del Gobierno y el sector privado que asegure el licenciamiento ambiental y su seguimiento, así como la construcción en tiempos y costos y la puesta en marcha de las plantas con la transmisión requeridas. De nuestra parte, estamos comprometidos a ser actores preponderantes en la aceleración de la transición propuesta por el presidente Petro.

La inversión en grandes proyectos de infraestructura requiere unas reglas de juego estables, ya que son inversiones a más de 30 años que se sustentan en la credibilidad de los agentes, el marco normativo y la lógica de un mercado en competencia. El activo más grande del sector eléctrico es su institucionalidad y no debemos dejar que la coyuntura nos lleve a realizar cambios apresurados, que puedan ser costosos.

Si queremos tarifas competitivas, el camino es la expansión y para esto se deben asegurar las condiciones que respalden estas inversiones. De lo contrario, las tarifas subirán y vamos a correr riesgos de abastecimiento que serían nefastos. Hay que recordar que la energía más cara es siempre la que no se tiene. Ya el país lo sufrió a principios de los años noventa. Es tiempo de tomar acciones sin desaprovechar lo construido.

Mucho se ha escrito sobre la coyuntura con las tarifas de energía en el mundo. En Colombia, gracias al liderazgo de la Ministra de Minas y Energía y en pro de apoyar una mejora en los cobros a los consumidores, los generadores eléctricos y otros agentes de la cadena trabajamos para alcanzar un alivio en las facturas que recibimos mes a mes.

El mercado eléctrico ha gozado de un marco regulatorio estable para la expansión de la capacidad generación confiable durante tres décadas, fruto de un proceso de construcción con las entidades reguladoras, y avanza en una transición que garantizará mayor confiabilidad y tarifas justas, como es el objetivo de todos.

Las estimaciones de la UPME indican que la demanda de energía en Colombia debería crecer un 2.5% anual, pero ha crecido alrededor del 5% y, a futuro, la descarbonización podría incrementar estas proyecciones. Sin embargo, hoy persisten incertidumbres sobre la puesta en operación de Hidroituango, las líneas de transmisión y los proyectos renovables en La Guajira.

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En un escenario conservador, el país necesitaría plantas que puedan entregar 2,500 GWh que equivalen entre 600-1,500 MW de capacidad nueva cada año (dependiendo de la tecnología escogida), para sustentar la demanda. Las fuentes de esta expansión vendrán de pequeñas centrales hidroeléctricas o fotovoltaicas y las inversiones requeridas serían del orden de $7 billones por año.

Es un reto lograrlo y asegurar el abastecimiento, ya que el ambiente macroeconómico es complejo y se pronostican mayores turbulencias. Las altas tasas y una devaluación acelerada incrementaron el costo de proyectos en cerca de 40% en dos años. Un termómetro fue la última subasta de contratos de FNCER, con precios 20% por encima del mercado.

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Para lograr esta expansión, es fundamental un trabajo mancomunado del Gobierno y el sector privado que asegure el licenciamiento ambiental y su seguimiento, así como la construcción en tiempos y costos y la puesta en marcha de las plantas con la transmisión requeridas. De nuestra parte, estamos comprometidos a ser actores preponderantes en la aceleración de la transición propuesta por el presidente Petro.

La inversión en grandes proyectos de infraestructura requiere unas reglas de juego estables, ya que son inversiones a más de 30 años que se sustentan en la credibilidad de los agentes, el marco normativo y la lógica de un mercado en competencia. El activo más grande del sector eléctrico es su institucionalidad y no debemos dejar que la coyuntura nos lleve a realizar cambios apresurados, que puedan ser costosos.

Si queremos tarifas competitivas, el camino es la expansión y para esto se deben asegurar las condiciones que respalden estas inversiones. De lo contrario, las tarifas subirán y vamos a correr riesgos de abastecimiento que serían nefastos. Hay que recordar que la energía más cara es siempre la que no se tiene. Ya el país lo sufrió a principios de los años noventa. Es tiempo de tomar acciones sin desaprovechar lo construido.